Estas son las tres denuncias contra el juez Peinado que obligan al CGPJ a dejar de mirar para otro lado

PSOE y Más Madrid elevaron textos por una presunta dejación de funciones del magistrado en favor del Ayuntamiento de Madrid y sus preguntas a Bolaños en el marco de la 'causa' Begoña Gómez

ElPlural

27-8-25

Rubén Rozas

Las últimas semanas han sido difíciles para el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a Begoña Gómez, y el mes que comienza en unos días se antoja clave para él en lo relativo a la mujer del presidente del Gobierno, pero también en lo relacionado con otras cuestiones como el chalet del que disfruta en La Adrada (Ávila).

Entre los puntos que ahora mismo mantienen más arrinconado al polémico juez se encuentra la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hasta entonces miraba para otro lado.

Los detonantes para que el organismo se pusiera manos a la obra fueron tres denuncias, dos por el trato a favor en un caso que conectaba directamente con el Ayuntamiento de Madrid que lidera José Luis Martínez-Almeida y una tercera por el desarrollo del interrogatorio que el juez llevó a cabo sobre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para tratar de sacar algo en claro sobre su insistencia en el ‘caso’ de Gómez.

ElPlural.com ha tenido acceso a los documentos llegados desde Madrid, que se centran en el retraso con el que Peinado dictó una prórroga para investigar a Alfonso Sánchez Vicente, quien podría haber incurrido en un posible delito de malversación siendo alto cargo de la administración de Cibeles.

El aspecto que investigaba el magistrado encuentra su epicentro en la posibilidad de que la empresa municipal hubiera malversado dinero público con la firma de un contrato de patrocinio con el digital de Eduardo Inda, OkDiario, en el seno de unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por valor de 72.600 euros. Se trata de una cifra claramente superior a la que se pagó por otras jornadas similares. Sin embargo, el juez asumió que el sobreprecio podría encontrarse justificado por la “cantidad de personas” que acudieron al acto y su “capacidad de difusión”.

La oposición madrileña -tanto Más Madrid como partido como Guillermo Hita, secretario de Justicia del PSOE de Madrid (PSOE-M)- pusieron pie en pared ante el CGPJ con sendos escritos a los que ha tenido acceso íntegro este periódico.

Al margen de ellos, la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, recurrió también a la vía disciplinaria y el pasado 3 de julio elevó una queja formal contra la persona que investiga también a la esposa del responsable del Ejecutivo central. Cinco días más tarde, la autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias y ya el 18 de julio, el miembro socialista interpuso otra denuncia por los mismos hechos que concluyó con otra apertura de diligencias, en su caso el 31 de julio.

 Ambas denuncias, tal y como ha podido comprobar este medio de comunicación, ponen el foco en una dejación de funciones por parte del magistrado, quien tienen claro que desatendió sus obligaciones como juez en tanto en cuanto acordó la mencionada prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y de la Fiscalía.

De este modo, los dos escritos destacan que la actuación de Peinado causó “graves perjuicios” a la investigación y que “claramente” favoreció a la defensa de los investigadores, dado que impide que se continúe investigando la situación. Habrían sido las diligencias, rememoran los denunciantes, las que habrían conducido al “completo esclarecimiento de los hechos”.

Varios mecanismos legales

Quienes han querido destapar la actuación del juez en la capital -que terminó favoreciendo al equipo del regidor de Cibeles- y que el caso de las ponencias se reabriera han recurrido a diferentes mecanismos legales.

En los últimos meses, por ejemplo y según pudo conocer en exclusiva ElPlural.com, Maestre interpuso un recurso de apelación contra el archivo de la causa. Son varias las razones que la formación de izquierdas alega para considerar que existe un delito de malversación en las jornadas organizadas por Sánchez Vicente y que costaron 72.000 euros.

Aquel evento duró solo tres horas pero costó cuatro veces más al equipo municipal que otras de contenido parecido que se habían llevado a cabo poco tiempo antes. El propio Peinado reconoció la existencia de un desvío monetario, pero la justificación que dio para la cantidad de dinero que se empleó no convence a nadie: ni los tiempos (un día frente a tres), ni la afluencia de gente (pocas y de la propia EMT).

Prueba de que podía existir algo punible es que el propio Peinado acordó la prórroga, aunque ésta nunca llegó a darse. Tanto Cibeles como el digital se beneficiaron de este fallo y recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid. El hecho es muy grave y deja totalmente incapacitados documentos de suma importancia para el devenir del caso como informes de la Unidad de Delincuencia de la Policía (UDEF) o de la agencia que estudia las cuentas públicas (AIRef).

El interrogatorio a Bolaños

Sobre el interrogatorio de Bolaños, lo que se estudia es si éste traspasó los límites que marca la regulación en los procedimientos. Durante sus preguntas, el magistrado acusó al ministro de responder con “evasivas” y puso en duda algunos de sus gestos.

En última instancia, el tergiversó las declaraciones del interrogado para pedir al Tribunal Supremo (TS) que abriera una causa contra él.