sábado, 31 de mayo de 2025
Explicamos a Ayuso quién es el capitán de la 'UCO patriótica' al que paga 84.000 euros en Sanidad
La presidenta de Madrid asegura "desconocer" la procedencia de Juan Vicente Bonilla, quien aterrizó en la Consejería de Sanidad teniendo, previsiblemente, información "crítica" sobre el caso Koldo
ElPlural
Rubén Rozas
30-5-25
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó en respuestas a ElPlural.com “desconocer” la “procedencia” de Juan Vicente Bonilla, ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) que en octubre de 2023 su gobierno fichó como persona titular de la Gerencia de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la consejería de Sanidad madrileña.
La información, publicada en exclusiva por este periódico, compromete tanto al propio Bonilla como a la región en caso de que ésta no diera explicaciones y, por encima de todo, aumenta las sospechas sobre la posible existencia de una especie de ‘UCO patriótica’; organismo que podría haber maniobrado en la sombra para hacer caer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Biografía del alto cargo de la Guardia Civil
Tal y como ha podido saber este medio, Juan Vicente Moreno Bonilla contempla un programa de Doctorado de Derecho Público por la Universidad San Pablo CEU o un curso superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, entre otras titulaciones.
Ha sido profesor asociado entre del departamento de criminología de la Universidad Camilo José Cela y en otros centros como el CEU san Pablo, mientras que, en el ámbito estrictamente profesional, desde 1998 ha ejercido como oficial de la Guardia Civil; entre 2001 y 2004, cuando es habilitado como Abogado del Estado Sustituto por la Abogacía General del Estado en varias provincias. Asimismo, ha publicado dos libros.
Madrid elude las preguntas
Esta persona, de quien Ayuso también dice no saber su nada de su perfil, percibe 84.268,32 euros anuales y fue fichado por la administración de la Puerta del Sol hace aproximadamente año y medio. Este periódico también se ha dirigido a otras personas del entorno de la presidenta de Madrid y a la propia Consejería de Sanidad para conocer su versión acerca de los hechos.
En lo que se refiere a la posible existencia de esa ‘UCO patriótica’, el departamento sanitario contempla que, si estas conversaciones “demuestran” algo, será la Justicia quien tiene que pronunciarse. “No podemos hacer valoración alguna, ya que de ser así entendemos que será un juez quien determine si demuestran o no demuestra (…) En ese apartado no entramos y al ser un asunto judicializado se dirimirá donde corresponda”, indican desde la consejería sanitaria.
Las mismas fuentes, también en conversaciones con este medio de comunicación, expresan que el puesto que ostenta Bonilla dentro del SERMAS “no se ha creado” recientemente, sino que “ya existía como consecuencia de la ley de protección de infraestructuras críticas, que es la que impone la existencia del departamento de seguridad corporativa y, por tanto, la de contar con un responsable”.
'Caso Koldo'
El protagonista de estas líneas, al que la baronesa dice no conocer y de cuya posible relación con una trama clandestina su entorno no se pronuncia, es considerado el primer investigador que puso el foco sobre las actividades del exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García; que dieron lugar al denominado ‘caso Koldo’. Dicho de otro modo, Bonilla dispondría de información reservada –“crítica”, según consta en la denuncia- sobre este caso antes de dar el salto al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, el exministro de Transportes pidió el mes pasado al juez del Tribunal Supremo (TS) su citación como testigo, en su caso como parte de una ofensiva contra la UCO.
El que fuera alto cargo de la Guardia Civil trabajó en Anticorrupción hasta abril de 2023 y medio año después entró en el Ejecutivo de la región madrileña, cargo que mantiene en la actualidad y por el que percibe más de 84.000 euros al año. ElPlural.com ha tenido acceso a conversaciones que Bonilla mantuvo con José Luis Caramés -imputado en la trama por el fraude de hidrocarburos- en las que emplaza a derrocar al gobierno de Sánchez. Tanto el ex capitán de la UCO como su confidente intercambiaron mensajes en esta línea durante cerca de cinco años (entre 2016 y 2021), tal y como ha podido comprobar este periódico.
Denuncia de la Guardia Civil
El antiguo alto cargo de la Benemérita ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde el cuerpo para beneficiar al Partido Popular. Así consta en una denuncia a la que también ha podido acceder este periódico y que ha caído en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que existían otra serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar a los ‘populares’.
En concreto, en el documento que relata unos hechos que han denunciado incluso otros miembros de la Guardia Civil, destacan que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
Los denunciantes dejan patente la existencia de informadores en la Guardia Civil; otros tres agentes, que reflejan estas líneas bajo las iniciales L.H., O.V.V y F.G.S.R. Se trata de funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían obrado de manera estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
viernes, 30 de mayo de 2025
'El País' va a aportar nuevos WhatsApp que acreditan que la filtración no salió del fiscal general
Un periodista asegura que tiene conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez preguntando por el acuerdo de conformidad mucho antes de que el FGE pidiera la copia del correo
ElPlural
Loreto Ochando
30-5-25
Este viernes han declarado ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, cuatro periodistas de El País. A la salida de la declaración, los cuatro han explicado que le han contado al polémico juez que, además de lo aportado en el acta notarial que presentaron en la que aseveran que tuvieron conocimiento del acuerdo en el que el abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, reconocía dos delitos antes del fiscal general del Estado, también tienen una serie de mensajes de WhatsApp que volverían a acreditar este hecho.
