impunidad del
franquismo
Utrera Molina justificó las
penas de muerte franquistas en una entrevista de 2014
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, responde con un
contundente y documentado escrito a la demanda de la familia del exministro
franquista contra él, Teresa Rodríguez y Alfredo Díaz-Cardiel
Público
raúl bocanegra
“Los Consejos de Ministros…eso lo llevaba el
Ministro de Justicia y Franco lo firmaba y los demás no decíamos nada, estábamos
de acuerdo con lo… las medidas que se podían tomar. Pero yo concretamente ni
siquiera recuerdo que pasara eso por consejo de Ministros, yo no… es que no me
acuerdo, si no lo diría, no me acuerdo, pero es que aunque estuviera allí, pues
claro, pues habría dicho que sí a tal (sic) decisiones colectivas frente a
gente que se estaba acreditando en el asesinato y en el ataque al Estado.
Lógicamente estábamos en contra de todos aquellos que querían subvertir el
orden en España”. Con estas palabras, justificó el exministro franquista, José
Utrera Molina, las condenas a muerte franquistas –incluida, claro está, la del
militante anarquista Salvador Puig Antich, en 1974– en una entrevista con la
Voz de Nerja, publicada aquí el 22 de
septiembre de 2014.
La entrevista es uno de los documentos que contiene
el contundente y trabajado escrito que han presentado los abogados del diputado
de ERC, Gabriel Rufián, en un juzgado de lo Civil de Madrid para defenderse de
la demanda que le ha puesto la familia de Utrera Molina por dos tuits. La
familia política (Utrera Molina era su suegro) de Alberto Ruiz Gallardón,
exministro de Justicia de Mariano Rajoy, le reclama a Rufián 10.000 euros en
concepto de daños al honor, la retirada de los tuits y la publicación de la
sentencia, en caso de ser condenatoria, en Twitter y en un diario nacional,
además del pago de todas las costas. La demanda también va dirigida contra
Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía y contra el
exdirigente de Podemos en Castilla La Mancha, Alfredo Díaz-Cardiel, a quienes les pide lo
mismo.
Rufián sostiene que sus tuits son opiniones y
comentarios sobre frases de dominio público difundidas por la prensa
El pasado 2 de marzo, Rufián, activo y polémico
tuitero, escribió en la red social lo siguiente:
“A
Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44
años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó
su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Que no se te
olvide”.
Un año antes,
el 22 de abril, día en que falleció el exministro franquista, Rufián había
puesto este otro tuit: “A Puig Antich le rompieron el cuello con un garrote vil
y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 en su cama. Que no se
olvide”.
En el escrito de defensa, Rufián sostiene que los
tuits “son comentarios, opiniones, manifestaciones personalizadas sobre frases
de dominio público difundidas por la prensa. En los términos utilizados en los
tuits, se entiende bien la relación que el finado (Utrera Molina) tuvo con la
ejecución de Puig Antich. Lo cierto que, como gobernante, el difunto Utrera
Molina, validó aquel trámite, sea con convicción, con desidia o por la lealtad
de la que siempre alardeaba. Por mucho que sus hijos le quieren desligar de
aquella ejecución, que seguramente les resulta poco compatible con la imagen de
hombre bueno y de fe católica que le atribuyen con veneración, hablamos de un
hecho sobre el que tiene su cuota de responsabilidad”.
El artículo 20 de la Ley del Gobierno franquista
decía lo siguiente: “El Presidente y los demás miembros del Gobierno son
solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros”.
En aquel entonces, si el Ejecutivo decidía refrendar una pena de muerte, se
daba por enterado de la misma. Esto fue lo que sucedió en el caso de Puig
Antich. Y así lo recogió la jueza argentina María Servini, en un auto de
octubre de 2014, con la siguiente fórmula:
“Hechos que habré de imputarle a José Utrera
Molina: El haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador
Puig Antich”
Hacerse eco de las informaciones
En su escrito, Rufián agrupa diversos recortes de
prensa que dan cuenta de la acusación de la jueza argentina, María Servini, que
indaga una querella de la familia de Puig Antich. “Es la prensa, pues, -prosige
la defensa de Rufián- la que difunde primero la acusación de una jueza
argentina por delitos de lesa humanidad. No se duda de la firma necesaria de
Utrera Molina en la tramitación de la pena de muerte, se da por hecha esa
participación. Por eso, cuando fallece, es la prensa la que de nuevo incide en
la contribución de José Utrera Molina a la consumación de la ejecución”.
