Luz
DivinaLa
Revolución de los Payasos
(así
se las gastan las cloacas del PP: ahora lo sabemos sin duda. Otro
fiscal que hay que "matar" a ver si la bala le alcanza al
presidente, que es el auténtico objetivo?)
Álvaro
García Ortiz se sentará en el banquillo, a pesar de que no hay ni
una sola prueba contra él.
No
hay pruebas porque no las puede haber. Porque la filtración no vino
de él.
En
elDiario.es sabemos perfectamente quién nos pasó esa información
de la que acusan a García Ortiz. Sabemos que no fue el fiscal
general, ni tampoco Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que también
está acusada. Nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero sí
podemos asegurar que ellos no fueron.
Nuestro
compañero, José Precedo, así lo testificó ante el Tribunal
Supremo, ante el juez Hurtado. No fue el único. Media docena de
periodistas de distintos medios –La SER, El País o incluso El
Mundo–, han declarado ante el juez en el mismo sentido. Son varios
testimonios que exculpan a García Ortiz y que el juez Hurtado ha
decidido ignorar.
Y
no son solo palabras de periodistas. También hay
pruebas documentales. Mensajes y llamadas de varios redactores de El
País demuestran que tuvieron acceso a esa información 31 horas
antes de que preguntara por ella el fiscal general.
Sabemos,
a ciencia cierta, en qué momento Álvaro García Ortiz tuvo
conocimiento de esos correos. Ha quedado bastante acreditado en la
investigación judicial.
Porque
llegó a los medios antes de que él la tuviera.
También
sabemos que esos correos del abogado de González Amador pidiendo una
conformidad los tenían casi un centenar de personas: llegaron a un
email genérico de la Fiscalía y también a la abogacía del Estado.
De entre todos los posibles sospechosos, el Supremo solo ha decidido
investigar a dos.
Pero
el auto de procesamiento contra Álvaro García Ortiz no solo es
aberrante porque el instructor ignore todas las pruebas y testimonios
que no cuadran con su acusación. Es aún peor.
Vayamos
antes a los hechos que sí ha demostrado la investigación.
El
12 de marzo de 2024, elDiario.es publica en exclusiva el fraude
fiscal de Alberto González Amador. Y a partir de ese momento el
Gobierno de la Comunidad de Madrid se moviliza para salvar la
reputación de Isabel Díaz Ayuso. El encargo de González Amador a
Miguel Ángel Rodríguez (MAR), habla por sí solo. “Haz lo que
veas”, le pidió, tal y como él mismo confesó ante el Supremo.
MAR
hizo lo que pudo, cómo no.
Al
día siguiente, el 13 de marzo a las 21:29, El Mundo publica una
intoxicación lanzada por MAR: “El fiscal ofrece un acuerdo a la
pareja de Ayuso para que admita dos delitos”. La verdad era justo
la contraria: quien ofrecía un acuerdo era el abogado de González
Amador, no la Fiscalía.
Otros
medios en la órbita de Ayuso van esa noche incluso más allá en sus
acusaciones contra la Fiscalía: aseguran que dicho acuerdo fue
bloqueado “por órdenes de arriba”. Era falso: un bulo lanzado
por MAR para dar a entender que Ayuso es víctima de una persecución
del Estado.
Tras
publicarse la noticia de El Mundo, esa misma noche, el fiscal general
del Estado se moviliza para conseguir toda la información. Saca de
un partido de fútbol al fiscal Julián Salto –el que llevaba ese
caso y había recibido los correos–. Pide toda la información y la
consigue. Se la mandan a su correo personal de Gmail.
Horas
más tarde, a partir de las 23:51, varios medios desmentimos la falsa
historia de MAR. Y publicamos la verdad: que era el abogado del novio
de Ayuso quien había reconocido los delitos en su nombre y pedía un
acuerdo a la Fiscalía. También el famoso correo filtrado:
“Ciertamente se han cometido dos delitos”.
Y
al día siguiente, el 14 de marzo, la Fiscalía General del Estado
publica una nota de prensa desmontando todas las acusaciones falsas.
Esa
nota de prensa, de la que García Ortiz siempre se ha hecho máximo
responsable, fue la excusa para llevar este proceso penal al Supremo
para imputar al fiscal general. Después el Supremo la ignoró: no
hay nada ahí, aseguró. Pero aún así decidió investigar a García
Ortiz, para intentar probar que fue él quien filtró esa información
a varios medios, la famosa noche.
Han
pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy
está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene
sospechas. No datos. No
ha encontrado una sola prueba de esa acusación: más
allá del interés del fiscal general por buscar la información esa
noche –algo que el propio acusado admite–, no hay nada más.
