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martes, 4 de septiembre de 2018

Los ciudadanos tienen derecho a saber si Juan Carlos I es un defraudador además de "un picha loca"


04/09/2018

PP, PSOE y Cs vetan una comisión de investigación en el Congreso sobre las revelaciones de Corinna

Unidos Podemos: "Un fraude democrático, es inexplicable".

Redacción El HuffPost 

PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado en el Congreso crear una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el rey Juan Carlos I a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, según ha avanzado laSexta.

En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado revelaba que el rey emérito tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

La Mesa del Congreso ha tumbado esta iniciativa de Unidos Podemos por los votos en contra de populares, socialistas y 'ciudadanos'. Ya en julio, el PP y el PSOE habían unido sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara para frenar el intento de Unidos Podemos de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre esas posibles irregularidades fiscales de don Juan Carlos.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha declarado que se trata de "un fraude democrático" y que es "inexplicable" el voto de PP, PSOE y Cs.

"Los ciudadanos tienen derecho a saber si Juan Carlos I es un defraudador",

ha enfatizado la diputada morada, quien ha recordado que se trata de investigar si hay un "caso de corrupción o fraude fiscal" por parte del rey emérito.

"Hay que investigarlo, son delitos graves", ha apostillado Belarra, que ha agregado: "El PSOE debe rectificar".

La Audiencia Nacional está investigando a Villarejo por diversos delitos como extorsión y tráfico de influencias en la llamada 'operación Tándem', de la cual han surgido varias piezas separadas.

En una de ellas aparece Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga del Rey Juan Carlos I, de la que constan grabaciones con Villarejo en las que además de revelar que el monarca tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones, la princesa criticaba la actuación de los servicios secretos españoles hacia ella. El sumario de momento es secreto.
Las confesiones de Corinna

Corinna se entrevistó en Londres en 2015 con Villarejo, por mediación del expresidente de Telefónica Juan Villalonga en 2015, en un encuentro de unas dos horas que fue grabado por el policía sin que ella aparentemente fuese consciente.

En esa reunión, Corinna afirmaba que don Juan Carlos tiene cuentas en Suiza a nombre de su primo Alvaro de Orleans y del abogado Dante Canónica, insinúa que el rey emérito la usó de testaferro y le acusa de cobrar comisiones por mediar a favor de empresas españolas en la adjudicación de contratos millonarios.

La consultora afincada en Mónaco les cuenta a ambos que estaba viviendo una "pesadilla" porque el rey Juan Carlos había colocado diversas propiedades en Marruecos y otros lugares fuera de España a su nombre y se las estaba reclamando, pero ella se oponía porque si las devolvía poniéndolas a nombre de terceros incurría en un delito de blanqueo.

"Me está poniendo una presión bárbara para que le devuelva esas cosas, pero si lo hago vulnero la ley y puedo ir a la cárcel", añade en la grabación en la que ella señala que la utilizan como testaferro dado que en Mónaco no es preceptivo hacer declaración patrimonial, "lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión".

En otro momento de la conversación, la empresaria señalaba que estas presiones son para que ponga las propiedades a nombre del primo del rey emérito Álvaro Orleans de Borbón, quien ya estaría asumiendo ese papel, siempre según las palabras de Corinna. "Ahora están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro a través de Dante (señala en relación al abogado Dante Canónica). Están haciéndome la guerra porque yo no quiero cometer un delito", asegura.

Corinna desvelaba asimismo a sus interlocutores en ese encuentro que el Rey Juan Carlos recibió una parte de los 100 millones de euros que el consorcio de empresas españolas que se hizo con el contrato del AVE en Arabia Saudí entregó en forma de comisión a la intermediaria del proyecto, la iraní Shahpari Zanganeh.




Represión franquista contra lesbianas y gais


Queipo de Llano: “Cualquier afeminado o desviado que insulte el Movimiento será muerto como un perro”

Javier Coria. Revista Rambla, 29-12-2015 | 1 enero 2016

La represión franquista contra lesbianas y gais es uno de los episodios más ocultos de la dictadura y de la Transición

 Martes, 29 de diciembre de 2015

La represión franquista contra lesbianas y gais, y contra el colectivo que hoy conocemos como LGTBI, es uno de los episodios más ocultos de la dictadura y los primeros años de la Transición. En Barcelona recogemos los testimonios de algunas de sus víctimas.

El militar golpista Gonzalo Queipo de Llano -que llamaba a Franco “Paca la culona”-, proclamó: “Cualquier afeminado o desviado que insulte el Movimiento será muerto como un perro”. Para el jefe de los Servicios Psiquiátricos del régimen franquista, para algunos el Josef Mengele español, el médico y militar Antonio Vallejo-Nájera, los homosexuales y lesbianas eran una muestra de la degeneración de la “raza” que, según él, había comenzado con la Segunda República, con una “enfermedad mental”, el marxismo. Simpatizante del nazismo, aconsejó la esterilización eugenésica de las presas republicanas y de los homosexuales, y entre otras cosas escribió en su Tratado de psiquiatría (1944) y en Lecciones de psiquiatría (1952): “Adquieren estos postencefalíticos todas las características propias de las personalidades psicopáticas: holgazanería, importunidad, mal intención, hábitos viciosos, amoralidad, tendencias cleptómanas, agresividad, vagabundeo, etc. lo característico es la habilidad cinética, y la tendencia a la acción, sin finalidad o con fines perversos. Son sujetos que se entrometen en todo, se hacen insoportables, es imposible el aprendizaje escolar o profesional, se permiten bromas groseras y pesadas con las personas mayores, importunan al médico con peticiones imposibles de satisfacer, propagan la homosexualidad”. Si todo esto se hubiera quedado en palabras, nada más sería la muestra de las teorías anticientíficas de un fanático que se miraba en el oscuro espejo del nazismo, pero las palabras tuvieron sus consecuencias, en cárceles, en manicomios, en electrochoques…, en definitiva, en el sufrimiento y muerte de muchas personas.

