"Mentir no es un delito" y otras perlas del PP para
justificar o restarle importancia a la corrupción
Repasamos otras situaciones en las que el PP ha
puesto excusas ante situaciones delicadas
ElPlural
Sergio Ramiro
19-10-25

Los casos de corrupción han proliferado a lo largo de la historia
del Partido Popular con considerable frecuencia, y con ellos,
las excusas y declaraciones rocambolescas para intentar
justificarlos, huir de ellos o restarles importancia. La
más reciente se ha dado con Miguel
Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y su
mentira en el Tribunal Supremo. MAR afirmó en sus redes
sociales que González Amador no había podido responder a la
propuesta del falso ofrecimiento de acuerdo porque "la
misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes ‘de arriba’ para
que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio". En sede
judicial, el jefe de gabinete señaló que no tenía información
específica para hacer esa afirmación, sino que se trataba
simplemente de una suposición. Un bulo. Ante
ello, fuentes de Génova han dado la sorprendente explicación
de que "mentir no es ilegal" a pesar
de que pueda suponer falso testimonio. No obstante, esta es solo
la última de una serie de complicadas excusas salidas desde
Génova ante situaciones delicadas y de corrupción.
Los 'populares' se han plegado alrededor de la figura de una
de las personas de máxima confianza de la lideresa regional,
indicando que "mentir no es ilegal", aunque
una mentira en sede judicial sí que puede suponer falso
testimonio en un caso como el que concierne a estas líneas;
el de la supuesta filtración del fiscal general del Estado, Álvaro
García Ortiz, sobre los delitos investigados en torno a la
pareja de la responsable de Sol.
Llegados a este punto, hay que recordar las contradicciones
existentes entre la versión de Rodríguez y el compañero
sentimental de la política, Alberto González Amador.
Esto llevaba a una conclusión sencilla: uno de los dos
miente. En mayo ya se apreció claramente que las
explicaciones dadas por el empresario respecto del mail en el que
confesó sus delitos fiscales y ofreció un pacto a la Hacienda
Pública para abonar la cantidad defraudada (350.000
euros) no coincidía con la declaración del jefe de
gabinete, ni siquiera con la suya propia. Pero en las filas del PP,
"mentir no es ilegal".
Aguirre y la Ciudad de la Justicia que quería
"todo el mundo"
Se pueden recordar otros casos en los que dirigentes del PP han
mentido o dado declaraciones muy extrañas para explicar decisiones
políticas que han terminado costando dinero. Por ejemplo, la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza
Aguirre aseguró en su momento que "todo
el mundo apoyaba" la idea de levantar un Campus
de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas
las sedes judiciales madrileñas, un proyecto que inicialmente costó
355 millones de euros para hacer 14 edificios de los
cuales solo uno fue construido, que llevó a prisión a
varios altos cargos de su Gobierno y que, ahora, con Isabel
Díaz Ayuso, ha visto su coste
incrementado hasta los 1.000 millones de euros de dinero
público.
"Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia,
todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual
presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Supremo,
todos", expresaba en su momento la exdirigente del PP al
declarar como testigo en el juicio por presuntas irregularidades en
la adjudicación de contratos.
En el mismo sentido, Aguirre dijo que no cesó en 2008 como
vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior a Alfredo
Prada, principal acusado en dicho juicio, por su gestión,
que "fue muy buena", sino por motivos
políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP,
Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba. La "muy
buena" gestión de Prada hizo que la Fiscalía reclamara ocho
años de cárcel para él por delitos continuados de
prevaricación y malversación, además de 6 años para el resto
de acusados.
Montoro y Equipo Económico
Por otro lado, el 'caso
Montoro' ya tiene fecha para el interrogatorio de sus
principales figuras bajo lupa judicial. El juez instructor ha
acordado prorrogar el plazo de investigación hasta enero
de 2026 para poder tomar declaración a "todos los
investigados", incluido el exministro de Hacienda del Gobierno
del Partido Popular, Cristóbal Montoro, entre
una treintena de personas más investigadas en la causa. Sin que haya
existido alrededor de este caso alguna justificación fuera de lugar
por parte del PP, conviene recordarlo por las maniobras
ocultistas emprendidas por el ex de Hacienda.
El caso que implica al exministro de Hacienda en el cobro de
comisiones a través de Equipo
Económico, despacho que el propio antiguo peso pesado del
Partido Popular (PP) fundó, por facilitar información
confidencial y realizar modificaciones
legislativas que beneficiaban a grandes empresas gasistas,
de juego y de otras áreas económicas se detonó por la localización
casual de un correo electrónico. Y es precisamente una cuenta de
e-mail la que está hundiendo al que fuera uno de los pesos pesados
durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Todo apunta a que Montoro se ubicaba en la cúspide de la
organización y, pese al chapucero disimulo, el
correo aromero@minhafp.es le delata. Ni su nombre ni su
primer apellido aparecen en esta dirección, con la clara pretensión
de ocultar quien se encuentra detrás, pero sus propios colaboradores
trasladaban a los interesados la existencia de este buzón y quién
se encontraba detrás. A esta cuenta asociada al Ministerio de
Hacienda llegó en 2015, antes que al juez, el escrito
con el que la Fiscalía Anticorrupción pidió que no se imputase al
PP por su caja B en la Gürtel.
"Para tu información. El jefe tiene una cuenta
de mail, a la que mandamos los temas del ministerio:
aromero@minhafp.es". Este mensaje enviado por uno de sus
colaboradores a un tercero, revelado por elDiario.es,
es el que expone directamente al exministro. Por aquel entonces, el
jefe llevaba casi cuatro años consecutivos al frente de Hacienda,
más de los completados durante la segunda legislatura de José María
Aznar, y aún quedarían tres para verle traspasar la cartera. En
esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete
años, el magistrado instructor investiga presuntos
delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública,
prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas,
corrupción en los negocios y falsedad documental.
