Juan Antonio Martínez Sanchez
jueves, 16 de abril de 2026
pollo que le montaron a Sánchez la derecha española porque no le dejaba las bases a Trump, decían entre otras sandeces “España se quedará aislada por los caprichos de Sánchez” ahora resulta que los que se han quedado aislados son los cuatro jinetes de la mentira y el falso patriotismo, a saber, “Obascal” si con O como lo llama Trump, Aznar, Feijóo y Ayuso, unos jinetes que desde el primer día se pusieron del lado de Trump y en contra de la razón, porque no es razonable hacer una guerra en contra del derecho internacional, algo que han comprendido y llevado a la práctica todas las naciones y sus gobiernos que tenemos a nuestro alrededor, o sea, Europa.
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Allí donde ponen el punto de mira esta derecha terminan haciendo el ridículo una y otra vez, y a estas alturas, visto lo visto, unos callan, otro recogen cable y el sibilino ya no sabe con qué carta quedarse…
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Los dos últimos baluartes que le quedaban a esta derecha en Europa era Orban, y ha sido barrido por sus ciudadanos, hay que tomar ejemplo cuando llegamos a unas elecciones generales, que estas políticas toxicas se empiezan a desinflar, empezó como una corriente moderna impuesta por la falta de adrenalina y la desesperación de algunos, es decir, estaba todo muy tranquilo y muchos se han dado cuenta de que jugar a las guerras, léase Ucrania, Gaza y ahora Irán repercuten en los sentimientos de muchos al ver morir a un personal inocente y de paso en los bolsillos de todos.
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La otra baza era Meloni, que se ha desligando de esta derecha ultra que tenemos por nuestros lares en este apartado, dejando de sonreírle a este personaje tan estrambótico como perjudicial no solo para su País sino para el mundo entero, que se hace llamar Jesucristrump.
Se acuerdan del revuelo que le montó la derecha española a Sánchez por no ceder las bases a Trump. Decían, entre otras cosas, que “España se quedaría aislada por los caprichos de Sánchez”. Sin embargo, con el paso del tiempo, parece que quienes han quedado aislados son los cuatro jinetes de la mentira y el falso patriotismo: “Obascal” —sí, con O, como lo llama Trump—, Aznar, Feijóo y Ayuso.
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Desde el primer día se alinearon con Trump y en contra de la razón. Porque no es razonable respaldar conflictos que vulneran el derecho internacional. Esto es algo que han entendido y aplicado la mayoría de los países de nuestro entorno, es decir, Europa.
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Allí donde esta derecha pone el foco, termina haciendo el ridículo una y otra vez. A estas alturas, y visto lo visto, algunos callan, otros recogen cable y el más sibilino ya no sabe qué postura adoptar.
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Los dos últimos referentes que le quedaban a esta derecha en Europa eran Orbán y Meloni. En el caso de Orbán, ha sido apartado por sus ciudadanos, lo que debería servir de ejemplo cuando lleguen unas elecciones generales en España. Estas políticas tóxicas empiezan a desinflarse. Surgieron como una corriente “moderna”, alimentada por la falta de estímulos y la desesperación de algunos: todo estaba tranquilo, y algunos decidieron agitarlo, se aburrían.
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Sin embargo, cada vez más gente comprende que jugar a las guerras —Ucrania, Gaza y ahora Irán— tiene consecuencias reales: afecta emocionalmente al ver morir a personas inocentes y también repercute en el bolsillo de todos.
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Por su parte, Meloni ha comenzado a distanciarse de esta derecha ultra presente en nuestro país en este apartado, dejando de mostrar cercanía hacia un personaje tan estrambótico como perjudicial, no solo para su país, sino para el conjunto del mundo, que algunos han llegado a llamar “Jesucristrump”.
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Ciudadanos españoles: ya no se trata de izquierdas o derechas. Se trata de que, según quién gobierne, podemos encaminarnos hacia un deterioro donde el caos, la mentira, el insulto y la violencia se conviertan en norma.
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Porque cuando los políticos que gobiernan solo para sí mismos y para sus ideas, el resultado rara vez beneficia a la mayoría, que lo único que quiere es trabajar y vivir en paz. Se necesita una justicia verdaderamente igual para todos, porque si la justicia no es justa, la democracia tampoco lo es.
