Radiografía de la sección 23, control y guía del juez Peinado en
el 'caso Begoña'
La sección de la Audiencia Provincial de Madrid
ha abordado 18 recursos contra la instrucción del juez Peinado
Jaime Fernandez
15-4-26
ElPlural
El juez Juan
Carlos Peinado puso este lunes el broche de oro a casi dos
años de una muy criticada instrucción contra Begoña
Gómez. Y lo hizo como sólo él podía hacerlo, con un
escrito que se ha ganado rápidamente las críticas de la judicatura.
Más allá del estilo literario y las pretensiones del magistrado
-que han quedado claras a lo largo de toda la instrucción y se han
confirmado en este auto-, el proceso desde abril de 2024 hasta el
lunes ha estado supervisado por la sección 23 penal de
la Audiencia Provincial de Madrid, que ha podido evitar la
salida de Peinado del carril de lo que debería ser una instrucción.
A esta sección le ha correspondido, por reparto, examinar los
recursos de apelación y queja sobre la instrucción, que no han sido
pocos. La Audiencia ha tenido que corregir a Peinado
hasta en 18 ocasiones, y aún quedan pendientes, al menos,
otros cinco recursos, según fuentes cercanas a la instrucción, que
no esconden su malestar por la deriva del juicio. Más allá de
advertir al magistrado sobre la inconveniencia de aplicar
la ley del jurado, o de frenarle en su intento de imputar al
ministro Félix Bolaños, esta sección no ha
impedido que la desbocada cruzada del juez contra la mujer de Pedro
Sánchez haya prosperado.
Peinado, finalmente, procesa a la mujer del presidente del
Gobierno por los delitos de malversación, tráfico de
influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de
marca. Deja fuera la acusación de intrusismo que quería
introducir en el procedimiento, por el que imputa también a la
exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez,
y al empresario Juan Carlos Barrabés, pero sí
que eleva la causa por el procedimiento del jurado popular.
Y además de conseguir haber llegado al final que esperaba para la
instrucción, que seguro celebrará tras su
jubilación este año, el auto de Peinado habla de
"esposa de" para acusar a Pedro Sánchez de
haber hecho despegar la "actividad privada" de su mujer
tras llegar a la Moncloa. Menciona "presión moral"
para castigar la supuesta influencia de Cristina Álvarez. Y, para
justificar la falta de jurisprudencia que
avale el delito de tráfico de influencias, el juez señala que
"hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII"
para encontrar "conductas que provienen de palacios
presenciales, como este supuesto", que asegura que "parecen
más propias de regímenes absolutistas".
La Audiencia que ha supervisado a Peinado
Un estilo de judicatura que solo emplearía aquel que
se siente impune para hacerlo. Porque no es, ni mucho
menos, la primera vez que aparecen líneas como estas en los
documentos de Peinado. Esto ha sido una constante durante
toda la instrucción, en la que la sección 23 de la Audiencia
Provincial de Madrid, a pesar de corregirle en
numerosas ocasiones, no ha conseguido evitar que el procesamiento
de Gómez haya hecho temblar los cimientos de la magistratura
española.
Y esto es debido a que, en la mayoría de ocasiones en las que han
abordado las vicisitudes de la instrucción, le han dado
la razón a Peinado, según apuntan fuentes conocedoras. Fue
la Audiencia la que permitió admitir como
investigados a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan
Carlos Barrabés. Y fue también la Audiencia la que ha "guiado"
al juez en otras decisiones, como imputar el delito de
malversación porque, supuestamente, la asesora de
Gómez en Moncloa -pagada con dinero público- la ayudaba con
cuestiones de su actividad privada. En concreto, lo único que se ha
podido acreditar son cuatro horas al año,
según los cálculos de las defensas, que corresponden a 21 correos
en tres años, diez actos en ocho años y una reunión de una hora.
Todo esto lo ha permitido la Audiencia Provincial de Madrid, que
preside Juan Pablo González Herrero González.
Tras salir de la Audiencia Nacional en 2019, el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) le nombró sin unanimidad como
presidente del tribunal madrileño, puesto para el que fue reelegido
en 2025. González está recusado en varias piezas separadas del caso
Gürtel por sus vinculaciones con el Partido Popular,
recusaciones avaladas por el Pleno de la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional.
Pero más en concreto sobre la sección 23 penal,
que es la que se ha encargado de supervisar la instrucción de
Peinado, en estos dos años los cinco jueces que la componen han
resuelto 18 recursos de apelación y queja. Entre otras,
le han dado la razón al desestimar los recursos en contra de
que se entregara el registro de siete años de llamadas
de Cristina Álvarez, sus correos con el vicerrector de la
Complutense, o al mantener a Gómez y a su exasesora como
investigadas.
