Más allá de Móstoles: el otro caso de presunto acoso sexual que el PP de Madrid silenció

Nueve militantes denunciaron en mayo de 2024 amenazas, humillaciones, espionaje interno y propuestas sexuales que el partido archivó sin trasladar a la Fiscalía

JOSÉ MARÍA GARRIDO / SUREN GASPARYAN

6-2-26

El escándalo por las presiones del PP de Madrid a una concejala de Móstoles que denunció presunto acoso sexual contra el alcalde ha vuelto a poner el foco en la gestión interna del partido ante este tipo de situaciones. La edil, que terminó abandonando tanto la formación como su acta tras meses de tensión, había alertado de comportamientos que consideraba constitutivos de acoso laboral y sexual y aseguró haber sufrido maniobras de descrédito y advertencias para que no acudiera a la vía judicial. Según su relato, trasladó reiteradamente lo ocurrido a la dirección regional en busca de amparo sin obtener una respuesta efectiva, en un proceso que, lejos de activar mecanismos de protección, habría derivado en su aislamiento político y personal.

El caso, destapado por el periódico 'El País', ha abierto un intenso debate sobre los protocolos internos del partido y su disposición a investigar denuncias que afectan a cargos propios. Sin embargo, lo cierto es que no se trata de un episodio aislado. Meses antes, en mayo de 2024, un grupo de militantes y exmilitantes ya había trasladado a la dirección regional denuncias de extrema gravedad que terminaron archivadas sin consecuencias públicas ni traslado a la Fiscalía.

Para ser más precisos, tal y como informó y documentó en su momento ElPlural.com, hasta nueve miembros de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño remitieron entonces testimonios grabados, mensajes y otra documentación al Comité de Derechos y Garantías del partido. En ese material describían un conjunto de conductas que incluían amenazas, acoso psicológico continuado, humillaciones públicas, presunto espionaje interno y propuestas de favores sexuales dentro de determinadas estructuras orgánicas. La respuesta que aseguran haber recibido fue el cierre del expediente por la vía interna y sin comunicación formal posterior sobre la resolución adoptada.

Los denunciantes coinciden en señalar que los hechos no se limitaban a conflictos personales aislados, sino que reflejaban —según su versión— un clima prolongado de miedo, presión y abuso de poder, especialmente en el ámbito juvenil de la organización. Sus relatos dibujan luchas internas por el control orgánico en las que se habrían normalizado prácticas de intimidación, bullying sistemático, comentarios xenófobos y homófobos y un trato denigrante hacia las mujeres. “Aquí se estaba por intereses económicos y personales”, resume uno de ellos, que sostiene que parte de la militancia joven era utilizada como herramienta dentro de estrategias de influencia interna.

Violencia, acoso psicológico y control interno

Entre los episodios más graves recogidos en los testimonios figuran presuntas situaciones de intimidación física protagonizadas por cargos con responsabilidad orgánica. Militantes aseguran haber presenciado cómo se sujetaba del rostro a compañeros para impedir dimisiones o imponer disciplina, acompañando esos gestos de frases intimidatorias. Otros relatan amenazas directas o veladas y describen un ambiente en el que cuestionar decisiones internas podía acarrear represalias políticas o personales.

El acoso psicológico aparece como un elemento recurrente en las denuncias de mayo de 2024. Cambios bruscos de trato, aislamiento deliberado dentro de la organización, burlas públicas por la vestimenta o la orientación sexual y una presión continuada que, en algunos casos, derivó en cuadros severos de ansiedad. Según los testimonios recabados, varios jóvenes militantes —algunos recién alcanzada la mayoría de edad— necesitaron atención psiquiátrica, medicación antidepresiva o incluso ingresos hospitalarios tras sufrir crisis de pánico vinculadas a esa situación de interna.

Otro de los aspectos que los denunciantes consideran especialmente grave es el presunto uso de mecanismos de vigilancia interna. Exmilitantes describen seguimientos informales, recopilación de información sobre compañeros considerados “desleales” y control de relaciones personales para medir afinidades políticas. El objetivo, sostienen, era apartar progresivamente a quienes no se alineaban con determinados dirigentes o corrientes internas.

En ese mismo contexto, varios relatos incluyen insinuaciones o propuestas explícitas relacionadas con favores sexuales como vía para obtener información o influir en decisiones políticas. Algunos denunciantes aseguran haber recibido sugerencias para mantener relaciones con personas vinculadas a administraciones o estructuras del partido a cambio de datos o ventajas. Otros hablan de presiones para utilizar su atractivo o popularidad dentro de la organización como instrumento de influencia. Las mujeres, según coinciden distintas fuentes, se encontraban en una posición de especial vulnerabilidad, expuestas a comentarios machistas, cosificación y bromas de contenido sexual que formaban parte de la dinámica cotidiana descrita en las denuncias.

Archivo interno y ausencia de investigación externa

La xenofobia y la homofobia aparecen igualmente de forma reiterada en los testimonios. Militantes de origen latinoamericano denuncian comentarios despectivos continuos y una utilización simbólica de su presencia en actos públicos para proyectar diversidad sin que existiera un respeto real en el ámbito interno. Otros relatan que a los afiliados homosexuales se les trataba como un grupo útil para llenar eventos mientras, en privado, eran objeto de expresiones vejatorias.

A todo ello se suma, siempre según los denunciantes, un uso irregular de datos personales de afiliados. Desaparición de documentación sensible, altas sin consentimiento previo y cobros indebidos de cuotas forman parte de los hechos relatados. Algunos recuerdan incidentes anteriores relacionados con la gestión de datos en la sede madrileña del partido, aunque esos episodios no han sido detallados públicamente ni vinculados oficialmente a las denuncias de 2024.

Pese a la gravedad del conjunto de acusaciones, la respuesta del Partido Popular se habría limitado al ámbito orgánico. Fuentes del PP de Madrid reconocen la recepción del burofax con las denuncias y sostienen que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes implicadas y acordó su archivo al considerar que los hechos no quedaron suficientemente probados. El partido añade que desconoce si alguna de las personas señaladas emprenderá acciones legales en defensa de su honor.

Los denunciantes, sin embargo, ofrecen una versión distinta. Aseguran que nunca recibieron una notificación formal del archivo ni acceso a la resolución completa del expediente, lo que —afirman— les impidió recurrirla o conocer los fundamentos de la decisión. También describen una actitud “despectiva” y “poco profesional” por parte de algunos instructores, que, según su testimonio, habrían minimizado hechos que consideran extremadamente graves.