Agrega el escrito: “De hecho, a la vista del
contenido de las noticias, es incomprensible que los demandados se ensañen con
los tuits, en lugar de luchar por una rectificación de esos artículos
demandando judicialmente a los informadores, si es que de verdad se
considerasen deshonrados. La participación del finado en los trámites
necesarios para llevar a efecto la ejecución se da por hecho en todas las
noticias, con cita de su nombre y afirmaciones tan explícitas como estas:
“Fue
uno de los firmantes de la pena de Salvador Puig Antich”,
“la magistrada le imputaba el haber convalidado con
su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich”, ejecutado a garrote
vil “firmó la sentencia de muerte”, “firma la sentencia de muerte” “uno de los
ministros responsables”, “validó la ejecución”, “firma la orden de ejecución”…”
"Utrera Molina era miembro orgulloso del
Gobierno en aquel momento y no ha renegado de nada"
Y rematan los letrados de Rufián: “El tuit del día
del óbito, posterior en el tiempo a la mayoría de las noticias que hemos
reseñado, se limita a hacerse eco, de forma muy contenida por cierto, de esas
informaciones”. “En cuanto al segundo tuit, se limita de nuevo a hacerse eco de
las palabras de los informadores y lo hace en un tono que no tiene otro
propósito más que el de disentir de la pena de muerte y del uso que de la misma
se pudo hacer en el franquismo. La cita y vinculación del “agraviado" le
viene dada por la prensa, pero en cualquier caso ya hemos explicado que era
miembro orgulloso del gobierno en aquel momento y que no ha renegado de nada.
Son los hijos, o al menos alguno de ellos, los que al parecer difunden a la
prensa el óbito, seguramente con la sana intención de rendirle homenaje, pero
exponiendo de hecho a su difunto padre a los titulares de prensa que se
encontraron después, en una sociedad en la que las noticias se difunden de
forma viral”. En el funeral de Utrera Molina, de hecho, se cantó el Cara al
Sol, himno de la Falange.
"Los hijos del difunto habrían deseado un
reconocimiento público que hoy es impensable"
Sobre la alusión a la muerte en la cama, los
abogados de Rufián sostienen que “se trata de un dato, sin más”. “De merecer
alguna connotación, teniendo presente el contenido de las noticias comentadas
que inspiraron los tuits, sería para significar la idea de que los gobernantes
franquistas gozaron del perdón y, como en este caso concreto, disfrutaron de
una vida larga, mientras que al condenado a muerte no se le conmutó la pena, a
pesar de la demanda internacional, falleciendo muy joven dramáticamente".
"Compagina mejor el mensaje -añaden los
letrados del diputado de ERC- con el lamento por la falta de compasión que con
la inexistente acusación de asesinato que la parte actora se obstina en
enfatizar. No hay discurso del odio. Al contrario, el mensaje es humano y conciliador,
lamentando un pasado que no podemos ni debemos olvidar. Es falso que los tuits
de Gabriel Rufián hagan reseña sobre las creencias, ni contienen ninguna
palabra que pueda incitar al odio. Los hijos del difunto habrían deseado un
reconocimiento público que hoy es impensable; se sienten agraviados por la
respuesta de la prensa y se ensañan selectiva e interesadamente contra los
demandados. Pero por mucho que se cargue la pluma en la demanda, los hechos son
como son y los mensajes son expresiones de libre opinión forjada sobre hechos
difundidos en prensa, no exentos de veracidad y carentes de afrenta al honor y
a la imagen”.