Es más, hay varios de esos mensajes que fueron con el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Han explicado: “Los cuatro hemos confirmado todo lo que publicamos el 12 de enero de 2025. Por qué no lo publicamos antes, pues fue pura casualidad, hablando de declaraciones uno recordó que habló con Neira el 12 de marzo por la multa. Con eso reconstruidos todos los móviles, y descubrimos que teníamos la información antes de que el fiscal general del Estado buscara el correo famoso”.
Declaración de Neira
Estas declaraciones se han producido después de que el citado abogado declarara el pasado martes. Carlo Neira, el que fuera el primer abogado del empresario y novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ratificó todo lo que dijo su excliente ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Carlos Neira no dudó en asegurar que su cliente le dio una especie de 'barra libre' para negociar con la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado, que lo que quería era acabar rápido y sin ruido ni para él ni para su pareja, la presidenta madrileña. "Haz lo que veas", le dijo el empresario a su abogado. Es por ello que mandó el famoso email en el que asumía la culpabilidad sin decírselo a González Amador. Ni corto ni perezoso reventó en el más alto tribunal de España la ética profesional.
Un momento clave de la declaración, y que tiene mucho que ver con lo declarado este viernes, fue cuando explicó que un periodista de El País le escribió un correo el 12 de marzo a mediodía preguntando por el asunto, pero según él, ese periodista le preguntaba por un supuesto pago, pero no por el correo electrónico que había llegado a la Fiscalía días antes. Pero cuando uno lee el correo, que consta en el acta notarial que los periodistas de El País han entregado en el juzgado, se puede ver cómo hacen referencia a un acuerdo de conformidad, pues hablan de pagar una multa, lo que implica que se ha reconocido el delito.
Imputan a más altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias
Esta decisión parte de un segundo proceso judicial impulsado por los familiares de las víctimas
ElPlural
30-5-25
Un segundo procedimiento judicial vuelve a situar en el foco a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su papel en la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha citado a declarar como testigos el próximo martes, 3 de junio, a varios protagonistas clave en aquellos meses críticos, entre ellos Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales.
Reyero, quien desde el inicio denunció la discriminación sufrida por los mayores que vivían en residencias, testificará a partir de las 10.00 horas. También lo harán Juan Abarca Cidón, presidente del grupo HM Hospitales, y Antonio Burgueño, asesor principal de Ayuso en materia sanitaria durante los primeros compases de la crisis del coronavirus. Ese mismo día declararán las dos personas que impulsaron esta causa con una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificada en el artículo 511 del Código Penal.
A diferencia de la causa anterior reabierta en abril por la Fiscalía Provincial de Madrid, esta nueva investigación parte de la denuncia directa de familiares de residentes fallecidos. El procedimiento en Leganés se centra en esclarecer si el conocido como "Protocolo de la Vergüenza", que impedía el traslado de determinados mayores enfermos a hospitales, incurrió en una discriminación sistemática por edad o nivel de dependencia.
Entre los investigados en esta causa figuran Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmantes y diseñadores del polémico protocolo; el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Según han denunciado colectivos como Marea de Residencias o 7291: Verdad y Justicia, las ambulancias dejaron de acudir a las residencias si no mediaba autorización expresa, lo que habría impedido el traslado de cientos de pacientes.
Para estas plataformas ciudadanas, las declaraciones previstas el martes son “especialmente relevantes”. Confían en que Reyero aclare hasta qué punto sus alertas fueron ignoradas por la Consejería de Sanidad. Abarca Cidón podría aportar documentación que demostraría que solo se trasladó a hospitales privados a quienes contaban con seguro médico. Y Burgueño explicaría por qué no se aplicó su propuesta de medicalizar residencias.
El 17 de junio está prevista la declaración de los cuatro querellados. La causa podría sentar un precedente en la vía penal por la gestión de la pandemia en centros de mayores, donde fallecieron 7.291 personas en marzo y abril de 2020 sin ser derivadas a un hospital.
Colectivos de víctimas han hecho un llamamiento a los testigos para que colaboren con la Justicia y aporten “todos los datos y documentos” necesarios para esclarecer lo ocurrido.
Los "protocolos de la vergüenza"
Los denominados "protocolos de la vergüenza" fueron una serie de directrices emitidas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Estos documentos establecían criterios que impedían el traslado de residentes de centros de mayores a hospitales, basándose en factores como el grado de dependencia o deterioro cognitivo. La aplicación de estos protocolos coincidió con la muerte de 7.291 personas mayores en residencias madrileñas durante marzo y abril de 2020, sin haber recibido atención hospitalaria.
