sábado, 20 de diciembre de 2025
La
Paz, Ayuso y el negocio de la espera
La Comunidad de Madrid externaliza 7.520 ecografías del Hospital La Paz por “alta demanda”.
Coste: 142.880 €.
Destino: una clínica privada vinculada a Rafael Catalá, exministro del PP.
No es gestión. Es modelo.
La Paz no es un hospital cualquiera.
En 2023 atendió a 554.000 personas, con casi 7.900 profesionales, y realizó 96.363 ecografías en sus propias instalaciones.
Pero algo empezó a romperse.
Ese mismo año derivó 4.531 ecografías a centros privados.
Un 56% más que el año anterior.
No porque sobraran pacientes. Porque faltaron medios.
Dato clave: los ecógrafos del área de radiodiagnóstico pasaron de 31 a 23.
Menos máquinas.
Menos capacidad.
Más listas de espera.
Hoy, la lista de espera para una ecografía en La Paz es de 4.110 pacientes.
La demora media: 81,75 días.
Tres meses para una prueba básica.
El propio SERMAS lo reconoce en el contrato:
“La Paz no dispone de medios suficientes, ni humanos ni técnicos”.
La falta de inversión se convierte en argumento para privatizar.
Las pruebas externalizadas no son excepcionales.
Son ecografías abdominales, urinarias, neonatales, articulares, músculo-esqueléticas.
Actividad ordinaria de un hospital público de referencia.
¿Quién se queda el contrato?
La clínica VIVO Pío XII, del Grupo VIVO.
En su consejo está Rafael Catalá, exministro del PP.
Detalle nada menor:
El hijo de Catalá es diputado autonómico del PP en Madrid, en el grupo que sostiene a Isabel Díaz Ayuso.
Las puertas giratorias no chirrían. Funcionan.
Catalá ya fue gerente del hospital Ramón y Cajal en 2004, en plena expansión del modelo privatizador del PP en Madrid.
Ayer desde lo público.
Hoy desde el negocio.
El patrón se repite siempre:
No
se invierte
Se
genera espera
Se
externaliza
El
dinero público acaba en manos privadas
La sanidad pública no fracasa por exceso de demanda.
La hacen fallar para justificar su venta por piezas.
Contarlo importa. Seguirlo importa.
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Nando Worldcitizen
La corrupción no es solo una suma de cifras escandalosas, sino un síntoma profundo de deterioro democrático. El caso de la Trama Eólica en Castilla y León lo ilustra con crudeza: 75 millones de euros en presuntas mordidas mientras, en el juicio, muchos de los implicados tratan de descargar toda la responsabilidad sobre Tomás Villanueva, expresidente del PP en Valladolid, fallecido de forma súbita justo antes de declarar en 2017. La muerte del principal señalado, antiguo asesor del expresidente José María Aznar, no solo dejó preguntas sin responder, sino que facilitó un relato cómodo para quienes aún pueden sentarse ante el juez y eludir su propia responsabilidad. Cuando la verdad judicial queda mutilada por estas circunstancias, la sensación de impunidad se multiplica.
Este patrón no es un hecho aislado, sino parte de una cultura política que durante años normalizó el uso del poder para beneficio privado. Los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y que aún están abiertos —sin contar macrocausas ya juzgadas como Gürtel, ni otros escándalos de enorme gravedad institucional pero de impacto económico difícil de cuantificar, como la llamada Policía Patriótica o el caso Kitchen— alcanzan, según las estimaciones judiciales, más de 4.200 millones de euros presuntamente defraudados. No se trata de errores individuales ni de “manzanas podridas”, sino de una acumulación de tramas que señalan a una forma de gobernar en la que el control, la transparencia y la rendición de cuentas fueron sistemáticamente relegados.
Reflexionar sobre esta realidad exige ir más allá del reproche partidista. La corrupción del PP, en sus múltiples expresiones, ha tenido un coste económico enorme, pero también un coste moral y democrático incalculable: ha erosionado la confianza ciudadana, ha debilitado las instituciones y ha instalado el cinismo como respuesta política. Mientras no se asuman responsabilidades políticas claras, mientras se siga señalando a los muertos para salvar a los vivos y mientras no se rompa de forma tajante con ese pasado, la sombra de la corrupción seguirá proyectándose no solo sobre un partido, sino sobre la calidad misma de nuestra democracia.
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Ricardo Miñana
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