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Se necesita que quienes más tienen contribuyan más, porque sus beneficios se generan, en gran medida, gracias al esfuerzo colectivo de los que menos tienen. Se necesita invertir en lo público —sanidad, educación, transporte e infraestructuras—, en todo aquello que afecta a la mayoría de a pie.
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También es fundamental que la libertad de expresión no se utilice como excusa para manipular a la sociedad. Se debe poder hablar de todo, sí, pero desde la verdad, y sancionar a quienes difunden bulos amparándose en ese principio.
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Necesitamos un Senado que sirva para resolver problemas territoriales, no como escaparate político de un determinado partido. Un Congreso que sea verdaderamente la voz del pueblo, sin matones ni representantes más dedicados al insulto que al diálogo. Y, sobre todo, que el respeto hacia quienes piensan diferente sea incuestionable entre quienes han sido elegidos por la ciudadanía.
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Porque están ahí para gestionar los problemas del pueblo, no los de sus partidos ni los intereses particulares de algunas señorías.
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El Bellotero .
El PP da la espalda a las víctimas de pederastia en la Iglesia y retira su apoyo a la imprescriptibilidad: “Que no nos usen para su lucha partidista”
El partido de Alberto Núñez Feijóo da un grio de 180 grados respecto de su posición en Europa
Rubén Rozas
ElPlural
16-4-26
El Partido Popular ha dado un giro de 180 grados con la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia en la Iglesia Católica. La formación de Alberto Núñez Feijóo cambia respecto de una postura que sí adoptó el año pasado en Europa, cuando respaldó una medida que proponía eliminar los plazos de prescripción penales y civiles en los casos de abuso sexual infantil.
La próxima semana tendrá lugar la ponencia en la comisión de Justicia de la ley de imprescriptibilidad que fue promovida por el Parlament de Cataluña y los ‘populares’ han presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, por lo que una reforma de la ley saldrá adelante con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados: 310 votos a favor o, lo que es lo mismo, el 88% de sus señorías.
Protesta en la sede de Génova
Las víctimas advierten de que la ley que recibirá luz verde puede resultar “descafeinada” debido a la posición de los de Génova, 13. Miguel Hurtado, primer denunciante de los casos de pederastia que se perpetraron en la Abadía de Montserrat y uno de los rostros visibles de la reparación de las víctimas de este delito, reconoce en declaraciones a ElPlural.com que están “muy decepcionados” con el PP.
“No tiene ningún sentido que en estos momentos todos los partidos de izquierda estén a favor de la imprescriptibilidad y todos los partidos de derechas, menos Junts, estén en contra”, considera, avisando de que se trata de “un tema de derechos humanos, que no debería ser campo de luchas partidistas”.
Las víctimas perciben como “imprescindible” que el PP “actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el Congreso en Madrid”. Con ese mensaje, este jueves se manifestarán a las 11.00 horas frente a la sede de Génova para pedir la rectificación de los conservadores.
En el Parlamento Europeo
Hay que remontarse a junio de 2025 para contextualizar el escenario en el que, de forma mayoritaria el Parlamento Europeo votó a favor de esta cuestión. El resultado fue apabullante: en términos totales, 599 votos a favor, dos en contra y 62 abstenciones; y en cuanto a representación española, solo Vox y Se Acabó la Fiesta, las sigas de Alvise Pérez que conseguía por primera vez escalos, daban su ‘no’. Ahora, el teto final de la ley dependerá de las negociaciones entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo compuesto por los estados miembros y la Comisión Europea que empieza el próximo otoño.
Sin embargo, las víctimas apremian de puertas para adentro. “No hace falta esperar a la conclusión de esa negociación para que el Congreso actúe”, señalan, apuntando en las direcciones que se exponen a continuación. En junio de 2024 se aprobó el inicio de la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley Orgánica de modificación de la prescripción de los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad. Ya ha finalizado el periodo de enmiendas y la semana próxima se convoca la ponencia en la comisión de justicia.
