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martes, 18 de julio de 2017

El Rostro Impenetrable (1961)


Título original
One-Eyed Jacks (One Eyed Jacks)
Año
Duración
141 min.
País
Estados Unidos Estados Unidos
Director
Guion
Guy Trosper, Calder Willingham (Novela: Charles Neider)
Música
Hugo Friedhofer
Fotografía
Charles Lang Jr.
Reparto
, , , , , ,, , , , ,, 
Productora
Paramount Pictures
Género
WesternRomance | AmistadVenganza
Sinopsis
Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Río es traicionado por Dad, su mejor amigo y compañero de correrías. Apresado por la policía mexicana, pasa cinco amargos años en la prision de Sonora, durante los cuales, vive obsesionado con la idea de vengarse del traidor. Tras ser puesto en libertad, visita a Dad, que se ha convertido en un hombre respetable y es el sheriff de Monterrey. Cuando Dad le presenta a su hijastra Louisa, Jonnhy queda prendado de su belleza y la seduce. (FILMAFFINITY)
Premios
1961: Nominada al Oscar: Mejor fotografía (color)
1961: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director
1961: Festival de San Sebastián: Concha de Oro (mejor película)
Críticas
  • Western de traiciones y venganzas que comenzó a rodar Stanley Kubrick pero que acaba y firma Marlon Brando. Algo excesivo en su metraje, tiene excelentes secuencias pero, sobre todo, tiene a Brando y a Malden.
  • "Western sin precedentes, psicológico, fantasmagórico, abstracto. También, un ejercicio de egolatría feroz. Pero las barrocas imágenes suponen en su osadía un alarde tal que se le perdona el narcisismo"

Amen


Título original
Amen.
Año
Duración
132 min.
País
Francia Francia
Director
Guion
Costa-Gavras, Jean-Claude Grumberg (Obra: Rolf Hochhuth)
Música
Armand Amar
Fotografía
Patrick Blossier
Reparto
, , , , ,
Productora
TF1 Films Production
Género
Drama | HolocaustoNazismoII Guerra Mundial
Sinopsis
Dos sistemas: por una parte, la maquinaria nazi y, por otra, la diplomacia del Vaticano y de los Aliados. Pero dos hombres luchan desde dentro. El primero es Kurt Gerstein (personaje real), químico y miembro de las SS que se encarga de suministrar el gas Ziklon B a los campos de la muerte. Pero eso no le impide denunciar los crímenes nazis a los aliados, al Papa e incluso a los miembros de la Iglesia alemana a la que pertenece, jugándose de este modo su vida y la de su familia. El segundo, Ricardo, es un joven jesuita que representa a todos los sacerdotes que supieron oponerse a la barbarie, pagando muchas veces con su propia vida. Kurt Gerstein sabía lo que estaba ocurriendo y quería que el mundo entero también lo supiera. La película denuncia la indiferencia de todos aquellos que sabían lo que estaba pasando y decidieron callarse. (FILMAFFINITY)
Premios
2002: Festival de Berlín: Sección oficial de largometrajes
2002: Premios César: Mejor guión. 7 nominaciones
2002: Premios del Cine Europeo: Nom. a Premio del público mejor actor (Tukur)
Críticas
  • "Lo que cuenta es tan fuerte que suple las carencias artísticas de Costa-Gavras, su didactismo, su molesto afán para que todo quede demasiado claro. (...) Hay que agradecerle al legal e incisivo Costa-Gavras que siga desvelando viejas atrocidades, pero su estilo para hacerlo sólo alcanza el aprobado."
  • "Apasionante capítulo del silencio vaticano. (...) Y sin hacer una obra maestra (Costa-Gavras suele estar como director por debajo de los magnífico y ambiciosos asuntos que filma) nos sitúa ante el rostro de esta herida sangrante..."

Hoy es 18 de Julio otra vez


El día que nació Franco su padre estaba en una casa de putas

'Generalísimo' para sus adeptos, “paquita” y “marica” para su padre
"Perdió un testículo" y “el sexo no le interesaba, sublimaba sus deseos en el ansia de poder”, narra el médico del dictador en el libro ‘Franco confidencial’, de Pilar Eyre


Sáb, 9 Nov 2013 
ElPlural
El hombre que sometió a España durante casi 40 años era víctima de un “complejo de Edipo” y del “maltrato” durante su infancia por parte de su padre, que le llamaba “paquita” y “marica”. Francisco Franco era un hombre frío “con una vida sexual inactiva que después de engendrar a su hija no volvió a tener relaciones sexuales ni con su mujer ni con nadie”, según le describió Pilar Eyre al dictador en su nuevo libro Franco confidencial.