Libertad
de expresión
La defensa de Rufián recoge además las siguientes
reflexiones: “El contenido de los tuits es ajustado al derecho de libertad de
expresión, así como a las resultas de la actividad a la que se dedicó el finado
libremente. La exposición pública a la crítica social es algo inherente a la
vida del político y especialmente cuando forma parte de un gobierno; no digamos
ya si se trata de una dictadura (pensemos en la imagen que recibimos de los
dirigentes de Venezuela o Corea del Norte). Las posibles inexactitudes que
pudiesen achacarse a los mensajes litigiosos, tienen que ser contextualizadas,
no dramatizadas tendenciosamente".
"La imagen de Utrera Molina -agrega su defensa-
no ha sido en modo alguno afectada por los tuits, es su objetivada pertenencia
al Gobierno, bajo cuyo mandato se perpetró la ejecución [de Puig Antich] la que
le coloca en una posición comprometida a la luz pública; es la prensa
contemporánea la que le adjetiva y le atribuye el hecho; es su propio discurso
anacrónico el que alienta la reprobación de la prensa y de las generaciones
actuales; y es una juez argentina la que le llama a declarar por posible delito
de lesa humanidad”.
"Enjuiciamos una expresión coloquial de
carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado
Utrera"
Añaden los abogados del diputado: “José Utrera
Molina no podría sentirse hoy agraviado porque alguien le reproche un papel
(aunque fuere de comparsa), voluntariamente asumido, dentro de la
teatralización que dotaba de formalidad legal una condena a muerte.
Independientemente de la calificación de su asentimiento o ausencia de
oposición a la pena capital, estamos aquí enjuiciando una expresión coloquial
de carácter crítico sobre un hecho histórico en el que estuvo implicado el
político Utrera Molina, mal que les pese a sus hijos; y es obvio que en el
discurso del ofendido rechinaba una doble moral que da pie al reproche del
observador actual. Así, cuando se aplauden, se justifican y se comparten las
decisiones del dictador y se ha contribuido de buen grado al buen fin de su
política, no se puede exigir a la sociedad que deslinde quirúrgicamente a José
Utrera Molina de aquellas cuestiones que ahora resulten incómodas a su familia
y sobre las que prefiere no se le identifiquen”.
Y rematan así su razonamiento: “Es completamente
normal que el público perciba al finado como implicado y le acuse
coloquialmente de connivencia, especialmente si se hace un esfuerzo por conocer
su figura, a través de sus memorias y de sus últimas apariciones en los medios.
De hecho, la revisión de la hemeroteca evidencia que el difunto Utrera Molina,
tras el fin de la dictadura, justificaba los actos de gobierno realizados
durante el franquismo, ensalzando la figura del dictador y sintiéndose
orgulloso de su implicación política y personal”.
Justificación
de la dictadura
El escrito de defensa recoge un extracto de la carta
que Utrera Molina envió a la Diputación de Sevilla en noviembre de 2016, cuando
esta institución decidió retirarle los honores de que gozaba. Escribió el
exministro franquista: “Se me acusa también de falangista, como si el hecho de
serlo me desacreditara públicamente. Pero en este caso no puedo ni voy a
defenderme porque quiero afirmar con orgullo y la cabeza bien alta, que he
sido, soy y seré mientras viva, falangista. […] Y finalmente se me acusa con
especial crudeza de ser leal a la memoria del anterior Jefe del Estado, Francisco
Franco Bahamonde, a quien se le dirigen toda clase de insultos, pese a que ya
está desde hace más de 41 años sometido al juicio de Dios y de la historia. Que
la lealtad y la coherencia política sean consideradas un descrédito, dice mucho
del talante democrático de quien formula la acusación".
"Pero no me arrepiento ni me arrepentiré jamás
de haber servido a España -continúa la misiva- y en este caso, al pueblo
de Sevilla, bajo el mandato de un hombre excepcional al que algún día, cuando
el tiempo deje pasar la tormenta de las pasiones y la objetividad se abra paso
entre las nubes del odio y del rencor, se reconocerá como uno de los mejores
gobernantes que ha tenido España, dejando a su muerte una nación mucho mejor,
más fuerte, justa y cohesionada que la España rota de la que tuvo que hacerse
cargo en una de las horas más trágicas de su historia”.