Los protocolos, firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, y posteriormente por su sucesor Francisco Javier Martínez Peromingo, establecían que los residentes con determinadas condiciones de salud no serían derivados a hospitales. Esta medida fue criticada por diversos sectores, incluyendo al exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien alertó sobre las consecuencias éticas y legales de estas directrices y solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), petición que fue desautorizada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cinco años después, la justicia ha imputado por primera vez a altos cargos del Gobierno de Ayuso por su presunta implicación en la elaboración y aplicación de estos protocolos. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, así como a Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno regional. La imputación se basa en una denuncia colectiva presentada por 109 familiares de víctimas, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, por un presunto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Las asociaciones de familiares de las víctimas consideran que estas imputaciones son un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades políticas. Esperan que los imputados colaboren con la justicia y aporten información sobre las decisiones que llevaron a la implementación de los protocolos, así como sobre las personas que participaron en su elaboración y aplicación
Nepotismo I: los amigos de Rajoy
Durante la legislatura de Rajoy numerosos cargos fueron ocupados por familiares y amigos en un gran caso de nepotismo
ElPlural
Víctor Sanjuan
30-5-25
Por contradecir el conocido dicho, no siempre se recoge lo que se siembra. Y de esto saben muy bien en el Partido Popular, a quienes sus estrategias políticas les suelen salir el tiro por la culata. A mitad de marzo, los populares creyeron que era buena idea cargar contra el supuesto “nepotismo” que ejerce Pedro Sánchez, en relación a las causas abiertas contra su esposa y su hermano. Pero como es de esperar, la formación de Alberto Núñez Feijóo no ha calculado bien la distancia a la que debía lanzar la bomba para evitar que el radio de explosión no les alcanzara.
Pues bien, los casos de nepotismo que ahora el PP denuncia no son algo ajeno a su propia formación. Durante años, los líderes conservadores se han visto envueltos en escándalos de enchufismo en incluso imputados por tráficos de influencias. Para comenzar este recorrido por este nepotismo de marca popular, se debe comenzar por el principio, el que fuera la figura más importante del partido desde José María Aznar, su sucesor en el cargo, Mariano Rajoy.
Tras el triunfo electoral del 2011, el PP ―liderado entonces por un Mariano Rajoy que olía por primera vez las habitaciones de la Moncloa como inquilino del complejo presidencial― comenzaba un largo periodo de Gobierno que se extendió durante siete años, y durante el que se dedicó a ejercer el nepotismo que ahora denuncia, estableciendo en altos cargos a todos sus amigos y familiares.
El fichaje frustrado del hermano de Cospedal que delató las tensiones internas
Para marzo de 2012, Ricardo Cospedal, hermano de la que entonces ejercía como secretaria general del PP y quien llegaría a ocupar el cargo de ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, iba a ser nombrado director de la Fundación Carolina, una entidad de carácter público-privado vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores. Con esta designación a punto de cuajar y a escasos días de formalizarse oficialmente ―llegando al punto de que Ricardo Cospedal participó en unas diez reuniones de traspaso con el equipo saliente de la Fundación―, el nombramiento llegó a la opinión pública. Este escándalo no pudo venir en peor momento al nuevo gobierno conservador, ya que se encontraba inmerso en otros escándalos de enchufismo. La situación supuso uno de los primeros reveses para un Gobierno que daba sus primeros pasos con una cara nueva al frente, algo que provoco un fuerte malestar interno en la formación.
Ante las numerosas críticas, Ricardo Cospedal se vio obligado a renunciar al cargo incluso antes de asumirlo de forma oficial. Con esta renuncia, Ricardo trató de amortizar el deterioro que sufría la figura de su hermana. Con la operación abortada tras el escándalo, el PP se libró de una investigación por tráfico de influencias.
El poder en pareja del caso Nadal-Lizaranzu
Otro de los nombres que levantaron polvareda fue el de Teresa Lizaranzu, esposa del Álvaro Nadal, entonces jefe de la Oficina Económica de la Moncloa. En enero de 2012 fue nombrada directora general de Política e Industrias Culturales. Pero la cosa no quedó ahí: también se hizo con la presidencia de la Comisión de Propiedad Intelectual y de la Sociedad Estatal de Acción Cultural. Tres puestos clave, y todos ocupados por la misma persona, vinculada directamente al núcleo duro del Gobierno. Desde el Ejecutivo se justificó la decisión por su perfil técnico, pero desde la oposición y la prensa señalaron el claro trato de favor.
En este caso, las consecuencias brillaron por su ausencia. Ninguna. Lizaranzu se mantuvo en el cargo durante toda la legislatura y terminó ascendiendo como embajadora ante la UNESCO. Todas las denuncias de la oposición y los medios de comunicación no afectaron en lo más mínimo al desarrollo de su carrera.
Un asesor apellidado Aguirre
En plena fiebre de cargos de confianza, otro nombre generó titulares: Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, el hijo menor de Esperanza Aguirre, fichado como asesor de la Secretaria de Estado de Comercio. En aquel momento tenía 32 años y un perfil jurídico, mientras que el puesto solía recaer en economistas con amplia experiencia. El propio Ministerio reconoció que se trataba de un cargo eventual, de libre designación. Pero la duda ya estaba sembrada. Las críticas no tardaron de llegar a las puertas de los Aguirre y se vieron obligados a capear el temporal.
De nuevo, las consecuencias fueron inexistentes. Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre mantuvo el cargo sin problemas hasta el final de la legislatura. Todas las denuncias contra este nepotismo tan solo rascaron la capa más superficial del PP de Rajoy.
