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miércoles, 31 de diciembre de 2025

 


En el nombre del padre: la Iglesia como sostén ideológico de la dictadura franquista

De la bendición de la “Cruzada” al silencio ante la represión, el papel de la jerarquía católica fue clave en la legitimación moral y social del régimen de Franco

J.Pardo

30-12-25

ElPlural



Durante la dictadura franquista (1939-1975), la Iglesia católica desempeñó un papel central en la configuración ideológica, social y moral del régimen. Lejos de ser un actor marginal o meramente espiritual, la jerarquía eclesiástica se convirtió en uno de los pilares fundamentales del nuevo Estado surgido tras la Guerra Civil, legitimando el poder de Francisco Franco y participando activamente en la construcción de un sistema autoritario, represivo y profundamente conservador. Analizar este papel resulta imprescindible para comprender tanto la naturaleza del franquismo como algunas inercias que han perdurado en la sociedad española contemporánea.

Tras el golpe de Estado de 1936 y la posterior victoria franquista, la Iglesia interpretó el conflicto como una “Cruzada” contra el ateísmo, el marxismo y la modernidad republicana. Esta lectura no fue únicamente retórica: sirvió para justificar moralmente una guerra que dejó cientos de miles de muertos y para absolver, en gran medida, la violencia ejercida por el bando sublevado. Obispos y cardenales bendijeron armas, celebraron misas por la victoria y presentaron a Franco como un instrumento de la voluntad divina. La famosa “Carta colectiva del episcopado español” de 1937, dirigida a los obispos del mundo, es un ejemplo paradigmático de esta alineación: en ella se legitimaba el alzamiento militar y se culpaba a la Segunda República del caos moral y social.

Consolidada la dictadura, el régimen y la Iglesia establecieron una relación simbiótica conocida como nacionalcatolicismo. El Estado garantizaba privilegios económicos, educativos y legales a la institución eclesiástica, mientras esta ofrecía respaldo ideológico y control social. La religión católica se convirtió en elemento vertebrador de la vida pública: era obligatoria en la educación, omnipresente en los rituales oficiales y determinante en la legislación civil. El Concordato de 1953 selló esta alianza, otorgando a la Iglesia exenciones fiscales, subvenciones, control sobre la enseñanza y capacidad de censura moral, a cambio de su fidelidad al régimen.

Uno de los ámbitos donde esta colaboración fue más visible y lesiva fue el educativo. La Iglesia controló escuelas, institutos y universidades, imponiendo una enseñanza dogmática, segregada por sexos y orientada a reproducir los valores del franquismo: obediencia, jerarquía, sacrificio y sumisión, especialmente en el caso de las mujeres. El ideal femenino promovido desde los púlpitos y las aulas era el de esposa y madre abnegada, relegada al ámbito doméstico y privada de autonomía personal. La moral católica sirvió así para justificar un sistema legal que negaba derechos básicos a las mujeres, como el acceso al trabajo, el divorcio o la libertad sexual.

La Iglesia también participó, de forma directa o indirecta, en los mecanismos represivos del Estado. Capellanes en cárceles y centros de detención legitimaban la represión como castigo necesario, ofreciendo consuelo espiritual a los verdugos y exigiendo arrepentimiento a las víctimas. El silencio institucional ante las torturas, las ejecuciones y la persecución de disidentes fue, salvo contadas excepciones, la norma. Este silencio no fue neutral: contribuyó a normalizar la violencia y a perpetuar el miedo como herramienta de control.

No obstante, sería intelectualmente deshonesto presentar a la Iglesia como un bloque monolítico. A partir de los años sesenta, especialmente tras el Concilio Vaticano II, comenzaron a surgir fisuras en esta alianza. Sectores del clero, movimientos de base y sacerdotes comprometidos con el mundo obrero empezaron a cuestionar el autoritarismo del régimen y a denunciar las injusticias sociales. Las llamadas “curas obreros”, las comunidades cristianas de base y algunos obispos más aperturistas jugaron un papel relevante en la articulación de una oposición moral al franquismo, aunque siempre desde una posición minoritaria y,en muchos casos, reprimida por la propia jerarquía.