Las víctimas hablamos cuando podemos
Actualmente, hay una mayoría de 310 votos en el Parlamento español para la aprobación de una ley que establezca como mínimo la ampliación de diez años de los plazos de prescripción actuales con el beneplácito de PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, Junts y, aquí sí, el PP; lo que permitirá que en el futuro las personas que hayan sufrido abusos sexuales en la infancia puedan denunciar hasta los 50 años en los delitos menos graves y hasta los 65 en los más graves.
El Ministerio de Justicia ha confirmado su disposición a que el Congreso apruebe la ley antes de la visita del Papa a España, el próximo 6 de junio -el día 8 acudirá a la Cámara Baja-, pero el Partido Popular ha dado un cambio rotundo, en contra de ese gran Pacto de Estado que piden la parte damnificada, no solo en el seno de la Iglesia, sino en cualquier otro ámbito para proteger a la infancia.
España, de los países más afectados
“Está en manos del PP decidir si España se convierte en el decimosexto estado de la UE que aprueba la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia (siguiente el ejemplo de Irlanda, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Estonia, Letonia, Polonia, Austria, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia y Chipre)”, expresan en un comunicado llegado a este periódico.
El Defensor del Pueblo constató en un informe que España es uno de los estados del mundo con un mayor número de víctimas de pederastia en la Iglesia, con más de 400.000. “A pesar de encargar el informe, el Congreso de los diputados no ha aprobado ninguna medida para garantizar la reparación, ni material ni simbólica de las víctimas”, afean.
En última instancia, emiten que “aunque no es una reforma retroactiva, la imprescriptibilidad penal de los delito de pederastia supone una importante reparación simbólica, ya que es una medida que garantiza la no repetición de estos crímenes en el futuro, al eliminar la impunidad de los depredadores sexuales protegidos por poderosas instituciones”. Todo ello, dejando una cosa clara: "Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos".
miércoles, 15 de abril de 2026
De oro macizo, un anillo nuevo creado para cada Papá y después entre "'comillas" tras su muerte se destruye. su valor se estima entre 500. 000 a 600, 000 dólares, cruz pectoral y anillo del Papa Pablo VI, un conjunto cruz con esmeraldas y diamantes, y anillo con un diamante de 13 quilates fue valorado en conjunto en 2, millones de dólares.
la corona papal- Tiara, símbolo del poder hoy tiene un valor de más de 160. 000 dólares, aunque algunas Tiaras más elaboradas pueden alcanzar un valor de 10, millones de dólares.
Manto Papal y vestimentas pluvial. las capas pluviales -mantos - de alta calidad pueden superar los 3. 000 dólares, 4. 000 dólares una sotana de sastre tradicional para el Papa, si es hecha por Gammarelli, puede costar unos 5. 000 euros.
un conjunto completo y sencillo de invierno del Papa Francisco fue subastado con un precio de partida de 25. 000 dólares.
La guardia suiza personal del Papa y de la sede que se compone de 135, miembros cada uno cobra 1500 euros al mes. "crieis que esta pompa la hubiera soportado “Pedro" un pescador y apóstol humilde y sencillo con mucho amor al pobre.
Radiografía de la sección 23, control y guía del juez Peinado en el 'caso Begoña'
La sección de la Audiencia Provincial de Madrid ha abordado 18 recursos contra la instrucción del juez Peinado
Jaime Fernandez
15-4-26
ElPlural
El juez Juan Carlos Peinado puso este lunes el broche de oro a casi dos años de una muy criticada instrucción contra Begoña Gómez. Y lo hizo como sólo él podía hacerlo, con un escrito que se ha ganado rápidamente las críticas de la judicatura. Más allá del estilo literario y las pretensiones del magistrado -que han quedado claras a lo largo de toda la instrucción y se han confirmado en este auto-, el proceso desde abril de 2024 hasta el lunes ha estado supervisado por la sección 23 penal de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha podido evitar la salida de Peinado del carril de lo que debería ser una instrucción.
A esta sección le ha correspondido, por reparto, examinar los recursos de apelación y queja sobre la instrucción, que no han sido pocos. La Audiencia ha tenido que corregir a Peinado hasta en 18 ocasiones, y aún quedan pendientes, al menos, otros cinco recursos, según fuentes cercanas a la instrucción, que no esconden su malestar por la deriva del juicio. Más allá de advertir al magistrado sobre la inconveniencia de aplicar la ley del jurado, o de frenarle en su intento de imputar al ministro Félix Bolaños, esta sección no ha impedido que la desbocada cruzada del juez contra la mujer de Pedro Sánchez haya prosperado.
