jueves, 3 de julio de 2025
Los datos del CIS: el 80% de la ciudadanía no quiere a Mazón y su dimisión, tras la DANA, es lo más urgente
La voluntad popular se traduce en la encuesta de José Félix Tezanos a nivel regional
ElPlural
R.G.
3-7-25
El CIS relativo a la Comunidad Valenciana refleja la realidad de la calle: la inmensa mayoría de los valencianos exigen la dimisión del responsable regional, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que se saldó con 228 muertes e innumerables daños tanto personales como materiales.
El 80% de los ciudadanos consideran, atendiendo al barómetro publicado esta semana sobre tendencias y demandas autonómicas, que el dirigente del PP debería dar un paso a un lado por su forma de proceder el mismo día y después del temporal, mientras que la mitad de los encuestados advierten de que la situación general del territorio es “mala” o “muy mala”.
Obedeciendo a los porcentajes, el 60% de quienes han respondido a las cuestiones planteadas por el barómetro de José Félix Tezanos creen que la situación en la Autonomía es peor ahora que cuando Mazón llegó al Palau, en 2023. Mientras tanto, seis de cada diez califican, como se ha señalado, de “mala” o “muy mala” la gestión realizada por el Consell hasta ahora.
Prioridades
Queda claro que la gente de la Comunidad Valenciana quiere que Mazón abandone sus responsabilidades. A la pregunta “¿Le gustaría que hubiera un cambio de presidente/a en la Comunidad Valenciana en las próximas elecciones autonómicas?” la respuesta mayoritaria es que sí, con un 80,3%.
El ‘no’ solamente reúne un 14,4% de adeptos, y ya por detrás de este, 2,7% de la gente no sabe y el 2,6% no contesta.
Si mañana hubiera elecciones
El descontento no se traduciría, eso sí, y siempre obedeciendo al CIS, en las urnas en caso de que mañana se celebrasen elecciones. En números, Mazón se encuentra en primera posición, si bien lo hace únicamente con el 8% de los encuestados. Joan Baldoví (Compromís) supera a Diana Morant (PSOE) y en los primeros puestos también destacan María José Catalá (PP) y Ximo Puig (PSPV y anterior president).
Si se refiere a intención de voto, existe un empate técnico entre los ‘populares’ y los socialistas, con un 25% de porcentaje de voto más empatía. Le siguen Compromís con el 14,7% y Vox, que ahora gobierna en coalición con el PP -de hecho los últimos presupuestos, polémicos también, salen adelante con medidas solicitadas por la extrema derecha.
En clave valenciana (provincia)
La encuesta también proyecta las tendencias políticas y sociales de la provincia valenciana, epicentro de la DANA. Aquí la situación es distinta: un 47% considera que el escenario en general es “peor” o “mucho peor” y el 75% de los habitantes piensan que el escenario es “bueno” o “muy bueno”.
La regidora sigue siendo favorita para capitanear la alcaldía con un 20% de los apoyos, seguida del exalcalde Joan Ribó -en su caso se queda en el 10%-. Entre los elegibles, la ciudadanía pone encima de la mesa el nombre de Baldoví, con un 2,6%.
La que fuera líder de los socialistas, Sandra Gómez, se queda con un 1,3% y la actual líder de la oposición, Papi Robles (Compromís), no alcanza el 1% (0,8%). En cuanto a prioridades de la provincia de Valencia, destacan las ayudas para la vivienda y el mantenimiento y la limpieza de las calles.
Ocho manifestaciones
El pasado fin de semana tuvo lugar la octava manifestación para exigir la dimisión de Mazón. Más de medio año después de las lluvias torrenciales que conmovieron a la Comunidad y el conjunto del país las respuestas siguen sin llegar; y no solo eso, sino que muchas de las tareas de reconstrucción se están llevando a cabo con empresas que guardan vínculos con el PP y el president de la Generalitat mantiene sus mentiras y cambios de versión.
Con este telón de fondo, el pueblo valenciano desafiaba las altas temperaturas el domingo anterior y mostraba su descontento, nuevamente, a pie de calle. Y todo apunta a que no va a ser la última. “Mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción”, consideraban los manifestantes ante la incapacidad de un president que “no se puede mantener en el cargo”.