Con la llegada de la Transición, la Iglesia trató de adaptar su discurso a los nuevos tiempos, presentándose como mediadora y defensora de la reconciliación. Sin embargo, esta reconversión no vino acompañada de una autocrítica profunda sobre su responsabilidad histórica. A diferencia de otras instituciones, la jerarquía eclesiástica no ha pedido perdón de forma clara y contundente por su apoyo a la dictadura ni por su papel en la represión. Esta falta de memoria crítica sigue siendo un obstáculo para una verdadera reparación simbólica.





 

La vuelta de Dios a la política: el PP y el nuevo discurso conservador

La fe gana peso en el relato del Partido Popular en plena disputa por el electorado conservador

Suren Gasparyan

31-12-25

ElPlural



Hablar de religión ya no es un tabú en el discurso del Partido Popular, sino una elección estratégica. En un momento en el que el debate político se construye cada vez más desde lo emocional y lo identitario, la formación conservadora ha optado por reivindicar la fe cristiana como parte esencial de su relato. No se trata únicamente de una defensa genérica de las tradiciones o de una apelación cultural ligada al calendario navideño, sino de una operación política más profunda que busca redefinir el marco simbólico desde el que el PP interpela a su electorado y compite por la hegemonía en la derecha española.

Este giro discursivo se produce, además, en un contexto de creciente presión por la derecha. Vox continúa disputando al Partido Popular el voto más conservador, especialmente en el terreno de los valores, la identidad nacional y la religión. En ese escenario, Génova es consciente del riesgo de fuga de electores hacia una derecha que se presenta como más nítida ideológicamente y menos condicionada por el pragmatismo institucional. La reivindicación explícita de la fe cristiana funciona así como un dique de contención frente a Vox, un intento de cerrar flancos y evitar que la batalla cultural se libre exclusivamente en el terreno de la extrema derecha.

“No hay que pedir perdón por ser católico”

Las últimas semanas han sido especialmente ilustrativas de esta estrategia. La cena navideña del Partido Popular de Madrid actuó como un punto de inflexión simbólico. Allí, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso no solo apelaron a la tradición cristiana como parte del acervo cultural español, sino que introdujeron una narrativa de agravio, sugiriendo que la fe católica estaría siendo cuestionada o desplazada del espacio público. La afirmación de que “no hay que pedir perdón por ser católico” condensa esa idea y la convierte en un mensaje político con vocación movilizadora.

Desde un punto de vista analítico, el valor de este discurso no reside tanto en su literalidad como en el marco que construye. El PP adopta una lógica similar a la que Vox ha explotado con éxito: presentar determinadas identidades mayoritarias como si estuvieran amenazadas por un poder progresista que impone una agenda cultural ajena. Al hacerlo, el partido intenta disputar ese terreno sin asumir los rasgos más extremos del discurso de la ultraderecha, pero asumiendo parte de su gramática política.

La elección del grupo Hakuna Group Music por parte de la Comunidad de Madrid se inscribe en esta misma lógica. Hakuna representa una religiosidad juvenil, emocional y desacomplejada, capaz de conectar con públicos a los que Vox también interpela desde el discurso identitario, pero desde un registro menos áspero y más transversal. Al asociarse con este fenómeno, el PP busca ofrecer una alternativa conservadora “amable”, moderna y culturalmente atractiva, evitando que la religión quede monopolizada por los sectores más radicales de la derecha.

Este movimiento cumple una doble función. Por un lado, refuerza el vínculo del PP con un electorado conservador que podría sentirse tentado por el discurso más contundente de Vox. Por otro, permite al partido presentarse como una opción capaz de integrar valores tradicionales sin renunciar del todo a una imagen institucional. Es un equilibrio complejo: marcar perfil ideológico sin caer en la estridencia, competir en la batalla cultural sin romper completamente con el centro político.

La polémica generada en redes sociales por el uso de “felices fiestas” frente a “Feliz Navidad” debe entenderse también desde esta clave competitiva. Más allá de su carácter artificial, el debate permite al PP ocupar un espacio simbólico que Vox explota habitualmente: el de la defensa de las tradiciones frente a una supuesta corrección política progresista. Al hacerlo, el partido intenta evitar que ese tipo de controversias se identifiquen exclusivamente con la extrema derecha y se normalicen dentro del discurso conservador mayoritario.

Estos conflictos culturales, aparentemente menores, ofrecen una alta rentabilidad política. Movilizan emocionalmente, generan visibilidad y permiten marcar posición ideológica sin entrar en debates complejos sobre políticas públicas. En un contexto en el que Vox presiona constantemente para endurecer el discurso del PP, la batalla cultural se convierte en un terreno más cómodo que la confrontación programática.

