El martirio judicial de Mónica Oltra: seis años para destruir a una adversaria política

No hubo delito. No hubo encubrimiento. Hubo lawfare. Y funcionó.

La causa contra Mónica Oltra ha vuelto a archivarse en diciembre de 2025. Es la tercera vez. Dos jueces de instrucción y la Fiscalía lo han dicho con claridad: no existen indicios de criminalidad. Aun así, nadie puede garantizar que esta pesadilla judicial haya terminado. Porque aquí nunca importó el final. Importó el proceso.

Oltra fue imputada el 1 de abril de 2022 por una acusación impulsada desde la ultraderecha. Dos meses después, dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. El agresor real (su exmarido) fue condenado a cinco años de prisión, sentencia confirmada por el Supremo en 2023. La justicia penal cumplió su función. La política no.

La imputación bastó para sacarla del tablero. No hizo falta condena. Ni pruebas. Ni juicio. El daño ya estaba hecho. La izquierda valenciana perdió a una de sus figuras más sólidas y el vacío político ayudó a abrir la puerta al actual president Carlos Mazón.

El juez Vicente Ríos, quien ordenó investigar, fue el mismo que archivó la causa en abril de 2024 con un auto de 96 páginas. Dijo que hubo decisiones “desacertadas”, pero no delictivas. Que no hay correos, órdenes ni instrucciones que apunten a Oltra. La Fiscalía coincidió. Caso cerrado. En un Estado normal.

No lo fue. En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir la causa con un auto de seis folios, ignorando el trabajo del instructor. Un año más de investigación para llegar al mismo punto. Nuevo archivo en junio de 2025. Y otro más en diciembre.

Tres archivos. Cero indicios. Múltiples recursos.

La anomalía no es técnica. Es política. La sección de la Audiencia que insiste en llevar a Oltra al banquillo es la misma que ha beneficiado al PP en causas de financiación irregular. El mismo tribunal que relativizó el “dinero negro” cuando afectaba a los suyos. El doble rasero no es casualidad.

Todo ocurre, además, tras decisiones que afectaron a intereses privados millonarios, como la reversión de hospitales gestionados por empresas como Ribera Salud. Cuando la política toca el negocio, el castigo llega por otra vía.

Hoy, Oltra sigue fuera de la primera línea. Si la Audiencia fuerza el juicio, la mancha durará hasta 2028. Seis años después de la imputación. Probablemente será absuelta. Para entonces ya dará igual.

La justicia usada como arma no necesita condenas: solo tiempo, ruido y silencio institucional.

Únete a nuestro proyecto informativo: donorbox.org/aliadas