Franco tenía un solo testículo
La autora cita al médico de Franco: “Lo sé con total certeza, porque Franco perdió un testículo en África, pero además hay un detalle de su anatomía que nadie conoce y que explica su idiosincrasia: tenía una fimosis muy acentuada, el prepucio muy cerrado, lo que me permite deducir, por mi larga experiencia en estos casos, que su vida sexual fue inactiva”.



El sexo no le interesaba
El médico asegura que “se le aconsejó” a Franco “una operación muy sencilla”, pero éste “se negó” porque “el sexo no le interesaba, sublimaba sus deseos en el ansia de poder y pudo permanecer casto toda su vida. ¡La ambición, en su caso, sustituyó al orgasmo!”, precisa el doctor en la narración de Pilar Eyre, que adelanta hoy El Mundo.

El día que nació Franco, su padre estaba en una casa de putas
Detrás de cada dictador, es seguro que hay una personalidad retorcida con una infancia poco feliz. Franco no fue la excepción: “Cuando nació, su padre, el iracundo y alcoholizado Nicolás Franco Salgado, estaba en una casa de putas”, narra la autora de Franco confidencial.


Paquita y marica
Su padre lo tildaba de "marica" por su voz. “Su madre, que lo vio enclenque y llorón, lo acogió con un amor desmesurado y excluyente. Las paredes de la casa de la calle María escondieron el secreto de ese padre brutal que llamaba ‘Paquita’ y ‘marica’ a su hijo a causa de su voz atiplada, consecuencia de una sinusitis crónica, que maltrataba a su mujer embarazada y que incluso llegó a romperle el brazo a su hijo mayor al encontrarlo masturbándose

Martin Villa, exministro franquista, tiene una orden de captura internacional por los crímenes dela dictadura

La jueza argentina vuelve a denegar la exención de prisión de Martín Villa
Después de que el pasado jueves un tribunal de apelaciones argentino cuestionara su decisión de encarcelar al exministro, la respuesta de la magistrada Servini llegó 24 horas después con una nueva resolución de 53 páginas en la que resolvió de nuevo "no conceder" la exención de cárcel del exministro franquista "bajo ningún tipo de caución".
Público
Buenos Aires
Ana Delicado

Estará de nuevo decepcionado el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, quien el pasado viernes dijo sentirse "encantado" con el dictamen de un tribunal de apelaciones de Argentina que cuestionó una resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría que ordenaba la detención de Marín Villa, responsable de la única causa abierta en el mundo para juzgar los crímenes de la dictadura española.
La respuesta de Servini llegó 24 horas después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejara el pasado jueves sin efecto, por "infundado", un auto anterior de la jueza en el que se negaba la posibilidad de que Martín Villa pudiera declarar ante la justicia argentina sin ser encarcelado.
En una nueva resolución de 53 páginas, la magistrada resolvió de nuevo "no conceder" la exención de cárcel del exministro franquista "bajo ningún tipo de caución".

Servini fundamentó su negativa en el hecho de que los delitos de Martín Villa se encuadran "dentro de los crímenes de lesa humanidad denunciados en autos, cometidos en España a partir de 1936 y hasta el año 1977 como consecuencia de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político".
En calidad de ministro de Relaciones Sindicales, el franquista ordenó la represión de una manifestación de trabajadores el 3 de marzo de 1976, en la que resultaron asesinadas cinco personas, recordó la jueza.
Como ministro de Gobernación, Martín Villa también dirigió la represión de la denominada Semana Pro Amnistía que tuvo lugar entre el 8 y el 15 de mayo de 1977 en el País Vasco y en Navarra, a raíz de la cual fallecieron un veterano luchador antifranquista, Rafael Gómez Jáuregui, y el joven José Luis Cano Pérez.

Dado que era el máximo responsable de las fuerzas del Estado, la jueza también achaca al exministro de Gobernación las muertes de José María Zabala Erasun, asesinado por un guardia civil en septiembre de 1976; de María Norma Menchaca, que falleció el 9 de julio del mismo año a manos de un grupo parapolicial; y de Arturo Ruiz García, asesinado por un grupo de ultraderechistas en enero de 1977.

