Diez meses después de la tragedia, Mazón frente a la calle y a las víctimas
DIEZ MESES DE SILENCIO Y PROPAGANDA
El 29 de octubre de 2024 la DANA arrasó comarcas enteras de València. Hubo 228 fallecidos, tres personas siguen desaparecidas y decenas de miles de familias perdieron casas, tierras y futuro. Diez meses después, no existe ni justicia ni reparación para quienes lo perdieron todo.
Este viernes, más de 200 entidades convocantes, junto a asociaciones de víctimas y comités de emergencia, volverán a ocupar las calles de València. Lo harán en la plaza de la Virgen, a las puertas del Palau de la Generalitat, a las 19:30 horas. Será la novena protesta en diez meses, interrumpida solo en abril por el apagón eléctrico que afectó a todo el Estado. La exigencia es clara: dimisión de Carlos Mazón.
La protesta no es un gesto aislado. Es la constatación de que un pueblo entero no se resigna a ser olvidado. Mientras las y los afectados malviven sin servicios públicos esenciales, el Consell de Mazón habla de normalidad. Esa normalidad no existe. En Catarroja, en la zona cero, aún se siente la humedad podrida en las paredes y el olor a abandono.
Mazón apenas ha pisado la zona cero treinta veces en diez meses. Y en casi todas las ocasiones, lejos de los núcleos habitados, rodeado de protocolo, escondido del pueblo que exige respuestas. Ha preferido encargar informes, retrasar comisiones de investigación y culpar a otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar o Aemet. Eludir su responsabilidad política se ha convertido en el verdadero plan de gobierno.
LA JUSTICIA CONTRA EL MURO POLÍTICO
Mientras la calle clama, los tribunales trabajan. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, desde Catarroja, instruye una causa que ya ha emitido autos demoledores contra la gestión de la Generalitat. La Audiencia de València ha respaldado sus decisiones frente a la cruzada de la derecha y la extrema derecha, que incluso ha intentado apartarla del caso. La exconsellera Salomé Pradas recurrió ante el CGPJ para derribar a la magistrada. No lo consiguió.
La justicia avanza, pero el poder político opera a contrarreloj para salvarse. El PP impulsa comisiones de investigación en el Senado para distraer, mientras las de las Corts apenas arrancan y la del Congreso se pudre en los cajones del calendario. En València ciudad, al menos, la comisión municipal logró señalar negligencias evidentes. Pero el verdadero núcleo de la tragedia sigue blindado en los despachos de la Generalitat.
La ciudadanía se pregunta lo obvio: qué ocurrirá este otoño cuando las lluvias regresen. Qué pasará cuando las cuencas aún debilitadas vuelvan a desbordarse y los pueblos sigan sin infraestructuras básicas. Mazón no responde. Se limita a repetir consignas negacionistas, como si la crisis climática no existiera y las víctimas no hubieran muerto.
El relato oficial se rompe con cada pancarta que recuerda los nombres de las 228 personas asesinadas por la desidia institucional. Lo cuenta Miguel Giménez en ElDiario: Mazón apenas ha pisado la zona cero en diez meses y sigue sin dar una respuesta digna.
La movilización de este viernes será memoria y respeto, pero también rabia organizada. Un grito colectivo para exigir verdad y justicia. Porque un president que esconde la cabeza bajo el agua mientras su pueblo se ahoga no merece seguir en el cargo.
La pregunta ya no es si Mazón debe dimitir. La pregunta es hasta cuándo vamos a permitir que siga gobernando sobre ruinas y cadáveres.
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