La fe como refugio en un mundo fragmentado

El contexto internacional refuerza esta estrategia y ayuda a entender por qué el Partido Popular ha decidido no mantenerse al margen de este terreno. En buena parte de los países occidentales, la religión y los valores tradicionales han reaparecido como instrumentos políticos frente a un escenario marcado por la fragmentación social, la incertidumbre económica y la crisis de los grandes consensos culturales. Desde Estados Unidos hasta varios países europeos, los discursos conservadores han incorporado la fe como elemento de cohesión identitaria, presentándola como un anclaje frente a sociedades cada vez más diversas y pluralizadas.

En ese marco, el PP parece haber asumido que renunciar a ese espacio simbólico implica dejarlo completamente en manos de Vox, que ha hecho de la religión, la nación y la tradición uno de los pilares de su relato. Incorporar estos elementos al discurso propio permite al PP disputar ese terreno desde una posición menos radical y más institucional, aunque no por ello exenta de tensiones internas ni de riesgos electorales.

Este giro discursivo también refleja transformaciones internas dentro del propio partido. El creciente peso de sectores religiosos en el entorno de Génova 13 no responde únicamente a una afinidad ideológica o a convicciones personales de algunos dirigentes, sino a una lectura estratégica del momento político. En un contexto de competencia directa por el electorado conservador, estas corrientes han ganado capacidad de influencia en la definición del mensaje, en la selección de símbolos y en la priorización de determinados debates culturales. La centralidad que adquiere la fe en el discurso del PP indica que estas sensibilidades ya no ocupan un espacio marginal o testimonial, sino que forman parte del núcleo desde el que se articula la estrategia política del partido, especialmente en lo relativo a la batalla cultural.

Más allá del caso concreto del Partido Popular, este giro se inscribe en un ciclo político más amplio en el que las identidades vuelven a ordenar el conflicto. La fe, la tradición y los valores aparecen como lenguajes capaces de ofrecer certidumbre en un contexto de fragmentación. El PP ha decidido hablar ese idioma. Lo relevante será observar cómo evoluciona ese discurso y qué lugar acaba ocupando en el conjunto del sistema político.


martes, 30 de diciembre de 2025

 


 

Foto: Luis Viadel

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Foto: Luis Viadel

 


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Mercedes Rodríguez

Lo vengo diciendo desde hace muchos días: o existe una política valiente dentro del Gobierno y, por añadidura, del PSOE, o vamos a salir de él humillados y, para muchos, con la duda de si será verdad todo lo que se está diciendo.

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En primer lugar, hay que apartar a todos estos dinosaurios del partido. Son quienes son y han llegado donde han llegado gracias al PSOE, partido que ahora tratan de hundir. De lo contrario, serían simples politiquillos con mayor o menor reputación en los bares que frecuentan.

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No es de recibo que, un día sí y otro también, tengamos que escuchar declaraciones de una mal llamada oposición “amiga” y que, pese a ello, sigan perteneciendo al partido como si no pasara nada. El derecho a la libertad de expresión existe, por supuesto, pero no desde las tripas de nuestra casa. Si quieren hacer oposición, es asunto suyo, pero deben hacerlo desde fuera y no desde dentro, donde nos vemos representados afiliados y simpatizantes que no los queremos ni en pintura. Dicho sin rodeos: todos estos, a la calle sin demora, y entonces que digan lo que quieran.

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Si se pierden unas elecciones o el Gobierno, puede ocurrir. Lo que no podemos permitirnos es perder con el “enemigo” desgarrándonos desde dentro y, encima, llamándoles camaradas.

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Uno ya no sabe cuántas atrocidades ha cometido la derecha. Ahí tienen a sus dos expresidentes y a toda la gama de ministros y altos cargos, todos alineados, sin poner nada en cuestión dentro de su partido; más bien al contrario: “el que pueda hacer, que haga”.

Nada de cuestionar lo que dice o hace su presidente, aquel que vino a prometer política para adultos y sin insultos y que se ha convertido en uno de los personajes más mentirosos y trileros de la España política.