El exministro está acusado del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un delito que conlleva prisión perpetua en Argentina.
"Resta poner de resalto que el imputado Rodolfo Martín Villa, al día de la fecha, no se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle declaración indagatoria", sostuvo la magistrada.

Dudas de la Cámara

Con su dictamen, la Cámara Nacional de Apelaciones en ningún momento revocó la primera resolución de Servini, según confirmaron a Público fuentes del despacho de la jueza, pese a que así que se difundió la noticia en los medios españoles.
La sala II del tribunal se limitó a observar que "la calificación jurídica de orden internacional (es decir, de lesa humanidad) así invocada no fue realizada con base en una fundamentación que abordara las circunstancias distintivas que, según se alegó, tiene en los hechos puntuales por los que se querelló a Villa".

Ese análisis era "ineludible" para discernir "el espacio temporal en que ocurrieron (los hechos imputados a Martín Villa) y el contexto que los rodeó".
En concreto, los miembros de la Cámara no entendían que se calificasen como delitos de lesa humanidad hechos que tuvieron lugar entre 1976 y 1977, a lo que la jueza alegó que durante ese período estuvo vigente un período de represión postfranquista que exige incluir esos años dentro de su investigación.
El abogado de Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha apelado este lunes la nueva resolución de la magistrada, por lo que la Cámara de Apelaciones deberá expedirse de nuevo.
Sobre el exministro franquista sigue pesando una orden de captura internacional, a raíz de su imputación declarada por Servini el 30 de octubre de 2014.


Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36

18 Jul 2017
Público
Pablo Sánchez León
Desde hace años, cada aniversario del golpe de julio de 1936 que culminó en la destrucción de la República democrática es aprovechado para intervenir sobre el estado de la opinión pública en relación con esa parcela dramática del pasado común y sus secuelas. Esta vez parece que toca reivindicar a los historiadores —así, en genérico—, a ver si dejan de ejercer de convidados de piedra, que es lo que vienen haciendo desde el más benigno de los juicios, ante el avance de la cultura del recuerdo.  
A lo largo de las últimas dos décadas, el estudio de la crisis de la República y la guerra ha experimentado una transformación profunda al pasar a primer plano la investigación sobre las matanzas de civiles lejos de los frentes. En esta nueva orientación son muy variados los expertos que también tienen, y mucho, que decir y aportar: arqueólogos, forenses, antropólogos, juristas… todo un surtido elenco de especialistas. También desde luego los historiadores. Pero la diferencia es que todos los anteriores suelen aprovecharse de los hallazgos respectivos cuando no colaborar en sus actividades. En cambio los historiadores españoles en general no.
Un solo dato resulta suficientemente elocuente: desde 2016 funciona en la UNED un MOOC (siglas de Massive Open Online Course, es decir, curso no presencial abierto y masivo) que reúne el conocimiento experto de todos los especialistas implicados en las exhumaciones de fosas comunes . Pues bien, no hay un solo historiador entrevistado. Es decir que veinte años después de la primera exhumación posterior a las de la transición, todavía se está esperando a que los historiadores profesionales aporten su saber experto al asunto, beneficiándose a su vez a cambio del conocimiento que todas esas disciplinas aportan a cuestiones muy relevantes para la elaboración de interpretaciones más rigurosas sobre el ejercicio de la violencia en estados de excepción en general y en la guerra de 1936 en particular.
Sin duda los historiadores no han venido actuando así por mala fe ni falta de rigor profesional, sino por lo mal que han estado asesorados por sus mentores, especialmente los de la generación de la transición, quienes en general han mostrado un recelo más que clamoroso hacia todo lo que sonase a “memoria”. Si estos han logrado durante tiempo imponer su estrecha mirada fuera y dentro de la profesión es porque, más allá del sesgo ideológico conservador, en su postura hay también un indisimulado temor corporativo, pues si por un lado las exhumaciones exponen a los historiadores a la concurrencia de otros especialistas, por el otro se ven presionados por la proliferación de numerosos conocedores no acreditados que han irrumpido en los trabajos de la memoria, y muchas veces para aportar insumos cruciales en la elaboración de los mapas de fosas y la reconstrucción de los escenarios locales de violencia. Son sin embargo muy pocos los historiadores que tienen la honestidad de reconocer que también los amateur contribuyen al mejor conocimiento del pasado traumático.