El asesoramiento familiar de Zaplana
La Secretaría de Estado de Turismo también conto con su caso particular. María Zaplana, hija del exministro Eduardo Zaplana, se incorporó como asesora al equipo del Ministerio de Turismo. Por aquel entonces tenía tan solo 26 años y al igual que el benjamín de la familia Aguirre, el cargo se trataba en principio de una posición eventual. Esta situación era legal, pero el escándalo era inevitable. Otro de los apellidos ilustres del PP que colocaban a un familiar en el nuevo Gobierno. La Secretaría trató de justificarla contratación como parte del equipo de confianza, pero las sospechas ya estaban sobre la mesa.
De nuevo y para sorpresa de pocos, la hija de Zaplana disfruto de un puesto de trabajo al que tuvo libre acceso. Las reacciones llegaron tarde y con poca fuerza. Esto, sumado a una investigación inexistente, permitieron a María Zaplana pasar desapercibida ante el escándalo.
Las loterías de Montoro
El entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro colocó al frente de Loterías y Apuestas del Estado a José Miguel Martínez, su cuñado político y amigo personal. Martínez ya había pasado por la entidad en tiempos de José María Aznar y regresó en 2012 con el nuevo Gobierno. Aunque Montoro negó los vínculos familiares en sentido estricto, los lazos eran evidentes.
Como consecuencia, las ventas cayeron en picado, en parte al escándalo, en parte a la mala gestión de Martínez. Para el año siguiente, el director de Loterías renunció al cargo alegando motivos de salud, pero la duda sobre la pésima gestión de la entidad y sus vínculos con Montoro mantienen aún la incógnita de la dimisión.
Avales agrarios en la familia de Arias Cañete
El Ministerio de Agricultura no se libró. Su titular, Miguel Arias Cañete, colocó a su cuñado José Ramón Bujanda al frente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA), encargada de gestionar avales en el campo español. El nombramiento fue aprobado por la SEPI y no se trató de ocultar. Bujanda estuvo en el cargo durante toda la legislatura, disfrutando de un sueldo que superaba los 100.000 anuales.
El cuñado de Arias Cañete logró pasar desapercibido en el Congreso, pero tuvo que hacer frente a puntuales denuncias de la prensa. De todas formas, el caso resonó poco en la cámara baja.
Ahora el Partido Popular acusa a los socialistas de nepotismo. Sin embargo, años después, muchos de sus casos de enchufismo continúan sin una sola palabra de la formación. Los implicados tan solo se sentaron y disfrutaron de unos puestos asignados en su mayoría a dedo. Ni la legalidad ni la falta de consecuencias administrativas borra esta evidencia: el nepotismo fue el sello de identidad de la legislatura Rajoy.
jueves, 29 de mayo de 2025
Hoy hace siete meses que este individuo criminalizó 228 víctimas y campa a sus anchas sin dar explicaciones de donde estuvo durante determinadas horas cruciales. Todos creemos que después de una excelente comilona acabó follando con una tal Vilaplana pero escudándose en su cargo no ha dejado de cometer delitos con total impunidad.
La juez envía a Francisco Martínez, ex número dos de Interior con Rajoy, a prisión por blanqueo y delitos informáticos
Junto a Martínez, también entrará en la cárcel el hacker informático conocido como Alcasec, José Luis Huertas
ElPlural
Loreto Ochando
29-5-25
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz en el Gobierno de Mariano Rajoy, dormirá esta noche en prisión después de que la magistrada del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, haya ordenado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y delitos informáticos. Junto a Martínez, también entrará en la cárcel el hacker informático conocido como Alcasec, José Luis Huertas, según ha podido saber ElPlural.com de fuentes jurídicas. Se están investigando por los delitos de blanqueo de capitales, de descubrimiento y revelación de secretos, particularmente (allanamiento o intrusismo en un sistema informático) y apoderamiento y cesión de datos reservados, además de un delito de organización criminal.
Según las fuentes consultadas por este periódico, Francisco Martínez, ha declarado durante 30 minutos, y ha contestado tanto al fiscal, juez como a su abogado. Durante esa declaración, el que fuera número 2 de Rajoy en Interior ha aseverado que, el hacker Alcasec es lago así como “un niño sin padre que se mete en problemas siendo menor”. Ha explicado que primero intentó ayudarle como abogado y luego como referente, tratando de que entrara en entornos profesionales para crear una empresa.
Ante la magistrada María Tardón ha afirmado que “de la constitución de las empresas, no puede desprenderse que conociera su evolución, y que nunca se ha enriquecido de dato alguno al que haya podido acceder el hacker”. Ha aseverado que José Luis Huertas está al parecer desarrollando un buscador que organiza con Inteligencia Artificial la información y datos de fuentes abiertas en internet. Y ha añadido que, en el marco del asesoramiento legal que le presta, Huertas le facilita el acceso a ese buscador para que lo pruebe. En sus búsquedas, dice que “no ve nada anormal, pues todos son datos que pueden obtener en cualquier buscador comercial mercantil de pago”.