Los convocantes recriminan que, según datos de FAMPA-Valencia, hasta el momento, son todavía ocho los centros educativos pendientes de derruir y quince donde todavía se tiene que reconstruir parte de la infraestructura. Asimismo, hay 88 colegios que han retomado la actividad a pesar de que todavía no se han recuperado de las consecuencias sufridas por la DANA.
Mazón y Vox maniobran para no tener que volver a publicar lo que se gastan en comilonas
Tratarán de eliminar la obligación de detallar el motivo del gasto en caja fija para que no se conozcan nuevas facturas de comidas y cenas pagadas con dinero público
ElPlural
A.B.
3-7-25
Carlos Mazón quiere rebajar la transparencia sobre los gastos de caja fija sin hacerlo público. Estos fondos consisten en anticipos extrapresupuestarios y permanentes que cada departamento autonómico utiliza para cubrir de forma inmediata gastos periódicos o repetitivos, que luego se imputan al presupuesto. Según la normativa, la caja fija se emplea para dietas, desplazamientos o material no inventariable, entre otros conceptos, y los pagos no pueden superar los 5.000 euros al tratarse de fondos públicos.
Después de que saliesen a la luz los 12.000 euros en restaurantes, tabernas y marisquerías del consejero de Educación de Valencia, José Antonio Rovira, o los 36.077 euros de presupuesto en gastos de restauración y cáterin durante su primer año y medio de mandato de los integrantes del Gobierno de Mazón, este tratará de modificar la norma que más hostiga a su Gobierno, la Ley de Transparencia.
Mientras algunos profesores deben pagar el material escolar de su bolsillo, Rovira cobra un sueldo de 85.000 euros anuales que, no conforme con ello, ni siquiera utiliza para pagar las grandes comidas y cenas con sus invitados.
Pese a no publicar las facturas en el portal de transparencia ni que consten reuniones en la agenda oficial, Compromís ha hecho públicos los 84 tickets que “demuestran cómo los amigos de Mazón utilizan la Generalitat como su cajero automático, en lugar de mejorar la vida de los valencianos y valencianas”. Se trata de una lista con precio exacto de la cena, comensales, nombre del restaurante e incluso el recibo en PDF.
El Gobierno de Carlos Mazón busca rebajar el nivel de transparencia en el uso de la caja fija. El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, conocido como Ley de Acompañamiento, planteará modificar la normativa autonómica de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por el anterior Ejecutivo del Pacte del Botànic. La propuesta se centra en cambiar la letra h del artículo 17 de la ley, eliminando la obligación de publicar el “motivo del gasto” en el detalle de los pagos de caja fija que se muestra en el portal de transparencia.
Estos son los restaurantes donde Mazón se gastó 36.000 euros en su primer año
Los datos publicados muestran una clara preferencia del presidente y su equipo por establecimientos de alto nivel gastronómico, entre los que destacan Nou Manolín, Maestral, Taberna del Gourmet o La Costera en Alicante; y Gastro Trinquet, La Sastrería, Rausell, Abadía d’Espí, La Taberna de Marisa o el restaurante del Ateneo Mercantil en Valencia.
Entre los gastos más elevados registrados figura un almuerzo en Nou Manolín (Alicante) por 1.184,80 euros, celebrado el 13 de noviembre de 2023. También destaca un pago de 2.965 euros en el restaurante Rausell, el 21 de octubre del mismo año.
Asimismo, en La Taberna de Marisa, junto al Palau de la Generalitat, se realizaron varios almuerzos, entre ellos uno con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras un mitin electoral. En total, se contabilizan más de 4.700 euros gastados en este local en diferentes fechas, como el 11 de septiembre (550,80 euros y 231,75 euros), el 15 de octubre (531,45 euros) o el 13 de diciembre (249,40 euros).
Otro de los espacios más frecuentados ha sido el restaurante del Ateneo Mercantil de València, gestionado por el Grupo El Alto y con vistas privilegiadas a la plaza del Ayuntamiento. Solo en este establecimiento, el gabinete ha abonado cerca de 5.000 euros en comidas institucionales. En 2023, se registraron facturas el 26 de octubre por valor de 262,80 euros, 264,60 euros, 243,60 euros y 332,10 euros. El 9 de noviembre se realizó otro pago de 584 euros y, al día siguiente, uno de 935,30 euros. Durante 2024 constan al menos 14 facturas más, entre ellas una de 827,20 euros (9 de abril) y otra de 244 euros (2 de febrero).