La represión en la dictadura franquista y durante los primeros años de la Transición, como se ha visto, no sólo fue contra los opositores ideológicos –comunistas, republicanos, masones, separatista, etc.-, también la sufrieron las personas por su orientación sexual, al margen de sus ideas políticas. El colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) fueron las víctimas propiciatorias de leyes como la Ley de Vagos y Maleantes, ley que procedía de la Segunda República (ley conocida como La Gandula, 1933), pero que el régimen franquista modificó (el 15 de julio de 1954) para incluir la represión por orientación sexual, con cosas como estas: “Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”. En estos días se cumple el 45º aniversario de su derogación, en 1970. Año en que fue sustituida por la Ley de Peligrosidad Social, que recogían lo esencial de la anterior ley, pero además contemplaba penas de cinco años de internamiento en cárceles o manicomios. Esta ley -junto con el artículo del Código Penal de “escándalo público”- reprimió a homosexuales y transexuales, y no fue derogada hasta 1995, por lo que ahora se cumplen veinte años de su derogación.

Esta represión tuvo muchos cómplices, principalmente en la iglesia católica, pero también en las propias familias y, por qué no decirlo, por acción u omisión, también entre amplios sectores de la oposición al franquismo. Mientras los presos políticos salieron a la calle con las amnistía parcial de 1976 y total de 1977, las lesbianas y homosexuales siguieron en las cárceles y los pabellones psiquiátricos. Para el Estado eran degenerados peligrosos, para la iglesia y la moral imperante, unos pecadores, y para la medicina y especialmente la psiquiatría, unos enfermos. El Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya, con su presidente Jordi Palou-Loverdos a la cabeza, reunió a víctimas y activistas para dar testimonio de esta represión que aún se mantiene oculta.

“LLEVÉ CILICIOS EN LOS BRAZOS”

Conocido con el nombre de “guerra” de Jordi Petit durante la lucha clandestina, Jordi Lozano González (Barcelona, 1954) es uno de los primeros y más conocido activistas por los derechos civiles de gais y lesbianas en el estado español. Reconocida su labor internacionalmente, fue secretario general de la International Lesbian and Gay Association y el primer coordinador del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, organización que en este año de 2015, cumple el 40º aniversario de su fundación. Petit recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona en 2003, y también se reconoció su labor social, y especialmente su lucha contra el SIDA, con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, en 2008. Por primera vez en público habla de su experiencia personal:

“Desde que con trece años, en 1967, confesé mi homosexualidad, sufrí lo que hoy se llama bullying (acoso escolar) y la represión directa. Yo vengo de una familia formalmente normal y ejemplar, pero aún recuerdo las palizas que mi padre le daba a mi madre. Yo con ocho o nueve años intentaba separarlos, pero no podía. Al ser un hijo único, era bastante amanerado, pero para decirlo de alguna manera, con un estilo pijo. Por ello, en la escuela, con los salesianos, sufrí toda clase de insultos y agresiones. Mi grupo de amigos de Castelldefels, chicos y chicas, entre los que había los hijos del gobernador civil de aquella época, un día me dijeron que ya no podía salir con ellos. Para contrarrestar el rechazo, yo estudiaba como un loco, y siempre sacaba muy buenas notas. Con trece años mantuve mis primeras relaciones sexuales, y como a todos, empezó la confusión, el pecado, la rareza… Yo me confesaba casi a diario. Luego llegaron al colegio un grupo de monitores del Opus Dei, y uno de ellos, como guía espiritual, me aconsejó que para refrenar los impulsos homosexuales tenía que aplicarme la automortificación. Durante un tiempo llevé cilicios en los brazos y en los zapatos, piedras y chapas de botellas. Luego un sacerdote psicólogo me aclaró las ideas, por lo que seguí “pecando”, pero sin confesarme. Luego vino una segunda fase, donde dejé atrás el acoso escolar y me encontré con la represión pura y dura. En 1971 milité en las juventudes comunistas, y en la universidad, en el PSUC. Un día se me ocurrió pintar con un rotulador una frase antifranquista en una cabina de teléfonos y me detuvieron. Pasé por el Tribunal de Orden Público y fui a parar a la cárcel Modelo. Luego pasé por la prisión dos veces más. Hice la mili en la marina, y cuando había prácticas de tiro, nosotros no podíamos ir, porque: “los rojos no nos conviene que sepan disparar”, decían. En el sorteo de destinos, a mí me enviaron directamente a la prisión naval de Carranza, en el Ferrol del Caudillo. No estaba preso, vigilado sí, estaba en una brigada especial con otros reclutas fichados por su labor política contra el régimen. Allí me hice amigo de un compañero catalán que era boxeador y que me protegía, pero cuando se fue, me violaron. El asunto de la violación de los hombres daría mucho para hablar, porque nadie se atreve a confesarlo.

Como dije, pasé dos veces más por la cárcel, aún legalizado el Partido Comunista, los que teníamos antecedentes políticos nos llevaban a la cárcel por “sospecha de subversión”. Pasé unos días muy duros en celdas de aislamiento, y durante todo ese tiempo, nadie de mi familia ni amigos me vino a ver. En fin, si queréis saber más sobre la comunidad gai durante el franquismo,  de mi libro Vidas de Arcoiris está a punto de salir la segunda edición”.

