La guerra por las 7.291 muertes en las residencias de Ayuso se libra en la Eurocámara

El PP impide que se profundice en los "protocolos de la vergüenza" también en Europa: "Quieren silenciar a las víctimas"

ElPlural

Rubén Rozas

22-10-24

La investigación sobre las muertes en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia se reiniciaba hace cosa de diez días en la Eurocámara. El Parlamento Europeo estaba dispuesto a profundizar en los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales durante los primeros meses de pandemia. Sin embargo, todo tendrá de algún modo que volver a empezar después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya votado en contra.

El pasado 8 de octubre la comisión de peticiones de la Eurocámara aprobaba continuar con la reclamación de Marea de residencias que la plataforma de familiares puso sobre la mesa en 2022 para que la Cámara Europea actúe “de forma proactiva en la investigación de la situación de las residencias y los hechos que motivaron el fallecimiento masivo de las personas más vulnerables durante la pandemia”.

Esto fue gracias a que se aceptaron tres peticiones de la diputada del PSOE, Hana Jalloul, que impidió que los populares dieran carpetazo definitivo a la petición y consiguió ampliar en dos meses el margen para presentar nueva documentación e información. No obstante, el PP ha conseguido ahora que prácticamente todo retorne a la casilla de salida amparándose en una cuestión puramente formal.

La diputada remite en declaraciones a ElPlural.com que su partido se opone “firmemente” a esta decisión del Partido Popular que no persigue sino “silenciar a las víctimas”. Asimismo, deja claro que van a “seguir denunciando estas argucias y trabajando para que se investigue la muerte de 7.291 personas en residencias madrileñas”. Para ello, explica, van a solicitar a la comisión de Peticiones la comparecencia de los residentes y persona expertas que acreditan que lo sucedido en la Comunidad de Madrid “es algo excepcional”.

No es la primera vez que algo así ocurre en el Parlamento Europeo, y es que la comisión de peticiones ya se mostró contrario a dar curso a la solicitud de los familiares el año pasado, cuando entonces estaba presidido por Dolors Montserrat, quien después sería candidata por el PP a los comicios europeos.

Residencias no, Cataluña sí

En concreto, por aquel entonces esgrimían una cuestión de competencias aludiendo que la supervisión de estos centros “queda fuera de las competencias de la UE”. En consecuencia, explicaban que en el cas o de que el peticionario considerara que se había incumplido la legislación nacional, esta cuestión debe presentarse en las “autoridades competentes o los tribunales nacionales”. No obstante, la doble vara de medir por parte del PP resulta flagrante en esta cuestión si se tiene en cuenta que para otras cuestiones la formación si permitió la intervención de eurodiputados. Un ejemplo de ello es la evaluación del sistema educativo de Cataluña, a pesar de que la UE tampoco tiene ninguna competencia para esto.

La petición con más apoyos en Europa en los últimos años

La petición de Marea de Residencias fue la que más apoyos ha recibido entre todas las registradas ante el Parlamento Europeo desde 2022, a pesar de que el grupo popular no la haya respaldado. En concreto, contempla más de 5.430 adhesiones y sigue abierta para recibir alguna nueva con la consiguiente insistencia del PSOE, que asegura a este medio de comunicación que va a seguir dando la batalla.

La ofensiva judicial también se amplió en Madrid donde la organización, de la mano de 7.291: Verdad y Justicia, registró una nueva denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de que la Justicia admita más posibles delitos en todo cuanto concierne al tema, en este caso el de “denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios”.

En un espacio-tiempo de cuatro años -desde que saliera a la luz que la Comunidad de Madrid había impedido que se trasladase a personas de centros de la tercera edad a sanitarios- se contabilizan cientos de querellas (unas 400), de las cuales un centenar aproximadamente siguen en los organismos; cuatro de ellas han sido reabiertas por orden de la Audiencia Provincial y más de 70 han pasado al Tribunal Constitucional (TC) en forma de recurso. El resto han caído en saco roto.

El PP madrileño también ha rechazado una y otra vez las peticiones de información planteadas por la oposición para reabrir la comisión de investigación en la Cámara regional. De esta manera, han impedido que tanto el PSOE como Más Madrid puedan llamar a la comparecencia de miembros de las asociaciones. De 2020 a esta parte, el único tribunal que se ha pronunciado de forma clara ha sido el ciudadano, y pone negro sobre blanco cuando admite que se podrían haber salvado hasta 4.000 mayores si la región hubiera permitido el traslado a centros hospitalarios, algo que no se hizo, sin atender además a expertos o especialistas en la materia.

El PP afirma que la petición “queda fuera de las competencias” de la UE

Por último, este periódico se ha puesto en contacto con el PP para conocer la versión de los hechos de los populares. En este sentido, la formación conservadora subraya que “la Comisión Europea ya respondió a la petición” y que en dicha respuesta se señaló que “no existe una legislación de la UE que regule la calidad de atención en residencias” y que, por lo tanto, “la supervisión de las residencias a nivel nacional queda fuera de las competencias de la Unión Europea”.

“El secretario de la Comisión de Peticiones decidió por ello incluir esta petición en la ‘Lista-B’, ya que estima que la petición debe ser cerrada porque ha recibido una respuesta de las instituciones, y desde estas ya no se puede llevar ninguna acción a cabo. La petición del grupo político de S&D y el grupo de los verdes, piden, durante la primera sesión ordinaria de la Comisión de Peticiones, que esta petición de ‘Mareas de Residencias’ se mantenga abierta; que la Comisión vuelva a responder a esta; que se envíe a las comisiones de Medioambiente, Sanidad y Libertades Civiles; y que se mantenga abierta durante dos meses más para que los peticionarios puedan añadir información adicional sobre esta petición”, enumeran estas mismas fuentes. “La presidencia de la Comisión de Peticiones sometió a votación la solicitud y se determinó el cierre por 22 votos, y 11 en contra”, añaden.

“Aun con todo, los verdes, pidieron dos meses para que los peticionarios añadan información adicional. Durante la próxima reunión de coordinadores que se celebrará a mediados de noviembre, se volverá a hablar de esta petición, para determinar si se deja cerrada puesto que ha hecho todo el recorrido posible en la UE, o, al contrario, se vuelve a reabrir”, sentencian.