Un error del juez Peinado provoca la caída de un caso por presunta prevaricación que afecta a Almeida y Eduardo Inda
El magistrado que investiga a Begoña Gómez dio pasos clave más de dos meses después de lo que debía en un caso que involucra al Ayuntamiento
ElPlural
R.Gutierrez
3-6-25
El juez Juan Carlos Peinado acumula polémicas fuera de la investigación contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. El magistrado ha favorecido a un alto cargo del gobierno de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, presumiblemente por error y una cuestión de tiempos, lo que no impide que el tema haya llamado la atención de la oposición. De hecho, Más Madrid va a recurrir lo que ha sucedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Peinado acordó el pasado 2 de abril una prórroga contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Sánchez Vicente, pero la Audiencia Provincial de Madrid la dejó sin efecto porque el plazo para hacerlo había expirado hacía más de dos meses, según adelanta este jueves el diario El País con el auto de la causa como prueba.
La investigación tiene que ver con un contrato de diciembre de 2022 adjudicado a dedo por la firma señalado al digital Ok Diario, de Eduardo Inda, para que organizara charlas de movilidad sostenible por un valor superior a 72.000 euros. Aquella especie de ponencias ya fueron denunciadas por aquel entonces por Podemos, ya que el partido morado observó un sobrepecio al compararlo con otro contrato que reunía condiciones semejantes y que, sin embargo, el equipo municipal había concedido por un precio cuatro veces menor. Eso fue tan solo un mes antes.
Ejercicio "cortijero" y "caprichoso"
Por el momento no se sabe si el juez va o no a procesar o archivar a esta persona del Gobierno de Cibeles, pero el fallo de Peinado tiene consecuencias para la investigación dado que no se podrán practicar pruebas que habían solicitado las acusaciones populares.
Una de estas acusaciones es precisamente la formación que en el Consistorio lidera Rita Maestre, que no tiene ninguna duda de que se ha cometido una “negligencia” por parte del magistrado que mantiene en paralelo la investigación contra la esposa del responsable de Moncloa que empezó con una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.
La propia Maestre ha explicado en sus redes sociales la gravedad de lo acontecido, estableciendo un orden cronológico de ello y lamentando que todo sea fruto de un ejercicio “cortijero” y “caprichoso” por parte de la justicia. “Las ‘casualidades’ existen, pero hay ‘errores’, cuando menos, elocuentes: sobre todo cuando vienen del mismo juez que despliega una investigación espectacular contra la mujer del presidente del Gobierno sin que todavía sepamos por qué (…) Esto no puede quedar impune”, ha escrito.
Tres horas de charla por 72.600 euros
En lo que respecta a las charlas, éstas tuvieron una duración de tres horas y medio, un tiempo que a cualquiera podría resultarle insuficiente en relación con el precio que se pagó por ellas. En las mismas, participaron como ponentes el propio alcalde, además del delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante; el director del medio mencionado y Sánchez Vicente.
Inda no perdió la oportunidad de desprenderse en elogios hacia el regidor de la ciudad, al que deseó cuatro años más de mandato. También se desprendió en desprecios hacia otras formaciones y representantes de la ciudadanía, por ejemplo de Podemos: “Comparar al PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales”.
El PP de Cibeles e Inda se aprovecharon
El Ayuntamiento aprovechó el error del juez Peinado, lo mismo que el digital, ya que ambos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fue esta instancia superior la que dictó el auto en contra de lo estimado por el magistrado el viernes 20 de junio y las partes lo recibieron el pasado miércoles.
En la práctica, el escenario es muy grave para el devenir de la situación final del juez, dado que implica que todas las negligencias posteriores al 27 de enero son inválidas a excepción de aquellas que hubieran sido aceptadas por el juez antes de esa fecha y se practiquen con posterioridad.
Al mismo tiempo, Más Madrid había pedido informes a la unidad de delincuencia de la Policía, la UDEF, u otros documentos de órganos igualmente trascendentes, como la AIReF; agencia que analiza las cuentas públicas. El partido progresista no podrá presentar ninguna de ellas.