“LA IGLESIA ESTÁ LLENA DE MARICONES VISTIENDO VÍRGENES”

Nazario Luque Vera (Castilleja del Campo –Sevilla-, 1944) es más conocido como Nazario, autor de cómics, escritor y pintor, es uno de los genuinos autores de lo que se dio en llamar el “cómic underground, erótico y canalla” de la escena española. Afincado en Barcelona desde 1972, junto al fallecido pintor José Pérez Ocaña, fue uno de los mayores exponentes de la “movida” barcelonesa de los setenta y ochenta. Desde hace 36 años convivió con el escultor Alejandro Molina. Con sus famosos trabajos Turandot y Alí Babá y los 40 maricones publicados en la revista Makoki, Nazario dejó el cómic por la pintura y la ilustración, siendo los autorretratos y la fauna humana de la plaza Real, donde tiene su vivienda, recurrentes motivos de sus obras. Entre otros premios, tiene la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Nazario no suele utilizar eufemismos y es bastante directo en sus comentarios, muestra de ello es su testimonio que recogemos aquí:

“Mi historia de infancia y juventud es muy parecida a la de tantos andaluces que vivíamos en pueblos pequeños. Yo tenía una madre muy religiosa que me inculcó esta historia de autorrepresión, lo que me hacía estar arrepintiéndome siempre. Estudié en un colegio de curas, y tenía la cabeza vuelta del revés. Me gustaban dos o tres padres salesianos, pero no me atrevía. Cuando tenía veinte años me encontré con un compañero de clase, los dos supongo que éramos un poco afeminados, y me explicó que todos aquellos curas que a mí me gustaban, se los estuvo tirando él durante todo el curso. Pensé en el tiempo que había perdido, y me dediqué a recuperarlo lo máximo que pude. En mi pueblo había bastante represión. Estábamos los afeminados de clase media que no nos atrevíamos a manifestarnos, y los maricones clásicos, los folclóricos, que bailaban sevillanas, tocaban los palillos, iban al Rocío y todo el mundo se divertía mucho con ellos. Los demás no existíamos. Es curioso que la iglesia esté llena de maricones vistiendo vírgenes y santos como si fueran sus muñecas, lo pasan bien, pero me parece incongruente con la posición que tienen ante la homosexualidad. Yo me vine a Barcelona y viví la movida contracultural de los setenta. Tuve dos grandes amores de mi vida, pero el último me duró 36 años, hasta el año pasado. Yo estaba en contra del matrimonio, éramos pareja de hecho, pero al final me casé en In articulo mortis, cinco días antes del fallecimiento de mi compañero.

Como coleccionista, guardo mucho material gráfico de los setenta que recogí en un libro. Los periódicos “normales” ocultaban toda la movida contracultural, que sí salía en revistas como Ajoblanco o Star. Yo empiezo el libro con un prólogo sobre los sesenta en Sevilla, y con la derogación de la Ley de Peligrosidad Social.
 El prólogo lo ilustro con una imagen muy curiosa del año 1973, que salió en una revista amarillista llamada ¿Por qué? Habían hecho una redada en Sitges, y la revista lo tituló “Redada de violetas”, con unas fotografías de personas vestidas de mujer y cuyo pié de foto decía: “Aquí donde los ven, son hombres”.
 La movida de Barcelona fue más importante que la de Madrid, porque fue aparejada a todo un movimiento social. Se crearon los primeros movimientos ecológicos, de homosexuales, y todo lo que supusieron las jornadas libertarias. Yo recojo los panfletos, carteles y las fotos de la represión. El ayuntamiento me reeditó el libro para una exposición que se llamó “Rambleros”, pero luego no se volvió a saber más del libro. Habrá unos quinientos libros arrinconados en algún almacén municipal. Estoy buscando tiempo para volcarlo gratuitamente en Internet. Parece ser que cuando llegaron los socialistas a los ayuntamientos, no quisieron saber nada del pasado social y reivindicativo de los barrios y ciudades”.

“ES LA IGLESIA LA QUE TIENE QUE SALIR DEL ARMARIO”

Paulina Blanco (El Torno, Cáceres, 1949)lleva 43 años casada con Encarnita. Las dos son católicas, y sufren un doble rechazo: “Entre los católicos por ser lesbianas, y entre el mundo lésbico, por ser cristianas”. Paulina, como maestra, llegó al pequeño pueblo de Zorita (Cáceres, Extremadura) formando parte de un programa de alfabetización. Allí conoció a la joven telefonista, Encarnita, corría el año 1972. Las presiones de familiares, del cura y del entorno, las obligaron ir en busca de una gran ciudad, donde el anonimato les permitiera seguir con su historia de amor. Y llegaron a Barcelona, ciudad en la que residen desde hace décadas y, según cuenta Paulina, “Salimos de un armario al que nunca volveremos”. Y a fe mía que lo hicieron, pues se convirtieron en grandes activistas por los derechos de gais y lesbianas. Colaboran con el Consell Municipal LGTBI de Barcelona y el Consell Nacional LGTBI. Y, desde el año 1983, participan en el Congreso Internacional de Cristianos Gais y Lesbianas, además de ser patronas fundadoras de la Fundació Enllaç, asociación que trabaja por los miembros del colectivo LGTBI mayores, con discapacidad o en situaciones de pobreza y exclusión social. Paulina Blanco nos dio este testimonio:

