La juez de la DANA, ante los constantes ataques de las defensas: "Una campaña difamatoria y que destila un machismo atroz"

Afirma que se ha creado "una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos". Llegaron a grabar a su hija menor de edad

ElPlural

Loreto Ochando

2-9-25

La magistrada de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ya no puede más con los constantes ataques que está recibiendo de las defensas de Salomé Pradas, Emilio Argüeso, así como de las acusaciones populares de extrema derecha. Unas partes que aseguran que es el marido de la magistrada la persona que está detrás de la instrucción en una clara maniobra de despretigio. Ante la petición de Argüeso de determinadas diligencias que mentaban al esposo de la juez, Ruiz Tobarra ha sido contundente al respecto: "A través de quejas ante el CGPJ, denuncias y querellas, se repite y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz. Sucesivas informaciones periodísticas me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido". Asegura la magistrada que toda esta campaña pretende tumbar la instrucción.

Estas peticiones de prueba formuladas por el letrado "pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, al que en el inicio del escrito se le denomina "individuo", que dirige interrogatorios, dicta resoluciones. Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional.  Se pretende convertir por el letrado este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos". 

La otra representación letrada de la defensa, la que lleva a la exconsellera Salomé Pradas, ya presentó tres quejas ante el CGPJ "con similares acusaciones y pruebas del mismo cariz, informaciones periodísticas insultantes hacia mí y quejas por las resoluciones dictadas, acusaciones de parcialidad. Poco ha importado que hasta el momento las resoluciones hayan sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Valencia. A dicha queja se ha sumado, se publicita cada queja, el letrado Bueno Manzanares.  No hace falta tampoco recordar al letrado Sr. Bueno, la interposición de una querella por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra mí y posteriormente tras el dictado del auto de 29 de julio, contra mi marido. El Sr. Bueno afirma públicamente que es el jefe de los servicios jurídicos y abogado de referencia de dicho colectivo. Un hecho notorio del que obviamente hace gala.  Dicha violación de todos los principios deontológicos es asumida sin ningún complejo por el letrado Sr. Bueno, que ante la publicación de unas fotografías en las que aparecía junto con la LAJ del Juzgado y mi esposo, decía lo siguiente: "Ayer tuvimos la desagradable sorpresa de lo que ha publicado la prensa digital sobre el tema, doc. 2".  El letrado parece querer olvidar que dichas supuestas informaciones no son nuevas", dice la juez.

Y prosigue: "En un escrito previo de 4 de junio de 2025, el letrado José María Bueno Manzanares decía lo siguiente: "Incluso llegamos a ver en medios de comunicación una foto de la Sala donde se celebran las declaraciones con diversas personas, entre ellas SSª, extremo que me dolió especialmente por el respeto que quienes suscriben mantienen con todos los jueces y magistrados, incluso con aquellos con quienes discrepamos de forma importante, como es SSª".  Ese "dolor" que sufrió el letrado Sr. Bueno el 4 de junio al ver las fotografías parece ser que desapareció rápidamente tras la lectura del auto de 29 de julio de 2025, y se transmutó en la difusión entre las partes del procedimiento de unas fotografías en las que aparezco hablando junto con mi marido y la LAJ del Juzgado".

La explicación de las imágenes

Sobre las imágenes que aporta el abogado de Manos Limpias, explica que, "en otra de las imágenes que se acompaña aparecen dos fotografías de mayor tamaño, una mía y otra de mi esposo. Constituye un hecho claro que por el letrado se estimaba que la difusión de dichas fotografías evidenciaba una falta de respeto hacia esta Juez. No es que lo afirme esta Juez de Instrucción, un tercero, la comisión deontológica de un Colegio de Abogados, es que el propio letrado expresaba que le había dolido especialmente por el respeto que mantiene con cualquier juez y magistrado.  Dicho letrado es conocedor que los fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de la declaración, dado que ninguna es facilitada a las partes. No es que se quedara grabando el sistema Arconte, que registra las declaraciones judiciales, sino que se cerró dicho sistema por haber finalizado la declaración, y uno de los letrados que participó telemáticamente vía webex en la declaración, continuó utilizando el sistema webex con la cámara que permite ver la imagen del letrado apagada, grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la Sala, no solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la Sala en dicho día, tras la práctica de la declaración".

"Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante.  Esta Juez adoptó medidas en un auto de 11 de abril de 2025 para que no se obtuvieran ni difundieran ulteriormente imágenes de los investigados en las declaraciones. La cámara me enfocaba en todo momento a mí. Dicha medida ha sido correspondida por los letrados de la defensa aportando como supuesta prueba al CGPJ imágenes de mí y de mi marido. No existe ninguna imagen de los investigados durante las declaraciones, ni de ningún testigo o perito declarando. Se ha respetado su imagen", apostilla la magistrada. 

Ante el escrito presentado por el letrado del pseudosindicato Manos Limpias, la juez, ordena la apertura de una pieza separada para determinar la procedencia de una posible sanción por el contenido del escrito, y la documental aportada en el mismo.