El auto no ha lugar a dudas. “Resulta patente la incorrección del auto de 2 de abril de 2025, pues acuerda la prórroga cuando a todas luces es evidente que han transcurrido los plazos legales, pues incluso la retrotrae al 27 de enero de 2025”, se desprende de las líneas a las que ha tenido acceso el medio mencionado. Asimismo, el documento expresa la “absoluta falta de motivación” del auto del 2 de abril dado que el juez Peinado no esclarece “las causas que motivan la no finalización de la fase instructora y las diligencias que están pendientes de acordarse”.
miércoles, 2 de julio de 2025
Carta íntegra de Félix Bolaños a la Conferencia Episcopal
"Su Excelencia Reverendísima:
He escuchado con atención y sorpresa las declaraciones que ha realizado, en su nombre y en el del resto de obispos españoles, el portavoz de la Conferencia Episcopal. En esas declaraciones piden la convocatoria de elecciones anticipadas y afirman que esta petición la realizan "por encima de intereses de partido".
Vaya por delante, estimado presidente, el máximo respeto a sus preferencias políticas personales, así como a las del resto de los obispos españoles. No obstante, sí quiero transmitirle mi extrañeza por la afirmación de que esta petición la realizan al margen de intereses partidistas mientras reproducen de forma exacta las peticiones y argumentos de los dos principales partidos de la oposición.
Entiendo que no es en absoluto ajeno a esta circunstancia, ya que recientemente participó en un acto con el líder político de la ultraderecha española en el que ambos formularon idénticas críticas al Gobierno de España a la vez que coincidieron en promulgar una agenda que promueve la supresión de derechos de las mujeres, de los artistas o del colectivo LGTBI.
Es cierto que no es la primera vez en nuestra historia reciente en la que se produce una comunión espiritual y política entre la organización que preside y los partidos políticos de la derecha y la ultraderecha. Basta recordar el papel preponderante de algunos de sus predecesores, junto a estos partidos, en la organización de manifestaciones contra la aprobación de derechos como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta comunión fue tan intensa que imagino que a la Conferencia Episcopal le resultó imposible pronunciarse de algún modo sobre los casos de corrupción que afectaron al partido junto al que se manifestaron. En todo caso, quiero transmitirle un elemento de tranquilidad: en el caso sobre el que sí se han pronunciado se han asumido responsabilidades políticas desde el principio, se ha apartado a las personas sobre las que recaen graves indicios y estamos trabajando para evitar que se reproduzcan estos hechos en lugar de en intentar ocultarlos a la sociedad o a la Justicia.
Puedo entender también que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que los debates sobre la reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o la tipificación como delito de las llamadas "terapias de conversión" sean más fáciles de abordar para ustedes o no se aborden en absoluto. Le transmito otro elemento de tranquilidad: aunque hayan decidido apartarse de la neutralidad política y partidista e incluso del más elemental respeto institucional, el Gobierno seguirá abordando la relación entre Iglesia y Estado con pleno respeto, aunque, lógicamente, defendiendo nuestras posiciones y, sobre todo, el interés general y el de las personas más vulnerables, sobre todo en lo referente a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo, le agradecería que se comprometieran con la neutralidad política y partidista y le reitero nuestra más firme voluntad de diálogo sobre los asuntos que tenemos pendientes y que abordaremos a lo largo de los dos años que quedan de esta legislatura.
Un cordial saludo,
Félix Bolaños".
El Ayuntamiento de Valencia contrata a un grupo ultraderechista para su Gran Feria de Julio: "Vamos a volver al 36"
El grupo ha actuado en diferentes actos de Vox y en sus letras ataca a los derechos de diferentes colectivos
ElPlural
1-7-25
Con motivo de la Gran Feria de Julio que celebra la ciudad de Valencia de forma anual, el Ayuntamiento de María José Catalá ha decidido incluir en la programación de los artistas que actuarán en el evento al grupo musical de extrema derecha Los Meconios, frecuente en algunos actos de Vox y cuyas letras constituyen una ofensa contra derechos de determinados colectivos sociales.
Lo cierto es que entre el repertorio musical de este grupo, formado por el dúo de Sergio C. Martínez y Mario Camps, se pueden encontrar frases que evidencian este claro componente ultraderechista así como mensajes de odio. Algunos de ellos son “vamos a volver al 36”, “somos la resistencia”, “somos fachas”, “Pedro Sánchez te mea y te miente” o también contra el colectivo LGTBI.
Tras conocerse la noticia, desde la oposición han lamentado que el PP en el Ayuntamiento de Valencia haya contratado a este grupo para que actúe en uno de los principales eventos del verano en la ciudad como es la Feria de Julio. Así, la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, se ha referido a Los Meconios como “parte de la fachosfera” y ha señalado que Catalá “está en una deriva ultra para competir con Vox”. Asimismo, Robles ha lamentado que el Ayuntamiento haya convertido un modelo de Gran Feria de Valencia diverso en otro que “veta la música y la cultura” en valenciano y la reemplaza por sectarismo.