Sin embargo, ahí lo tienen, tragándose todo lo que le pone encima de la mesa VOX, sin que nadie le contradiga. Ha hecho balance del año y solo ha propuesto barro, mentiras y trileradas. La última, decir que él no borra los mensajes de su móvil. No, claro: si hay algo comprometido, se rompe a martillazos. Y, aun así, repito, nadie pone en cuestión sus deslices, a veces de un calado infumable.

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Y mientras tanto tenemos a un personaje en las filas del PSOE que, solo con ver a qué medios se acerca cuando va a decir algo contra el Gobierno, ya nos está diciendo qué clase de persona es.

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Decía Chesterton —que hizo la mili conmigo—: “Es difícil dar una definición de la lealtad, pero quizá nos acerquemos a ella si la interpretamos como el sentimiento que nos guía ante una obligación”.

Y al lado, el cabo furriel Espinel añadía: “La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura”.

¿Cuál de las dos definiciones se les puede aplicar a estos dinosaurios resabiados? Ahí lo dejo.

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El Bellotero .


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   Pareja del año 2.026


 


 


 


 

Miguel Ángel Rodríguez ha gastado estos cuatro años más de mil euros al mes en comidas y cenas

En los últimos cuatro años, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha gastado más de 50.000 euros en estas citas a las que se atribuye un motivo institucional

Rodrigo de la Torre

30-12-25

ElPlural



La progresión de gasto en comidas y cenas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha ido en evolución desde el 2021. Aquel primer año, la cantidad de dinero dedicada por Miguel Ángel Rodríguez fue de más de 800 euros, pasando a casi 1.100 en el 2022, disminuyendo un poco en el 2023 para caer a los 950 y superando los 1.100 en el 2024. No obstante, en el 2025, tal y como reflejan las cuentas correspondientes al tercer trimestre de la Comunidad de Madrid, que publica los gastos protocolarios de sus altos cargos, la partida económica dedicada ha sido de 1.400 euros mensuales. Esta última es una cifra a la que todavía queda por sumar el cuarto trimestre del año, por lo que la media final podría consolidarse como la más alta en este tiempo.

De esta manera, Miguel Ángel Rodríguez, cuyo salario anual de 100.000 euros es similar al de Isabel Díaz Ayuso y superior al del presidente del Gobierno de España, ha dedicado en estos cuatro años hasta 53.000 euros a comidas y cenas que, según se indica, han gozado de un carácter institucional. La cifra se distribuye en un total de 360 citas, lo que vendrían a ser unas 90 por año, dedicando una media de 147 euros a cada una.

Miguel Ángel Rodríguez, una figura notable que despierta asperezas

Son distintos los momentos en los que, a lo largo de su trayectoria, Miguel Ángel Rodríguez ha despertado polémica. Por ejemplo, ha sido cuestionado por su papel como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por la difusión de mensajes y posiciones muy críticas en redes sociales que algunos consideran confrontadores; también ha sido objeto de debate por cómo ha manejado y filtrado información confidencial de casos judiciales en los medios; e incluso ha generado críticas dentro del propio PP por su estilo combativo y su relación con periodistas. No obstante, en los últimos meses su figura ha despertado gran controversia por el papel que ha jugado en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde él mismo reconocía haber difundido a los medios de comunicación una información de la que no tenía certezas, lo que vendría a ser el famoso bulo del correo de Alberto González Amador. 

La polémica se centra en que Rodríguez, en la noche del 13 de marzo de 2024, difundió entre periodistas un mensaje sugiriendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso y que este pacto se había sugerido “por órdenes de arriba”, información que después se demostró falsa y que lo sucedido fue al contrario, fue Alberto González Amador quien reconocía ante la Fiscalía haber cometido un doble fraude a la Hacienda Pública. No obstante, aquello fue lo que desembocó en el juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, cuyo final es de sobra conocido a día de hoy. En aquel proceso ante el Tribunal Supremo, el jefe de gabinete de Ayuso, finalmente, reconoció en sede judicial que parte de ese mensaje era inventado o producto de “intuiciones” sin base documental, generando una enorme polémica en medios y foros políticos sobre su responsabilidad ética y periodística en un caso de tanta relevancia. Periodistas de distintos medios comparecieron ante los jueces para desmentir el bulo que Miguel Ángel Rodríguez propagó y desmontar esa versión errónea de los hechos. 

