Carta
abierta (de un periodista) a ‘los cinco del Supremo’
Excmos
Sres. D. Andrés Martínez Arrieta; D. Manuel Marchena; D. Antonio
del Moral; D. Juan Ramón Berdugo y Exmca. Sra. Dª Carmen Lamela:
Me
dirijo a ustedes, con nombres y apellidos, para que quede claro que
uno sigue considerando al Tribunal Supremo un mimbre fundamental del
Estado de derecho, aunque algunos de sus magistrados más eminentes
(ustedes) se empeñen en dilapidar los restos de prestigio que le
puedan quedar a la institución y emitan sentencias que, por sí
mismas, hacen más daño al crédito del “sistema” que cualquier
movimiento revolucionario “antisistema” o simplemente
autoritario.
No
cometeré la osadía de discutir su sentencia en un plano
técnico-jurídico. No soy jurista. Leo con atención (es mi
obligación) los 184 folios de su texto y, con el mismo afán de
entender, las 54 páginas en las que las Excmas. Sras. Dª Ana Ferrer
y Dª Susana Polo van desmontando en su voto particular, uno por uno,
los argumentos de la condena para concluir de un modo contundente:
“La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera
sospecha, que se decanta, entre las varias opciones igualmente
posibles, por la más perjudicial para García Ortiz, y, además, la
más artificiosa”. Lo cual, en cristiano, constituye una flagrante
violación de la presunción de inocencia.
Este
último reproche no se lo hacen exclusivamente las dos magistradas
discrepantes con el fallo y partidarias de la absolución de Álvaro
García Ortiz. Vienen haciéndolo juristas “de reconocido
prestigio” (ver esto del catedrático Jordi Nieva en TintaLibre de
septiembre) desde casi el minuto uno de este proceso que,
probablemente, se estudiará algún día en las facultades de Derecho
como un enrevesado artefacto técnico-jurídico-antidemocrático. Y
si no se estudia por los futuros abogados o magistrados dará
–seguro– para una o varias series de Netflix o Movistar+ (si es
que no sucumben también a la dictadura de los oligopolios
tecnológicos nada apolíticos).
Sin
rodeos: resulta ya cansina la muletilla de “acatamos aunque
discrepamos y respetamos…”. Se lo digo de frente y negro sobre
blanco: no me inspira su condena el menor respeto, ni como periodista
ni como ciudadano demócrata.
Me
explico (o al menos lo intento).
Han
tardado ustedes 19 días desde la comunicación del fallo,
permitiendo un debate público absurdo sobre una sentencia
desconocida pero cuya argumentación parecía oscilar entre dos
posibilidades: o condenaban (sin prueba sólida alguna) al fiscal
general por la filtración del maldito correo del abogado de la
pareja de Ayuso, o bien por la nota informativa cuya responsabilidad
asumió el propio García Ortiz y que, en principio, cuatro de
ustedes cinco consideraron que no contenía “aparentemente”
ninguna ilegalidad. Pues bien, lo que han parido dibuja
“aparentemente” esa reacción prepotente de “… y dos huevos
duros”. Intentan sostener que el fiscal general no solo es
responsable (confeso) de una nota informativa ilícita sino también
de la filtración de un correo que –ustedes admiten– pudo
ejecutar “el acusado o una persona de su entorno inmediato y con su
conocimiento”. Eso sin citar contradicciones flagrantes sobre la
propia doctrina de su mismo tribunal.
Nunca
he percibido con tanta claridad el paralelismo entre la función en
democracia de la judicatura (más responsable cuanto más alta sea la
instancia) y la del periodismo (más exigente cuanto más honesto sea
el desempeño de su función). Se lo digo de forma más cruda:
ustedes basan toda su condena en rumores, en deducciones, en
“inferir” o “interpretar”. Hasta el punto de sostener que
condenan a García Ortiz porque es la “única opción” plausible.
Sin contemplar ni por asomo las muy variadas opciones que en el
proceso han surgido, como se refleja con detalle en el voto
particular.
Los
jueces del Supremo no sólo han hecho caer al único cargo de la
esfera judicial nombrado por el Gobierno, sino que han dado un
espaldarazo (¿definitivo?) a la política basada en el bulo, en la
mentira, en la desinformación
Miren,
aunque no se les pase a ustedes por la cabeza, un medio o un
periodista decente no publica historias basadas en simples rumores,
deducciones o testimonios no contrastados. Y, en mi infinita
ingenuidad, como demócrata doy por sentado (o ya no) que, con mucho
más motivo y obligación, los jueces no pueden basar una condena en
simples rumores, deducciones, “coincidencias llamativas”… como
ustedes hacen sin pudor (en la lectura incluso de cualquier lego). Un
rumor no debe ser noticia y una “inferencia” no puede ser prueba
de cargo.
Ustedes
dan unos rodeos de beodos para justificar un registro en la sede de
la Fiscalía General del Estado absolutamente prospectivo y más
digno del desmantelamiento de la cúpula de un grupo narco. Ya dirán
instancias superiores (el TC o el TJUE) si no es un verdadero
atropello, pero en todo caso, para un periodista y para un magistrado
(mínimamente honestos), lo trascendente será si de todo ese
espectáculo sale una prueba. Y no. Ninguna.