Que la profesión se encuentra en una encrucijada por el despliegue de la globalización es algo que no debería sorprender, sobre todo tratándose de una democracia como la española, que no funda su relación con el pasado en la cultura de los derechos humanos que acompaña dicha globalización.  El problema es que no es así como en general los historiadores cuentan la historia, sino que se obstinan en acusar de los males que afectan a su actividad a la creciente polarización en la opinión pública en general, fomentada por los partidos, y en particular a la contribución destacada del movimiento memorialista en ese escenario. Tal es la explicación que aparece en el artículo que firma el catedrático Javier Moreno Luzón en las páginas del domingo 16 de julio en El País  donde vuelve una vez más con la letanía de que han sido las polémicas públicas sobre memoria las que al parecer “han enrarecido el panorama historiográfico hasta extremos inimaginables” en los últimos años.  
Cierto, si no fuera un diagnóstico incompleto y, dejado así, falaz. Pues son también muchos los historiadores reputados que han contribuido activamente y no como simple reflejo o efecto del ambiente general a enrarecer el medio profesional hasta hacer que los especialistas en la República tiendan “hoy a alinearse en facciones enfrentadas a cara de perro”.  Lo más interesante del caso es que entre estos últimos destacan algunos de los que aparecen opinando en el otro artículo que El País ha dedicado el mismo día a anticipar la conmemoración del 18 de Julio.
El reportaje de José Andrés Rojo se titula Historia, no combate…  pero no hay más que contrastar las declaraciones de los entrevistados con las aseveraciones del texto de Moreno Luzón para entender que ¡el único combate que se libra hoy día es entre los historiadores unos contra otros! Eso sí, la suya es una guerra entre sordos, porque nadie polemiza con nadie, se reduce todo a ocupar cada uno su taifa académica como un coto vedado, lanzar sus soflamas contra los que no opinan como ellos sobre la República y la guerra, y de vez en cuando dejarse caer sobre el conjunto de los ciudadanos desde algún púlpito mediático. Esta actitud profesional tan irresponsable se viene justificando negando a los adversarios credenciales “científicas”, palabra ésta fetiche empleada sin recato por quienes menos avales tienen a ese respecto. Porque no nos engañemos: estos historiadores, sean de uno u otro signo, son todos igual de tradicionales en su concepción de la profesión y por tanto están muy poco preparados para la interdisciplinariedad que exige hoy el estudio de la República democrática de los años treinta y su destrucción en un baño de violencia sobre civiles. Así está a día de hoy el escenario académico del cual se nos quiere seguir contando que la culpa de todo la tiene el movimiento memorialista, aunque entre los entrevistados por Rojo algunos tienen una opinión más positiva que la mayoría.
Ellos lo saben, por mucho que lo disimulen; con todo Moreno se apresura a salvar de antemano al conjunto de la profesión asegurando que “entre tanto, la historiografía se ha enriquecido con un sinfín de artículos, libros y congresos, impulsada a menudo por profesionales españoles que se mueven con soltura en las universidades europeas”. Se le ha olvidado añadir que también los especialistas en la República y la guerra desde esas otras disciplinas que sus colegas historiadores vienen despreciando por figurar en el campo de la memoria están alcanzando prestigio internacional, y se podría decir que de modo más fulgurante y rotundo que los historiadores, empezando por algunos grupos de investigación del CSIC; pero no solo.  

Y aún así, el asunto principal se le escapa al columnista, porque una cuestión como la violencia sobre civiles no necesita, según plantea, simplemente enriquecerse con los aportes de “la historia cultural” o cualesquier otros enfoques: lo que reclama es ser convertida en el eje y el centro de todo un nuevo marco narrativo sobre la experiencia democrática de los años treinta y su hundimiento a manos de fanáticos integristas contrarios a toda condición de ciudadanía. Esto es algo que leyendo su texto se ve que los historiadores no terminan de comprender, entre otros motivos porque a día de hoy les desborda como cometido y les sitúa en la necesidad de colaborar codo con codo con numerosos otros especialistas. El argumento vale igual para el reportaje de Rojo. Si el periodista, además de dar espacio a unos cuantos historiadores, hubiera recabado la opinión de especialistas en la violencia de los años treinta procedentes de otras disciplinas, habría conseguido ofrecer al público un tratamiento plural del asunto, aunque seguramente a costa de perder la voz coral que parecía estar buscándose para apuntalar lugares comunes.