“Yo nací en plena posguerra en un pequeño pueblo de Extremadura. En una familia patriarcal, sin recursos, sin cultura ni oportunidades. En los años sesenta hubo un gran éxodo de la gente del campo a las ciudades, y mi familia se fue, como tantos otros, a la gran ciudad. Allí tuve la gran oportunidad de conseguir una beca, lo que me permitió estudiar. Cerca de casa había un colegio religioso y caí ahí, suerte para mí. Me enseñaron a ser una buena hija, una buena cristiana, buena esposa, buena madre…, todo esto lo pongo en interrogantes, claro. En la adolescencia descubrí mí homosexualidad, el problema es que yo nunca había conocido ninguna persona con esta identidad. Yo no sabía qué era eso. No tenía referentes, no sabía quién era, qué me pasaba. Miedo, soledad y desconcierto es lo que viví en esa época. Creía que era la única persona en el mundo a la cual le pasaba esto, pues me enamoré de una compañera de clase. Me dediqué a estudiar. En los años setenta ya no podía esconder lo que me pasaba, entonces empezó en rechazo familiar, social, eclesiástico, porque yo había estudiado en un colegio de monjas y quería ser una buena católica. Lo que me pasaba a mí era un pecado, una enfermedad…, peligrosidad social, yo no tenía esa sensación, más tarde supe que había una ley que nos consideraba así. En mis estudios de pedagogía se calificaba lo que me pasaba a mí como enfermedad, por ello se me ocurrió ir a un psiquiatra, que me recomendó un tratamiento de electrochoques. Luego me enamoré de Encarnita, pero ¿se imagina dos mujeres enamoradas en un pequeño pueblo de Extremadura? En Barcelona salimos del armario, nos registramos como pareja de hecho y lo extraordinario es que nos abrieron las puertas del armario en la parroquia donde acudíamos desde hacía diez años. Luego nos casamos en un ayuntamiento y fue estupendo, lo único malo es que la iglesia no quiere bendecir nuestro amor. Yo soy creyente, y creo que algún día llegará ese momento, ya sé que cuando digo esto la gente me sonríe y dice: sí, sí, pero yo lo pienso. Creo que la iglesia en algún momento tendrá que salir del armario”. En marzo de este año de 2015, la pareja volvió a su Extremadura natal, en este caso para un gran acontecimiento. En Mérida, la Asamblea de Extremadura aprobaba la primera Ley LGTBI de la Comunidad Autónoma.

ERRADICACIÓN DE LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA

En el año 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Trastornos Mentales. Hubo que esperar casi dos décadas, en 1990, para que la Asamblea General de la OMS hiciera lo propio sacando la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas. Por primera en el estado español, el Parlament de Catalunya aprobó, con el voto en contra del PP y de Unió Democrática, fuertemente presionados por el Obispado de Barcelona, la Ley de los Derechos de las Personas Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. En los impulsores de esta ley estaba el recuerdo de Sonia Rescalvo, la transexual asesinada a palos en el Parque de la Ciudadela de Barcelona por un grupo de neonazis, en 1991. Pero lejos de leyes, la sociedad y la escuela aún tienen una labor ingente para eliminar prejuicios y actitudes discriminatorias. Y en esto nada ayuda que, en pleno siglo XXI, obispos como el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en marzo de 2015 publicara una carta pastoral vinculando la homosexualidad con la pederastia, o que el citado obispo impartiera, en 2013, un curso sobre sexualidad. En el curso se habló de mujeres que deben ser sumisas a sus maridos y de una pretendida guía para “curar la homosexualidad”.

“LA TRANSFOBIA NOS MATA. YO TAMBIÉN SOY ALAN”

Muchos muros que derribar, muchos armarios de la dictadura franquista que aún siguen sin orear, pero como decíamos, a veces los derechos reconocidos por leyes van por detrás de la intolerancia y los prejuicios de la sociedad. En el momento de finalizar esta crónica, nos golpea la noticia que nos hace llegar la asociación Chrysallis, compuesta por familiares de menores transexuales. El joven Alan, con tan sólo 17 años, se quitó la vida tras sufrir acoso en su instituto. Este joven de Rubí fue el primero en Catalunya –el segundo del Estado- a los que un juez autorizó cambiar el nombre de su DNI y otros documentos oficiales para que estuvieran acordes a su condición sexual. En todo este proceso el menor contó con el apoyo de su familia, como las 240 familias que componen la asociación Chrysallis, que salieron a la calle para exigir a la sociedad que respete a sus hijos y en contra de la transfobia, con el lema “La transfobia nos mata. Yo también soy Alan”. Por nuestra parte, sirva este trabajo como homenaje a Alan y a todos los que sufrieron y siguen sufriendo por ejercer uno de los principales signos de libertad, que es la libertad de amar y de elegir vivir acorde a la condición sexual de cada uno.


Torturada y asesinada por un grupo de falangistaas


Público

Memoria Histórica 'A Capirota', la lavandera gallega que se enfrentó sola a la manada fascista

La localidad pontevedresa de Marín conmemora el asesinato de Carmen Pesqueira Domínguez, una madre soltera de 29 años que murió torturada, apaleada y tiroteada a manos de un grupo de falangistas con quienes se encaró cuando apaleaban a un hombre en agosto del 36



Carmen Pesqueira Domínguez

A CORUÑA


 JUAN OLIVER

Si lo que le pasó a Carmen hace 82 años hubiera sucedido hoy, este país se habría levantado entero para exigir castigo para la manada de criminales que la asesinaron. Ni un sólo líder político se atrevería a no honrarla públicamente para reconocer en su valentía un ejemplo de dignidad democrática. Ninguna institución, ningún partido, ningún medio de comunicación, habrían dejado de catalogar su muerte como una execrable muestra de la peor violencia machista.

