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La operación sin precedentes para exhumar a las víctimas del Valle de los Caídos
Unas 60 familias aguardan al inicio de los trabajos para recuperar los cuerpos de los suyos de entre más de 30.000 esqueletos, un reto desconocido para los forenses.
La lenta maquinaria de la burocracia y los presupuestos ha hecho que se haya tardado cinco años en cumplir lo que un juez ya ordenó en 2016, poniendo al límite, una vez más, la paciencia de las familias de las víctimas y las asociaciones memorialistas: esta semana, al fin, el Gobierno ha pedido al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) la licencia urbanística para iniciar los trabajos que permitan localizar, identificar y sepultar dignamente a combatientes de la Guerra Civil, en su mayoría republicanos enterrados en el Valle de los Caídos contra su voluntad.
La salida del dictador, Francisco Franco, en octubre de 2019, saldaba una deuda pendiente, pero quedan más. Según el censo del Ministerio de Justicia, hay 33.833 personas enterradas en las siete capillas y criptas de la Basílica de la Santa Cruz, más de 12.000 de ellas sin identificar. Son combatientes nacionales y republicanos, llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de toda España para rellenar -en muchos casos sin permiso ni información a las familias- el faraónico monumento ordenado levantar a mayor gloria del régimen.
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Comienza un proceso muy complejo en lo técnico y en lo emocional, por el que una sesentena de familias esperan encontrar los restos de los suyos y darles sepultura y cariño en paz.
El inicio de la batalla
Con los 665.000 euros presupuestados por el Ministerio de Presidencia, que es el que tiene las competencias en materia de memoria histórica, cristaliza un proceso que echó a andar por la tozudez esperanzada de la familia de Antonio y Manuel Lapeña Altabás, dos hermanos de Villarroya de la Sierra (Zaragoza) fusilados por los golpistas en 1936. Fueron enterrados en una cuneta en la cercana Calatayud y más tarde, en un intento de contentar al generalísimo, los mandatarios de la zona enviaron cajas con restos para el Valle, entre los que estaban los suyos. Sus allegados nunca fueron informados.
Manuel, hijo y sobrino de estos hombres, ha encabezado una lucha de 12 años por recuperarlos, tras conocer que yacían en la sierra de Madrid. En 2016, un juez de San Lorenzo reconoció su derecho a exhumarlos ante la “alta probabilidad” de que se encuentren allá. Patrimonio Nacional ya autorizó los trabajos en noviembre de 2019, poco después de la salida de Franco hacia Mingorrubio, y en junio pasado las familias enviaron una carta al Gobierno apremiando por el cumplimiento del mandato judicial. Básicamente, los que deben quedar en paz con este proceso se están muriendo sin verlo completado.
Están esperando, y siguen, porque no hay fecha exacta para iniciar los trabajos, por más que Presidencia insista en que será “lo antes posible”. Eduardo Ranz, el abogado de la familia aragonesa y de una decena de familias más, ha lamentado la “falta de interés” por aplicar lo juzgado en estos años, la falta de comunicación a los interesados en los planes de exhumación y el oportunismo el momento elegido. “No nos han comunicado nada. Hay un anuncio político en elecciones, es casi ofensivo”, ha explicado.
Manuel hijo, tras tanta batalla, ya no podrá entender que la espera se acaba. Ha perdido la memoria a sus 93 años, como ha informado El País. Ranz insiste: los supervivientes y su gente están muriendo, y sin respuestas ni reparaciones. Su deseo es descansar un día junto a su padre y su madre, en su pueblo. Entre lo muy difícil y lo imposible
“Estamos entre lo muy difícil y lo imposible”, explica Francisco Etxeberria, reputado antropólogo forense y asesor de la Secretaría de Memoria Democrática, al frente de los trabajos de exhumación. “Lo que se va hacer en el Valle no tiene precedentes en la historia de la antropología forense, no hay un equipo en el mundo que se haya enfrentado a más de 30.000 esqueletos, algunos de ellos mezclados, para tratar de rescatar a entre 50 y 60 personas”, añade.
Lo primero que hay que hacer en garantizar la seguridad y salubridad del proceso. En las prospecciones hechas en los últimos años se ha adecentado y asegurado parte de la zona. Ahora, como dice la orden para liberar el dinero, hay que hacer obras para el “acceso y afianzamiento” del paso a los distintos niveles de la cripta, la retirada de cerramientos o enseres que bloqueen el paso y la instalación de luces.
Lo que se van a encontrar los expertos una vez que accedan a las criptas es un reto colosal. Equipos de hasta 15 personas, entre antropólogos, forenses y personal de funerarias altamente especializado entrarán a zonas actualmente tapiadas, sólo vistas con las sondas y cámaras del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los restos se encuentran en cajas, varios cuerpos en cada una de ellas, con referencias del lugar desde el que se enviaban que serán claves para la localización de los reclamados. El problema es que hay filtraciones de agua que han deshecho la madera de pino en estas décadas y muchos huesos se han acabado mezclando.