La Fórmula 1 en Valencia y el 'coste cero' de
Camps
La Fórmula 1 es la máxima competición automovilística del
mundo y acoger una prueba del campeonato de este deporte
es una responsabilidad que requiere que todo esté bajo control.
De lo contrario, puede ocurrir lo que pasó en Valencia después de
2012: un evento deportivo del que se dijo que no costaría dinero a
los ciudadanos, y que terminó dejando un pufo de más
de 300 millones de euros.
Bajo el mandato de Francisco Camps, la Ciudad del Turia fue
testigo de la que para muchos expertos y espectadores fue la mejor
carrera de la trayectoria de Fernando
Alonso, partiendo desde la undécima posición y
haciéndose con la victoria en un trazado muy complicado. En lo
extradeportivo, sin embargo, no fue todo tan bonito. El que
fuera máximo responsable de la autonomía sigue defendiendo, a día
de hoy, que el circuito se saldó "a coste cero" para
los valencianos y que "lo que se cuenta" no es cierto.
"Yo no puedo hacer más", sentenciaba en
declaraciones concedidas a ElPlural.com.
El fallido Gran Premio de Valencia, del que solo se disputaron
cinco ediciones entre 2008 y 2012, tuvo un enorme
coste al erario público de los valencianos. Y lo ha seguido
teniendo hasta hace nada, de hecho, ya que en los
presupuestos autonómicos de 2024 se contemplaba la última
partida para pagar deudas de los 60 millones del
crédito para financiar parte de las obras de un trazado que acabó
costando 98,6 millones de euros, a los que suman los 111 millones que
se abonaron en concepto de canon, otros 26 por los derechos
televisivos y la deuda de 44 millones de la empresa Valmor que
gestionaba el circuito. Cerca de 340 millones en total.
En 2018 se hizo público en el diario El Mundo el informe
del despacho Garrigues que motivó uno de los escándalos más
sonados de los costes de dinero público: el pufo que
asumió la Generalitat al absorber Valmor, la sociedad
a la que Bernie Ecclestone, entonces director ejecutivo de la Fórmula
1, adjudicó los derechos de las carreras, y las ventajosas
condiciones que obtuvieron los empresarios cuando se
deshicieron de sus acciones porque el evento arruinó su empresa.
Garrigues avisó a la empresa pública Circuito del Motor
-entonces presidida por la ex consellera Lola
Johnson- que el contrato de traspaso de acciones
contenía una serie de "cláusulas no habituales" que,
al parecer, sólo beneficiaban a los empresarios.
Los propietarios de Valmor eran el ex piloto Jorge
Martínez Aspar, el empresario Fernando
Roig y Bancaja. Asimismo,
Garrigues indicó que el contrato incluía "principalmente un
reconocimiento por parte del comprador -la Generalitat- de la
situación de desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la
sociedad Valmor" y que los empresarios no habían cumplido con
su "obligación de formular, aprobar y depositar
las cuentas anuales de 2010" ante el Registro
Mercantil. La Generalitat asumió el compromiso "de restablecer
la situación patrimonial y de no instar al concurso voluntario de la
sociedad durante los dos años posteriores a la firma del contrato".
La trama eólica, la desvinculación de
Mañueco y la 'tinta de calamar'
Viajando hasta Castilla y León, nos
encontramos en el epicentro de la trama
eólica, un caso que no solo compromete a ex altos cargos de
la Junta y empresarios, sino que proyecta su sombra sobre el actual
presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.
Aunque no está procesado, su etapa como Consejero de Presidencia
de la Junta coincide con el periodo en el que se gestó el
entramado.
La Audiencia Provincial de Valladolid acoge desde este lunes 15 de
septiembre un macrojuicio que se prolongará hasta enero de 2026,
con 43 sesiones previstas. En el banquillo se
sentarán catorce personas acusadas de participar en
un mecanismo que condicionaba la autorización de parques eólicos a
la entrada de determinadas empresas locales como socias. La Fiscalía
Anticorrupción calcula que los beneficios obtenidos por estas
prácticas superaron los 75 millones de euros, una cifra
que sitúa este caso como el mayor escándalo de corrupción de la
comunidad.
El presidente castellanoleonés rechazó en el Pleno de las
Cortes cualquier implicación personal o de su Ejecutivo en la
trama ante la pregunta del PSOE al respecto. Mañueco, pese a
formar parte de aquel Gobierno autonómico del PP -era consejero de
la Presidencia en los años de la trama-, le dio la vuelta a la
tortilla y advirtió que la gestión del PSOE conlleva
"incompetencia, mentira y negligencia", un
punto en el que se refirió a la supuesta "corrupción"
de Pedro Sánchez, echando fuera el balón.
"Ni yo ni ningún miembro de mi gobierno tenemos nada
que ver en ese asunto, hablan de hechos de hace casi 20
años", argumentaba el presidente castellanoleonés, que
insistió en el "respeto al proceso judicial" y en su
"confianza en la decisión de los jueces". "Paren
ya de extender la tinta de calamar para ocultar la
corrupción que rodea a Sánchez en el Gobierno, en el partido y en
su entorno familiar", señaló Mañueco.
Se trata del mayor caso de corrupción de Castilla y León y el
principal encausado es el exviceconsejero de Economía Rafael
Delgado, a quien la Fiscalía pide 42 años de cárcel y
239 millones de euros de multa solo por este caso, ya
que recientemente fue condenado por prevaricación en la trama
corrupta Perla Negra. En total, las peticiones de penas
suman 138 años de cárcel y 848 millones de euros en multas.