Pero sucede que a Carmen, trabajadora de un pequeño pueblo de la costa gallega, la mataron en agosto de 1936 pocas semanas después del levantamiento militar. Y Sus asesinos eran falangistas. Por eso su historia, de algún modo, sigue manchada. Porque todavía hay quien ampara crímenes como el suyo negando su recuerdo, en la absurda creencia de que las víctimas de la injusticia están obligadas a confundir perdón con olvido, desmemoria con reconciliación.

La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín (Pontevedra) homenajeó ayer a Carmen Pesqueira Domínguez, a quien todo el mundo en su pueblo conocía como A Capirota. Murió el 18 de agosto de 1936 a manos de una banda de falangistas a quienes tuvo la osadía de enfrentarse, ella sola, cuando estaban dándole una paliza a un pobre hombre.

Esa misma noche la secuestraron, la vejaron, la torturaron, la apalearon y la mataron a tiros. Al día siguiente, pasearon su cadáver por el pueblo y por otras localidades cercanas, hasta dejarlo abandonado en la calle como macabra advertencia de lo que podría sucederles a quienes, como ella, se atrevieran a cuestionar la barbarie que acababa de llegar a España.

Galicia fue uno de los primeros territorios que cayó en manos de los golpistas. Y en las primeras semanas posteriores al 18 de julio se sucedieron centenares de asesinatos, secuestros, violaciones, detenciones ilegales y juicios sumarísimos. Se paseaba y se asesinaba no sólo a políticos y políticas, funcionarios y funcionarias, sindicalistas, líderes agrarios, escritores y escritoras, intelectuales, médicos, jueces y juezas, maestras... A cualquier persona que se hubiera significado a favor de la República, del Frente Popular o, sencillamente, de la democracia, los derechos de los trabajadores y la justicia social. Y no sólo a ellos. También a quien osara no bajar la voz y la mirada ante el fascismo, o a quien lo desafiara negándose a alzar la mano y cantar el Cara al sol. Sus cadáveres aparecían cada mañana en las cunetas, en las playas, en los pozos, en las minas... Por las noches sonaban tiros de gracia en los montes, en los caminos y junto a las tapias de los cementerios.

En ese contexto de guerra y de violencia atroz, en el que el bando franquista emprendió un plan sistemático para aterrorizar a la población, la reacción de Carmen ante la manada fascista tiene un mérito inusual. Porque todos sabían que no esconderse del terror podía costarte la vida. Más aún si eras mujer y, como ella, estabas sola.

Carmen había nacido en una humilde familia de pescadores que no pudo proporcionarle más formación que la que la llevó a ser costurera y lavandera de ropa ajena. Solía lavar para los religiosos de un priorato cercano y para las familias pudientes de Marín. Con eso se ganaba la vida y mantenía a su hijo, quien por entonces tenía cuatro años. Era madre soltera. Otro estigma para una mujer en aquella Galicia que se volvería negra a partir del verano del 36.

A Carmen no se le conocía filiación política. Algunas fuentes aseguran que tenía un punto contestatario y que simpatizaba con quienes defendían los derechos de los humildes. Pero nadie lo ha probado y no existen registros ni documentos que certifiquen su pertenencia a organización política o sindical alguna. Tampoco su trabajo de lavandera se desarrollaba en un sector donde se hubiera conformado un movimiento asociativo pujante con mujeres proletarias, como sí existía en la industria conservera, en los puertos, en la pesca y en la actividad agraria y campesina.

Carmen solía ir a lavar la ropa junto a otras compañeras a un lavadero bajo un puente al que se llegaba andando por la rúa da Ponte, una avenida que aún hoy sigue existiendo en Marín. Dejaba allí la ropa a secar al sol de verano, y volvía a recogerla más tarde. Cuando fue a hacerlo aquel día, se topó con un grupo de falangistas que apaleaban a un hombre en mitad de la calle, que se había quedado desierta ante la atemorizadora presencia de la manada. Entre ellos estaba Bruno Schweiger, el capitán Bruno, jefe de la Centuria de Zapadores de Falange en Marín y uno de los más temidos líderes de la represión en la comarca.


Los falangistas la secuestraron esa misma noche. Se la llevaron al Pozo da Revolta, en el lugar de Bagüí, en la parroquia de Mogor, donde la violaron, la torturaron y la molieron a golpes. Allí dejaron su cadáver, tiroteado.

Volvieron a la mañana siguiente. La muerte de Carmen tenía que ser el ejemplo de lo que les sucedería a quienes se atrevieran a desafiarles. Más aún si era mujer, y trabajadora, y madre, y soltera. Así que montaron su cuerpo en una camioneta y lo exhibieron por los pueblos cercanos. Al final lo abandonaron en una calle de Bueu, a doce kilómetros. En el registro civil de esa localidad certificaron su defunción, pero quien redactó el documento ni siquiera se atrevió a constatar que había muerto a tiros. El certificado saldó la causa del deceso con un escueto resumen: “Herida en el corazón”. El paso del tiempo ha convertido la frase en poética metáfora de las secuelas del franquismo en Galicia, y en España.

Desde hace diez años, un monumento recuerda en el Pozo da Revolta a todos los represaliados de la zona que, como Carmen, fueron paseados, ejecutados, secuestrados, torturados, encarcelados o sancionados por la manada. La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de la localidad los homenajea cada 18 de agosto, todos los años.

 Daniel Pereira Figueroa, Dolores Cea Montenegro, Dolores Macías González, José Barreiro Núñez, Elsa Omil Torres, Armando Iglesias Pérez, Adelina Otero Martínez, Ramona Otero Martínez, Eugenio Dopazo Calviño, Antonio Blanco Solla, Ramón Fondevila Martínez, Santiago Ramos Ramos, Elena Prol Peña, Manuel Sayar Orellano, Bernardino de la Torre Fernández...

