Pilar
González Garcia
“Cuando
ganaron, se lo llevaron todo: el saqueo franquista a los
republicanos”
Durante
cuarenta años, el franquismo intentó borrar su propio saqueo.
Mientras los libros hablaban de “cruzada” y “reconstrucción
nacional”, la realidad fue otra: una inmensa operación de rapiña
legalizada.
Miles
de familias republicanas fueron despojadas de sus casas, tierras,
talleres, fincas, joyas, comercios y ahorros. A muchos se los fusiló;
a sus viudas e hijos se les impuso, además, el castigo de la
miseria.
El
robo convertido en ley
Nada
se hizo al azar. Desde el principio, el nuevo régimen entendió que
vencer no bastaba: había que aniquilar económicamente al enemigo.
El
Decreto 108 del 13 de septiembre de 1936, emitido en plena guerra,
declaró ilegales los bienes de partidos, sindicatos y personas
“contrarias al Movimiento Nacional”. Lo que hasta entonces era
propiedad privada se convirtió en botín del Estado franquista.
Pocos
meses después, el Decreto-Ley del 10 de enero de 1937 creó la
Comisión Central Administradora de Bienes Incautados, encargada de
gestionar las propiedades requisadas: casas, fincas, fábricas,
tiendas, muebles, dinero y documentos.
El
objetivo no era sólo recaudar; era castigar, borrar, repartir el
país entre los vencedores.
Según
el historiador Eduardo Montagut, el franquismo utilizó la
expropiación como herramienta de terror económico: “una guerra
contra la propiedad de los vencidos”.
Miles
de familias perdieron todo bajo el pretexto de “responsabilidades
políticas”.
Los
bienes incautados
El
mecanismo era siempre el mismo: un tribunal militar o de
responsabilidades políticas condenaba a una persona —muchas veces
ya fusilada—, y se ordenaba la incautación de sus bienes.
Las
propiedades pasaban al Estado, a los ayuntamientos o directamente a
manos privadas “afectas al régimen”.
Se
incautaron viviendas, talleres, periódicos, fincas agrícolas,
joyas, dinero en efectivo, obras de arte, títulos de propiedad y
archivos personales.
El
robo fue legalizado. Los papeles están en los archivos, con nombres,
cifras y fechas.
Casos
documentados: del despojo al olvido
1.
Granada: la familia Castilla
Virgilio
Castilla, presidente de la Diputación de Granada, fue fusilado el 2
de agosto de 1936.
A
su familia se le confiscaron la vivienda, el despacho y todas las
pertenencias.
Su
madre y su hermano fueron obligados a pagar una multa de
“responsabilidades políticas” para no ir a prisión.
El
valor de los bienes confiscados se estimó en más de 260.000 euros
actuales.
En
2011, el Estado español negó la restitución.
(Fuente:
Público, “España: el dinero del expolio y la rapiña del
franquismo”).
⸻
2.
Soria: el campesino Fidel Ranz Iglesias
Nacido
en Baraona (Soria) en 1896, fue procesado por un tribunal franquista
en Burgos el 21 de diciembre de 1940.
Su
delito: haber simpatizado con la República.
La
condena incluyó incautación de todos sus bienes: una casa, un
terreno agrícola y sus animales de trabajo.
Su
familia quedó en la pobreza.
(Fuente:
Diario Red, “La incautación de bienes durante el franquismo y la
nula restitución”).
3.
Los hermanos Izquierdo, en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Gonzalo
e Hermenegildo Izquierdo fueron despojados de 15 fincas, la mayor de
18 fanegas (12 hectáreas).
También
Francisco Navacerrada Lozano, con 20 fincas incautadas, entre ellas
“Dos Casas”, de 7 hectáreas.
Todo
fue entregado a colonos afectos al régimen o subastado por el
Estado.
(Fuente:
memoriahistoricasanse.org).
4.
Alicante: la incautación de las “Casas del Pueblo”
En
la provincia de Alicante, decenas de sedes sindicales y de partidos
fueron requisadas.
