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viernes, 9 de agosto de 2024

 Ayuso sigue sin sancionar a las empresas de comida podrida en residencias: “Había cucarachas vivas”



Hay compañías que no han recibido una sola penalización por parte de la Comunidad de Madrid en más de año y medio

Rubén Rozas

ElPlural

9-8-24


El pasado mes de abril la Comunidad de Madrid volvía a dejar en manos de las empresas que habían repartido comida en mal estado a las residencias de mayores la alimentación de estos centros y otros de carácter social como de menoresocupacionales o de personas con discapacidad.

El hecho causó gran indignación, un estado que ahora aumenta después de comprobar que, en el nuevo pliego -correspondiente al mes señalado- no aparece una sola sanción por parte de la administración de Isabel Díaz Ayuso a las compañías beneficiarias de los contratos.

De esta manera figura en el Portal de Contratación Pública de la región, para sorpresa -más todavía- de la portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) en la Asamblea, Lorena Morales. “En el pliego nuevo deberían aparecer las sanciones impuestas, como lo hacen en el pliego antiguo (…) Pero no encontramos nada".

El informe de Quimicral -empresa ocupada de la supervisión del servicio de alimentación- es demoledor”, advierte a la vez que recuerda cómo a algunos lugares llegaron incluso “cucarachas vivas” y que varias de las empresas se encuentran actualmente apercibidas con una multa millonaria por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Morales lamenta que no deja de obedecer a un modo de hacer habitual por parte del equipo de Sol, y es que algunas de las empresas polémicas aguantaron más de año y medio sin sanción. Además, afea que la Comunidad de Madrid “publique los pliegos de tal forma que no te enteres de nada”, complicando con ello la labor de los partidos políticos de la oposición y el derecho del ciudadano a la transparencia y la libre información.

Como solución, la diputada socialista emplaza que, si realmente el PP no quiere que estas empresas sigan al frente del servicio de comida de los centros sociales tendría que existir un sistema público de gestión directa o, en su defecto y como mal menor, elaborar unos “pliegos blindados” para que estas compañías “no se vuelvan a presentar y mucho menos a ganar”.

Nada más lejos de la realidad, no se incluyen como criterio excluyente asuntos tan graves, sobre todo cuando el consumidor final de los alimentos es una persona mayor o vulnerable, como que no se respete la cadena del frío: “Es un asunto que ha traído mucha cola y que la propia empresa -Femar en este caso- reconoce, y les vuelven a dar un contrato”, señala decepcionada la política progresista: “Les ponen las cosas en bandeja”.

Penalizaciones notificadas a las empresas de comida podrida

Las penalizaciones que recoge el informe Quimicral, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se refiere a sanciones para la Plataforma Femar entre diciembre de 2022 y enero de 2024 por la situación en la que la comida llegaba a los centros.

Entre sus líneas se denuncia que los alimentos que entraban en los almacenes lo hacían en muchos casos"negros por dentro" o "podridos". Incluso, menciona la presencia de insectos como cucarachas o señala la presencia de "listeria" o "mercurio" en piezas. Las cantidades de las multas superaron en ocasiones los 15.000 euros.

Otro punto que destaca la responsable de Políticas Sociales de la formación que lidera Juan Lobato a nivel autonómico es que la mayoría de las sanciones llevadas a cabo no se han centrado tanto en el estado de los almacenes ni de la comida como en la falta de almacén

Desde el Ejecutivo 'popular' explican que multaron a Femar por la situación de los almacenes en lugares como Rivas Vaciamadrid o Vallecas, puntos en los que los inspectores no hallaron mercancía de la empresa adjudicataria, que se había comprometido a contar con centror de distribución a una distancia mínismo. Igualmente, desde Sol defienden que son cosa del pasado -2022 y 2023- aunque la polémica haya continuado tras finalizar el último año, con multas que -según el informe- se consumaron en enero de 2024.

Entretanto, la principal empresa afectada siempre ha defendido la "excelencia" de sus productos y acusado que parte de los problemas -en lo que a la situación de los almacenes se refiere- vienen porque los almacenes, como el de Rivas y Vallecas, eran de proveedores suyos, pero no directamente de ellos. Asimismo, califica como positiva la evaluación de los espacios, a pesar de que la Comunidad de Madrid, señala la compañía, solo le ha compartido un informe.