Por su parte, el grupo ha compartido la noticia a través de sus redes sociales. “Teníamos muchas ganas de anunciarlo: nos vemos el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, en los Jardines del Palau de la Música. Un lugar emblemático en pleno pulmón de Valencia. Va a ser una velada mágica, una noche reivindicativa con el humor y la música como bandera. Un canto a la libertad donde os esperamos a todos con los brazos abiertos y las gargantas listas para alzar la voz”, han señalado, para terminar su mensaje con un “¡Viva la libertad, vixca Valencia y viva España!”.
Cabreamos a los comunistas y feministas”
En octubre de 2022, Los Meconios ya fue objeto de crítica después de su actuación en el acto de Vox Viva 22. Junto al youtuber Infovlogger, el grupo ultraderechista cantó canciones con letras que incitan al retorno de épocas pasadas vinculadas a la Guerra Civil y a la dictadura y que, incluso, provocó que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitara a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación. “Vamos a volver al 36, cabreamos siempre a los comunistas y feministas. Los lobbies temblaban al ver que las subvenciones de este mes iban a desaparecer", cantaban.
En líneas similares, el pasado mes de febrero los dos componentes del grupo junto al youtuber fueron condenados a pagar las costas del procedimiento judicial después de que demandaran por intromisión ilegítima en el derecho al honor al periodista y secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y que el Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid desestimara la demanda.
martes, 1 de julio de 2025
Antón Losada responde como sólo él sabe a lo que José María Aznar ha dicho de Pedro Sánchez
"No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco".
HuffPost
1-7-25
El politólogo Antón Losada ha respondido muy en su estilo a José María Aznar, expresidente del Gobierno, después de que éste dejase caer en El Mundo que Pedro Sánchez podría haber adulterado las elecciones.
"Si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido ¿por qué no va a alterar unas generales?", se preguntaba Aznar en esa entrevista.
Ante la pregunta de si eso es objetivamente posible, el expresidente del Gobierno razonaba: "No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen".
"Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor, que no puede ser la simple confrontación con el PP, con lo que llaman la fachosfera, con los jueces, con los medios... ¿Es posible pensar en una crisis constitucional en España de aquí al fin de la legislatura? Es posible. ¿Son capaces de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación? Son capaces".
En una publicación en Instagram, Losada ha señalado: "Éramos pocos y parió Aznar. Hoy en la portada de El Mundo afirma sin despeinarse que si Pedro Sánchez adulteró el resultado de sus primarias puede adulterar el resultado de las elecciones".
"Lo dice él, José María Aznar, el único presidente de la historia de nuestra democracia que sí intentó alterar el resultados de las elecciones utilizando todos los recursos del Estado para hacernos creer que había sido ETA. Aznar, el hombre que si un día dice una verdad no sabría qué hacer con ella", ha sentenciado.
Este es el documento con el que se pide expedientar a Felipe González por incumplir estos cuatro artículos de los Estatutos
El distanciamiento entre Felipe González y el actual PSOE se ha convertido en una grieta cada vez más visible
ElPlural
1-7-25
El distanciamiento entre Felipe González y el actual PSOE se ha convertido en una grieta cada vez más visible. Este domingo, Amparo Rubiales, histórica dirigente socialista, apoyó una recogida de firmas para pedir formalmente su expulsión del partido, acusándolo de incumplir los Estatutos tras sus duras críticas al Gobierno y a la ley de amnistía.
La iniciativa, impulsada mediante un documento firmado por un militante identificado con las iniciales Y.B.C., solicita la apertura de un expediente disciplinario con propuesta de expulsión para el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE. El escrito, que se puede consultar a través del siguiente enlace, sostiene que González habría incurrido en faltas muy graves tipificadas en los Estatutos Federales, al haber expresado públicamente opiniones desleales y haber llamado al voto en blanco, en contradicción con los intereses del partido en las próximas elecciones generales. Rubiales, que difundió el documento a través de redes sociales, acabó borrando el mensaje, pero no antes de que generara un intenso debate y se viralizara entre la militancia y los medios.