No
hay pruebas, pero no ha sido por no intentarlo. En los ocho meses de
su investigación judicial, Hurtado ha puesto en marcha todas las
diligencias posibles para intentar probar su sospecha. Incluso la más
extrema y desproporcionada: registrar el despacho del fiscal general
del Estado –tal vez el sitio donde se guarda la información más
sensible de España– como si fuera la casa de un narco.
Hurtado
también ha buscado información en Estados Unidos: ha preguntado a
Google, a Meta, a la búsqueda de los mensajes y correos del fiscal
general que García Ortiz, con buen criterio, borra regularmente –la
directiva de protección de datos le obliga a ello–.
Tampoco ha encontrado nada ahí.
Así
que la tesis de la acusación está hoy exactamente igual que el
primer día. El único indicio que hay contra García Ortiz es su
interés en buscar esa información la noche en la que Miguel Ángel
Rodríguez propagó un bulo para salvar la reputación de su jefa,
Isabel Díaz Ayuso.
Un
indicio, que no es lo mismo que una prueba.
Pero
la falta de la más mínima lógica jurídica no acaba aquí. Hurtado
asegura que el fiscal general hizo todo esto siguiendo “indicaciones
recibidas de la Presidencia del Gobierno”.
¿Las
pruebas? No hay ninguna. Nada en toda la investigación que sirva
para sostener tal gravísima afirmación.
En
otro párrafo, Hurtado también asegura que el fiscal general del
Estado “envió copia a Pilar Sánchez Acera”, del equipo de
Moncloa. ¿Las pruebas de tal cosa? No las hay. Pilar Sanchez Acera
tuvo acceso a ese correo, es cierto, pero en un momento en que ya
circulaba por varias redacciones de Madrid.
Ante
el Supremo, Sánchez Acera declaró exactamente eso: que le llegó de
los medios. Una declaración que Hurtado ignora. Al parecer, para
este juez del Supremo todos los testigos mienten, menos MAR y
González Amador.
¿Debe
dimitir el fiscal general? No veo el motivo. No hay nada en la
investigación del Supremo que haya demostrado en él ningún
comportamiento inadecuado. Es
más bien al contrario: tendría que ser el juez Hurtado quien
tuviera que dar explicaciones, por sus acusaciones sin una sola
prueba.
Quienes
defienden que está obligado a renunciar para defender las
instituciones, ¿han pensado en el peligroso precedente que
supondría? ¿Una denuncia de un delincuente confeso y la
controvertida instrucción de un magistrado del Supremo son
suficientes para hacer caer a un fiscal general?
Durante
los ocho meses de anómala investigación, nunca antes vista en
España para una revelación de secretos, García Ortiz ha mantenido
su incocencia y ahora debería defenderla hasta que haya un veredicto
en el juicio. Del
contrario, se estará enseñando el camino a quien quiera apartar del
cargo a la sexta autoridad del Estado, una figura a la que ni
siquiera el Gobierno puede destituir según el Estatuto de la
carrera.
Lo
que ya sabemos es que nadie en el Supremo se ha planteado dimitir
porque ese tribunal nunca rinde cuenta de sus errores. Tampoco sus
jueces. ¿Ha dimitido alguno de ellos por los constantes varapalos de
Europa a sus sentencias? ¿Alguien dimitió, por ejemplo, tras la
derogación de la doctrina Parot?
¿Dimitirá
alguien si este caso llega a Europa y se sentencia allí la
injusticia? Y si el fiscal general acaba absuelto, ¿cómo reparar el
daño?
Hurtado
es el mismo juez que argumentaba que responsabilizar a la dirección
del PP de la trama Gürtel era un “salto al vacío”. Exactamente
el mismo juez, el único de los que vieron la causa, que se opuso a
la condena del partido por aquel caso de corrupción. Esa fue también
la razón por la que después fue promocionado al Tribunal Supremo,
con los votos de la mayoría conservadora del CGPJ con el mandato
caducado.
Toda
la instrucción contra el fiscal general ha sido un disparate.
El
tipo de investigación prospectiva que, lamentablemente, hemos visto
ya con el juez Peinado. Sin prueba alguna, solo con suposiciones tan
vagas, y pese a las evidencias que lo exculpan ¿se
atreverá después el Supremo a condenar al fiscal general? Me parece
imposible. Pero en la justicia española, lo imposible ya ocurre a
diario. Ahora es costumbre. Pronto
será jurisprudencia.
https://www.eldiario.es/escolar/fiscal-general-no-debe-dimitir_132_12370103.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=09/06/2025-adelanto&utm_source=elDiario.es&utm_campaign=33a9df3d43-ADELANTO_09-06-2025&utm_medium=email&utm_term=0_10e11ebad6-33a9df3d43-56503901&goal=0_10e11ebad6-33a9df3d43-