Multas de la CNMC

El asunto de la comida podrida en las residencias se ponía todavía más seria después de que la CNMC sancionara con cantidades millonarias a siete distribuidoras de alimentos de las que forma parte Plataforma Femar (Femar), obligada a abonar 2.448.000 euros

El órgano desmantelaba un total de tres cárteles que se dividen entre sí el suministro de alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército después de una exhaustiva investigación iniciada gracias a las consultas sobre contratos que realizaron funcionarios de otras administraciones de la propia CNMC. 

Las culpas formales se dirimieron sobre siete empresas y cinco de sus directivos en una multa que supera los tres millones de euros a las compañías y alcanza los 176.100 para los responsables de las firmas. Las involucradas fueron Plataforma Femar, S. L. (Femar), Acacio, S.L. (Acacio), Serviline Foods, S. L. (Serviline), Asesores Llangon, S. L. (Llangon), Leonesa de Patatas, S. L, Hermanos Vidal, S. L. (Hnos. Vidal) y Frutícolas Ateca, S. L. (Ateca); algunas en el punto de mira por repartir comida en estado insalubre en centros de la Comunidad. 

Las empresas afectadas, recuerda Morales, funcionan como una especie de cártel- En el último pliego, el correspondiente a abril de 2024, Femar y su filial se volvieron a presentar por diferentes lotes. Al hacerlo así, la empresa se asegura poder ganar todos ellos.

Con todo, en el último pliego para el reparto de comida queda claro que a Femar le corresponden cinco centros de mayores, 21 residencias de menores y una maternal; a Hermanod Vidal cinco residencias y a Frutícolas Ateca cinco centros de mayores y tres comedores sociales públicos. Todas las compañías acumulan críticas por el mismo motivo, protagonista de este artículo.


 Al suelo, que vienen los nuestros



Se creen con derecho a dar lecciones desde un púlpito que ya no existe y está solo en sus cabezas

ElPlural

9-8-24

Antonio Manfredi


Lo malo de ser mayor es que uno tiene memoria histórica y ha vivido momentos que contrastan mucho con los que ahora marcan nuestra existencia. Aquellos protagonistas de la política española de antaño se comportan hoy de forma contraria a como lo hicieron entonces, presuntamente arropados por un legítimo prestigio y un lógico conocimiento; pero que, a la postre, lo único que están haciendo es dar munición a los que siempre han sido sus enemigos. Por si no se me ha entendido, estoy hablando de los que fueron altos dirigentes socialistas, que hoy utilizan la misma argumentación del Partido Popular para explicar el presente, lo que parece no importarles, a pesar del daño que causan a su partido.

Empezaré por José Rodríguez de la Borbolla, nuestro Pepote de siempre, que ha dicho esto: "La soberanía fiscal de Cataluña es un golpe de Estado institucional" y se queja amargamente del coyunturalismo que alimenta la acción del presidente Sánchez, secretario general del PSOE. Esta ruptura de la que acusa hoy contrasta con su comportamiento rupturista en el XXX Congreso Federal de diciembre de 1984 (han pasado casi 40 años), donde fue precisamente él el encargado de dar la vuelta

al eslogan de “OTAN, de entrada NO” mantenido desde 1982 por el partido, para solicitar abiertamente a sus compañeros que abrazaran la causa atlántica, lo que abrió las puertas al referéndum de 1986. En aquella ocasión mantuvo que la coyuntura internacional exigía un esfuerzo a todos y, de paso, González y él se inventaron la propuesta de cierre de las bases norteamericanas, que nunca se cumplió. Dos de esas instalaciones militares, Morón de la Frontera y Rota, están plenamente operativas a menos de 100 kilómetros de la casa de Pepote. La coyuntura sólo permitió cerrar Torrejón, como un equivocado símbolo, una vez más, de que lo que pasa en Madrid le pasa a toda España.

 Por cierto, que Rodríguez de la Borbolla fue nombrado presidente de la Junta de Andalucía para sustituir al defenestrado Rafael Escuredo, precisamente ese mismo año de 1984. El ejecutor del cambio fue Alfonso Guerra, que no consintió nunca la disidencia en el socialismo andaluz y mucho menos en el sevillano. Siendo vicepresidente del Gobierno, llamaba personalmente a las pequeñas agrupaciones locales de toda la provincia para nombrar a sus dirigentes, a los que exigía pleitesía absoluta. Pero se descuidó y perdió el congreso provincial de Sevilla del año 1985 y lo ganó Pepe Caballos por abrumadora mayoría, a pesar de que ya no gozaba de su confianza.