Marineros, pescadores, agricultoras, canteros, albañiles, obreras, maestras de escuela... Según el proyecto Nomes e Voces, que en el 2006 unió a las tres universidades gallegas con el Gobierno de la Xunta del PSOE y el BNG para investigar la represión franquista en Galicia, 156 vecinos de Marín la sufrieron en los primeros años de la guerra. En toda Galicia se contabilizan cerca de 15.000 víctimas.

En mayo pasado, el Ayuntamiento de Marín, que gobierna María Ramallo, del PP, aprobó una moción iniciada por el Bloque Nacionalista Galego para dar el nombre de Carmen Pesqueira a una céntrica plaza de la localidad, junto a la calle de A Roda, en el antiguo camino al puerto y a unos centenares de metros de donde ella se enfrentó a la jauría. 82 años después de su muerte, descubrieron una pequeña placa que demuestra que las heridas que acabaron con su vida y con las de miles de personas de bien como ella sólo cicatrizan cuando el pueblo unido le deja bien claro a la manada que no olvidará nunca el dolor que produjeron.

Aberraciones sexuales con niños y niñas de repugnantes pedófilos criminales católicos, obispos y curas, de EE.UU


INTERNACIONAL

19/08/2018

Las estremecedoras historias de abusos encubiertos por la iglesia católica

Un gran jurado de Pensilvania ha identificado a más de 300 presuntos "sacerdotes depredadores". Estas son solo algunas de las historias.



Durante décadas, todas las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos de Pensilvania (EE UU) permanecieron guardadas bajo llave en los archivos secretos de la iglesia.

Estos viejos secretos salieron a la luz este martes con la publicación del informe de un gran jurado en seis de las ocho diócesis católicas romanas de Pensilvania.

El informe de 884 páginas del jurado permitió a los católicos de Pensilvania comprender la magnitud del abuso y el encubrimiento en seis diócesis: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton. Durante dos años, los jurados identificaron a 301 "sacerdotes depredadores" y a más de 1.000 víctimas.

Los miembros del jurado oyeron historias de niños y niñas que afirmaban que les habían manoseado, casos de niños víctimas de pornografía infantil, obligados a masturbarse con sus agresores y violados por vía oral, vaginal y anal.

Para respaldar los presuntos terribles crímenes del informe, hay cientos de páginas de documentos de los archivos secretos de la iglesia que, según el jurado, demuestran que los altos cargos de la iglesia sabían que había abusos y no actuaron correctamente. Según afirman los miembros del jurado, los líderes católicos, incluidos antiguos obispos, trabajaron activamente para proteger a los abusadores y la reputación pública de la iglesia, ignorando las declaraciones de las víctimas.

Las seis diócesis y los sacerdotes acusados pudieron incluir sus propias respuestas a estas afirmaciones al final del informe del gran jurado. Algunos sacerdotes adjuntaron refutaciones, que decían que el informe incluía inexactitudes. Alrededor de 24 personas nombradas en el informe solicitaron que se omitieran sus nombres, alegando que, si fueran identificados, se violaría su derecho a la justicia. La Corte Suprema del estado va a analizar la solicitud de estas personas en septiembre para determinar si esos nombres deberían o no omitirse.

La mayoría de los presuntos autores nunca podrán comparecer ante la justicia. Muchos están muertos, mientras que, en algunos casos, los delitos han prescrito. Por eso los miembros del jurado insistieron en nombrar a los sacerdotes acusados y a sus obispos, y describen con detalle los abusos.

"Vamos a sacar a la luz su comportamiento, porque es lo que las víctimas se merecen", dice el informe.

Para resaltar la magnitud del problema y la necesidad de cambio, a continuación se describen algunos de los estremecedores casos de abuso y presunto encubrimiento documentados en la histórica investigación publicada este martes.

El sacerdote que presuntamente programó un aborto para su víctima

El gran jurado denuncia que Thomas Skotek, un sacerdote de la Diócesis de Scranton, agredió a una joven desde 1980 hasta 1985. Presuntamente, el sacerdote la violó, la dejó embarazada y ayudó a programarle un aborto.

Los documentos en los archivos de la iglesia indican que en 1986 el obispo de la diócesis ya era "plenamente consciente" de las acciones del sacerdote. Skotek renunció a su puesto y fue enviado a un centro de tratamiento católico para el clero.

En una carta de 1986 que recuperó el gran jurado, el obispo de Scranton expresó sus condolencias al sacerdote acusado.

"Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo afectado que estás. Yo también comparto tu dolor. Cómo desearía que no fuera necesario dar este paso", escribió el antiguo obispo James Timlin en la carta a Skotek. "Con la ayuda de Dios, que nunca nos abandona y que siempre está cerca cuando lo necesitamos, esto también pasará, y todos podrán seguir viviendo".

Un año después, en 1987, Skotek fue reasignado a otra iglesia de Pensilvania.

En 1989 le pidieron a la mujer que firmara un contrato de confidencialidad a cambio de un acuerdo financiero.

Ese mismo año, Timlin envió una carta al Vaticano reconociendo que el sacerdote había ayudado a organizar un aborto. La ley canónica católica considera que aquellos que cooperan en un aborto son "irregulares", lo que significa que podrían verse impedidos para llevar a cabo tareas sacerdotales. Este obispo pidió a Roma que concediera una dispensa para el sacerdote, que es una exención de una ley canónica existente.

"El Gran Jurado observa que la carta de Timlin parece centrarse exclusivamente en el tema del aborto sin dar apenas importancia a que Skotek había dejado embarazada a una niña", indica el informe.

El sacerdote continuó activo en el sacerdocio hasta 2002.