“La política maniquea pervierte el conocimiento de la historia, y este, como la calidad de nuestros debates, sale perdiendo”. Esta aseveración de Moreno Luzón, siendo perfectamente compartible, tiene el problema de no venir precedida de una mínima evaluación crítica de la propia profesión que permita valorar sobre hasta qué punto los historiadores que dominan el campo de la República y la guerra no son solo víctimas de la situación que viven. Pues hay opiniones muy reveladoras de la profundidad de la crisis en que los historiadores han ido entrando por activa y por pasiva, como la que lleva a uno de los entrevistados por Rojo, Santos Juliá, a declarar que en relación con las exhumaciones “hay una demanda social de la que no se han hecho cargo las Administraciones públicas, poniendo a trabajar en su resolución a jueces, forenses, autoridades políticas”. De nuevo una postura perfectamente asumible si no viniera de labios de uno de los principales fustigadores del movimiento memorialista desde su surgimiento.

Lo interesante de este cambio de postura de Juliá es que muestra que la guerra que publicistas como él abrieron hace una década larga de manera unilateral contra el movimiento que ha hecho posible las exhumaciones y contra sus reclamos narrativos, está ya perdida. Algunos han llamado a este tipo de actitudes la desfachatez del intelectual posfranquista, pero también puede verse como la estrategia de quienes, ante las horas bajas por las que esta pasa su postura cerrada ante los cambios en la opinión pública, intentan ahora sumarse al carro de los tiempos, pero para seguir negando la contribución de la memoria a la construcción colectiva del recuerdo.

Sin embargo, por el camino el mundo ha cambiado. Lo que no parecen entender quienes continúan intentando engrasar la ideología de la reconciliación a base de mitificaciones y exoneraciones es que entre el fin de la dictadura y el paso al siglo XXI el acercamiento de los españoles al pasado común experimentó una transformación estructural y sin marcha atrás, de manera que ha pasado a ser uno de los rasgos que definen la cultura ciudadana. Se equivocan quienes ven en las exhumaciones una actividad puramente reivindicativa del movimiento memorialista: la relación con el pasado traumático se ha convertido ya en un rasgo estructural de la cultura ciudadana posfranquista.
No se trata entonces, como asume Rojo demasiado ligeramente, de “remotos episodios históricos” sino que son ya parte de la cultura democrática del siglo XXI. Están aquí, no solo allí: nos constituyen, de manera que tanto mejor cuanta más conciencia tengamos de ello. Mas no por esto merecen la censura que se les propina al argüir que esos sucesos “mantienen intacta su capacidad de provocar emociones enconadas y de desatar debates apasionados donde es más fácil tirar de garrote que proponer una serena reflexión”. Esta insensibilidad hacia el papel de la memoria en la cultura ciudadana es la que en cambio resulta censurable: habría entonces que decir lo mismo de la filosofía griega antigua o de la conquista española de América, también expuestas a debates apasionados sin por ello impedir la reflexión sesuda, al contrario. No: el pasado asumido como cultura ciudadana es justamente el que mejor permite el diálogo crítico entre interpretaciones no ya diversas sino adversas; es solo que cuando se juntan de por medio cuestiones de justicia, el menosprecio recibido puede y suele convertirlas en signo de identidad y favorecer antagonismos. Con toda legitimidad, porque están señalando marcados déficit de reconocimiento hacia los ciudadanos por parte de las instituciones.

En cualquier caso, lo logrado hasta hoy por la democracia española en el terreno de la cultura de los derechos humanos y del recuerdo ha sido, guste o no a determinados historiadores, gracias sobre todo al empeño y la constancia de los miles de personas que de manera activa e implicada —a veces solos o reivindicando, otras con el concurso de artistas, creadores, intelectuales, etc., y reflexionando— hacen posible la difusión de esos valores entre los ciudadanos. En cambio, cuando Moreno Luzón considera “cosa notable” que en la transición pudiera darse “el diálogo entre gentes de ideologías distintas, que no confundían su proximidad a una u otra tendencia con la fe ciega en sus bondades”, y la contrasta con la inviabilidad de semejante diálogo hoy, le falta preguntarse si él o sus colegas han contribuido realmente a esa cultura del intercambio y el distanciamiento crítico hacia las posturas y prejuicios propios. Porque la impresión que han dado en las últimas dos décadas es bastante diferente, por no decir contraria. ¿Cuándo se ha visto a los historiadores expertos en la guerra plantear un debate serio y respetuoso fuera de la profesión? No lo han hecho, y ahora se lamentan de los efectos de su propia siembra de prepotencia y desprecio. Pero es que ni siquiera es algo que hayan cultivado hacia dentro de la profesión. ¿Para cuándo un debate dialogado entre esos dos pesos pesados que son Viñas y Juliá?, ¿o entre sus continuadores, un Hernández Sánchez vs. un Fernando del Rey? Porque a nadie se escapa ya que estos autores, académicos todos, encarnan posiciones muy contrarias en su interpretación del pasado reciente pero que no confrontan jamás ante el público ni ante otros colegas.
Los historiadores especialistas en esa otra gran experiencia democrática del siglo XX que fue la Segunda república, y en las matanzas de la guerra del 36 que le siguió, han dejado hace tiempo de comportarse de modo ejemplar como ciudadanos comprometidos siquiera con el buen comunicar en el espacio público y el diálogo con sus colegas.  No pueden pretender dar lecciones morales quienes no se las aplican a sí mismos.  No solo han perdido el crédito para presentarse como autoridad última en los debates que se extienden por la sociedad civil, sino que están incluso siendo desplazados de la centralidad que poseyeron en su día como narradores del pasado común. Esa es su encrucijada, en buena parte ganada a pulso, que algunos quieren ahora hacernos pagar a todos.

