2025, el año en el que la derecha activó todas sus palancas para
asaltar el poder: medios, curas y toga
La maquinaria ha funcionado a pleno rendimiento
este año, con muchos frentes abiertos y un objetivo común
R.B.
28-12-25
ElPlural
Medios, curas y toga. Han sido las tres vías por
las que la derecha ha intentado desgastar al Gobierno de coalición y
acelerar la recuperación de un poder político en manos del
progresismo desde 2018. La publicidad institucional a
medios afines, la actividad judicial bajo términos dudosos y hasta
la entrada en escena del Clero han sido las bazas que
se han jugado desde el conservadurismo para mellar a un Ejecutivo
que, no tanto por estas presiones sino por otros reveses
parlamentarios e internos, aqueja actualmente una difícil situación
que pone en entredicho la gobernabilidad y abre el debate para un
posible adelanto electoral en 2026. Pero todo suma,
claro, y tampoco puede negarse el efecto político,
mediático y social que estas artimañas han tenido sobre el
gabinete que lidera Pedro Sánchez.
La vía mediática
En primer lugar, la publicidad institucional. Son muchos los
medios escorados a la derecha que reciben cientos de miles de euros
de las administraciones que rige el Partido Popular, como The
Objective, Estado de Alarma (EDATV) o el grupo Libertad
Digital de Federico Jiménez Losantos. Por ejemplo, la
Comunidad de Madrid destina en campañas publicitarias una gran
cantidad de dinero a The
Objective, concretamente 93.170 euros en
2023 (se desconoce la de 2024), una cantidad muy
superior a la percibida por periódicos con mayor audiencia. Este
mismo medio publicó, el 7 de abril del pasado curso,
un bulo incluido en la denuncia de
Manos Limpias contra Begoña Gómez que aceptó el juez Peinado,
en el que aseguraba que la mujer del presidente ocultaba una
subvención, pero que resultó que correspondía a otra María Begoña
Gómez Fernández (apellidos comunes) y la justicia obligó a
rectificar. Las vías judicial y mediática se
entrelazan constantemente.
Por otro lado, también se hizo público, por
medio de El Salto, que el PP pagó
680.000 euros de dinero público a EDATV, el canal que
catapultó a la fama a Vito Quiles Javier Negre y Bertrand Ndongo. En
concreto, 172 contratos públicos entre 2021 y 2022, con
entidades dependientes de la Comunidad de Madrid
de Isabel Díaz Ayuso, la Xunta de Galicia de Alberto Núñez
Feijóo, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández
Mañueco y la Diputación de Almería del recién detenido por
corrupción Javier Aureliano García. Cuatro
feudos del Partido Popular alineados para financiar con dinero
público una web de noticias y un canal de Youtube de extrema derecha
sin apenas visitas ni repercusión en aquel momento.
Este verano, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de
ley de la Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de
Ordenación de los Medios de Comunicación, norma con la que el
Gobierno de coalición buscaba exigir una mayor
transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios de
comunicación. "Consiste en reforzar los
derechos digitales y nuestra Democracia", sostenía el
ministro de Transformación Digital, Óscar López,
al explicar la norma.
La vía judicial
La financiación a medios de comunicación de derecha y extrema
derecha para que mellen la confianza ciudadana en el Gobierno era la
primera vía de la estrategia de desgaste. La segunda,
la judicial, entrelazada con la primera en los casos que se terminan
mediatizando, como el de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña
Gómez, o
el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En estos
dos ejemplos existen investigaciones judiciales que o bien se dan
con carácter prospectivo (investigando de
manera indiciaria y no en base a hechos demostrados), como en el caso
de Gómez, o bien han dejado una sensación de
incredulidad en la ciudadanía ante un veredicto
sorprendente, como en el el caso de García Ortiz.
Las investigaciones prospectivas, de hecho, son un tipo
de proceso judicial que está prohibido en España. Están
basadas en futuribles, en 'por si acasos', en investigar
por ver si se encuentra algo, sin que haya motivos legales
para ello y sin que existan indicios delictivos.
Un término, a su vez, enarbolado reiteradamente por el Gobierno para
referirse a las investigaciones del juez Peinado. Según la Real
Academia Española de la Lengua (RAE), el término
prospectivo/a tiene dos significados:
1. adj. Que se refiere al futuro.
2. f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin
de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia.
