Beni Lince Cordobés

El futuro judicial de Peinado: la jubilación puede salvarle del expediente, pero no de una querella

El CGPJ ha iniciado el proceso para valorar si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por insinuar que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían ayudarla en una hipotética fuga, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.

Es un señalamiento desde un juzgado, con firma y con efectos reales sobre agentes públicos cuya honorabilidad queda puesta bajo sospecha sin que se haya conocido una base sólida para sostener semejante acusación.

La Comisión Permanente del CGPJ ha remitido el asunto al promotor de la Acción Disciplinaria, que podría proponer una falta grave. El problema para el propio Consejo es el reloj: Peinado se jubila en septiembre, así que una hipotética sanción disciplinaria podría llegar tarde o tener un impacto muy limitado.

Pero esa no es la única vía.

Según explicó Miguel Ángel Campos, la Fiscalía podría plantear una querella por injurias y calumnias contra Peinado ante la Abogacía del Estado, en defensa de la honorabilidad de los agentes señalados. También podrían actuar los propios policías afectados o asociaciones policiales.

Porque decir que unos agentes podrían ayudar a una investigada a fugarse no es una simple hipótesis procesal. Es poner en duda su profesionalidad, su legalidad y su lealtad institucional.

Y aquí está el fondo del asunto: un juez puede investigar. Debe investigar si hay indicios. Lo que no puede hacer es convertir un auto judicial en una fábrica de sospechas que alimenta el clima político y mediático que rodea la causa.

La toga no da permiso para insinuarlo todo.

La independencia judicial no es impunidad retórica.

Y un auto no debería servir para embarrar a policías como si fueran figurantes de una conspiración.

Peinado podrá jubilarse en septiembre. Pero el problema que deja encima de la mesa es mucho más grande: una forma de instruir que parece confundir justicia con incendio institucional.