"No fue un títere ni un político sometido a los
dictados del Jefe del Estado. No reniega de nada y estuvo entregado a la
causa"
Utrera Molina añadió entonces: “Pero por no rehuir
ninguno de los aspectos que tan apasionadamente se vierten en esa proposición,
reitero en este momento que entre mis responsabilidades públicas en el gobierno
de la nación jamás estuvo la de dictar sentencias o condenas de ninguna clase,
ni siquiera la de su validación o consentimiento, pues tales competencias
estaban claramente delimitadas por la legalidad vigente”. La defensa de Rufián
reflexiona al respecto de este extremo: “No parece pues que el finado fuese un
títere ni un político sometido a los dictados del Jefe del Estado. No reniega
de nada, muy al contrario, estuvo entregado a la causa; sin embargo pretende
que el público le distancie de las ejecuciones que pasaron por su mesa de
despacho alegando que sólo le cabía participar en un trámite formal
intrascendente”.
Además, el diputado de ERC añade en el documento
enviado al juzgado que “no se sabe que el supuesto agraviado haya demandado
judicialmente en vida a ninguna editorial por ese tipo de manifestaciones, que
se vertían con crudeza ya en los años anteriores. Al contrario, el señor Utrera
Molina se expuso a los medios, muy consciente de la crítica social, concediendo
entrevistas provocadoras en las que se enorgullecía de su condición de
franquista y falangista. De modo que si el afectado no se sintió en vida
cohibido ni renegó de nada ni luchó por reponer su honor o su imagen frente a
las manifestaciones que le vinculaban con las penas de muerte, mal pueden sus
hijos coger el testigo de un supuesto agravio que no habría ofendido al padre”.
“A modo de resumen, -indican los abogados del
diputado de ERC- concluimos que en los mensajes de Gabriel Rufián: No hay
mención a creencias, ni insultos ni vejaciones ni acusación de asesinato. No
hay pretensión de informar, sino de compartir un sentimiento u opinión. Se hace
reflejo de noticias de prensa repetitivas que dar por cierto el hecho. Y han de
tenerse presente los siguientes hechos: Los demandantes omiten la existencia de
reseñas de prensa mucho más explícitas y eluden cuestionar su veracidad. El
finado participó en el Gobierno por el que hubo de pasar el trámite de la
ejecución. El difunto se reconoció como mínimo obediente en el trámite e
incluso partidario de las ejecuciones”.
Licenciado en Derecho,
fue ministro de la Vivienda con Carrero Blanco, pero cuando ETA asesinó a
Carrero (20.12.1973), el nuevo presidente, Arias Navarro, le confirmó en el
Gobierno, aunque le cambió de departamento: le dio la Secretaría General del
Movimiento, el órgano desde el que se controlaba Falange Española y en la que
cesaría en marzo de 1975. Para sustituirle, el propio Franco dio el nombre del
histórico ministro José Solís, conocido con el apelativo de “la
sonrisa del régimen”. Pese a todo, Utrera Molina fue el franquista más
reacio a los cambios que se produjeron en España tras la muerte del dictador.
Utrera es suegro del
que fuera alcalde de Madrid y ministro de Justicia con Mariano Rajoy, Alberto
Ruiz-Gallardón, y siempre ha defendido en documentales y libros la figura
del dictador y el legado del franquismo. Es conocida su obsesión por la enseña
preconstitucional hasta el punto de que tituló sus memorias con el explícito
título de “Sin cambiar de bandera”. En 2007 escribió un artículo
en Abc en el que descalificaba la retirada de honores a Franco por parte
del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por aquel entonces por su yerno: “Yo
declaro aquí, en este artículo, mi lealtad a Francisco Franco. Lo hago
consciente de los ataques que aún he de recibir, de las injurias que van a
cubrir mi nombre, de las patrañas que van a envolver la verdad que defiendo,
pero entiendo que esa lealtad jurada me obliga hasta el último día de mi
existencia”.
A Utrera Molina, la
juez argentina María Servini de Cubría acaba de imputarle por crímenes durante
el franquismo; en concreto por “haber convalidado con su firma la sentencia de
muerte de Salvador Puig Antich “, según se lee en el Auto.
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