PP y Vox se dan una tregua para blanquear el franquismo en la Comunidad Valenciana

Ambos partidos han sacado adelante la Ley de Concordia valenciana

Roberto Ugena

11-7-24

ElPlural

Pleno tenso en la Comunidad Valenciana. La amenaza de ruptura de la coalición entre Partido Popular (PP) y Vox realizada por el propio Santiago Abascal ha llenado de dudas a los populares, que, no obstante, y pese a la más que previsible inminente ruptura -la extrema derecha ha citado a su Comité Ejecutivo Nacional este mismo jueves a las 18.30 para anunciar su decisión-, ha contribuido con sus 13 votos, que se han sumado a los 40 del PP, a la aprobación de la ley de Concordia.

Con esta herramienta se sustituye la anterior ley de memoria democrática, blanqueando el franquismo y utilizando a ETA para reducir la gravedad de los asesinatos y la persecución de los años más ominosos de la historia reciente española. La Generalitat Valenciana ha dado el mismo paso que ya dio el Gobierno de Aragón, también conformado por la coalición ultra, y que equipara la dictadura sangrienta con el periodo democrático. Sin rubor, los miembros de PP y Vox se han puesto en pie tras ganar la votación, aplaudiendo el atropello histórico y democrático.

En la otra trinchera, los diputados de PSPV y de Compromís han realizado sendos actos de protesta. Por un lado, los socialistas han alzado unos carteles que rezaban “veritat, justícia i reparación (verdad, justicia y reparación)”, mientras que los miembros de Sumar han levantado libros relacionados con la memoria democrática. Sus enmiendas han caído y la mal llamada ley de Concordia sustituirá la hasta este jueves vigente ley de Memoria Democrática. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha defendido su posición, asegurando que equiparar a las víctimas de la dictadura con cualquier otra es positivo.

"Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas", ha remarcado. Muestra de lo que supone este cambio son las palabras de otro miembro del PP, Marisa Gay, que considera que las leyes de memoria que exponen las verdades del franquismo y reconocen a sus víctimas desplegaban una “confrontación sectaria”. Su compañero de viaje y de votación, el ultraderechista Jose María Llanos ha celebrado que” hoy es un día histórico para el histórico reino de Valencia”. "Hoy ganamos un poco más de libertad para los valencianos con la ley, esto solo bien vale nuestro esfuerzo", ha añadido.

En la tribuna, familiares de represaliados por el franquismo han contemplado el ataque a la memoria, devastados ante el retroceso aprobado por PP y Vox. En el pleno, Mercedes Caballero, del PSPV, ha lamentado la situación y ha asegurado que “la etapa de Carlos Mazón pasará a la historia por su negacionismo y por ponerle alfombra roja a los amigos de Le Pen”. De forma algo más dura se ha expresado la portavoz de Compromís, Isaura Navarro, que ha tachado la nueva norma de “panfleto franquista que deroga una ley cargada de derechos” y crea “una memoria inventada de puro delirio”.

Contra la Constitución y la ONU

El Gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, de igual manera que procedió con el caso de Aragón, y paralizará su aplicación. Desde el Ejecutivo la primera en pronunciarse ha sido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha adelantado los pasos del Gobierno. “Lo vamos a hacer igual que con la Ley aragonesa” con el objetivo de apelar “al tribunal de los derechos constitucionales del país porque la Constitución protege los derechos de las víctimas del franquismo”, ha trasladado.

En la misma línea, Morant considera que con la votación de este jueves “se culmina la infamia de una propuesta de ley de PP y Vox que, por primera vez, convierte en ley el blanqueo del franquismo, que iguala a las víctimas con los verdugos y que infringe los derechos fundamentales y humanos de las víctimas de la Dictadura y la Guerra, como dice la ONU”. El pronunciamiento de la ONU llegó hace meses e instaba la coalición a actuar contra estas leyes, anticipando que Moncloa tampoco dejará pasar la actuación en esta ocasión.

Estas normas, que en su interior no recogen condena alguna a la dictadura, "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia". Así de contundente se expresó Naciones Unidas, que llamó a tomar “todas las medidas necesarias” para evitar “graves violaciones a los derechos humanos”. Ante esta clara denuncia internacional, PP y Vox decidieron cargar contra la ONU.