Timlin, que ahora tiene 91 años y es obispo emérito, respondió al informe del gran jurado a través de su abogado. Si bien reconoció que sus esfuerzos para responder al abuso sexual infantil en la diócesis eran "imperfectos", dijo haber actuado con su mejor juicio, de acuerdo con los estándares médicos de la época. En 1993, según afirma el obispo, estableció una junta de revisión interna en la diócesis para examinar los casos de abuso infantil.

"Aunque no fuera perfecta, la Diócesis de Scranton estuvo a la vanguardia de muchas organizaciones religiosas que atienden las serias preocupaciones relacionadas con el abuso sexual infantil por parte de miembros del clero", señala la declaración del obispo.

El grupo de sacerdotes depredadores que usaban cruces para acosar a sus víctimas


El gran jurado afirma que descubrió un "grupo de sacerdotes depredadores" que operaba dentro de la Diócesis de Pittsburgh. Los jurados afirman que el grupo hacía pornografía infantil en propiedades diocesanas y utilizó "látigos, violencia y sadismo" para violar a sus víctimas. Aparentemente, el grupo compartió información sobre las víctimas e incluso las intercambiaban entre ellos.

Un hombre testificó ante el gran jurado que el grupo de sacerdotes de Pittsburg una vez lo invitó a la vicaría de la parroquia y le pidieron que se subiera a la cama y se quitara la camisa, los pantalones y la ropa interior. Presuntamente, los sacerdotes hicieron fotos a la víctima, afirmando que estaban haciendo una "analogía con la imagen de Cristo en la cruz" y que las fotos se usarían para crear estatuas religiosas.

La misma víctima también testificó que el grupo de sacerdotes les daba regalos a sus víctimas. Marcaban a sus "niños favoritos" con collares de cruces de oro.

"(Las cruces) eran una señal para otros depredadores de que los niños estaban insensibilizados al abuso sexual y eran los objetivos perfectos para una seguir siendo víctimas", escribió el gran jurado en su informe.

El sacerdote que, presuntamente, lavó la boca de su víctima con agua bendita


El gran jurado señala que un sacerdote de la Diócesis de Allentown abusó sexualmente de un niño desde 1981 hasta 1983. La víctima denunció el abuso a la diócesis en 2011, y la diócesis alertó a la policía local.

La víctima le dijo a la policía que el sacerdote le obligó a practicarle sexo oral y también violó al niño oralmente. La víctima afirma que después, el sacerdote echó agua bendita de una botella en la boca de la víctima "para purificarlo", especifica el informe.

Dado que el caso había prescrito, no se presentaron cargos contra el sacerdote. Este, que ha negado las acusaciones, prestó servicio en iglesias hasta su jubilación. Todavía en 2009 seguía ayudando en una parroquia local en Florida.



El sacerdote que confesó pero continuó en su cargo


En 1982, la Diócesis de Allentown recibió una queja de un padre que denunciaba que el sacerdote Michael S. Lawrence había abusado sexualmente de su hijo de 12 años. Cuando los dignatarios de la iglesia se enfrentaron al sacerdote, este confirmó el relato del padre y dijo: "Por favor, ayudadme. He abusado sexualmente de un niño".

Los registros eclesiásticos que obtuvo el gran jurado indican que Lawrence fue enviado a un centro de tratamiento para clérigos católicos, donde un médico les dijo a los dignatarios de la iglesia que la familia de la víctima necesitaba tiempo para "hablar" y que "la experiencia no fuera necesariamente un terrible trauma" para el niño.

Dos años después, Lawrence empezó a dar clases de religión en un instituto. En 1987 le expulsaron del sacerdocio activo, pero continuó sirviendo en un Tribunal Diocesano hasta 2002, cuando los periodistas del Boston Globe llamaron la atención nacional sobre el tema del abuso infantil en la Iglesia Católica Romana. Lawrence se retiró ese año y murió en abril de 2015.

El cura al que respaldaron sus superiores


Los miembros del jurado afirman que algunos ex altos cargos de la iglesia en la Diócesis de Pittsburgh se esforzaron por defender y reubicar al reverendo Richard Zula, que fue condenado a prisión en 1990 por abuso de menores.

En 1987, un representante de la iglesia afirmó que una de las víctimas de Zula, una chica de 15 años, había "perseguido" al cura y lo había "seducido literalmente" para mantener una relación.

Zula fue detenido por acusaciones de abuso a menores en 1988. La diócesis entonces recibió más quejas contra el sacerdote.

Aunque el cura esperaba una condena, un médico procurado por la diócesis elaboró una evaluación psicológica de Zula en 1989 para el tribunal. En la evaluación, el médico afirmaba que Zula había admitido "masturbación y felación mutua con un chico de 16 años", pero solo porque "el chico inicialmente insinuó actitudes sexuales". El sacerdote admitió haber tenido comportamientos "ligeramente sadomasoquistas", escribe el doctor, pero "nunca ha exhibido síntomas psicóticos ni perturbación de pensamiento o razonamiento".

El gran jurado afirma que Zula recibió un cheque de más de 11.000 dólares (unos 9.700 euros) como pago de la Diócesis de Pittsburgh tras su pronta salida de la cárcel en 1992. Después de muchas idas y venidas sobre futuros pagos, en 1996, la Diócesis llegó a un acuerdo con el sacerdote que le garantizaba continuar con los pagos, pero le prohibía tratar de conseguir nuevos puestos dentro de la diócesis.