Dicen las fuentes consultadas que la magistrada Tardón ha decidido mantener a Francisco Martínez en prisión hasta que la Policía Nacional asegure las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec eran como él ha explicado. “Si la Policía las asegura hoy, usted sale hoy”, afirman estas fuentes que ha dicho Tardón.
Investigación a Martínez
La investigación a Francisco Martínez va en dos líneas. Por una parte, por los trabajos como abogado, después de su etapa en el Ministerio del Interior, y que habría realizado para Alcasec y sus empresas fuera de la legalidad. Y por otra, los agentes investigan que el pirata informático hubiera suministrado a Martínez información obtenida a través de sus ciberataques en su etapa posterior al Ministerio del Interior.
Además, Martínez también está involucrado en otra trama corrupta. Será en mayor de 2026 cuando el ex número dos de Interior se siente en el banquillo por el caso Kitchen. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel por la utilización de fondos reservados para espiar a Bárcenas en favor del PP. Estos hechos tuvieron lugar durante la etapa de Martínez en el Ministerio del Interior, a diferencia de la operación por la que ha sido detenido este martes, que son hechos posteriores.
Fuentes cercanas a la defensa de Francisco Martínez explican que fue abogado de Alcasec cuando este era menor de edad. En concreto, el que fuera número dos de Interior habría constituido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros. En esta línea, apuntan que el papel de Martínez únicamente se habría limitado a la constitución de esas sociedades, que supuestamente no habría administrado ni gestionado. Tampoco se habría ocupado de la contabilidad.
Cabe recordar que Alcasec ya fue detenido con anterioridad por la Audiencia Nacional. El hacker, que fue procesado en enero por su relación con el ciberataque que propició el robo de datos del Punto Neutro Judicial (PNJ), fue arrestado en mayo de 2024.
Bertrand Ndongo acusa a Silvia Intxaurrondo de “ejercer la prostitución”
El agitador de extrema derecha ha vuelto a utilizar sus redes sociales para expandir odio, esta vez contra la presentadora de ‘La hora de La 1’
ElPlural
29-5-25
La cacería de la derecha mediática contra la periodista Silvia Intxaurrondo, conductora del programa ‘La Hora de La 1’, ha traspasado límites hasta ahora insospechados. Este mismo jueves, a través de redes sociales, el agitador Bertrand Ndongo ha utilizado su perfil de X para acusar a la presentadora de “ejercer la prostitución”.
Lo ha hecho, claro está, a su manera: “La prostitución no solo se ejerce en las calles o en los puti-clubs”, ha redactado, colgando a su vez un vídeo que acompañaba a su comentario de la periodista hablando sobre los mensajes del capitán de la UCO acusado de actuar en contra del Gobierno.
Ndongo es el mismo que hace apenas una semana fue acusado de agredir a las puertas del Congreso al periodista Antonio Maestre. También fue quien repetidamente ha acosado de forma machista a la tertuliana Sarah Pérez Santaolalla con comentarios machistas y repugnantes.
Además, fue uno de los protagonistas de la última bronca en la sala de prensa de la Cámara Baja cuando, de forma airada, interrumpió a sus compañeros e hizo aspavientos contra la portavoz de Sumar y las responsables de prensa del partido magenta. Aquel desencuentro volvió a provocar que los periodistas parlamentarios, cansados por la enésima falta de respeto de los agitadores, salieron a la escalinata del Congreso a volver a mostrar su repulsa con que perfiles como Ndongo o Vito Quiles mantuviesen su acreditación.
Mal día para atacar a Intxaurrondo
No obstante, estos ataques poco importarán este jueves a Silvia Intxaurrondo. Ni los dardos de Ndongo ni los de otros perfiles muy queridos por la derecha y los ultras de este país, como Antonio Naranjo, quitarán la alegría este jueves a la presentadora de RTVE de haber ganado su batalla judicial al diario El Mundo y a su director, Joaquín Manso, por los bulos publicados en el medio conservador sobre su sueldo.
"Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a El Mundo y a su director, Joaquín Manso, a rectificar los bulos que publicaron sobre mí y a pagar las costas de ambos juicios. Tienen 3 días para hacerlo. Gracias a todos los que me han apoyado y en especial a David Bravo", escribía en redes.
Madrid lleva el dolor de las víctimas de la DANA a la calle Génova: “Exigimos responsabilidades penales”
Asociaciones madrileñas se unen en solidaridad con el pueblo valenciano para exigir la dimisión de Mazón
ElPlural
Víctor Sanjuan
29-5-25
La asociación Marchas de la Dignidad se han sumado a la presión popular ejercida sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, convocando una marcha en solidaridad con el pueblo valenciano frente a la sede del Partido Popular en Madrid prevista para este jueves a las 19:30 horas.
El paso de la DANA que arrasó Valencia el pasado mes de octubre continúa inscrito en la mente de los cerca de un millón de damnificados que aún exigen responsabilidades penales para los culpables. Por ello, más de 200 asociaciones civiles y sindicales se han organizado para una manifestación masiva en la ciudad del Turia este jueves. En apoyo a esta movilización, asociaciones madrileñas se han sumado en solidaridad con los valencianos convocando una protesta este mismo día frente a la sede del PP en Génova 13.