En el texto, los impulsores de la petición denuncian que las declaraciones recientes de González suponen un “daño grave a la imagen del partido” y una “deslealtad manifiesta”. El expresidente afirmó el pasado jueves que no votará al PSOE en las elecciones generales y que optará por el voto en blanco, al tiempo que calificó la ley de amnistía como una “barrabasada”, una “vergüenza” y un acto de “corrupción política”. Además, dirigió ataques personales al secretario general, Pedro Sánchez, asegurando que “no tiene vida política” y sugiriendo que debería abandonar el cargo y convocar elecciones. Según el documento, estos hechos son incompatibles con la militancia socialista y vulneran de forma directa las normas internas.
Los Estatutos que podrían costarle el carné
El escrito invoca hasta cuatro artículos de los Estatutos Federales para fundamentar la solicitud. El artículo 8 de los Estatutos Federales, referido al comportamiento de los afiliados y afiliadas, subraya que la militancia en el PSOE implica un compromiso con el respeto al Código Ético, el cumplimiento de las decisiones de los órganos de dirección y la lealtad al proyecto colectivo. Este precepto establece que la expresión pública de opiniones en términos irresponsables o desleales al partido, así como los actos de indisciplina, son infracciones que pueden ser sancionadas. En el caso de Felipe González, el escrito considera que sus reiteradas manifestaciones públicas, en las que ha desacreditado al partido y a sus dirigentes, especialmente al cuestionar las decisiones adoptadas en materia de política territorial y de convivencia —como la ley de amnistía—, encajan en la tipificación de estas infracciones, pues afectan directamente a la cohesión y a la imagen del PSOE ante la sociedad.
Por su parte, el artículo 9.f regula la pérdida de la condición de afiliado para aquellos militantes que, de manera expresa y pública, soliciten el voto para otras formaciones o insten al voto en blanco en procesos electorales donde concurre el PSOE. Según el documento, este sería el caso de González, quien ha declarado que no votará al partido y que depositará un voto en blanco en las próximas elecciones generales, un acto que el escrito interpreta como un llamamiento contrario a los intereses electorales de la organización. A ello se suman los artículos 86 y 87, que califican como faltas muy graves actuar contra los acuerdos adoptados por los órganos del partido o menoscabar la imagen de sus cargos públicos y estructuras, previendo como sanción máxima la expulsión. Los impulsores del expediente entienden que, al cuestionar con dureza la política de alianzas y las decisiones del actual Gobierno socialista, González habría sobrepasado los límites de la discrepancia legítima, incurriendo en los supuestos contemplados para la sanción de expulsión.
La propuesta remitida a la Comisión Federal de Ética y Garantías pide que se abra el correspondiente expediente, que se revisen las entrevistas y declaraciones realizadas por González y que se imponga la sanción de expulsión como “medida adecuada, proporcional y conforme al régimen disciplinario vigente”. Además, insta a que se apliquen los mismos criterios frente a cualquier militante que incurra en comportamientos similares de deslealtad o ataque a la imagen del PSOE.
La figura de Felipe González, cada vez más cuestionada dentro del socialismo
Este episodio ha puesto de nuevo en el foco la figura de Felipe González, un expresidente cuya relación con el PSOE actual es cada vez más compleja y que en los últimos años se ha convertido en uno de los críticos más notorios del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus constantes ataques a las políticas del Ejecutivo y a los pactos alcanzados con partidos independentistas han provocado un creciente malestar en sectores del partido y de la militancia, que ven en sus palabras un intento de deslegitimar al actual liderazgo y de socavar la unidad interna en momentos clave.
La difusión del documento por parte de Rubiales, aunque posteriormente eliminada, ha dado visibilidad a un sentimiento que late en parte de las bases y que reclama una respuesta contundente frente a lo que consideran ataques desde dentro del propio partido. La propia Rubiales, tras borrar el mensaje, señaló que no era la autora de la petición, sino que la había compartido a petición de militantes comprometidos con la defensa de los valores y la disciplina interna del PSOE.
Por ahora, la Comisión Federal de Ética y Garantías no ha comunicado si tomará en consideración la solicitud y abrirá el expediente disciplinario. Sin embargo, el gesto ha encendido un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la discrepancia pública y el papel que deben desempeñar quienes, como González, fueron protagonistas de la historia reciente del PSOE pero que hoy cuestionan abiertamente las decisiones del partido.
lunes, 30 de junio de 2025
¿Sabías que el juez Peinado no accedió por oposición a su cargo, sino por una vía eliminada por opaca y elitista?