Peinado, finalmente, procesa a la mujer del presidente del Gobierno por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Deja fuera la acusación de intrusismo que quería introducir en el procedimiento, por el que imputa también a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, pero sí que eleva la causa por el procedimiento del jurado popular.
Y además de conseguir haber llegado al final que esperaba para la instrucción, que seguro celebrará tras su jubilación este año, el auto de Peinado habla de "esposa de" para acusar a Pedro Sánchez de haber hecho despegar la "actividad privada" de su mujer tras llegar a la Moncloa. Menciona "presión moral" para castigar la supuesta influencia de Cristina Álvarez. Y, para justificar la falta de jurisprudencia que avale el delito de tráfico de influencias, el juez señala que "hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII" para encontrar "conductas que provienen de palacios presenciales, como este supuesto", que asegura que "parecen más propias de regímenes absolutistas".
La Audiencia que ha supervisado a Peinado
Un estilo de judicatura que solo emplearía aquel que se siente impune para hacerlo. Porque no es, ni mucho menos, la primera vez que aparecen líneas como estas en los documentos de Peinado. Esto ha sido una constante durante toda la instrucción, en la que la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, a pesar de corregirle en numerosas ocasiones, no ha conseguido evitar que el procesamiento de Gómez haya hecho temblar los cimientos de la magistratura española.
Y esto es debido a que, en la mayoría de ocasiones en las que han abordado las vicisitudes de la instrucción, le han dado la razón a Peinado, según apuntan fuentes conocedoras. Fue la Audiencia la que permitió admitir como investigados a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Y fue también la Audiencia la que ha "guiado" al juez en otras decisiones, como imputar el delito de malversación porque, supuestamente, la asesora de Gómez en Moncloa -pagada con dinero público- la ayudaba con cuestiones de su actividad privada. En concreto, lo único que se ha podido acreditar son cuatro horas al año, según los cálculos de las defensas, que corresponden a 21 correos en tres años, diez actos en ocho años y una reunión de una hora.
Todo esto lo ha permitido la Audiencia Provincial de Madrid, que preside Juan Pablo González Herrero González. Tras salir de la Audiencia Nacional en 2019, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró sin unanimidad como presidente del tribunal madrileño, puesto para el que fue reelegido en 2025. González está recusado en varias piezas separadas del caso Gürtel por sus vinculaciones con el Partido Popular, recusaciones avaladas por el Pleno de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Pero más en concreto sobre la sección 23 penal, que es la que se ha encargado de supervisar la instrucción de Peinado, en estos dos años los cinco jueces que la componen han resuelto 18 recursos de apelación y queja. Entre otras, le han dado la razón al desestimar los recursos en contra de que se entregara el registro de siete años de llamadas de Cristina Álvarez, sus correos con el vicerrector de la Complutense, o al mantener a Gómez y a su exasesora como investigadas.
Unas decisiones que se entienden cuando se examina el historial de estos cinco jueces. Una de ellas, María Pilar Llop, comunicó en 2024 que se inhibía de la causa, al haber sido ministra de Justicia con Pedro Sánchez entre 2021 y 2023. Los otros cuatro son conservadores, presididos por María del Rosario Esteban, la más veterana en la Audiencia Provincial de Madrid, de la que forma parte desde 2009. El resto, tiene un curioso historial.
Jesús Gómez-Angulo, hermano de amigo de Aznar y tío de concejala del PP
Uno de ellos es Jesús Gómez-Angulo, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid desde 2019. Entre sus actividades que le acreditan como juez conservador está su participación en una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, en la que están también otros dos miembros de la sección.
Pero lo más interesante, en el caso de este juez, es su vinculación familiar con el Partido Popular. Su hermano, Juan Antonio, fue diputado popular en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid -con José María Álvarez del Manzano de alcalde- y fue nombrado secretario de Estado de Deportes en el primer Gobierno de José María Aznar, con quien tiene una estrecha relación. Su mujer también estaba dentro de ese Ejecutivo, como jefa de gabinete de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal.