Guerra llamó entonces al histórico Manuel del Valle, alcalde de la ciudad de 1983 a 1991, y le exigió amablemente que organizara a toda prisa un congreso extraordinario y, esta vez sí, Caballos se quedó descolgado de la acción política hasta ser recuperado como portavoz en el Parlamento Andaluz por otro secretario general, Manuel Chaves. Para entonces los locales ya conocíamos a Juan Guerra y su capacidad de otorgar favores desde su despacho en la Delegación del Gobierno de Andalucía, en la bellísima Plaza de España, que le había conseguido su hermano, fruto de la coyuntura política.

Juan Guerra recibía a Alfonso cada sábado por la mañana en el aeropuerto de San Pablo y le ponía al día de la situación andaluza. El vicepresidente se marchaba luego a inaugurar cualquier cosa y a hacer declaraciones a un reducido grupo de periodistas sobre la cambiante coyuntura nacional, constituidos en comitiva permanente. Es el mismo señor que ahora dice cosas como ésta: "El PSOE no puede apoyar un latrocinio que elimina la solidaridad entre españoles". Claro, esta no es la coyuntura de entonces.

Lo dicho. Al suelo, que vienen los nuestros. Además, se creen con derecho a dar lecciones desde un púlpito que ya no existe y está solo en sus cabezas.


miércoles, 7 de agosto de 2024

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lunes, 5 de agosto de 2024

 


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domingo, 4 de agosto de 2024


Qué ven mis ojos

 Un iluminado jamás apaga su propia luz

InfoLibre

29-7-24

Benjamín Prado




Las cosas hay que hacerlas bien, así que cuando uno se dedica a fanfarronear, lo justo es que luego sea consecuente con su personaje y lo lleve hasta las últimas consecuencias. Si te pones una sábana encima, tienes que merecerte el disfraz, porque si no lo consigues, la gente, en lugar de asustarse del fantasma se ríe del que hay debajo: de espectro a esperpento hay muy poca distancia. Visto así, yo creo que el juez Peinado debería acudir hoy a La Moncloa a caballo y vestido con el uniforme de las Cruzadas. El grito con el que cargaría contra el enemigo está claro: Peinado y cierra España. Es lo que tienen las reconquistas.

Este sainete empezó con una denuncia de un dicen que sindicato que torea al alimón con la misma ultraderecha cuyos representantes se ponen sobresueldos, cuyos partidos hacen desaparecer subvenciones, patria por aquí, nada por allá, y cuyos mensajes antidemocráticos esconden las trapisondas y birlibirloques de una banda de caraduras que confían en que les sigan y voten los mismos de los que se ríen. Para afrontar el problema del independentismo, la ruptura que anuncian de España y tal y tal, en el Parlament catalán un líder de Vox que clamaba contra la subida del sueldo mínimo a los más débiles, cobra un sobresueldo de 3.700 euros al mes y le sacó en dos años a la cámara 39.361 en concepto de “pago de servicios de despacho y atención en sede”; otro, con contrato de dedicación exclusiva, recibe un salario de 60.000 del Parlament catalán y otro de 50.000 mil del Cantabria; y si queremos un ejemplo de sus socios, el presidente del andaluz, este del PP, que cobra 96.626 asegura que hay que subirles las dietas a los diputados “porque les cuesta llegar a fin de mes, con lo que han subido los hoteles.” Hay ejemplos para dos docenas de artículos.

