viernes, 12 de julio de 2024
El arzobispo que se convirtió en el azote de Franco y lo comparó con el diablo
Poyato, llena de jugosas anécdotas, indaga
en
los cambios que se registraron en la
sociedad española entre 1952 y 1975.
El Español
24-19-20
David Barrerira
Pedro Segura y Sáenz fue una nota discordante del régimen franquista, aunque no por desviarse de los preceptos morales de la época. Nombrado arzobispo de Sevilla en septiembre de 1937, en plena Guerra Civil, se reveló en un máximo guardián de los valores conservadores y católicos, y hasta llegó a amenazar con penas de excomunión a aquellos que incurriesen en bailes y celebraciones pecaminosas, según su criterio, en sus propias residencias.
El cardenal burgalés, sin embargo, sería una rara avis por su oposición a determinadas prácticas de la dictadura. Fue un azote interno para el mismísimo Francisco Franco, dándole plantón y enfrentándose directamente a él en varias ocasiones. Entre otras cosas, se opuso a que el dictador entrase bajo palio en las iglesias, una imagen habitual para quien estaba considerado como el líder de la "gloriosa cruzada nacional". El religioso se negó a amparar esas procesiones en todos los templos que estaban bajo su jurisdicción.
"Segura era un personaje extraordinariamente curioso. Llegó a aludir que en el mundo antiguo la palabra caudillo significaba jefe de bandoleros. También prohibió que en los muros de la catedral de Sevilla se pusiese el nombre de los 'caídos por Dios y por la Patria' porque él decía que lo que tenía la Iglesia eran fieles difuntos, y la cruz tuvieron que colocarla en los Reales Alcázares", explica el historiador y divulgador José Calvo Poyato, que acaba de publicar La España austera (Arzaliza), un libro que reconstruye el llamado "milagro español" y el tránsito de una sociedad muerta de hambre a los primeros compases de prosperidad general.
Fueron habituales los tensos roces entre el cardenal y los falangistas sevillanos, quienes, al no poder depurarlo por su condición de miembro del colegio cardenalicio, decidieron decorar con el yugo y las flechas las paredes del palacio arzobispal. En sus sermones, Segura lanzó feroces e insólitas críticas contra Franco. En una sabatina acaecida a principios de los años 40 señaló, aunque sin referirse directamente al dictador, que la palabra caudillo en las fuentes clásicas estaba relacionada con los líderes de las bandas de forajidos y que Ignacio de Loyola la empleó en sus escritos para referirse al diablo. ¡Menudo escándalo!
Franco, informado por el gobernador civil de la ciudad hispalense, se enfureció tanto que ordenó su expulsión de España. Un trance que el religioso, ferviente monárquico, ya había experimentado en 1931, cuando era primado de España y la Segunda República le forzó a abandonar el país como respuesta a su oposición al nuevo Gobierno democrático. El dictador al final aflojó sus exigencias, pero el régimen aprovechó la primera ocasión para deshacerse del incendiario Segura: tras la firma del Concordato con el Vaticano de 1953, la Santa Sede nombró a un nuevo arzobispo coadjutor de Sevilla para recortar sus poderes eclesiásticos hasta su muerte en 1957.
Dictadura no monolítica
Calvo Poyato, doctor en Historia y también novelista, explica que este libro se centra visibilizar dos cuestiones: "La primera, señalar cómo algunos de los grandes acontecimientos de los años que van de 1952 a la muerte de Franco, en 1975, influyeron en la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, la firma de los pactos con EEUU significó que a los colegios llegara la leche en polvo, la mantequilla, el queso... y que en las zonas donde montaron sus bases la gente empezó a descubrir que había cosas como frigoríficos, cocinas eléctricas o lavadoras", detalla el autor.