No se queda ahí, pues la sobrina de Gómez-Angulo, Paula -hija del anterior-, también está dentro del PP en la actualidad. Se trata de la concejala presidenta del madrileño distrito de Tetuán, y forma parte del Grupo Municipal que preside el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Antes, ha pasado por varios cargos en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, también del PP en la Comunidad de Madrid, y fue diputada en la Asamblea regional en la VII Legislatura. Para el próximo Congreso Nacional Extraordinario del PP ha sido designada por Alberto Núñez Feijóo como coordinadora de Enmiendas.
José Sierra Fernández, ponente en contra de la Amnistía
Otro de los miembros de la sección es José Sierra Fernández, que la integra desde 2020. Se trata del ponente de la cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, en la que participan también Gómez-Angulo y otro de los magistrados. Alegan que el perdón a los delitos del procés "vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española proclama (artículo 9 CE ); y, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional (artículo 117 CE)".
En 2007, Sierra Fernández, al frente del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, abrió diligencias sobre el llamado 'Caso Isadora' tras una actuación del SEPRONA de la Guardia Civil, en la que se acusaba a una clínica de supuestos abortos ilegales. El juzgado de guardia había rechazado inicialmente abrir los bidones con restos fetales por falta de indicios, pero los agentes siguieron adelante y buscaron otro juzgado. Sierra ordenó identificar a pacientes y empleados, y en 2008 imputó a tres médicos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó en julio de 2009 que Sierra no era competente, y reprochó al SEPRONA haber desobedecido una resolución judicial y haber buscado un juez favorable. El 15 de octubre de 2009, el juzgado nº 6 archivó definitivamente la causa por falta de indicios de delito.
Enrique Jesús Berges, protector de la hija de Rato
El tercero de los participantes en la cuestión contra la Amnistía es Enrique Jesús Berges, que trabaja en la Audiencia Provincial de Madrid desde 2018. Él ya estaba en esta sección cuando, ese año, estimó un recurso de Rodrigo Rato para evitar la investigación sobre los fondos de su hija, Ana de Rato, en el marco de la pieza separada por los delitos del que fuera ministro de Aznar sobre su patrimonio. La Audiencia consideró que esas diligencias no eran objeto del procedimiento ni de la pieza separada de responsabilidad civil. Meses después, en otra resolución, la Audiencia ordenó retirar de la causa el informe de la UCO que recogía esos vínculos familiares, aunque rechazó su destrucción material y dispuso su devolución al órgano de procedencia.
Otro de los episodios de Berges lleva a 2010, cuando al frente del Juzgado de Instrucción nº 27 de Madrid, impuso una fianza de más de un millón de euros 1.039.950 euros a dos periodistas por una demanda de Jaime de Marichalar, yerno del rey Juan Carlos I, por injurias a raíz de una portada de Época, aunque en 2012 la Justicia acabó dando la razón a la revista. Y en 2020, ya como presidente de un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, recibió críticas por retrasarse en la entrega del objeto del veredicto a los jurados, hasta el punto de que las partes llegaron a advertir del riesgo de nulidad.
El ‘lawfare’ muestra su cara más amarga a un año de las generales
Velocidad para Moncloa, paciencia para Génova: los ritmos de Kitchen, Peinado, García Ortiz, Montoro y la UCO vuelven a disparar la sospecha de lawfare
Suren Gasparyan
15-4-26
ElPlural
Los casos no caen sueltos. Se acumulan. Se pisan unos a otros. Y a veces acaban componiendo una fotografía demasiado nítida. Kitchen vuelve a señalar a la cúpula del PP trece años después. El informe de la UCO sobre el novio de Ayuso sigue sin llegar. Montoro continúa atrapado en una instrucción interminable. Peinado procesa a Begoña Gómez en pleno tiempo político. Y el fiscal general recurre al Constitucional una condena que la propia Fiscalía considera lesiva para derechos básicos. La imagen de conjunto tiene nombre.