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad
del País Vasco (UPV) Norberto J. De la Mata,
argumentaba que es aquella que se produce cuando "no hay un
hecho delictivo claro, por lo que no debería hacerse". Como
ejemplo, De La Mata menciona casos que se conocen a través
de los medios de comunicación y que un juez decide investigarlos sin
existir denuncias previas. "Es como si nos investigan a
cualquiera de nosotros sin pruebas pero por si acaso
hemos cometido o vamos a cometer algún delito”, explicaba el
experto en
declaraciones a Newtral. En el caso de Begoña
Gómez, el caso dinamitó por unos recortes de prensa provenientes de
Manos Limpias que el juez aceptó.
La esposa del presidente también trasladó su asombro por
la justificación del juez, quien lamentaba esa búsqueda de
indicios al ver en esta actitud una forma de revisar de manera
general las actuaciones de los investigados con la esperanza de
descubrir elementos incriminatorios. "El juez está
buscando un pretexto para abrir la investigación",
afirmaba Gómez.
Por otro lado, el fiscal general del Estado, un puesto de
responsabilidad de nombramiento directo del Gobierno, tuvo que
afrontar una denuncia por revelación de secretos procedente del
novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González
Amador, por la presunta filtración de su petición de acuerdo fiscal
con Hacienda y la trascendencia mediática del mismo. El
Tribunal Supremo se saltó su propia jurisprudencia y decidió
condenarle a dos años de inhabilitación a pesar de no
haber impuesto penas en casos similares anteriores y de los
testimonios de los periodistas determinaban que habían obtenido la
información antes que él y por otra fuente, lo que le eximiría
teóricamente de la responsabilidad. Un caso fuertemente mediatizado,
que le daba un golpe al Ejecutivo y que continuaba la tendencia de
que aquel que remase contra los intereses de Isabel Díaz Ayuso y su
entorno lo pagaría especialmente caro, como ya le ocurrió a Pablo
Casado.
La vía clerical
Para más inri (nunca mejor dicho), los curas
también han entrado en escena este año. No suele ser habitual
que los altos representantes de la Iglesia se pronuncien sobre
cuestiones políticas, al menos no más allá de los
mantras más tradicionales asociados a la religión como
pueden ser el aborto, la homosexualidad o la inmigración. La
política parlamentaria pertenece a otro plano que no suele
entremezclarse con el Clero. Pero como siempre, hay excepciones: el
arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Luis Argüello García, concedió
este mes de diciembre una entrevista con La Vanguardia en
la que reflexionó sobre el actual momento político y social, y
en la que, en esencia, abogó por el adelanto electoral o por la
moción de censura a Pedro Sánchez.
En el mes de julio, Argüello hizo un primer pronunciamiento en el
que pidió la convocatoria inmediata de elecciones,
que ya podía leerse como una petición de dimisión al Gobierno. Al
ser preguntado si mantiene ese clamor unos meses después, el
arzobispo exponía que cuando hizo esa reivindicación nació de que
"queríamos impulsar, junto a Cáritas, una iniciativa
legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes, pero no
prosperó". "El grupo socialista nos dijo que la
situación está bloqueada y sin perspectiva de que haya presupuesto.
Hoy se confirma ese diagnóstico y la situación está más bloqueada
aún. Así que reitero lo que dije en julio: cuestión
de confianza, moción de censura o dar la palabra a los
ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución",
argumentaba el religioso, con unas declaraciones que suponían la
primera vez desde 1977 que un presidente de la Conferencia Episcopal
pedía la salida de un Gobierno. "El momento actual es singular,
con una legislatura sin presupuesto", señalaba Argüello.
Al ser preguntado si ha valorado la posibilidad de trasladar estos
pensamientos a los órganos de la Conferencia
Episcopal para materializar un pronunciamiento colectivo, el
arzobispo desecha la idea, porque no lo considera un
asunto de la primera fila de su reflexión. "No es un
asunto que haya estado nunca en nuestra primera línea, como sí lo
están otras cuestiones como la vivienda o la inmigración",
valoraba. Pero la piedra estaba tirada.
Tres palancas y tres frentes diferentes con un objetivo común: la
debilitación de un Gobierno progresista que, aunque no esté en sus
mejores momentos y cuya acción también ha sido criticada por los
propios votantes de izquierda, se ha erigido como contrapoder de un
conservadurismo al que no le gusta que le busquen las cosquillas en
exceso. 2026 aguarda con un posible adelanto electoral ante el que el
Gobierno se niega, centrados en agotar la legislatura, y con una
situación de desgaste contra la que habrá que remar del mismo modo
que rema contra los citados frentes de presión.