El juez que persigue, contra el criterio de la Fiscalía, la Guardia Civil y la Audiencia, a Begoña Gómez y Pedro Sánchez, y que es padre de una concejala del Partido Popular, tiene en su juzgado denuncias contra Isabel Díaz Ayuso presentadas por los familiares de los ancianos condenados a morir en las residencias de la Comunidad de Madrid, pero no parece que vaya a presentarse en la sede del Gobierno regional a interrogarla. ¿7.291 muertes son menos dignas de ser investigadas que un supuesto tráfico de influencias basado en bulos, manipulaciones y noticias falsas? ¿Los huérfanos de los abandonados en los geriátricos son menos dignos de atención que los neo fascistas comandados por un individuo que militaba en la extrema derecha violenta de Fuerza Nueva y se declara admirador incondicional del dictador Franco? O tal vez es que Peinado no visita a Ayuso para no exponerla a una exhibición pública, que fue lo que él mismo hizo para justificar no hacer comparecer al alcalde Martínez Almeida en otro caso en que era requerido por las acusaciones, mientras insiste en grabar en vídeo a Gómez y Sánchez, a ver si hay suerte y se filtra una imagen que luego pueda mostrar a las cámaras en el Congreso el Tellado o Abascal de turno. Es decir, que la sospecha de que estamos ante alguien que actúa a la vez como juez y parte, es legítima.

Peinado no visita a Ayuso para no exponerla a una exhibición pública, que fue lo que él mismo hizo para justificar no hacer comparecer al alcalde Martínez Almeida en otro caso en que era requerido por las acusaciones, mientras insiste en grabar en vídeo a Gómez y Sánchez

El proceso, en su conjunto, es una charlotada. Gómez, “hay que ir a por su mujer y así lo quebraremos”, se dijo en los bancos de la oposición, está imputada pero no sabe por qué, dado que el instructor va improvisando sobre la marcha, según la causa se va quedando vacía, llegando a cambiar la condición a investigado de un testigo después de haberle tomado declaración y sin antes advertirle, como marca la ley, de que se estaba incriminando y, en consecuencia, debía de marcharse y volver cuando lo citaran, esta vez en compañía de un abogado. Así ha ido saltando de una acusación a otra y difuminando sus razones a base de generalizarlas, hasta llegar al absurdo de indagar todo lo que haya podido hacer Gómez desde que su marido es presidente, e indaga la solicitud de su esposa a la universidad Complutense para que se le otorgara  permiso que la habilitara para ser codirectora de un máster, que fue hecha en 2012, mucho antes de que su marido fuera presidente del Gobierno e incluso secretario general del PSOE. Para arreglarlo, sin embargo, a él lo quiere interrogar no como político, sino como pareja, saltándose también el hecho de que nadie está obligado a testificar contra su compañera o compañero sentimental. Un sinsentido tras otro que no se detendrá hasta que una instancia superior no le pare los pies. Un iluminado jamás apaga su propia luz.


viernes, 2 de agosto de 2024

 Un juzgado de Madrid da la razón a Begoña Gómez y condena a un digital por dos noticias falsas

Sentencian al digital ‘The Objective’ a publicar una rectificación en la primera batalla legal y mediática de la esposa del presidente del Gobierno

ElPlural

31-7-24




La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha salido victoriosa de su primera escaramuza judicial contra un medio de comunicación. Un juzgado de instrucción de Madrid ha dado la razón a la esposa de Pedro Sánchez y ha obligado al digital The Objective a publicar una rectificación en su portada de una información en la que se afirmaba que había recibido una subvención pública. Además, publicaron que tenía una fundación denominada Transforma TSC, que fue utilizada en la denuncia tanto de Manos Limpias como de Hazte Oír que fueron admitidas a trámite por el juez Juan Carlos Peinado.



Primera victoria en una batalla mediática por parte de Begoña Gómez, ante el medio digital The Objective. El citado periódico publicó dos informaciones que la Justicia ha estimado falsas, por lo que se han visto obligados, previo mandato judicial, a publicar una rectificación en la portada de su página web. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, se explica que a pesar de la rectificación del mencionado medio de comunicación tras el burofax enviado por la esposa del presidente del Gobierno, fue escondida sin la relevancia que tuvo la primera con la información errónea.

El fallo condena al medio a publicar dentro de los próximos tres días y siempre con una “relevancia semejante” a la información publicada. “En relación con la información publicada por el diario The Objective, con fechas 6 y 7 de abril de 2024, se procede a la siguiente rectificación: Begoña Gómez no ha sido beneficiaria ni de la subvención a que aludía la información publicada por este diario ni directamente ni a través de ninguna entidad. Además, Begoña Gómez no tiene ni forma parte de ninguna fundación denominada TSC”, reza el escrito judicial.