Juan Carlos Peinado entró en la judicatura en 1994 gracias al llamado “tercer turno”, un atajo institucional que permitía a “juristas de reconocida competencia” convertirse en jueces sin pasar por una durísima oposición.
Fue suprimido en 2003 por falta de transparencia, pero dejó colocados a decenas de jueces que hoy ostentan poder sin haber pasado jamás por una oposición.
El poder judicial también tiene sus puertas traseras. Y Peinado entró por una.
Este mecanismo reservaba hasta un 33% de las plazas a personas seleccionadas a dedo por el CGPJ. Bastaba con tener experiencia y buenos contactos.
Una vez dentro, se ascendía a magistrado sin límite, por simple antigüedad.
Hoy, quienes llegaron por ese sistema siguen instruyendo casos de enorme repercusión política. Como el de la esposa del presidente.
¿Te sorprende que la justicia se politice si el acceso ya lo estaba?
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Artículo completo:
Peinado y el atajo judicial que el sistema enterró: anatomía del “tercer turno”
https://spanishrevolution.net/peinado-y-el-atajo-judicial...
Mazón pagó en efectivo, dos veces y con dinero público una comida de más de 800 euros en un restaurante Michelín
El president de la Generalitat abonó en dos pagos el ágape "por error", según la Generalitat
ElPlural
R.G.
30-6-25
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, gastó 853 euros de dinero público en una comida que abonó en metálico dos veces. El inicio de la cronología en lo que a los pagos se refiere comienza el 1 de noviembre de 2023, fecha en la que el jefe del Consell acudió con otras tres personas a l’Escaleta de Cocentaina (Alicante), un restaurante con dos estrellas Michelín.
Los comensales tomaron cuatro de los menús especiales de degustación que ofrecía el restaurante, según ha informado elDiario.es. Lo más llamativo es que la comida fue pagada en dos ocasiones y en metálico. Primero, meses después de que se produjera -en ese caso lo amortizó “la secretaria del jefe del Consell” y, más tarde, el 12 de junio por transferencia de la Generalitat.
La Comunidad Valenciana asocia a un “error” lo ocurrido a la vez que Compromís registró esta semana una solicitud de documentación para que Presidencia de la Autonomía detallara un ingreso de Servicios Gastronomía Reymo SL, compañía que gestiona el sitio de hostelería. En concreto, se trataba de un pago de 858, 78 euros a fecha de 22 de octubre de 2024.
Tras terminar la comida, que incluía la bebida que se incorporó al final de la cuenta, Mazón pidió al propietario del restaurante que pasara la factura a la Generalitat. El lugar, regentado por el famoso chef Kiko Moya, consideró complicado el procedimiento administrativo, aunque el personal lo inició. Después, el propio equipo valenciano respondió que no validaba la factura y que había que iniciar otra tramitación. Así operó el local, que volvió a mandar la factura para su cobro.
La deuda se dio por solventada cuando meses más tarde, siempre según la versión del propietario, la secretaria del presidente regional abonó la comida en dinero en efectivo. Sin embargo, cuál fue la sorpresa del empresario cuando, el 12 de junio de 2025, la Generalitat abonó por transferencia 853,78 euros de aquella comida.
El sitio constató que la secretaria de Mazón ya había pagado en metálico la comida hacía cosa de un año, por lo que le firma reintegró a Presidencia el importe, ya que, de lo contrario, habría pagado dos veces.
El Consell no reveló con quién estaba comiendo el president valenciano y ni cómo es posible que se abonara en efectivo una cantidad que casi alcanza los mil euros, lo máximo que permite Hacienda. No revelan, así las cosas, ni si el pago fue abonado por Mazón o por el partido; ni si la comida fue de trabajo o privada.
36.000 euros en comidas
Mazón y su equipo de gabinete se gastaron cerca de 36.000 euros en comidas solamente durante los primeros 18 meses de mandato entre diferentes sitios de Valencia y Alicante.
Entre los establecimientos más conocidos a los que ha acudido el responsable valenciano se encuentran la marisquería Nou Manolín, Taberna Gourmet, Restaurante La Costera o la Taska Sidrería -todos ellos de Alicante-; o Gastro Trinquet, La Sastería, Abadía d´Espí, la Taberna de Marisa, Rausell o el restaurante del Ateneo Mercantil, entre otros.
