EEUU: INFORME ESPECIAL

Abusos de curas católicos: Una catástrofe moral

Las conclusiones de un Gran Jurado de Pensilvania sobre los abusos de unos 300 sacerdotes a un millar de niños durante los últimos 50 años muestran la gravedad de la situación en el seno de la Iglesia católica. Y de las dificultades para un cambio.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Daniel DiNardo, aseguró este jueves que la Iglesia en ese país sufre una “catástrofe moral” tras las revelaciones, por una corte de Pensilvania, de abusos en esa diócesis y la decisión del Vaticano, de finales de julio pasado, de apartar a Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washington, acusado de cometer agresiones contra menores décadas atrás sin que eso le impidiera escalar hacia la cima de la jerarquía católica.

En un duro comunicado, DiNardo, en el puesto desde 2016, aseguró que una de las “raíces” del problema es "el fracaso en el liderazgo episcopal” y reclamó que sea mucho más fácil denunciar abusos y que las respuestas sean más rápidas y transparentes. El pedido fue dirigido al Papa, que es quien tiene la potestad de disciplinar o expulsar obispos.

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“El mecanismo para abordar una queja contra un obispo debe estar libre de injerencias”, afirmó el prelado en medio de la conmoción que causó la revelación del extenso informe, que menciona 45 veces la palabra Vaticano. “No me hago ilusiones sobre el alcance del daño que estos pecados y fracasos han causado en la confianza en los obispos”, terminó admitiendo DiNardo con realismo.

La jerarquía de la Iglesia católica en general, y en particular la de países como Irlanda y Chile, entre muchos otros, que toleraron o incluso fueron cómplices de situaciones semejantes, viene sufriendo golpe tras golpe con investigaciones como la llevada adelante en Estados Unidos. Y la postura del papa Francisco, claramente en favor de ventilar los casos por más graves que sean, choca aún con fuertes resistencias y connivencias hacia adentro de la estructura de poder de la Iglesia católica.

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La investigación de Pensilvania, que relata los abusos sexuales a más de mil menores por más de 300 religiosos durante siete décadas, revela que desde al menos 1963 la Santa Sede conocía algunos de esos casos y que se mostró cuanto menos tolerante, aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles. Tras dos días de silencio, el Vaticano expresó el jueves pasado “su vergüenza” por los abusos “criminales” en territorio estadounidense y señaló que, como institución, “deberían asumirse responsabilidades”.

El escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania destapa una maquinaria de silenciamiento y de encubrimiento ante los excesos de los sacerdotes pedófilos.

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Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones, tanto de las agresiones sexuales como del hecho de que la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas pederastas.

Al revelar el martes las conclusiones de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió que los patrones de encubrimiento “se alargan en algunos casos hasta el Vaticano”. La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe es en 1963 y la última, en 2015, cuando el papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido fuertes reformas contra los abusos.

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En el caso de 2015, el Vaticano dio luz verde a un pedido de apartar a un cura acusado de un delito de pornografía infantil. Un año antes, sin embargo, no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no sacar del sacerdocio a un religioso que, en los años ochenta, le había tocado los genitales de un chico de 13 años.

El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo es el del cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. En 1963, Lukac acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos sexuales y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas pese a haber prometido mejorar su conducta. Había tenido una relación con un organista de 18 años, se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una joven que conoció cuando ella tenía 17, además de abusar de una niña de 11 años.

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Con estos antecedentes, el obispo de Greensburg, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Lukac trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y, por su mala conducta previa, no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Connare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede, que dio su aprobación. “Mientras estaba en Roma, revisé los detalles de su caso con el Santo Oficio y obtuve esas facultades para el padre Lukac”, explicó después Connare en una carta, en la que trató de minimizar el hecho al señalar que era un permiso para al menos un año.

En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que “los obispos que colaboraron para mantener a Lukac activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices con el abuso que cometió”.

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Hay otros ejemplos. El actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, le escribió una carta al Vaticano en 1989 en la cual informaba que curas de la que era entonces su diócesis, la de Pittsburgh, habían sido acusados de agredir sexualmente a menores. Conocido en la Curia por su aparente tolerancia cero hacia los abusos y criticado fuera de ella por haber encubierto a curas pederastas, Wuerl definió a la pedofilia como algo “incurable” y manifestó que los feligreses tenían derecho a más información.

Pese a esta declaración al Vaticano “sobre la naturaleza seria y criminal del problema”, en la práctica Wuerl permitió que un cura pedófilo, Ernest Paone, quien había sido anteriormente obligado a tomarse una licencia y alejarse de sus víctimas, fuera trasladado en varias ocasiones a otras diócesis. Wuerl terminó aceptando en 2003 la renuncia de Paone pero le permitió que cobrara su pensión.

En 1988, en cambio, Wuerl apartó a otro religioso después de que una víctima presentara una denuncia por abuso. Sin embargo, cinco años más tarde, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, máxima instancia vaticana, ordenó que fuera readmitido aunque luego se desdijo. En la víspera de las revelaciones del informe de Pensilvania, el actual arzobispo de Washington señaló que el documento sería crítico con algunas de sus acciones pero defendió que actuó "con diligencia, preocupación por los supervivientes y para prevenir futuros abusos”.

Las técnicas usadas por los obispos de Pensilvania para acallar las voces críticas y las denuncias de afectados y familiares incluían el alejamiento de los curas pedófilos, su “secularización”, licencias y tratamientos en centros de salud mental, entre otras cosas. Según el gran jurado, el Vaticano  estuvo en contacto con varios prelados de Pensilvania y recibió información sobre los casos de abusos, pero el informe no siempre detalla qué repercusiones tuvieron estas comunicaciones.

En 1988, por ejemplo, una mujer envió una carta a la diócesis de Pittsburgh y al Vaticano para pedir ayuda ante el abusador de su hijo, y jamás recibió respuesta.