La titular del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid sentencia que el medio, a pesar de que rectificó, no lo hizo con la relevancia necesaria y exigida. “Es incuestionable que la prensa digital ocupa cada vez mayor espacio en los medios de comunicación”, explica la magistrada, quien aludía a la Ley 3/2018, que en su artículo 85.2 delimita que “cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en un lugar visible junto con la información original”, expuso.

La primera noticia publicada salió en la portada del medio digital, pero no ocurrió así con la rectificación, que apareció sólo en la sección y “sin enlace desde la portada”, lo que implicaba que el lector entre las distintas secciones del medio o efectúa una búsqueda concreta para acceder a la información en cuestión. Así, la magistrada entiende que debía estimarse de manera “parcial” la demanda, condenando a la “parte demandada a la publicación de la rectificación con la misma relevancia que las noticias respecto a las que se ejercita el derecho de rectificación, sin perjuicio de mantener la publicación ya efectuada y los enlaces”.



El fallo explica que el motivo por el cual se acepta la reclamación de Gómez es que “la pervivencia de la información” en Internet es “mucho más acusada” que cuando la información se publica en un medio tradicional, en su soporte de papel. Así, la magistrada sostiene que en el caso de las informaciones en papel encontrar una información de días pasados “es mucho más difícil por el carácter efímero” y sería necesario recurrir a la hemeroteca para “encontrar una noticia publicada en días anteriores, sin que aún así fuera fácil hallarla”.



Con Internet y los motores de búsqueda “permiten hacer presente, en cualquier lugar del mundo como si hubiera ocurrido hoy, cualquier información sobre los hechos que tuvieron lugar en un determinado” contexto y espacio, con una facilidad y rapidez inusitadas, además de no comportar “ningún coste”.


miércoles, 31 de julio de 2024

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martes, 30 de julio de 2024

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Mucho ruido y pocas nueces: la cronología de las polémicas del juez Peinado en el caso Begoña Gómez


Hacer de menos a la UCO, aceptar


 testigos en base a rumores, no aclarar


 que investiga o buscar a toda costa la


 imagen de Sánchez sentado ante el juez


 son algunos de las decisiones del


 juez que hoy interroga al presidente del


 Gobierno.

José Manuel Sánchez

30-7-24

ElHuffPost




Mucho ruido y pocas nueces. Es el resumen que se pude dar a la instrucción que el juez Peinado lleva realizando desde el mes de marzo a Begoña Gómez, acusándola de varios delitos por haberse beneficiado de la condición de su marido, Pedro Sánchez, al ser presidente del Gobierno.

Juan Carlos Peinado comenzó investigando una denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias basada en informaciones de prensa y un bulo. Pasado el ruido -ya nadie habla de Air Europa ni de sus trabajos en un instituto- , la Audiencia Provincial de Madrid delimitó las pesquisas a unos contratos públicos que había obtenido el empresario Juan Carlos Barrabés que a su vez participó en la cátedra extraordinaria que dirige Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Como esos contratos con Red Eléctrica provenían de fondos europeos, fue la Fiscalía europea la que terminó haciéndose cargo de la investigación. Las defensas de Gómez y Barrabés consideran que ahí quedó “vacía” la causa, pero entonces llegó al rescate una querella Hazte Oír, una asociación de ultraderecha y ligada a la secta ultra religiosa El Yunque. Peinado aceptó la querella y amplió el espectro de su investigación sin informar a la principal aludida, Begoña Gómez, que supo de qué se le acusaba cuando el juez logró que acudiera a los juzgados a declarar y fuera grabada en vídeo.

Por el camino, numerosos titulares que opacaban dos informes de la UCO que indicaban que no se había cometido irregularidad alguna. La primera de ellas fue la propia apertura de diligencias. La denuncia, llena de inconcreciones, refritos de otras noticias, bulos e incluso titulares recortados era admitida a trámite a pesar de que el Tribunal Supremo establece desde hace una década que una información publicada, si no va acompañada de más pruebas, no es suficiente para abrir una causa penal contra alguien. “No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, indica el Alto Tribunal.

Dio igual. Peinado otorgó desde el primer momento a Begoña Gómez la condición de "investigada" (hasta hace unos años el término correcto hubiera sido imputada) en el sumario del caso. Una cuestión que era lógica ya que si un juez investiga si has cometido un delito, la única forma de defenderte es si estás investigado.