Un episodio del que, por el momento, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha salido airoso, no sin provocar un gran debate por la ausencia de consecuencias que han tenido sus actos, a pesar de que reconoció ante los jueces que el mensaje que difundió entre los medios no gozaba de solidez.


¿Y cuanto en alcohol?

 



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La Mer

 


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Tenía seis años cuando su madre la dejó en una estación de lavandería automática… y no volvió.

Estaba sentada en el suelo, junto a las secadoras encendidas, viendo girar la ropa ajena como si eso fuera el tiempo pasando. Miraba la puerta. Esperaba. La gente entraba y salía. Nadie se detenía.

Hasta que una mujer lo hizo.

Se llamaba Kate.

—“Cariño… ¿dónde están tus padres?” —le preguntó.

La niña no supo qué responder. Solo sabía que estaba sola.

Kate se sentó a su lado. Esperó con ella. Llamaron a números que no existían. Buscaron nombres que no estaban en ningún registro. Pasaron horas. Nadie llegó.

Kate se fue esa noche.

Y volvió al día siguiente.

Y al siguiente.

Trajo bocadillos. Trajo una manta. Trajo una libreta para dibujar. Le dijo a los empleados que se haría cargo “hasta que sucediera lo correcto”.

Y lo correcto terminó siendo esto:

Kate firmó los papeles.

No era rica. No tenía pareja. Tenía dos trabajos y muy poco tiempo. Pero tenía algo que pesa más que todo eso: la decisión de no pasar de largo.

La crió sola.

Estuvo en cada festival escolar, en cada noche con fiebre, en cada miedo infantil que pide una voz cerca. No salvó al mundo. Salvó a una niña.

Años después, esa niña eligió ser oficial de policía.

No por la placa. No por la autoridad. Sino para ser lo que Kate fue para ella: alguien que se detiene cuando ve a un niño perdido.

Hoy, adulta, dice una frase que lo resume todo:

Todavía me considera su mejor decisión.”

No fue un gesto heroico.

No fue una campaña.

No fue una misión.

Fue una mujer que se sentó en el suelo junto a una niña… y decidió no levantarse nunca del todo.

Y a veces, eso es exactamente cómo cambia la historia.

#fblifestyle


Los deseos de Navidad de una víctima de la dana para Feijóo

lunes, 29 de diciembre de 2025

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¿Los niños eran palestinos?

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A Night of Enchantment | Romantic Guitar & Accordion from Mexico to Italy

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Serenade of Two Worlds | Guitar & Accordion Love Songs of Mexico & Italy

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«ВЕСЕЛОЕ МЕСТЕЧКО», Ансамбль Локтева. "FUN PLACE", Loktev Ensemble.

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ALSINA OBLIGA A FEIJÓO A DIMITIR POR MENTIR Y ENCUBRIR A MAZÓN

 

El Supremo da la razón al abogado que pide repetir el juicio al fiscal general con distinto tribunal

El alto tribunal avala que la recusación era la vía correcta tras adelantarse el fallo condenatorio

29-12-25

ElPlural



El Tribunal Supremo ha avalado que la recusación era el cauce legal adecuado para denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, un pronunciamiento que refuerza la tesis de que el proceso quedó viciado desde el momento en que se adelantó el fallo condenatorio. Así lo sostiene el abogado canario José Manuel Rivero, que ya en noviembre defendió públicamente que la única vía correcta para cuestionar la actuación de los magistrados pasaba por su recusación formal y no por una querella penal posterior.

La resolución procede de la Sala del artículo 61 del alto tribunal, que ha inadmitido la querella presentada por Catalunya en Comú contra el presidente del tribunal sentenciador, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos. Al hacerlo, el Supremo no entra a valorar el fondo de la denuncia sobre imparcialidad, pero deja claro que, si se pretendía cuestionar la neutralidad de los magistrados, debía haberse activado el mecanismo procesal de la recusación. “Si la formación política quiere denunciar la falta de imparcialidad de magistrados, debe hacerlo a través de la recusación”, afirma el auto, subrayando que, al no haberse solicitado, la Sala no puede pronunciarse sobre esa cuestión.