“Esta movilización de apoyo y solidaridad al Pueblo Valenciano se convoca para exigir responsabilidades penales para los culpables de las muertes en la tragedia del 29 de octubre de 2024. Exigiendo igualmente reparación y justicia para todas las víctimas”, ha dicho la asociación convocante.
En este sentido, ya suman ocho las protestas masivas que se han producido para pedir la dimisión y responsabilidades penales contra el presidente valenciano. La llegada de las protestas frente a los cuarteles generales de los populares busca presionar sobre la tensión que ya se respira en los pasillos de Génova sobre la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat.
Es más, la convocatoria del congreso del PP para principios de julio volvió a poner el foco sobre una posible cesión del jefe del Ejecutivo levantino. De esta forma, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo podrá ser testigo en primera línea del descontento del pueblo con Carlos Mazón, al que se apunta con todos los dedos como el principal responsable de la tragedia que acabó con la vida de 228 personas y que destruyó buena parte de los alrededores de la capital valenciana.
Por el momento, Mazón continúa sin dar la cara y trata de aferrarse a su cargo con la intención de que, con algo de suerte, pueda mantenerlo hasta el final de la legislatura. Ahora las miradas se ponen sobre el líder de la formación conservadora, quien tiene la potestad de poner fin a este mandato antes de lo previsto. Los gritos de los manifestantes que se podrán oír desde el despacho de Feijóo clamando la dimisión del presidente autonómico podrían ejercer algo de presión sobre el líder popular para que haga lo que el pueblo clama.
Sin embargo, los múltiples relatos que se comparten dentro del Partido Popular sobre su apoyo o abandono de Mazón no hacen más que difuminar el futuro tan incierto del líder valenciano. Tras las masivas movilizaciones convocadas este jueves, el Partido Popular podría hacer un examen de conciencia y poner fin a esta incomodidad que les supone Mazón. Tal vez de cara al congreso del PP dentro de unas semanas, los conservadores podrían presentar un nuevo candidato para Valencia o, al menos, librarse de algo de peso muerto.
Jueves histórico en Valencia: séptima manifestación y huelga general para exigir la dimisión de Mazón
Durante este jueves, Valencia tiene servicios mínimos y las calles vuelven a llenarse de ciudadanos que insisten en la dimisión de su presidente
ElPlural
Lirios Arques
29-5-25
Pasan los meses y la sociedad valenciana sigue llenando las calles. Lo hace porque la petición que viene reclamando desde que la DANA devastó por completo la provincia de Valencia no se ha hecho efectiva: Carlos Mazón sigue al frente de la Generalitat.
Por ello, y hasta que esto cambie de tinte, este jueves miles de ciudadanos vuelven a manifestarse por las calles de la ciudad de Valencia para que la tragedia, la gestión que el Ejecutivo de Mazón ha hecho sobre ella y las 228 víctimas mortales no caigan en el olvido. Coincide, además, en una jornada donde también hay huelga general convocada por Intersindical, CNT, CGT y COS, con su correspondiente manifestación a las 12:00 horas desde la Estación del Norte, en la calle Xàtiva, y que recorrerá el centro de la ciudad hasta alcanzar la calle de la Paz y la plaza de la Virgen, siendo la primera manifestación del día.
Precisamente estos sindicatos se concentraban este miércoles frente a las puertas de Les Corts, coincidiendo con el debate de la aprobación de los presupuestos autonómicos, para, por una parte, exigir la dimisión de Mazón y, por otra, instar a los grupos de la oposición a que se unan a la huelga. “Basta de gestos meramente estéticos”, denunciaban. Con gritos de “La Camarero nos lleva al matadero”, “Partido Popular, partido criminal”, “No hay otra manera, o con la patronal o con la clase obrera”, los sindicatos convocantes del paro de este jueves expresaban así su rechazo a la manera que ha tenido el Gobierno valenciano de gestionar la crisis que se ha derivado de la DANA.
Referente a la segunda y principal manifestación de la jornada, después de que la de abril tuviera que aplazarse al coincidir con el apagón, para este jueves está convocada a las 19:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Posteriormente, recorrerá la calle de las Barcas, Poeta Querol, la plaza de la Reina, la calle Bordadores y la calle Micalet hasta la plaza de la Virgen, donde concluirá.
Anuncian una “huelga histórica”
Así, desde CNT, su representante en Valencia Ana Mar Bueno ha adelantado que la de este jueves será una huelga “histórica” para hacer evidente, una vez más, “que lo que nos pasó el 29 de octubre no es un hecho aislado, sino que se enmarca en décadas de políticas neoliberales y negacionistas del cambio climático, y ahí tanto las instituciones como el capital son cómplices”.
Asimismo, este miércoles ponía de relieve el sufrimiento al que se enfrentaron los trabajadores en la tarde-noche del 29 de octubre sin poder regresar del trabajo a casa a tiempo, o, incluso, viéndose obligados a permanecer en sus puestos de trabajo. “Mañana iremos a las calles, pararemos el País Valencià para defender los derechos de la clase trabajadora porque el día 29 se vulneraron sus derechos y se puso en peligro a muchas personas que fueron obligadas a ir a trabajar o que tenían que volver a casa en los peores momentos para defender el capital”, lamentaba.