No obstante, pasó más de mes y medio para que Begoña Gómez pudiera defenderse. Tal y como publicaba este medio hace unos días, lo lógico es ser llamado a declarar cuanto antes dado que se puede vulnerar el derecho a la defensa, en este caso la de Begoña Gómez.

Finalmente fue citada a declarar el 5 de julio, aunque la noticia se conoció en la recta final de las elecciones europeas. La mujer del presidente del Gobierno era citada ante el juez con un mes de antelación, pero Peinado decidió llamar a declarar a Gómez en medio de una campaña electoral. No es ilegal, pero sí existe una norma no escrita que dice que los tribunales no anuncian nada que pueda interferir en una campaña electoral para no interferir en las elecciones. Dio igual.

Pese a todo, el magistrado decretó el secreto de sumario. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 302 que hay dos motivos para decretar el secreto de las actuaciones. La primera es evitar un grave riesgo para la vida de una persona o “prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso”. La Audiencia Provincial dictó que no había motivos para ello y el juez permitió que se accediera a la documentación.

Secreto de sumario menos para Vox

Allí, se descubrió que Peinado había entregado toda la documentación de la causa que se encontraba bajo secreto a una de las partes personadas: Vox. La Ley establece que tan sólo el juez y la Fiscalía pueden tener acceso a las actuaciones cuando la causa está secreta. De hecho, el Código Penal castiga en su artículo 466.2 el delito de revelación de secretos con entre dos y cuatro años de cárcel si es cometido por un juez.

Además, el fiscal que se encarga del caso se enteró de que se habían abierto diligencias dos semanas después de que se iniciaran. Peinado llamó a declarar a seis periodistas que habían publicado información sobre Begoña Gómez y fue el gabinete de comunicación del TSJM el que le dio la noticia en forma de nota de prensa.

La UCO no cuenta

Paralelamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) elaboró dos informes que indicaban que no había nada sospechoso o que pueda conllevar indicio de delito en el desarrollo profesional de Begoña Gómez. La Guardia Civil destacaba en uno de ellos que no había podido recabar datos que permitieran acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el Gobierno de España realizó en 2020 a Air Europa, origen de las informaciones publicadas por El Confidencial y que iniciaron el caso.

La unidad de la Guardia Civil que se encarga de investigar delitos tampoco ve delito alguno en que Begoña Gómez influyera en que Juan Carlos Barrabés, profesor de su cátedra y empresario, se llevara unos contratos con Red Eléctrica. Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación que también firmaron empresa como Microsoft o el Ayuntamiento de Madrid. Dio igual que la UCO tumbara las sospechas de Peinado, el juez continuó asegurando que los informes que había hecho la Guardia Civil a petición suya eran un trabajo "preliminar".

El 11 de julio, la UCO entregó al juez un segundo informe en el que se señalaba que seis de los principales contratos públicos adjudicados al empresario Carlos Barrabés se habían desarrollado "con normalidad" y "bajo los principios que rigen la contratación pública". De ahí que, de nuevo, no se consignara ningún dato incriminatorio contra Begoña Gómez.

Si me quitan el caso, Hazte Oír llega al rescate

Al no poder tirar del hilo del rescate de Air Europa, el juez Peinado se aferró a la denuncia de Hazte Oír. Sin embargo, en el enésimo escándalo del juez, esta apertura de diligencias no fue comunicada a la defensa de Begoña Gómez. Peinado investigaba a Begoña Gómez sin notificarle que estaba siendo investigada y que existía una ampliación de querella. Por ello, Peinado se vio obligado a suspender la declaración de Begoña Gómez el pasado 5 de julio en otro bochornoso momento: el juez pedía a Gómez y su defensa que salieran al pasillo ubicado frente a la sala de vistas para estudiar de qué se le acusaba y después volver a entrar a la sala y prestar declaración. Una cuestión insólita ya que cada día se suspenden declaraciones de acusados por cuestiones nimias con el objetivo de que puedan ejercer su defensa con todas las garantías procesales y con tiempo suficiente.

Dos semanas después, Begoña Gómez acudió de nuevo a los juzgados para acogerse a su derecho a no declarar, esta vez ya sin pseudoperiodistas de ultraderecha que se colaron en el juzgado a primera vez para acosar a Begoña Gómez.

