Miguel Ángel Rodríguez dispara de nuevo
Luna
Izquierdo
Miguel Ángel Rodríguez, conocido por su historial de cloacas mediáticas y campañas de acoso, ha dado un paso más en su cruzada para blindar a Isabel Díaz Ayuso de cualquier mancha judicial. El director de gabinete de la presidenta madrileña utilizó su cuenta en X para señalar públicamente a la jueza Carmen Rodríguez Medel, responsable de la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
La magistrada ha imputado al empresario por seis delitos: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, uno continuado contable y otro de pertenencia a organización criminal. Además, sentará en el banquillo a cuatro empresarios a los que se acusa de cooperadores necesarios. La cifra defraudada asciende a 350.951 euros entre 2020 y 2021, según los autos judiciales.
En lugar de respetar la independencia judicial, Rodríguez optó por la amenaza velada: “Cuidado con Sánchez”, escribió, insinuando que la magistrada actuaba bajo órdenes del Gobierno. Para rematar, la acusó de no respetar a la Audiencia Provincial y de haber tomado decisiones con intereses políticos.
No es nuevo: la derecha mediática y política tiene una larga tradición de amedrentar a juezas y jueces que tocan sus privilegios. El mismo patrón que se utilizó contra el juez Garzón cuando destapó las tramas de corrupción del PP. El mismo que hoy se repite para tapar el caso de quien comparte ático con la presidenta madrileña.
EL BANQUILLO QUE AYUSO TEME
La jueza Rodríguez Medel no es una recién llegada ni mucho menos una militante socialista disfrazada de togada, como insinúa el jefe de gabinete. Fue asesora de Rafael Catalá, ministro de Justicia del PP, e instruyó causas contra socialistas y populares. Entre ellas, el caso Máster de Pablo Casado o la imputación al delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación del 8M.
Su historial demuestra que no responde a consignas políticas, sino a la evidencia judicial. Por eso la acusación de Miguel Ángel Rodríguez resulta doblemente peligrosa: criminaliza la independencia judicial mientras blanquea un entramado de fraude y falsificación que salpica directamente a la pareja de Ayuso.
La Fiscalía pide para González Amador tres años, nueve meses y un día de cárcel, además del pago de 448.000 euros en multas. También ha solicitado que se impute al abogado del empresario como cooperador necesario. La Abogacía del Estado ha secundado esa petición y ha ampliado las responsabilidades a otros empresarios implicados.
No estamos ante un malentendido fiscal o una “equivocación contable”. Se trata de un fraude estructurado con facturas falsas, un esquema de engaño y una pertenencia a organización criminal. Esa es la gravedad de la imputación y esa es la razón por la que González Amador trató de cerrar el asunto mediante un pacto con la Fiscalía.
El acuerdo no prosperó. Ahora Ayuso ve cómo su pareja entra de lleno en el banquillo y cómo la maquinaria de propaganda de su entorno intenta desviar el foco hacia teorías conspirativas. El manual del PP: si la justicia alcanza a los tuyos, conviértela en un instrumento político.
La situación desvela un nerviosismo creciente en la Puerta del Sol. Mientras la oposición reclama explicaciones, Más Madrid pide al novio de Ayuso que “vaya preparando las maletas” y el PSOE advierte de que la historia puede acabar mal, el equipo de la presidenta ha decidido prender fuego al tablero institucional.
Cuando el jefe de gabinete de la persona que gobierna Madrid lanza ataques directos contra una jueza y acusa sin pruebas al presidente del Gobierno de manipular la justicia, lo que está en juego no es solo la corrupción. Lo que se erosiona es la democracia misma.
Ni siquiera la prensa afín al PP puede ocultar que el caso amenaza con convertirse en un boomerang político. González Amador, convertido en símbolo de la corrupción íntima del poder madrileño, pone en evidencia que el discurso de Ayuso sobre la libertad se tambalea cuando el fisco entra en su casa.
La frase de Miguel Ángel Rodríguez resume todo lo que está mal en el bloque conservador: “Todo Sánchez es corrupto”. Una acusación sin pruebas, lanzada con la intención de arrastrar la conversación pública hacia el barro y desviar la atención del verdadero problema.
El verdadero problema no está en La Moncloa. Está en el ático de la presidenta de Madrid.
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