Por parte de CGT, su secretario general en la ciudad Juan Miguel Font ha instado a los diferentes grupos parlamentarios que secunden la huelga y muestren el rechazo al jefe del Consell. “La sociedad valenciana que ha dicho basta y que quiere ver a Mazón no solo dimitir sino también que tenga las responsabilidades penales que le corresponden por la gestión previa y posterior a la DANA”, ha señalado. Asimismo, ha insistido en que los partidos “dejen la equidistancia y se manifiesten contundentemente a favor de la huelga general”.
Al hilo de todo ello, desde COS, Isabel Sanchis ha reiterado que la oposición “debe dejarse de gestos meramente estéticos y estériles” porque se necesita “mucha más contundencia”, que “se pare la represión contra las clases populares valencianas” y que “se hagan caso a las demandas de los pueblos afectados”.
“Imposición unilateral” de servicios mínimos del Consell
No obstante, el descontento hacia Mazón se ha hecho extensible incluso a las condiciones de la huelga. Desde los sindicatos convocantes, han reprochado que el Consell haya impuesto unos servicios mínimos con “las manos manchadas de sangre” con la finalidad de “reventar el paro”. “Después de dejar morir a decenas de trabajadoras y trabajadores, el día de la DANA, en su puesto de trabajo, o yendo de casa al trabajo o del trabajo a casa, la Generalitat decreta unos servicios mínimos para reventar y hacer fracasar la huelga general de mañana”.
Denuncian así “la imposición unilateral” de estos servicios mínimos “abusivos y sin negociación” supone “un ataque claro a los derechos sindicales y laborales”. “Esta práctica, además de limitar la capacidad de incidencia y visibilidad de la protesta, vulnera el principio de negociación colectiva y el respeto al derecho fundamental de huelga reconocido tanto en la Constitución como en normativa laboral y sindical”, sostienen.
Así quedan los servicios mínimos
Con todo ello, al margen de las críticas vertidas, el Consell ha fijado en un 80% los servicios mínimos para transporte público y transporte escolar. Para metro y tranvía lo fija en un 80%; para autobuses, tanto metropolitanos como la EMT, circularán al 70% en horas valle, y del 80% en horas punta; el transporte interurbano tendrá el 65% en los servicios que cubren las rutas a los centros de trabajo; el 80% en el caso de las conexiones con aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias y del 20% en servicios discrecionales.
Asimismo, por lo que hace a la sanidad, los centros de especialidades contarán con el 25% de la plantilla y el 50% en atención domiciliaria. En los hospitales habrá servicios de domingo en hospitalización, servicios centrales urgentes, quirófano de urgencias, servicios de urgencias, cocinas, mantenimiento y centralitas. Por su parte, farmacia hospitalaria, quirófanos programados y hospitalización a domicilio tendrán el 50% de los servicios, mientras que serán del 25% en consultas externas preferentes.
En el ámbito de la educación, dependerá de la etapa educativa. En los centros de Infantil y Primaria, habrá un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno cada cuatro unidades; en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y artísticas, un profesor por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. En los centros de Educación Especial, dos educadores por cada cinco unidades.
"Feminazis", catalanes y homosexuales: los dardos del capitán de la 'UCO patriótica' fichado por Ayuso
Los chats privados a los que ha tenido acceso este periódico desvelan mensajes de tonos xenófobos y homófobos
ElPlural
J.M.G./ M.A.
29-5-25
Continúa saliendo a la luz el contenido de los chats privados entre el agente de la UCO, Juan Vicente Bonilla, ahora al servicio del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso a través de la Gerencia de Seguridad del sistema sanitario regional, con un confidente de la Guardia Civil.
En este intercambio de mensajes, el tono de ambos interlocutores pasa por dejar caer comentarios de corte machista, homófobo y contra Cataluña. Las conversaciones en cuestión, a las que ha tenido acceso este periódico, abarcan desde julio de 2016 hasta junio de 2021 en los que los implicados abordan cuestiones que van desde la figura del presidente del Gobierno, a quien llaman “felón” y “mentiroso”, a movimientos sociales como el 8M y al colectivo LGTBIQ+.
De los más de 6.318 mensajes entre el confidente de la Benemérita y el agente ahora fichado por Ayuso, se desprenden multitud de comentarios de este calado. Ejemplo de ello, con motivo de las manifestaciones feministas por el 8 de marzo en 2020, poco antes del estallido de la pandemia de coronavirus, ambos intercambiaron los siguientes mensajes:
- Confidente de la Guardia Civil: “Pero
imagina que no lo hacen y se desmadra”.
- Agente de la
UCO Juan Vicente Bonilla: “Y se concentraron en Madrid
feminazis de toda España”.
- Confidente de la Guardia
Civil: “Y sin embargo, en Italia mejoran”.
Conjuras contra Cataluña y mensajes homófobos
A su vez, entre los miles de mensajes cruzados, también se intercambian contenidos contra el colectivo LGTBIQ+ y contra todo lo relacionado con Cataluña. En este caso, dichos mensajes se remontan a junio de 2021, cuando el entonces agente de la UCO y el confidente de la Guardia Civil hablaron del fin del “sanchismo”.