La segunda de estas razones era describir "cómo se transformó la vida de los españoles desde el punto de vista de la mentalidad, sus posibilidades materiales, la música que escuchaban, la forma en que se vestían, las relaciones entre hombres y mujeres... La transformación es brutal: muchas veces se piensa que la dictadura franquista es monolítica en todos los sentidos y los cambios fueron fundamentales. En los años 50, Antonio Machín o José Guardiola eran los ídolos; a mediados de los 60 quienes pitaban eran Los Brincos o Los Bravos".
El libro Calvo Poyato, que se sumerge en terrenos como el humor, el deporte, los pelotazos urbanísticos, los famosos referendos manipulados, la llegada del bikini o los cambios en los hábitos de higiene, está plagado de magníficas anécdotas. También está ilustrado con imágenes muy curiosas como las de representantes de la Iglesia bendiciendo las motos de la policía o una nueva oficina. "Su presencia básicamente rellenaba la vida de un gran número de españoles en cuanto a su comportamiento, la indumentaria...", explica el autor, aunque considera "un error" sostener la idea de que el nacionalcatolicismo fue una ideología que impregnó la dictadura durante las cuatro décadas.
Además del episodio relacionado con el cardenal Pedro Segura, por las páginas de La España austera se cuelan los nombres de otros clérigos como el de Antonio Añoveros, que ya en los años finales del régimen estuvo a punto de ser expulsado por redactar una circular en la que reivindicaba el derecho a la libertad de la gente. "También es jugoso otro caso en el País Vasco de un sacerdote que desde el presbiterio en la misa dominical, criticando a las extranjeras que venían a dorar sus mulos al sol español, se le ocurre decir que 'el señor obispo y yo tendremos que meter mano en ese asunto'. A la gente le sorprendió. Estaba cambiando la moral, lo mismo que pasó con el luto", apunta Calvo Poyato.
Sin duda, uno de los grandes momentos de su obra es el capítulo dedicado a la final de la Eurocopa de 1964 que enfrentó a España con la URSS —los últimos presos de la División Azul habían regresado apenas una década antes— con un marcador favorable de 2-1. "Aquello era un partido contra el comunismo, fue mucho más que una victoria", desliza el historiador, que se pregunta si Franco habría entregado el trofeo de campeón a los rusos de haberse dado un resultado negativo. "Por encima de sus evidentes valores deportivos, esta final de la Copa de Europa tiene una extensa significación cívica y política que solo los miopes empecinados pueden ignorar", señaló el ABC. Una victoria futbolística de la que el régimen no dudó en apropiarse.
PP y Vox se dan una tregua para blanquear el franquismo en la Comunidad Valenciana
Ambos partidos han sacado adelante la Ley de Concordia valenciana
Roberto Ugena
11-7-24
ElPlural
Pleno tenso en la Comunidad Valenciana. La amenaza de ruptura de la coalición entre Partido Popular (PP) y Vox realizada por el propio Santiago Abascal ha llenado de dudas a los populares, que, no obstante, y pese a la más que previsible inminente ruptura -la extrema derecha ha citado a su Comité Ejecutivo Nacional este mismo jueves a las 18.30 para anunciar su decisión-, ha contribuido con sus 13 votos, que se han sumado a los 40 del PP, a la aprobación de la ley de Concordia.
Con esta herramienta se sustituye la anterior ley de memoria democrática, blanqueando el franquismo y utilizando a ETA para reducir la gravedad de los asesinatos y la persecución de los años más ominosos de la historia reciente española. La Generalitat Valenciana ha dado el mismo paso que ya dio el Gobierno de Aragón, también conformado por la coalición ultra, y que equipara la dictadura sangrienta con el periodo democrático. Sin rubor, los miembros de PP y Vox se han puesto en pie tras ganar la votación, aplaudiendo el atropello histórico y democrático.
En la otra trinchera, los diputados de PSPV y de Compromís han realizado sendos actos de protesta. Por un lado, los socialistas han alzado unos carteles que rezaban “veritat, justícia i reparación (verdad, justicia y reparación)”, mientras que los miembros de Sumar han levantado libros relacionados con la memoria democrática. Sus enmiendas han caído y la mal llamada ley de Concordia sustituirá la hasta este jueves vigente ley de Memoria Democrática. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha defendido su posición, asegurando que equiparar a las víctimas de la dictadura con cualquier otra es positivo.
"Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas", ha remarcado. Muestra de lo que supone este cambio son las palabras de otro miembro del PP, Marisa Gay, que considera que las leyes de memoria que exponen las verdades del franquismo y reconocen a sus víctimas desplegaban una “confrontación sectaria”. Su compañero de viaje y de votación, el ultraderechista Jose María Llanos ha celebrado que” hoy es un día histórico para el histórico reino de Valencia”. "Hoy ganamos un poco más de libertad para los valencianos con la ley, esto solo bien vale nuestro esfuerzo", ha añadido.
En la tribuna, familiares de represaliados por el franquismo han contemplado el ataque a la memoria, devastados ante el retroceso aprobado por PP y Vox. En el pleno, Mercedes Caballero, del PSPV, ha lamentado la situación y ha asegurado que “la etapa de Carlos Mazón pasará a la historia por su negacionismo y por ponerle alfombra roja a los amigos de Le Pen”. De forma algo más dura se ha expresado la portavoz de Compromís, Isaura Navarro, que ha tachado la nueva norma de “panfleto franquista que deroga una ley cargada de derechos” y crea “una memoria inventada de puro delirio”.
Contra la Constitución y la ONU
El Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, de igual manera que procedió con el caso de Aragón, y paralizará su aplicación. Desde el Ejecutivo la primera en pronunciarse ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha adelantado los pasos del Gobierno. “Lo vamos a hacer igual que con la Ley aragonesa” con el objetivo de apelar “al tribunal de los derechos constitucionales del país porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo”, ha trasladado.
En la misma línea, Morant considera que con la votación de este jueves “se culmina la infamia de una propuesta de ley de PP y Vox que, por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra, como dice la ONU”. El pronunciamiento de la ONU llegó hace meses e instaba la coalición a actuar contra estas leyes, anticipando que Moncloa tampoco dejará pasar la actuación en esta ocasión.
Estas normas, que en su interior no recogen condena alguna a la dictadura, "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia". Así de contundente se expresó Naciones Unidas, que llamó a tomar “todas las medidas necesarias” para evitar “graves violaciones a los derechos humanos”. Ante esta clara denuncia internacional, PP y Vox decidieron cargar contra la ONU.
¡Ay, Mariano...Mariano!
(Marianico el Corto)
Así fue el espionaje de la policía patriótica del PP: 60 diputados de Podemos y 57 comisarías
Los agentes dejaron rastro al consultar bases de datos restringidas para conocer información, especialmente de Iglesias
ElPlural
Cynthia Coiduras
11-7-24
La llamada policía patriótica que el Partido Popular utilizó durante el Gobierno de Mariano Rajoy espió a más de 60 diputados de Podemos. Así lo ha evidenciado las pruebas documentales que han llegado a las manos del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que está investigando los movimientos de la formación que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo contra los adversarios políticos de los populares.
Los agentes que formaron parte de este grupo dejaron rastros al consultar bases de datos restringidas para dar con información de los dirigentes morados que entraron en el Congreso así como otros del mismo partido durante el año 2015 y 2016. Uno de los más perseguidos fue Pablo Iglesias, pero no el único. De hecho, hay media centena de ficheros con muchos nombres que fueron espiados en más de 50 comisarías distribuidas por toda España.
Así fue el espionaje del PP a Podemos
55 ficheros, 7.000 consultas a bases de datos, 69 diputados de Podemos y 57 comisarías. Estos son los números que ahora han salido a la luz del espionaje que la policía patriótica del Partido Popular llevó a cabo contra dirigentes y miembros de la formación morada entre los años 2015 y 2016, cuando estos ya desempeñaban cargos públicos tras haber sido elegidos en las elecciones generales de hace ahora nueve años.