La
más simbólica: la Casa del Pueblo de Alicante, sede del PSOE y la
UGT.
Junto
a ella se confiscaron bibliotecas, farmacias cooperativas y sedes
juveniles.
Nada
fue devuelto.
(Fuente:
Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante).
5.
Madrid: Pedro Rico López, alcalde republicano
Alcalde
de Madrid en 1931-34 y 1936.
Exiliado
en 1937, vio cómo la Junta de Protección del Patrimonio Artístico
le confiscaba 23 cuadros y dos dibujos de su vivienda particular el 9
de julio de 1938.
Entre
las obras había retratos familiares y lienzos de artistas del XIX.
Sus
herederos iniciaron un proceso de recuperación en 2022, aún sin
éxito.
(Fuente:
Wikipedia y archivos del Ministerio de Cultura).
Andalucía:
el expolio más profundo
La
represión económica en Andalucía fue brutal.
Un
estudio del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla
(IDUS) calcula que más de 60.000 personas fueron sancionadas o
desposeídas entre 1936 y 1945.
Los
tribunales franquistas de “responsabilidades políticas” en
Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz impusieron multas, embargos y
confiscaciones a campesinos, maestros, farmacéuticos, alcaldes y
jornaleros.
– Córdoba:
confiscaciones y sanciones
Los
archivos provinciales recogen decenas de expedientes de embargos en
Baena, Priego, Puente Genil y Montilla.
Familias
enteras perdieron fincas, olivares, molinos y casas.
En
muchos casos, los bienes pasaron a manos de falangistas o de los
nuevos ayuntamientos “purificados”.
– Cádiz:
el caso de José Pérez Pérez (Tarifa)
Teniente
de alcalde republicano.
Expedientado
el 16 de octubre de 1936; fusilado poco después.
A
su viuda se le incautaron una vivienda, un terreno agrícola y una
pequeña tienda, además de imponérsele una multa económica para
“saldar su deuda con la Patria”.
(Fuente:
Dialnet – Represión y control social en Tarifa).
– Málaga
y Antequera: control y castigo
El
estudio Represión económica y control social en Andalucía
(Academia.edu,
1936-1966) muestra cómo las autoridades franquistas intervinieron
créditos bancarios, embargaron bienes de jornaleros y forzaron
ventas a precios simbólicos.
Era
una política planificada: arruinar al vencido y premiar al fiel.
El
resultado: un país repartido entre los vencedores
Mientras
las familias republicanas perdían todo, los vencedores del régimen
—militares, falangistas, empresarios oportunistas y curas
poderosos— se repartían el país.
Muchos
negocios que hoy siguen existiendo nacieron sobre propiedades
arrebatadas.
Tiendas,
farmacias, fincas, talleres y casas cambiaron de manos con una simple
orden administrativa.
En
pueblos de toda España, los nombres aún se recuerdan: “esa era la
casa de los rojos”.
Y
los descendientes de aquellos desposeídos, muchos de ellos aún
vivos, siguen esperando una reparación que nunca llega.
La
herencia del saqueo
El
franquismo no sólo impuso el silencio: legalizó el robo.
Las
leyes de Responsabilidades Políticas, de Represión de la Masonería
y del Comunismo, y los decretos de incautación sirvieron para
destruir cualquier posibilidad de restitución posterior.
Ni
la Transición ni los gobiernos posteriores devolvieron esos bienes.
El
expolio permanece impune.
Memoria,
verdad y justicia
Hablar
de esto no es remover el pasado: es contar lo que el pasado sigue
escondiendo.
Porque
sin verdad no hay memoria, y sin memoria no hay justicia.
Miles
de familias fueron empujadas a la miseria mientras otros construyeron
su fortuna sobre los escombros de la República.
“No
fue sólo una guerra: fue un robo. Un país saqueado bajo bandera,
misa y fusil.”
Texto
original de Pilar González. Todos los derechos reservados.
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