De manera más detallada, en lo que tiene que ver con los gastos, en la caja figuran un almuerzo en el Nou Manolín (1.184,80 euros) a fecha del pasado 13 de noviembre de 2023. También destaca aquí un pago de cerca de 3.000 euros en el restaurante Rausell, el 21 de octubre del mismo año.
Por otro lado, en La Taberna de Marisa se efectuaron varios almuerzos, entre ellos con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa valenciana, María José Catalá, tras la celebración de un mitin electoral. En total, se contabilizaron más de 4.700 euros gastados en este local a lo largo de diferentes fechas: 11 de septiembre (550,80 euros y 231,75), 15 de octubre (531,45 euros) o el 13 de diciembre (249,40 euros).
Otro de los espacios más frecuentados por Mazón ha sido el restaurante Ateneo Mercantil de València -gestionado por el Grupo El Alto y con vistas privilegiadas a la plaza del Ayuntamiento-. El gabinete ha abonado cerca de 5.000 euros en comidas institucionales.
En el mismo orden de cosas, el 2023 se registraron facturas el 26 de octubre por valor de 262,80 euros, 264,60 euros, 243,60 euros y 332,10 euros. El 9 de noviembre se efectuó otro pago de 584 euros y, al día siguiente, otro de 935,30 euros. Ya en 2024 constan al menos 14 facturas más, entre ella una de un valor de 827,20 euros.
La Audiencia ratifica a la jueza de la DANA y confirma la imputación del ex número dos de Emergencias de Mazón
La justicia avala la actuación de la magistrada al considerar que “no es irrazonable ni arbitrario" imputar a Argüeso
ElPlural
30-6-25
La jueza de la DANA ha sido nuevamente avalada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que también ha desestimado el recurso de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Mazón durante la catástrofe, contra su imputación. El auto dictado este lunes avala la actuación de la magistrada instructora y subraya que “no es irrazonable ni arbitraria” la decisión adoptada en el marco de la investigación.
La resolución incide en que la imputación del ex alto cargo “debe encuadrarse en el marco del proceso decisional objeto de investigación y, por tanto, se deberá estar a su resultado”, situando así la medida dentro de la lógica del procedimiento y dejando claro que su evolución dependerá de lo que se determine en el transcurso de las diligencias. Con este pronunciamiento, el tribunal respalda que la decisión de la jueza responde a un criterio jurídico fundamentado y no a una actuación caprichosa o desproporcionada, en un contexto en el que la investigación sigue abierta y las responsabilidades se están delimitando.
La Audiencia Provincial de Valencia, encargada de resolver los recursos de apelación en el marco de la causa de la DANA, subraya que, de acuerdo con la normativa del Consell, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias durante la DANA actuaba “bajo la supervisión” del entonces secretario autonómico, quien figura como investigado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas.
En el procedimiento, el fiscal decidió apoyar el recurso presentado por Argüeso, al considerar que su imputación no era “compatible con el principio de culpabilidad”. No obstante, el auto de la Audiencia rechaza ese planteamiento, al entender que no concurren los supuestos alegados por el Ministerio Público y advierte, “sin perjuicio” de ello, que la posición de garantía atribuida al ex alto cargo “no es una foto fija”, es decir, que podría variar en función de lo que avance la instrucción.
El magistrado Salvador Camarena Grau, ponente del auto, aclara que el nivel de suficiencia de los elementos incriminatorios que debe exigirse en cada resolución judicial “varía según las distintas fases del proceso”. Así, apunta que “cuanto más cerca se está del momento inicial del proceso, más bajo es el nivel de suficiencia exigido”, mientras que conforme la instrucción avanza ese nivel “se va elevando progresivamente”.
El segundo aval
Ambos fueron citados para el día 11 del pasado marzo y, a pesar de que la defensa de Argüeso sostenía que el ex alto cargo actuó con “encomiable diligencia” durante la jornada del 29 de octubre, tras prestar declaración y aportar un informe pericial sobre sus comunicaciones de aquel día, la jueza de la DANA concluyó en un auto dictado el 24 de abril que aseguraba que Argüeso disponía de un “conocimiento claro” de la situación.
La Audiencia Provincial de Valencia ya respaldó por unanimidad la imputación de Salomé Pradas. En aquella resolución, dictada el 19 de mayo, los seis magistrados de la sección segunda subrayaban que la Generalitat Valenciana tenía el “mando único” en la gestión de la respuesta a la emergencia.