Por eso hay que precaverse contra argucias como la de Santos Juliá cuando sentencia que “la única lectura que una democracia puede hacer de su pasado debe hacerse desde la historia, no desde la memoria”. Esta frase no dice lo que realmente quiere decir: no se trata de una querella entre saberes. Cuando se trata de imponer que el pasado lo cuente la historia y no la memoria lo que se quiere decir es que no intervengan los ciudadanos, que no contribuya la gente a la construcción colectiva del pasado común. Es el tipo de retórica es la que más gusta a los historiadores acostumbrados a pontificar sin rendir cuentas fuera de la profesión  y a manipular el interior del mundo académico.
Que la narración del pasado se la reserven los historiadores no es ni admisible ni posible en un mundo de ciudadanos. Por suerte, la historia es una de esas maravillosas “culturas de cualquiera”, como las llama Luis Moreno-Caballud, que “cuestionan en la práctica el régimen de autoridad en que se basa la tradición cultural” que en el tratamiento de las cuestiones que afectan a la ciudadanía “solo reconoce la actividad de los expertos”. En relación con el pasado, y sin menospreciar la contribución de los especialistas y profesionales, “todos sabemos algo y nadie lo sabe todo”: se trata entonces de confiar en nuestras “capacidades para construir colaborativamente saberes y respuestas eficaces” a los asuntos del pasado que nos afectan.

Mientras avance la globalización, y con ella una modernización que destruye tanto como parece construir, todos los ciudadanos seremos un poco historiadores. Esto debería ser una buena noticia para las nuevas generaciones de investigadores. Pues siempre necesitaremos alguien que, además de ofrecer sus interpretaciones de base documental, sintetice los intercambios entre disciplinas dentro del mundo académico y a la vez intervenga en los diálogos que brotan de la sociedad expuesta a la globalización; esto es algo muy distinto de intentar imponer un conocimiento supuestamente experto, y menos sobre la retórica excluyente de la ciencia, que en este terreno muestra su poco democrática faz.
Mucho por hacer. Con todo, al menos toda la fanfarria de argumentaciones espurias y retóricas cicateras con las que se buscaba mantener separadas la historia y la memoria apenas ha surtido efecto: con la crisis del régimen del 78, no solo se ha puesto en entredicho el relato mítico de la transición, sino también la pacata narración sobre la crisis de la segunda república en que a su vez este se basaba. Mientras vivamos un régimen democrático, mientras nos sintamos ciudadanos portadores de derechos reconocidos en una constitución, no habrá manera de que dejemos de mirar a los años treinta del siglo XX como un tiempo vinculado de manera constitutiva con el presente. Son nuestros ancestros, pero no precisamente por una supuesta violencia cainita más o menos consustancial sino por haberse dotado de una democracia, con todos sus problemas, como la nuestra también los tiene.
Esto no quiere decir que no sigan los desacuerdos acerca de quiénes trataron activamente de destruir entonces la ciudadanía y quiénes no, terreno en el que se medirán las perspectivas por su rigor teórico, no solo por el aporte documental. Pero lo que se necesita con más urgencia para recuperar una profesión a la que le dura ya más de la cuenta la introversión es una sensibilidad hacia los otros portadores y creadores de relatos históricos. La falta de preparación moral y profesional para la escucha y la sensibilidad en el grueso de los historiadores españoles está en el origen de una parte fundamental de los problemas que arrastra la recuperación de la memoria aún en el siglo XXI. Y además andan entre sí a la gresca desde hace más de una década, cuando decidieron trasladar al seno de la comunidad científica la actitud que adoptaron desde el principio contra el movimiento memorialista. Todo un panorama.
El historiador que necesitamos es de este pelaje y catadura. Esos historiadores no nos representan, y por tanto no necesitamos sus relatos que nos cierran en vez de abrirnos la imaginación sin aportarnos a cambio rigor. Es otra la tarea que nos incumbe, y para ella sean bienvenidos también los artistas, los creadores, los periodistas, los ciudadanos de a pie, con el común acuerdo de acabar con el monopolio del relato de la guerra en manos de especialistas incautos, ególatras y que nos quieren seguir privando del derecho a conformarnos colectivamente de modo activo y consciente.
Pablo Sánchez León es investigador y coautor del libro La guerra que nos han contado y la que no. Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI (Madrid, 2017).