Este razonamiento coincide plenamente con el planteamiento que Rivero había formulado semanas antes, cuando el tribunal hizo público el fallo condenatorio contra García Ortiz el 20 de noviembre, quince días antes de que se notificara la sentencia íntegra. En un artículo de opinión publicado dos días después del anuncio del fallo en 'Canarias Ahora', el letrado calificó de “anomalía procesal” que se adelantara públicamente la conclusión del juicio sin que estuviera redactado el razonamiento que debía sustentarla, y sostuvo que esa práctica comprometía una garantía constitucional básica: el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

Rivero recomendó entonces al propio García Ortiz que promoviera la recusación de los cinco magistrados que habían firmado el fallo anticipado, al considerar que anunciar la condena antes de completar la sentencia generaba “una situación procesal insostenible” que solo podría corregirse mediante la repetición del juicio ante un tribunal distinto. Su posición, además, fue formulada antes de que trascendieran otros elementos que posteriormente alimentaron la polémica, como las relaciones académicas y profesionales de algunos de los magistrados con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que había actuado en el proceso como acusación popular.

Precisamente esos vínculos fueron esgrimidos por Catalunya en Comú en su querella, junto con comentarios realizados por magistrados en cursos organizados tras el juicio, para sostener que se había producido una “quiebra de la imparcialidad objetiva”. Sin embargo, el Supremo concluye que la vía elegida no era la correcta y que, para denunciar ese tipo de circunstancias, el ordenamiento jurídico prevé la recusación como mecanismo específico.

Para Rivero, este pronunciamiento tiene “consecuencias jurídicas de primer orden”. En su análisis, el abogado destaca la paradoja que encierra el auto: al rechazar la querella por revelación de secretos, el Supremo confirma implícitamente que la recusación era el instrumento adecuado incluso en un escenario tan excepcional como el creado por el propio tribunal al adelantar el fallo sin sentencia escrita durante más de dos semanas. “La Sala abre implícitamente una vía procesal como viable: plantear recusación durante la redacción de la sentencia”, sostiene el letrado.

El núcleo del debate, según Rivero, reside en determinar en qué momento procesal debe activarse esa recusación cuando el tribunal hace público el sentido del fallo pero aún no ha formalizado la sentencia. A su juicio, el alto tribunal “creó un escenario inédito” y, al mismo tiempo, acaba de señalar que, en ese contexto, el cauce correcto para denunciar la falta de imparcialidad seguía siendo la recusación. Esa interpretación, afirma, “abre una rendija procesal” que podría permitir controlar la imparcialidad judicial en casos presentes y futuros, especialmente cuando surgen hechos nuevos durante la fase de redacción de la sentencia.

El abogado subraya que lo relevante del auto no es tanto la inadmisión de la querella como el razonamiento que la sustenta. En particular, destaca que la Sala reconoce que el querellante realizó “reiteradas referencias” a las relaciones de los magistrados con letrados de parte y a su participación en actividades académicas, pero insiste en que esas alegaciones debieron canalizarse por la vía legalmente prevista. Para Rivero, este reconocimiento refuerza la idea de que la cuestión de la imparcialidad no es menor ni meramente retórica, sino un elemento central del debate jurídico.

Desde esta perspectiva, la resolución del Supremo viene a respaldar la tesis de que el proceso contra el exfiscal general quedó marcado desde el momento en que se hizo público el fallo condenatorio antes de la sentencia. Aunque el auto no ordena repetir el juicio ni entra a valorar directamente la actuación de los magistrados, sí fija doctrina sobre el instrumento procesal idóneo para cuestionar su imparcialidad, una doctrina que podría tener efectos más allá del caso concreto de García Ortiz.


 

Sale a la luz un vídeo que deja serias pruebas de un presunto 'lawfare' contra Podemos

La declaración de un inspector jefe de la Policía Nacional evidencia actuaciones no enmarcadas en un protocolo y que se dirigieron contra Pablo Iglesias

Rodrigo de la Torre

29-12-25

ElPlural



La Audiencia Nacional avanza en la investigación que realiza sobre las llamadas "maniobras de guerra sucia" que, presuntamente, se dirigieron contra el partido político Podemos y sus dirigentes durante 2016. Según ha publicado elDiario.es, el pasado 3 de julio declaró ante el juez Santiago Pedraz un inspector jefe de la Policía Nacional perteneciente a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), imputado porque su identificador figura en una consulta de la base de datos policial en la que se escribió el nombre de Pablo Iglesias. 

Un hecho que no se había conocido hasta ahora y que ha salido a la luz con la difusión del vídeo de su declaración, que elDiario.es ha reproducido. La comparecencia de este inspector se ha producido como parte de la causa que investiga si ciertos mandos policiales realizaron búsquedas de antecedentes arbitrarias o injustificadas en torno a líderes y cargos de Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. 