Como Begoña Gómez no declara, le tocaba el turno a Pedro Sánchez. El juez asegura que se investiga a Begoña Gómez por sus actos "desde que su esposo es presidente del Gobierno". Una instrucción, que apunta a una investigación prospectiva y que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

Citar a testigos en base a rumores de un condenado por corrupción de menores

Prueba de ello es que este lunes estaban citados a declarar el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés tras obligarles primero a acudir a declarar como testigos y sin indicarles que se podían estar incriminando. De paso, Peinado ha citado también a declarar a Félix Jordán de Urríes, director de la Fundación Deporte Joven, por ser el "monitor de esquí de Pedro Sánchez" y de su esposa y quien, supuestamente, habría presentado a Barrabés a la pareja. Félix Jordán de Urríes lleva año y medio desmintiendo este bulo.

La citación parte de un escrito elaborado por un abogado de nombre Ramiro Grau, al que el juez ha dado veracidad sin hacer más pesquisas. A Peinado solo le bastó la carta informal en la que aseguraba que "hay fotos en internet con Pedro Sánchez". El sesgo ideologíco de Grau es evidente: ha escrito artículos en los que defiende que en España vamos "camino de la dictadura" y ha publicado un libro titulado 'El feminismo y otras mentiras'. El abogado también fue condenado por corrupción de menores al dar 20 euros a una chica de 15 años para que le masturbara.

En busca de la imagen de Pedro Sánchez sentado ante el banquillo

Después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar, Vox indicaba que como acusación popular iban a pedir que Pedro Sánchez declarara. Dicho y hecho. Vox lo decía un viernes y el lunes Peinado citaba a declarar a Sánchez. Lo hará este martes a las 11:00 horas y su declaración ha tenido que modificar la agenda de Casa Real posponiendo el tradicional despacho veraniego entre el presidente del Gobierno y Felipe VI en Palma de Mallorca hasta esta tarde.

El juez no quería que Sánchez acudiera como un ciudadano más a los juzgados de Plaza de Castilla o que declarara por escrito como se permite a los presidentes autonómicos y miembros del Gobierno, sino que en su providencia explicaba que sería él quien "se desplace a las dependencias donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo", es decir, "el Complejo Presidencial de la Moncloa". Este lunes varios técnicos han instalado los dispositivos necesarios en Moncloa para grabar la declaración.

Tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez han recurrido esa declaración por no tener sentido y criticaban que el juez tuviera más interés en que se grabara la declaración que el motivar la misma. De hecho, para llamar a declarar a Sánchez se inventó artículos del Código Penal. Además, Peinado cae en una contradicción: quiere preguntar al presidente sobre hechos que no están relacionados con su cargo a la par que investiga un tráfico de influencias por parte de su esposa en el que se habría aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno. También ha dado igual.

A pesar de que como testigo Sánchez está obligado a declarar y a decir la verdad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el cónyuge de una persona investigada está "dispensado de la obligación de declarar". Lo que hace sospechar que Sánchez guardará silencio, aunque el juez tendrá una imagen hasta ahora insólita en España: la de un presidente del Gobierno declarando en Moncloa. De momento, y sin pronunciarse sobre las polémicas del juez, al PP ya le ha servido para llevar una semana pidiendo la dimisión de Sánchez tras ser llamado a declarar. Alberto Núñez Feijóo se pronunciaba rápidamente tras conocerse la declaración “en nombre del partido mayoritario” de España para pedir a Sánchez que “redacte su tercera y definitiva carta” dimitiendo como presidente del Gobierno y Vox avanzaba que utilizará la declaración para continuar su actividad en el Congreso y volver a preguntar ante el juez la cuestión que le hace dos semanas en el pleno del Congreso el líder de la formación, Santiago Abascal: “¿A cuántos CEOs [consejeros delegados de empresas] que dependen de regulaciones públicas ha llamado Pedro Sánchez para que se reúnan con su mujer?”.

En la excursión a Moncloa de este martes, el juez Juan Carlos Peinado acudirán las defensas de los imputados, la Fiscalía y un representante de la acusación popular, la abogada de Vox Marta Castro.

Sobre lo que pueda pasar tras la declaración de Sánchez nadie sabe nada. En Moncloa, que recibieron la noticia con "estupor" y sorpresa, se preparan para todos los escenarios, incluso que el juez decida imputar en la causa al presidente del Gobierno elevando así la cuestión al Tribunal Supremo.