En un fallo más propio de un tribunal inquisitorial que de un Estado de derecho avanzado y garantista, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado.

El veredicto, dado a conocer este 20 de noviembre, reúne todos los atributos para ser histórico porque se trata de una condena sin evidencias que la respalden.

Aunque aún no se conoce el texto de la sentencia, ni siquiera si está ya redactada, esta solo se puede basar en indicios, lo que parece insuficiente y altamente subjetivo para una condena de esta naturaleza.

Eso es lo que da al veredicto el carácter inquisitorial, o si se prefiere, de mensaje político de estirpe mafiosa y antidemocrática.

Y es infrecuente también que el fallo dé la razón a acusaciones de parte y con obvios intereses torticeros, como el del comisionista González Amador, y haga caso omiso de la opinión de la Fiscalía, que pidió la libre absolución del fiscal general.

Todo esto da a entender que la condena, tiene objetivos distintos al de impartir justicia.

La intención que trasluce el fallo es idéntica a la que persiguen desde hace tiempo muchos otros poderes públicos y privados, no solo en España (véase Brasil): tratar de derribar como sea al Gobierno progresista, que con todos sus defectos es el último freno para el acceso al poder de la extrema derecha y la derecha extrema.

Hay un propósito más directo e incluso más indigno: ayudar a que González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, procesado por cuatro delitos (fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal), pueda conseguir la invalidación de su procedimiento argumentando indefensión, o tal vez persecución ideológica.

Con la condena, el Tribunal ignora además los testimonios de una decena de periodistas y de cuatro medios (Cadena SER, El País, La Sexta y eldiario.es), que bajo juramento afirmaron que tuvieron conocimiento por fuentes ajenas al fiscal general del Estado del pacto de autoinculpación de fraude fiscal por parte de González Amador.

El secreto profesional de los periodistas está protegido por la Constitución.

El argumento de que esos informadores pudieron escudarse en el secreto profesional de las fuentes para no decir la verdad es un insulto.

MAR reconoció sin empacho en el juicio que había mentido, según la nueva doctrina del Supremo, es lícito o aceptable que un político mienta a sabiendas para tratar de inculpar al más alto cargo de la Fiscalía.

La bochornosa decisión de Marchena y sus compañeros de la Sala Penal confirma lo que muchos no querían ver, que algunos jueces se han convertido en activistas políticos.

Es por tanto un golpe durísimo contra la democracia.

No necesitan ni pruebas, ni leyes, ni nada.

Es un ejercicio de omnipotencia. Un deporte altamente peligroso.

Si le han hecho esto a un fiscal general del Estado, ¿qué no podrán hacer con la ciudadanía de a pie?

https://ctxt.es/.../editorial-fiscal-general-condena...