¿Qué motivó investigar a Pablo Iglesias en la base de datos?

El inspector explicó que en marzo de 2016 usó su clave para consultar datos de Pablo Iglesias porque, según él, estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán. La investigación se ejecutaba, según afirmó en la comparecencia, por un supuesto delito de narcotráfico. Urbán había sido vinculado en informes policiales, que posteriormente se evidenciaron como carentes de fundamento, con la venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña para financiar a Podemos.

En este contexto, el agente defendió que su actuación se ajustaba a la práctica habitual de “mirar el entorno más cercano” de una persona sobre la que pesan diligencias. Por ello, según explicó, se debía ahondar en la figura de Pablo Iglesias, como cofundador del partido, y, por ende, hallado como alguien que entraba en ese entorno.

Una respuesta que derivó en una pregunta por parte del fiscal del caso que se tornó en una cuestión clave. Vicente González Mota pidió al inspector que explicara si había algún protocolo que obligara a consultar la ficha policial del líder de un partido político cuando se investiga a alguno de los miembros de la formación. El fiscal quiso saber si, en un caso de esa naturaleza, existía una norma o procedimiento que justificara la búsqueda de antecedentes de un dirigente político. 

Tal y como respondió el inspector, no existe un protocolo que justifique esa actuación, algo por lo que González Mota lanzó una pregunta que ha dado lugar a debate: “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy en el caso Gürtel?” El inspector jefe concluyó rápidamente con un “lo desconozco”.  Ese interrogante ha despertado controversia a la hora de cuestionar si existe una posible doble vara de medir en el uso de las bases de datos policiales según el sujeto político investigado.

Contexto de la investigación

La causa en la Audiencia Nacional se originó a partir de la denuncia presentada por Podemos y los hallazgos que revelan diversas consultas policiales sobre miembros de la formación, muchas de ellas sin una clara justificación. Entre esos hechos figura la famosa Operación Cardenal, una maniobra policial y mediática que implicó a Urbán en un montaje relacionado con el tráfico de cocaína.

La investigación ha sacado a la luz la existencia de numerosas consultas de datos personales de parlamentarios y líderes sin vínculo comprobado con una causa penal concreta, lo que ha alimentado la tesis de que parte de ese trabajo policial obedecía a intenciones políticas más que a investigaciones legítimas. 

Además, la causa ha recuperado otras piezas que apuntan a una estructura de “guerra sucia” institucional contra la oposición. Por ejemplo, una de las conversaciones intervenidas en el caso Kitchen es citada en la causa, donde se ve al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez solicitando antecedentes de parlamentarios de Podemos por WhatsApp y recibiendo la respuesta de que no había resultados.

¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta

 Reacciones judiciales y próximas diligencias

Tras la declaración del inspector jefe, su defensa solicitó el archivo de la causa en su contra, y el juez Pedraz lo acordó. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por Podemos, recurrió la decisión, lo que llevó a que la Sala de lo Penal ordenara volver a imputar al agente. De esta forma, su situación procesal se mantiene activa en la investigación. 

El juez también ha impulsado una batería de diligencias recientes para avanzar en la causa. Entre ellas se encuentra la citación de Miguel Urbán como víctima del montaje relacionado con la cocaína, programada para enero, así como la declaración de otros mandos policiales a quienes José Luis Olivera, considerado uno de los artífices del montaje, ha señalado como partícipes en 2016.

El impacto del caso

El interrogatorio ocurrido en julio y ahora divulgado por elDiario.es cuestiona directamente el uso de las herramientas policiales en tiempos donde la política nacional estaba convulsionada por la irrupción de nuevas fuerzas políticas. El hecho de que no exista un protocolo para determinar cuándo es pertinente consultar antecedentes de un líder político ha puesto de manifiesto una laguna legal que, en este caso, alimenta las sospechas de una instrumentalización política de la policía. 

La pregunta sobre si se habría actuado de igual forma con un dirigente como Mariano Rajoy sigue abierta, no siendo cualquier cosa para muchos, sino tornándose en una llamada a reflexionar sobre los límites entre investigación y persecución, entre vigilancia legítima y vigilancia política.


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domingo, 28 de diciembre de 2025

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