Carlos Bosquet

Ayer volví a escuchar a Fortes -y a todos sus tertulianos- proclamar a coro, en su programa de La Noche en 24 Horas, que la justicia es igual para todos...

Hoy, nada más levantarme, escucho que condenan a Ione Belarra a pagar 9.000 euros por expresar en palabras lo que es el juez García-Castellón, un CORRUPTO y un PREVARICADOR:

Participó en encuentros con personas vinculadas a grandes intereses económicos mientras instruía causas de enorme relevancia pública.

Su actuación ha sido denunciada por amplios sectores de la izquierda como parte de una persecución judicial contra Podemos.

Pero aquí la lección siempre es la misma.

Los que mintieron sobre Podemos no pagan.

Los que fabricaron bulos no pagan.

Los que impulsaron años de guerra mediática y judicial no pagan.

Los que archivaron decenas de causas después de destrozar reputaciones tampoco pagan.

Aqui solo pagan quienes señalan y denuncian las irregularidades

Qué casualidad.

Qué extraño.

Qué sistema tan bien engrasado.

Llevamos años viendo cómo determinados tribunales parecen tener una velocidad para unas causas y otra muy distinta para otras. Cómo algunos poderosos encuentran siempre una puerta de salida mientras otros encuentran siempre una puerta de entrada. Y todavía pretenden que nadie sospeche.

Pero hay algo que siguen sin entender.

Podrán perseguirnos.

Podrán multarnos.

Podrán encarcelarnos.

Podrán querellarse

Podrán intentar desgastarnos.

Pero lo que nunca conseguirán es comprar el silencio de quienes llevamos años viendo el mismo patrón repetirse una y otra vez.

Nos perseguirán.

Pero no conseguirán que nos callemos.

La pregunta que hoy me hago no es si uno comparte cada adjetivo que utilizó Belarra

La pregunta IMPORTANTE es otra:

¿Para qué sirve la libertad de expresión de una representante pública si no puede críticar la actuación de un juez que ha protagonizado algunas de las decisiones más polémicas de la historia judicial reciente de este país?

Porque esto es una pura contradicción. Llevamos años escuchando a políticos de derecha extrema y de extrema derecha llamar al presidente del Gobierno traidor, golpista, delincuente, dictador, mafioso e incluso insultos mucho peores, desde tribunas políticas, televisiones y redes sociales . E insultar a todos y cada uno de sus ministrxs.

Y resulta que, cuando esos insultos se denuncian ante la justicia, los jueces dicen que forma parte del debate público. Pero cuando es una diputada de izquierdas la que opina sobre la actuación de un juez que, a todas luces, está prevaricado, entonces es cuando aparecen multas desproporcionadas.

Qué ascazo de Ley.

Qué ascazo de jueces.

Y qué ascazo de periodistas que a sabiendas mienten para manipular a la opinion pública

La democracia no consiste en proteger a los poderosos de las críticas. Consiste precisamente en que quienes ejercen poder puedan ser cuestionados, señalados y sometidos al escrutinio público.

Y más aún cuando hablamos de magistrados cuyas resoluciones afectan a la vida política de millones de personas.

Desde hace años se persigue y encarcelan a músicos, artistas, activistas... por llamar corrupto y ladrón al rey emérito, cuando la realidad es mucho peor que lo que dicen sus canciones.

Aquí se está discutiendo sobre el derecho de una parlamentaria a expresar una valoración política sobre la actuación de una figura pública con enorme poder institucional.

Pero que nadie se preocupe demasiado, la historia tiene la fea costumbre de alcanzar a quienes intentan blindarse de las críticas.

Y por eso el problema de esta sentencia no son los 9.000 euros.

El problema es el mensaje: los poderosos pueden aceptar cualquier insulto dirigido a sus adversarios, pero no toleran que se cuestione su propia actuación.

Nos perseguirán.

Intentarán castigarnos.

Intentarán disciplinarnos.

Pero no conseguirán que nos callemos.

Seguimos.