Tal y como ha publicado este miércoles el diario El País, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que dependían del Ministerio de Interior del popular Jorge Fernández Díaz realizaron cerca de 7.000 consultas a diferentes bases de datos restringidas y privados sobre más de 60 representantes públicos de Podemos. En concreto, 69 diputados morados que generaron al menos unos 55 ficheros ahora conocidos.
En concreto, esta documentación -aportada por Asuntos Internos tras un requerimiento del pasado mes de marzo- forma parte de la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo sobre el espionaje del Partido Popular contra la formación entonces liderada por Pablo Iglesias tras una querella presentada por estos en febrero. Ahora el juez del caso, Santiago Pedraz, tendrá que dilucidar cuáles de estas consultas están directamente vinculadas a las maniobras impulsadas desde Interior y cuáles responden a los intereses personales de los propios agentes.
Así, esto demuestra que desde el Gobierno de Rajoy, concretamente a través del ministro Fernández Diaz, se buscaban datos -como antecedentes o cosas personales- sobre los diputados electos de Podemos en plenas negociaciones de estos con el PSOE para formar el primer Ejecutivo de coalición. Pero también antes, especialmente en los años 2015 y 2016, cuando irrumpieron en el panorama político tras las elecciones europeas, y en 2014. En este último caso es el diario del comisario Villarejo el que apunta a esta situación.
Participaron más de 50 comisarías
Los medios para ello no fueron pocos. En esta macrooperación de espionaje participaron 57 comisarías repartidas por todo el territorio nacional, excepto del País Vasco, como ha evidenciado la información ahora desvelada por elDiario.es, y los objetivos eran nombres tan conocidos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra o Iñigo Errejón, cuando todos ellos todavía eran miembros de los morados. Estos agentes dejaron rastros al consultar bases de datos restringidas, por lo que podrían haber sido muchas más consultas, pero que en esas no hayan dejado huellas.
En concreto, entre los que más interés suscitaban para esta policía patriótica se encuentra Iglesias, que fue buscado en 121 ocasiones desde Reus, Alicante, Santiago de Compostela o Albacete; Belarra, con unas 13 veces desde Cuenca, Sevilla o Ceuta y Melilla; Errejón se llevó un total de 34 búsquedas desde Logroño, Vélez-Málaga y Oviedo; o Bustinduy en 19 momentos desde Madrid, Cartagena, Torrelavega o Jerez de la Frontera.
Una misma IP o dispositivo buscó también a otros dirigentes desde otros puntos, como a Iglesias en muchas ocasiones desde mayo de 2016 -también hay rastros desde la UDEF o la Brigada de Información con hasta 25 consultas en un mismo día-; a Victoria Rosell desde la comisaría local de Maspalomas, en Canarias; o a Errejón otras veces más desde Valencia, Las Palmas y Murcia. Pero el dirigente fue el más señalado, hasta el punto de que le buscaban también policías de la Comisaría del Congreso o de la misma Presidencia del Gobierno de Rajoy.
En el escrito remitido ahora al juez, la Unidad de Asuntos Internos explica que la investigación radica en un “informe de las solicitudes de acceso por funcionarios policiales a los datos que obren de los mismos en cualquiera de los ficheros informatizados que posee el CNP durante los años 2015 y 2016, con expresión, para cada acceso o intento de acceso, de la identidad del funcionario que lo lleva a efecto, fecha del mismo, persona a la que se refiere la solicitud, motivo expresado de la solicitud, si constara, y concretos datos que solicita y en su caso obtiene, de varios diputados”.
Ya hace cuatro meses, Podemos señalaba en su querella que el objetivo principal del espionaje contra ellos era la posterior filtración de información a los medios de comunicación para desacreditarles ante la opinión pública, aprovechando el marco de veracidad que confieren las fuentes policiales. Cabe destacar que, junto a la Operación Catalunya o la Kitchen, el juez Manuel García Castellón se negó a investigar todos mecanismos contra Podemos.
jueves, 11 de julio de 2024
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