Estas
son las tres denuncias contra el juez Peinado que obligan al CGPJ a
dejar de mirar para otro lado
PSOE
y Más Madrid elevaron textos por una presunta dejación de funciones
del magistrado en favor del Ayuntamiento de Madrid y sus preguntas a
Bolaños en el marco de la 'causa' Begoña Gómez
ElPlural
27-8-25
Rubén
Rozas
Las
últimas semanas han sido difíciles para el juez Juan Carlos
Peinado, magistrado que investiga a Begoña
Gómez,
y el mes que comienza en unos días se antoja clave para él en lo
relativo a la mujer del presidente del Gobierno, pero también en lo
relacionado con otras cuestiones como el chalet
del que disfruta en La Adrada (Ávila).
Entre
los puntos que ahora mismo mantienen más arrinconado al polémico
juez se encuentra la actuación del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ),
que hasta entonces miraba para otro lado.
Los
detonantes para que el organismo se pusiera manos a la obra fueron
tres denuncias, dos por el trato a favor en un caso que conectaba
directamente con el Ayuntamiento de Madrid que lidera José
Luis Martínez-Almeida y
una tercera por el desarrollo del interrogatorio que el juez llevó a
cabo sobre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes, Félix
Bolaños,
para tratar de sacar algo en claro sobre su insistencia en el ‘caso’
de Gómez.
ElPlural.com
ha tenido acceso a los documentos llegados desde Madrid, que se
centran en el retraso con el que Peinado dictó una prórroga para
investigar a Alfonso
Sánchez Vicente,
quien podría haber incurrido en un posible delito de malversación
siendo alto cargo de la administración de Cibeles.
El
aspecto que investigaba el magistrado encuentra su epicentro en la
posibilidad de que la empresa municipal hubiera malversado
dinero público con
la firma de un contrato de patrocinio con el digital de Eduardo
Inda, OkDiario, en el seno de unas jornadas de sostenibilidad en
2022 por valor de 72.600
euros.
Se trata de una cifra claramente superior a la que se pagó por otras
jornadas similares. Sin embargo, el juez asumió que el sobreprecio
podría encontrarse justificado por la “cantidad de personas” que
acudieron al acto y su “capacidad de difusión”.
La
oposición madrileña -tanto Más Madrid como partido como Guillermo
Hita,
secretario de Justicia del PSOE de Madrid (PSOE-M)- pusieron pie en
pared ante el CGPJ con sendos escritos a los que ha tenido acceso
íntegro este periódico.
Al
margen de ellos, la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita
Maestre,
recurrió también a la vía disciplinaria y el pasado 3 de julio
elevó una queja formal contra la persona que investiga también a la
esposa del responsable del Ejecutivo central. Cinco días más tarde,
la autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias y ya el 18 de
julio, el miembro socialista interpuso otra denuncia por los mismos
hechos que concluyó con otra apertura de diligencias, en su caso el
31 de julio.
Ambas
denuncias, tal y como ha podido comprobar este medio de comunicación,
ponen el foco en una dejación
de funciones por
parte del magistrado, quien tienen claro que desatendió sus
obligaciones como juez en tanto en cuanto acordó la mencionada
prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones
populares y de la Fiscalía.
De
este modo, los dos escritos destacan que la actuación de Peinado
causó “graves
perjuicios” a
la investigación y que “claramente” favoreció a la defensa
de los investigadores, dado que impide que se continúe investigando
la situación. Habrían sido las diligencias, rememoran los
denunciantes, las que habrían conducido al “completo
esclarecimiento de los hechos”.
Varios
mecanismos legales
Quienes
han querido destapar la actuación del juez en la capital -que
terminó favoreciendo al equipo del regidor de Cibeles- y que el caso
de las ponencias se reabriera han recurrido a diferentes
mecanismos legales.
En
los últimos meses, por ejemplo y según pudo conocer en exclusiva
ElPlural.com, Maestre interpuso un recurso de apelación contra el
archivo de la causa. Son varias las razones que la formación de
izquierdas alega para considerar que existe un delito de malversación
en las jornadas organizadas por Sánchez Vicente y que
costaron 72.000
euros.
Aquel
evento duró solo tres horas pero costó cuatro veces más al equipo
municipal que otras de contenido parecido que se habían llevado a
cabo poco tiempo antes. El propio Peinado reconoció la existencia de
un desvío monetario, pero la justificación que dio para la cantidad
de dinero que se empleó no convence a nadie: ni
los tiempos (un
día frente a tres), ni
la afluencia de gente (pocas
y de la propia EMT).
Prueba
de que podía existir algo punible es que el propio Peinado acordó
la prórroga, aunque ésta nunca llegó a darse. Tanto Cibeles como
el digital se beneficiaron de este fallo y recurrieron a la Audiencia
Provincial de Madrid.
El hecho es muy grave y deja
totalmente incapacitados documentos de
suma importancia para el devenir del caso como informes de la Unidad
de Delincuencia de la Policía (UDEF) o
de la agencia que estudia las cuentas públicas (AIRef).
El
interrogatorio a Bolaños
Sobre
el interrogatorio de Bolaños, lo que se estudia es si
éste traspasó los límites que
marca la regulación en los procedimientos. Durante sus preguntas, el
magistrado acusó al ministro de responder con “evasivas” y puso
en duda algunos de sus gestos.
En
última instancia, el tergiversó las declaraciones del interrogado
para pedir al Tribunal Supremo (TS) que
abriera una causa contra él.
En
esas palabras late todo: la dignidad que resiste a la miseria, la
lealtad más allá de las circunstancias, el vínculo inquebrantable
entre un hombre y su perro.