Como respuesta al informe del gran jurado, la Diócesis de Pittsburgh dijo que, por ley canónica, había que dar un cierto apoyo a todo el clero, incluso a los convictos por crímenes. La diócesis también declaró: "La Diócesis de Pittsburgh no solicitó en ningún momento una sentencia más leve para Zula, ni pidió que se preparara o se entregara un informe psiquiátrico en nombre de Zula para el tribunal".

El cura que supuestamente pidió a su víctima que confesara el abuso


La investigación del gran jurado ha dado lugar a la detención de dos curas por acusaciones de abuso sexual a menores. Uno de ellos es el reverendo David Poulson, que se enfrenta a cargos por atentar al pudor y poner en peligro a un menor después de ser acusado de abusar de al menos dos chicos en casos que datan de 2002.

Poulson supuestamente abusó de una de sus víctimas, un ex monaguillo, más de 20 veces en la casa del párroco. El chico también tuvo que hacer una confesión formal ―a Poulson― para recibir la absolución del cura por el abuso.

"Esa fue la traición y manipulación definitiva de Poulson", escribe el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro en un comunicado que publicó a principios de este año. "Usó las herramientas del sacerdocio para continuar su abuso".

Shapiro afirma que la Diócesis de Erie sabía de las tendencias abusivas del cura al menos desde 2010, pero no hizo nada por denunciar a Poulson ante las autoridades hasta 2016, cuando respondió a una citación del gran jurado.

El obispo de Erie niega esta cronología de los hechos.

Durante su investigación, el gran jurado escuchó a otros nueve hombres que declararon que Poulson los bombardeó con "regalos, dinero, cenas y alcohol" y "bromeó" sobre su preferencia sexual por hombres jóvenes.

El cura acusado de violar a una niña en el hospital


La Diócesis de Harrisburg recibió una denuncia en 1991 de una chica que había sufrido abusos por parte de un cura en los 60 y los 70. La mujer afirma que cuando tenía 7 años, el sacerdote la violó en una sala de hospital cuando se recuperaba de una extracción de amígdalas. La mujer contó a la diócesis que el cura la violó dos veces más cuando era adolescente, según un documento eclesiástico desvelado por el gran jurado.

Los registros de la diócesis indican que el cura confesó haber abusado sexualmente de esta víctima en 1991. Desde entonces le retiraron sus funciones sacerdotales.

El cura que siguió en el cargo después de dejar embarazada a una adolescente


En los años 50, la Diócesis de Greensburg se enteró de que un sacerdote recién ordenado, Raymond Lukac, había tenido una relación con una chica de 17 años. El sacerdote se fugó con ella y se casaron cuando la chica tenía 18 años. Meses más tarde, después de asistir a un centro de tratamiento para curas católicos, se divorció de ella. Los documentos de la iglesia indican que la joven dio a luz al hijo de Lukac.

"Pese a practicar sexo con una menor, pese a ser padre de un hijo, pese a casarse y a divorciarse, el cura tuvo permiso para seguir siendo cura gracias a los esfuerzos de la diócesis por encontrar a un 'obispo benevolente' en otro estado dispuesto a aceptarlo en su parroquia", declara el gran jurado.

El cura que presuntamente convenció a niños para tener sexo oral


El gran jurado afirma que un sacerdote que estuvo en la Diócesis de Greensburg entre 1976 y 2002 recibió numerosas acusaciones de abuso sexual. Los miembros del jurado se enteraron de que varios niños de la escuela elemental contaron a la diócesis en 1986 que el sacerdote había hablado con ellos sobre masturbación en una clase de educación religiosa. El cura aparentemente explicó con detalle a los niños cómo María, la madre de Jesús, había tenido que "arrancarle a mordiscos el cordón umbilical" y "lamer" al niño cuando nació para limpiarlo. Los miembros del jurado consideraron que este comportamiento era un tipo de "acoso" a los estudiantes con el fin de prepararlos para el sexo oral.

En 1986, la diócesis recibió una notificación de la policía local para informarles de que estaban investigando a este cura por su contacto sexual con menores, aunque el gran jurado no encontró registros que indicaran que el sacerdote fue acusado como consecuencia de esta investigación.

Después de ser enviado a un centro de tratamiento, el cura fue reubicado en varias parroquias y cargos hasta 2002, cuando se le fue retirado el ministerio del sacerdocio. Los documentos internos de la diócesis indican que al menos otra víctima presentó una demanda de abuso antes de 2002.

El cura que abusó de cinco hermanas de la misma familia


El informe señala que un sacerdote de la Diócesis de Harrisburg, Augustine Giella, abusó sexualmente de cinco hermanas de la misma familia desde 1982. El cura también recogió presuntamente muestras de orina, de vello púbico y sangre menstrual de las niñas. Durante una redada policial, encontraron estas muestras en casa de Giella, junto con pornografía infantil. Giella fue detenido en 1992 y confesó sus delitos. Murió mientras esperaba ser juzgado.

El gran jurado atestigua que el abuso a las niñas podría haber parado mucho antes si la Diócesis de Harrisburg hubiera actuado ante una queja contra este sacerdote en 1987.

Como respuesta al informe, la Diócesis de Harrisburg pidió disculpas por los abusos cometidos por clérigos vinculados a la diócesis y afirmó que ya había implementado múltiples salvaguardas para proteger a los niños.

Las cinco hermanas testificaron ante el gran jurado en 2016 el daño "emocional, psicológico e interpersonal" que este abuso había causado en sus vidas. Meses después de haber ofrecido este testimonio, la menor de las hermanas intentó suicidarse. Mientras se recuperaba, la mujer se puso en contacto con el gran jurado.

"Desde la cama del hospital, pidió una cosa: que termináramos nuestro trabajo y contáramos al mundo lo que ocurrió realmente", relata el jurado.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Lucía Manchón y Marina Velasco