Unas decisiones que se entienden cuando se examina el historial de
estos cinco jueces. Una de ellas, María Pilar Llop,
comunicó en 2024 que se inhibía de la causa, al haber sido ministra
de Justicia con Pedro Sánchez entre 2021 y 2023. Los otros
cuatro son conservadores, presididos por María del
Rosario Esteban, la más veterana en la Audiencia
Provincial de Madrid, de la que forma parte desde 2009. El
resto, tiene un curioso historial.
Jesús Gómez-Angulo, hermano de amigo de Aznar y
tío de concejala del PP
Uno de ellos es Jesús Gómez-Angulo,
magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid desde 2019. Entre sus
actividades que le acreditan como juez conservador está su
participación en una cuestión de inconstitucionalidad
sobre la Ley de Amnistía, en la que están también otros
dos miembros de la sección.
Pero lo más interesante, en el caso de este juez, es su
vinculación familiar con el Partido Popular. Su hermano,
Juan Antonio, fue diputado popular en la Asamblea
de Madrid, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid -con José
María Álvarez del Manzano de alcalde- y fue
nombrado secretario de Estado de Deportes en el primer
Gobierno de José María Aznar, con quien tiene una estrecha
relación. Su mujer también estaba dentro de ese Ejecutivo, como
jefa de gabinete de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal.
No se queda ahí, pues la sobrina de Gómez-Angulo, Paula
-hija del anterior-, también está dentro del PP en la actualidad.
Se trata de la concejala presidenta del madrileño distrito de
Tetuán, y forma parte del Grupo Municipal que preside el
alcalde José
Luis Martínez-Almeida. Antes, ha pasado por varios cargos en el
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, también del PP en la Comunidad
de Madrid, y fue diputada en la Asamblea regional en la VII
Legislatura. Para el próximo Congreso Nacional Extraordinario
del PP ha sido designada por Alberto Núñez Feijóo como
coordinadora de Enmiendas.
José Sierra Fernández, ponente en contra de la
Amnistía
Otro de los miembros de la sección es José Sierra
Fernández, que la integra desde 2020. Se trata del ponente
de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía,
en la que participan también Gómez-Angulo y otro de los
magistrados. Alegan que el perdón a los delitos del procés
"vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la
ley (artículo 14 CE), así como los principios de seguridad jurídica
y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española
proclama (artículo 9 CE ); y, subsidiariamente, pudiera vulnerar el
principio de exclusividad jurisdiccional (artículo 117 CE)".
En 2007, Sierra Fernández, al frente del
Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, abrió diligencias sobre el
llamado 'Caso Isadora' tras
una actuación del SEPRONA de la Guardia Civil, en la que se acusaba
a una clínica de supuestos abortos ilegales.
El juzgado de guardia había rechazado inicialmente abrir los bidones
con restos fetales por falta de indicios, pero los agentes siguieron
adelante y buscaron otro juzgado. Sierra ordenó
identificar a pacientes y empleados, y en 2008 imputó a
tres médicos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid
concluyó en julio de 2009 que Sierra no era competente,
y reprochó al SEPRONA haber desobedecido una resolución judicial y
haber buscado un juez favorable. El 15 de octubre de 2009, el juzgado
nº 6 archivó definitivamente la causa por falta de indicios de
delito.
Enrique Jesús Berges, protector de la hija de
Rato
El tercero de los participantes en la cuestión contra la Amnistía
es Enrique Jesús Berges, que trabaja en la
Audiencia Provincial de Madrid desde 2018. Él ya estaba en esta
sección cuando, ese año, estimó un recurso de Rodrigo
Rato para evitar la investigación sobre los fondos de su hija,
Ana de Rato, en el marco de la pieza separada por los delitos del que
fuera ministro de Aznar sobre su patrimonio. La Audiencia
consideró que esas diligencias no eran objeto del procedimiento ni
de la pieza separada de responsabilidad civil. Meses después, en
otra resolución, la Audiencia ordenó retirar de la
causa el informe de la UCO que recogía esos vínculos
familiares, aunque rechazó su destrucción material y dispuso su
devolución al órgano de procedencia.
Otro de los episodios de Berges lleva a 2010,
cuando al frente del Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid,
impuso una fianza de más de un millón de
euros 1.039.950 euros a dos periodistas por una
demanda de Jaime de Marichalar, yerno del rey Juan Carlos I,
por injurias a raíz de una portada de Época, aunque
en 2012 la Justicia acabó dando la razón a la revista. Y en 2020,
ya como presidente de un Tribunal del Jurado en la Audiencia
Provincial de Madrid, recibió críticas por retrasarse
en la entrega del objeto del veredicto a los jurados, hasta
el punto de que las partes llegaron a advertir del riesgo de nulidad.