Llegamos
ya a la almendra de lo que pretendo plantearles: la lectura atenta de
todo lo que afirman sobre los testimonios de los periodistas y su
valoración en el proceso me ofende profundamente, como periodista y
como demócrata. Ustedes no han entendido (o no han querido entender)
en qué consiste el oficio del periodismo y mucho menos el secreto
profesional de las fuentes consagrado en la mismísima Constitución
(artículo 20 1.d). Lanzan ustedes besitos, admitiendo la “veracidad”
de los testimonios de los periodistas y blablabla… Pero dejan caer
que, como no hay un desarrollo legal de ese precepto constitucional,
los periodistas no estamos obligados a respetar ese secreto.
¿Ustedes,
de verdad, pretenden hacerse pasar por garantes del Estado de
derecho? Miren, si consideran falso el testimonio de Miguel Ángel
Campos, compañero especialista en tribunales en la Cadena SER –que
ha declarado expresamente y obligado a decir verdad que no fue García
Ortiz quien le filtró el correo–, entonces deben abrir causa
contra él por falso testimonio en el juzgado que corresponda, como
él mismo ha solicitado.
Lo
que ustedes, ‘los cinco del Supremo’, han ejecutado no es sólo
el atropello a la presunción de inocencia del ya exfiscal general
del Estado Álvaro García Ortiz, sino también al periodismo decente
y a la protección de las fuentes, que es un derecho de la
ciudadanía, de los demócratas, no propiedad de los periodistas, ni
de los políticos, ¡ni de ustedes, los jueces! Sin la confianza de
una fuente en su confidencialidad no existe el derecho a una
información veraz, que deben garantizar todos los poderes del
Estado, incluido el Tribunal Supremo.
Ustedes,
Excmos. Sres. Martínez Arrieta, Marchena, Del Moral y compañía no
sólo han hecho caer al único cargo de la esfera judicial nombrado
por el Gobierno, sino que han dado un espaldarazo (¿definitivo?) a
la política basada en el bulo, en la mentira, en la desinformación.
El medio que hizo de altavoz de la campaña ideada por la mano
derecha de Ayuso, el diario El Mundo, se permite presumir de hacer
buen periodismo, cuando sirvió de mero transmisor de un invento
(reconocido por su autor “de pelo blanco”) para instalar la
especie de que nada menos que “todos los poderes del Estado”
perseguían a Alberto González Amador por ser pareja de la
presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que el fiscal
general del Estado prohibía llegar a un acuerdo para evitar la
cárcel a un DEFRAUDADOR FISCAL CONFESO, se pongan ustedes como se
pongan. Han dado carta blanca a un bulo que acusaba de delitos a un
poder del Estado, y ustedes se dedican a condenar la defensa legítima
que ese poder del Estado realiza. Como dice el voto particular, no
era una opción para el fiscal general, “era la única opción”.
Era su obligación.
De
la misma autoría –compartida– de quien retorció el concepto de
la malversación para boicotear la aplicación de una ley de amnistía
aprobada mayoritariamente por el Legislativo (ver aquí) surge ahora
la muy peligrosa jurisprudencia que establece que se puede condenar a
todo un fiscal general por simples conjeturas, violando sin complejos
la presunción de inocencia del encausado, y además ignorando un
derecho elemental de la ciudadanía como es el del acceso a una
información veraz, imposible sin la protección del secreto
profesional de las fuentes.
Uno
procura ejercer la ingenuidad imprescindible para mantener la
esperanza, pero sin gilipolleces. Todo lo que estamos hoy analizando
lo sabíamos desde el minuto uno de este proceso. Tenían el nombre
de García Ortiz en la diana, tenían el propósito y se demostró
durante todo el proceso que no interesaba en absoluto atender a otras
“hipótesis” que las que iba hilvanando el tal Hurtado, ese juez
que no vio relación alguna del PP en la trama Gürtel. Curioso:
M.Rajoy podía ser cualquiera, pero un correo recibido por medio
Madrid tuvo que ser enviado, sí o sí, por García Ortiz… “o una
persona de su entorno inmediato…”
Estarán
ustedes orgullosos. El del pelo blanco anda henchido de razones,
presumiendo de eficacia en la difusión de bulos, mientras los
simples periodistas que cumplen lo mejor que pueden su función
democrática se ven ignorados, despreciados e incluso pendientes de
algún procesamiento consecuente con todo este disparate.
Con
(escaso o nulo) respeto, les lanzo una apuesta: si periodistas
decentes (como Miguel Ángel Campos, como José Precedo, como José
Manuel Romero, como Alfonso Pérez Medina, o como Manuel Altozano…)
publicaran una historia que acusara de algún delito a cualquier
personalidad pública basándose en conjeturas, deducciones o
“coincidencias llamativas”… ¿respaldarían ustedes la
información publicada por difamatoria que fuera? Relájense. Ninguno
de ellos –ni los medios para los que trabajan– la publicaríamos.
Esa es la diferencia. No nos confundan.
Atentamente,
Jesús
Maraña