Fue el 8 de junio de aquel año cuando ambos interlocutores continúan, entre bromas homófobas y catalanófobas, su investigación sobre la trama Koldo:
- Confidente de la Guardia Civil: “Tengo
tanto que contarte que deberíamos irnos de fin de semana…”.
- Agente
de la UCO Juan Vicente Bonilla: "Suena a proposición
indecente”.
- Confidente de la Guardia
Civil: “La verdad es que sí. Pero ya me conoces.
No te llevaría a Sitges.
- Agente de la
UCO Juan Vicente Bonilla: “Ni a Cadaqués. No me
gusta Catalonia”.
- Confidente de la
Guardia Civil: “A mí tampoco”.
- Agente
de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Tú sí que sabes
(…)”.
En otros extractos de las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico, Bonilla también interpela a “los indepes y etarras” que están en el Congreso de los Diputados -en referencia a grupos parlamentarios como ERC, Junts o Bildu- o contra ‘Pigdemoni’, referenciando al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont.
Así, tras las elecciones generales de 2019, ambas figuras de la UCO y la Guardia Civil intercambian los siguientes mensajes:
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Está todo jodido”.
- Confidente de la Guardia Civil: “¿Todo?”.
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Amnistías para todos. Indepes y etarras al congreso.
- Confidente de la Guardia Civil: “Viniendo de ti no sé qué pensar. Este país no lo va a conocer ni su Puta madre”.
- Agente de la UCO Juan Vicente Bonilla: “Y pigdemoni al Europarlamento (…) Y los del pp y vox a por uvas”.
- Confidente de la Guardia Civil: “Por lo menos los de vox ya empiezan a jurar los cargos por Dios y por España y eso me pone”.
El líder de la 'UCO patriótica' fichado por Ayuso se interesó por la vida privada de Pablo Iglesias: "Tienen un harén"
ElPlural ha accedido a conversaciones en las que el ahora gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud recibe información sobre los idilios personales de Iglesias
ElPlural
R.B.
21-5-25
El pasado mes de octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fichó a Juan Vicente Bonilla como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, un ente público que está adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por este puesto, Bonilla está cobrando unos 84.268,32 euros al año, pero no es eso lo que llama la atención de su figura, sino que fue fichado por el Gobierno de Ayuso cuando contaba con información reservada sobre el que después la derecha mediática bautizaría como ‘caso Koldo’ y cuando ya existían denuncias de otros Guardias Civiles que le situaban "al frente de la UCO patriótica". De este guardia civil han salido en medios de comunicación numerosos chats en los que carga contra Pedro Sánchez y otros políticos de izquierdas, y ElPlural.com ha accedido a unas conversaciones en las que también se interesa por la vida privada de Pablo Iglesias ante una información "muy fiable" que le da un confidente.
Esta conversación se remonta al 26 de marzo de 2020, con la pandemia del Covid-19 recién empezada y con el confinamiento decretado hacía tan solo unos días. En ese marco, el guardia civil y su confidente hablan de "un chisme" sobre el entonces vicepresidente del Gobierno y su familia, incidiendo directamente en su vida privada. En concreto, el contacto del ahora gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud aseguraba que Pablo Iglesias habría mantenido un idilio fuera de su relación con Irene Montero con la otrora secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Lilith Verstrynge.
Conversación del 26 de marzo de 2020 entre Juan Vicente Bonilla y su contacto
Confidente: ¿Sabes un chisme?
Juan Vicente Bonilla: Cuenta.
Confidente: Según me han dicho...
Confidente: El coletas estuvo en el Consejo de Ministros...
Confidente: Y no pasó la cuarentena porque ya no convive con la Irene. Está liado con la hija de Verstrynge. ¿Cómo te quedas?
Juan Vicente Bonilla: ¿Sí? ¿Fiable?
Confidente: Muy fiable.
Juan Vicente Bonilla: Jajajaja. Qué pichasbravas son estos de Podemos.
Confidente: Por eso sabe que no puede tener el bicho (Covid-19).
Juan Vicente Bonilla: Entre él y Monedero tienen un harén.
Confidente: A no ser que se lo pase la nueva.
Ayuso asegura desconocer la figura de Bonilla
Por su parte, al ser preguntada esta mañana por ElPlural.com por la figura de Juan Vicente Bonilla, la presidenta de la Comunidad de Madrid despachaba con celeridad el asunto asegurando que "desconocía la procedencia" del ex guardia civil y que "lo consultaría" con la Consejería de Sanidad.
"Desconozco su procedencia, el perfil que me comenta… Lo preguntaré a la Consejería", ha respondido la responsable de Sol. Este medio se había dirigido previamente a fuentes del entorno de la baronesa autonómica en relación con los mensajes de WhatsApp filtrados, pero la han remitido al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Acto seguido, la Consejería de Sanidad sí ha respondido con una mayor clarividencia, aunque de forma igualmente evasiva: "Respecto del concepto ‘demostrarían’ no podemos hacer valoración alguna, ya que de ser así entendemos que será un juez quien determine si demuestran o no… En ese apartado no entramos y al ser un asunto judicializado se dirimirá donde corresponda".
Suscribirse a:
Entradas (Atom)