Cristina Cifuentes: 2ª Parte

2ª Parte. Cristina Cifuentes y el Caso Púnica
Jaime González Taboada y Bartolomé González Jiménez, en capilla


Lun, 17 Jul 2017
En la primera parte de esta crónica contábamos las dificultades que tiene la veterana militante de AP/PP Cristina Cifuentes para quitarse de en medio en uno de los casos de corrupción que más afecta a los genoveses madrileños durante los años en que ella tenía responsabilidades directas en la Ejecutiva que presidía Esperanza Aguirre y cuyo Secretario General era el hoy denostado Francisco Granados. Y una buena prueba de estas dificultades tienen que ver con su papel protagonista y determinante en la adjudicación irregular de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario y donante del PP, Arturo Fernández que para la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil supuso la comisión de dos delitos, uno de cohecho y otro de prevaricación, por parte de la hoy Presidenta aforada de la CM.

Arpegio: un pozo público sin fondo
Y en esta segunda vamos a repasar las consecuencias que este caso está también teniendo entre sus más directos colaboradores en el Gobierno Regional y en Grupo Parlamentario que le sustenta. Y para ello vamos a recordar a efectos de muestra algunos de los caídos en ambos lados de la mesa que preside Cifuentes.
Por parte del Gobierno Regional, sin duda, es Miguel Ángel Ruiz López, que se vio obligado a dimitir el pasado 16 de mayo como Vice consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio tras conocerse que estaba siendo investigado por el juez Velasco dentro de la PS Arpegio, una de las 15 que forman el Caso Púnica. Para los más despistados recordarles que Ruiz López, aunque no figurase en su CV oficial, fue Director General del Programa PRISMA; Consejero Delegado de ARPEGIO desde el18-9-2008 hasta 14-1-2011; Consejero de NUEVO ARPEGIO desde el 14-1-2011 hasta el13-10-2011 y miembro de las Mesas de Contratación del Plan Prisma 2006-2007 y 2008-2011.

El caso es que horas antes de su dimisión agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían desplazado a la sede de la Consejería de Medio Ambiente para registrar su despacho oficial. La trayectoria política, profesional y personal de Ruiz López está estrechamente ligada al que hasta ese día era su jefe y amigo, Jaime González Taboada, Consejero, diputado y miembro de la Ejecutiva del PP de Madrid. Ruiz López había sido llamado a declarar en calidad de investigado con abogado el pasado 12 de julio ante el juez Eloy Velasco que tras su salida del juzgado ha quedado fijada para el 27 tras acordarlo su sustituto García Castellón.  Entre otras muchas cuestiones tendrá que aclarar por qué, según la IGAE, Ruiz López en su condición de Consejero Delegado de ARPEGIO, actuó como órgano de contratación y como miembro de las Mesas de contratación, infringiendo la prohibición de la legislación de contratación pública que impide que una misma persona pueda ser titular del Órgano de contratación y miembro de la Mesa.
A Ruíz López le sigue de cerca Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria, Energía y Minas. Cesado/dimitido el 20 de octubre del 2016 después de que su nombre apareciera en las investigaciones por presuntamente haber intercedido para que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares le otorgara un contrato a la multinacional francesa Cofely.