“Con el máximo respeto”, enfatiza Etxeberria, afrontarán esa “muralla de cajas” y tocará ir desplazándolas una a una para ver su procedencia, pero si no es la que se busca, “no hay por qué abrirla”, asegura. In situ, se tomarán muestras, pero de allí no se sacará ni un hueso hasta que se hagan las comparaciones de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología y haya coincidencia con las muestras aportadas ya por la mayoría de familiares, un proceso muy avanzado. Si llega ese ansiado momento, el personal de las funerarias entrará en juego. Para ellos hay ya diseñado un plan especial de riesgos laborales. Si las cajas no han aguantado la humedad y hay restos mezclados, hay ya buscada una sala en la basílica para proceder a la separación.
Las familias, ahonda el experto, serán las primeras en ser informadas de los avances de las investigaciones y se está viendo cómo permitir que, sin interferir, puedan estar en el recinto en algún momento. Ellas son el “núcleo” del proceso y su papel, opina, ha de ser “activo” ahora que rozan su anhelo.
Etxeberria es prudente. Es tan compleja la tarea que es “muy difícil” tener éxito en todos los casos. Va a por todas, motivado y comprometido, pero sabe lo que va a encontrar y trata de concienciar a los que esperan de que puede haber desilusiones. Así que habla de “proporcionalidad”: se hará “todo lo humanamente posible, con todas las garantías”, pero si las cajas están deshechas, mezclados los restos de una procedencia con los de otros, si es imposible aclarar nada, habrá que asumir que se llega a un punto de no retorno y cerrar el expediente. A veces, en la apertura de fosas, sólo se llega a identificar fidedignamente a un tercio de los enterrados.
Presidencia remarca que las familias, si eso ocurre, tendrán absolutamente toda la documentación sobre el proceso. “La información sana” es una máxima que se repite mucho en el movimiento memorialista.
La otra cara
Frente a las familias que reclaman este derecho a un entierro en un lugar elegido, lejos de un entorno que ensalza el fascismo que costó la vida a sus antepasados, hay quien se opone a estas exhumaciones. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, en sucesivos comunicados, ha anunciado que recurrirá “a cuantos estamentos judiciales sea necesario, españoles e internacionales, para garantizar el descanso al que, sin duda, tienen derecho los caídos (de uno y otro bando) cuyos familiares representamos y que viven esta situación con especial desasosiego”.
Argumentan que el Código Penal español los ampara respecto a la profanación de tumbas: si hay familias que no quiere que se toque a sus antepasados enterrados en el Valle, hay que respetarlo, repiten. El forense niega la mayor: “eso no va a pasar”, porque toda la exhumación se lleva a cabo con un permiso del Estado y por profesionales cualificados y sensatos, “con todo el respeto y todos los criterios deontológicos y éticos”. Nada de profanación. Es más: la idea es “dignificar y adecentar” las criptas una vez que se acceda a ellas, o sea, mejorar el lugar de reposo de todos los demás enterrados.
Se aferran en la asociación a que, pasados los 20 años de obras en la basílica y trasladados los restos, hubo un periodo de reclamación para quien no estuviera de acuerdo con los traslados pero frente a eso están las familias que no sabían que sus allegados estaban allí, que no sabían cómo podían pedir el cambio y, más, que no se atrevían, si tenían toda esa información, a dar un paso así en plena dictadura.
El futuro
Las exhumaciones se enmarcan en el plan del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos de “resignificar” el Valle de los Caídos para que deje de ser un mausoleo de homenaje a un dictador. La idea del departamento que comanda la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, es convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio, en el que las “30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto”, sin perturbaciones y para todos.
Cambiarán muchas cosas. Por ejemplo, se acabará con la fundación de los benedictinos, absolutamente desfasada, que ahora gestiona el complejo. “Por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”, se lee en el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que concretará los detalles de cómo se cerrará el grifo a los monjes. Cuando la norma se apruebe, dicha congregación dejará de percibir los 340.000 euros directos por transferencia anual de Patrimonio y ya no tendrá mando en esa plaza. Quedan meses de negociaciones sotto voce con la Iglesia católica para que haya los menos choques posibles entre Moncloa y Vaticano.
Saldrán los benedictinos y, también, los restos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, enterrado en una tumba similar a la de Franco, en la zona noble de la iglesia. Fusilado en 1936, inicialmente fue enterrado en una fosa común de Alicante y, más tarde, trasladado a Cuelgamuros a hombros. Se le quiere trasladar “a un lugar discreto”, en palabras de la ministra, pero no hay detalles del dónde ni del cuándo.
Presidencia, al fin, no tiene en mente derribar la gran cruz que preside ahora el complejo, que es uno de sus símbolos, si no más bien “contextualizarla” y explicar el significado del monumento “en su conjunto”.
A finales de este mes de abril está previsto que comience en la zona otro proyecto del CSIC para investigar los asentamientos en los que vivieron las familias de los presos, 20.000 al menos, que levantaron el Valle. Mano de obra esclava en un campo de concentración, chabolas y miseria, la alternativa a la muerte que guarda el complejo en sus entrañas.
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