Y por parte del Grupo Parlamentario Popular los afectados han sido:
Daniel Ortiz Espejo. Nº 42 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex alcalde Móstoles. Dimite en julio 2016. El juez Velasco le atribuye cinco delitos por el supuesto amañó de un contrato para Cofely de 73 millones a cambio de una mordida de 743.000 euros.
José Ignacio Echevarría Echaniz. Nº 14 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Presidente de la Asamblea y ex Consejero de Transportes. Dimite en diciembre 2015 tras ser sancionado en un control del alcoholemia. Desde Abril del 2017 está siendo investigado en la PS 14 del Caso Púnica en su calidad de ex Tesorero regional del PP por la financiación irregular del PP madrileño.
Borja Sarasola Jáudenes. Nº 12 en la lista encabezada por Cifuentes. Ex Consejero de Medio Ambiente. Dimite en julio 2015 tras ser citado como investigado en el Caso Púnica. El 24 de febrero del 2017 la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) remitió al juez Velasco un informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Vicepresidencia 1ª del Gobierno Regional al Grupo Cantoblanco del investigado Arturo Fernández. En el citado informe además de certificar las irregularidades de esa adjudicación cita expresamente a Sarasola como responsable de la adjudicación durante su etapa como Secretario General Técnico y Presidente de la Mesa de Contratación.
Pero junto a estos 5 Altos Cargos y Diputados, el futuro no es menos incierto para otros dos diputados: Jaime González Taboada y Bartolomé González Jiménez. Vayamos a ellos.

Jaime González Taboada: Un Consejero bajo sospecha
El primero es, mire por donde se mire, desde hace años el genovés en activo más próximo a Cifuentes, tanto en el plano personal como político. En él se concentran las más sólidas y prometedoras sospechas sobre determinadas decisiones que tomó como Director General de Cooperación con la Administración Local (2003-2015) durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Se da la circunstancia que en la práctica la gestión del “Plan Prisma” dependía de su Dirección General. Asunto de máxima importancia ya que este Plan supuso solo en el periodo 2006-2011 un gasto en inversiones para la CM de más de 1000 millones de €.
Pero no contento con ser “juez” en la gestión de las inversiones se decidió además que fuera  “parte” ya que al igual que su ex Vice consejero, también fue miembro de las mesas de contratación del Plan Prisma 2006-2007 y 2008-2011, de modo y manera que entre unas cosas y otras finalmente todo pasaba por él. Para los más curiosos en este enlace podréis consultar las actas de los 2 Consejos de Administración de Arpegio que aprobaron las citadas mesas con todos y cada uno de sus miembros.

Sobre la importancia que tiene en la investigación formar o no parte de las mismas da la medida el hecho de que primero el juez Velasco y ahora su sustituto García Castellón, han decidido que todos ellos pasen a la condición de investigados. Como es natural  esta medida no se ha hecho extensible al Consejero Taboada dada su condición de aforado.
Pero si ya explicar estas múltiples compatibilidades incompatibles es una misión imposible no lo será menos contrarrestar la denuncia que JLGV, funcionario jubilado de la CM,  realizó ante el juez Velasco y ante las Fiscales sobre su gestión al frente de la DG el pasado 11 de octubre. Con todo lujo de detalles este funcionario desmenuzó las múltiples y presuntas irregularidades cometidas por Taboada aportando numerosos documentos que así lo acreditarían.
En esta misma línea, aunque de forma anónima, se ha incorporado al sumario una denuncia del autodenominado “Grupo Pontejos”, formado por un número indeterminado de funcionarios de la administración autonómica que incluye datos variopintos y contrastables sobre la trayectoria de Jaime González Taboada.

Bartolomé González Jiménez: Un diputado y ex alcalde bajo sospecha
En segundo diputado en entrar en escena es Bartolomé González Jiménez el que fuera alcalde de Alcalá de Henares entre 1995-1999 y entre 2003-2012. Su nombre aparece claramente reflejado en el informe de la UCO que con fecha 13 de septiembre del 2016 investiga las actividades presuntamente delictivas, consistentes en la obtención fraudulenta de adjudicaciones de contratos públicos a la multinacional francesa Cofely, a cambio de pagos o contraprestaciones económicas de manera sistemática a funcionarios y cargos políticos. Al igual que su compañero de escaño y Consejero de Cifuentes y a pesar de los indicios más que evidentes que la UCO ha reunido y que se concretarían en un cobro de 60 mil €  en comisiones, por el momento no ha sido llamado a declarar dado que es aforado. Se está a la espera que el juez García Castellón tome una decisión sobre su futuro judicial y eleve una exposición motivada al TSJCM.