No hace falta sostener que exista una conspiración cerrada, centralizada y perfecta para apreciar el dibujo. Basta con mirar el reloj. Basta con seguir la dirección del foco. Basta con comparar qué causas irrumpen con velocidad, qué otras se atascan durante años y cuáles llegan al juicio ya recortadas, enfriadas o políticamente amortiguadas. A un año de las próximas elecciones generales, esa secuencia vuelve a dejar una sensación conocida en la izquierda: la maquinaria judicial y parajudicial no castiga igual, no corre igual y tampoco desgasta igual. Esa desigualdad es precisamente lo que convierte el lawfare en algo más eficaz que una simple causa judicial discutible. Lo convierte en clima, en narrativa, en ventaja política acumulada.
Kitchen es el mejor espejo de ese doble rasero. El principal investigador de Asuntos Internos declaró esta semana en la Audiencia Nacional que la operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas fue coordinada “en el ministerio” y volvió a apuntar a las cúpulas de Interior y de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En su testimonio reaparecieron además los alias de “El Asturiano” y “El Barbas” como referencias al expresidente del Gobierno. No es una anécdota de sumario. Es una señal de hasta qué punto, trece años después, el juicio sigue proyectando sombras muy directas sobre la dirección política del PP.
Trece años después, Kitchen sigue apuntando arriba
Lo más llamativo de Kitchen no es solo lo que aflora ahora. Es cuándo aflora. La operación se remonta a 2013. El juicio arranca en 2026. Trece años. Trece años para sentar en el banquillo a la trama que usó fondos reservados, captó al chófer de Bárcenas y trató de neutralizar material comprometedor para el PP en plena onda expansiva de Gürtel. Y aun así, la causa llega al juicio con límites muy visibles, con parte de la dimensión política amortiguada y con materiales fuera del foco principal. El paso del tiempo no es neutro. También reescribe la potencia pública de los hechos.
Ese contraste se vuelve especialmente áspero cuando se mira al otro lado del tablero. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto sentar a Begoña Gómez en el banquillo por cuatro delitos tras una instrucción nacida de una denuncia de Manos Limpias y marcada desde el principio por una enorme controversia jurídica y política. La causa ha sido corregida en distintos momentos, la Fiscalía ha pedido su archivo y la defensa ha denunciado reiteradamente la falta de base penal. Aun así, el procedimiento ha seguido avanzando hasta convertirse en una pieza de enorme desgaste para el entorno del presidente del Gobierno. La diferencia no está solo en el fondo. Está en el ritmo y en el momento.
No es una cuestión menor. Cuando una causa que afecta al entorno de Moncloa avanza con ese grado de exposición, mientras otras que cercan al PP tardan más de una década en llegar a juicio, la discusión deja de ser puramente jurídica. Entra de lleno en el terreno político. Y ahí el lawfare se vuelve mucho más reconocible: no tanto como fabricación total de hechos, sino como administración desigual de tiempos, prioridades y daños.
Velocidad para unos, dilación para otros
La causa que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofrece otro ejemplo incómodo. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace meses a la UCO un informe clave por la investigación por corrupción en los negocios y ese documento sigue sin entregarse. El dato pesa por sí solo: casi nueve meses de espera en un asunto con evidente dimensión política y mediática. Nueve meses sin informe. Nueve meses en los que el caso permanece en una especie de pausa espesa, sin la misma presión, sin el mismo ruido y sin el mismo impulso que otras causas conectadas con el Gobierno central. La lentitud también tiene efectos políticos. Congela el coste, enfría el debate y protege de la erosión inmediata.
Algo parecido ocurre con la investigación sobre Cristóbal Montoro y el despacho Equipo Económico. La instrucción lleva ya ocho años y recientemente volvió a ampliarse otros seis meses. Ocho años. Otra vez el tiempo largo. Otra vez la sensación de una causa que se arrastra, que avanza sin romper nunca del todo el muro de la espera. Y, mientras tanto, permanece sobre la mesa una sospecha gravísima: la posible utilización del BOE y de la capacidad regulatoria del Estado para beneficiar intereses privados ligados al despacho fundado por el exministro de Hacienda. Si se tratara de un caso que afectara al corazón del actual Gobierno, cuesta imaginar la misma calma procesal y mediática.
En este contexto, el recurso de amparo de Álvaro García Ortiz ante el Tribunal Constitucional completa la fotografía. El ex fiscal general pide que se anule su condena por revelación de secretos al considerar que la sentencia del Supremo se basó en una valoración “irracional y arbitraria” y vulneró derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho de defensa. El recurso también subraya un punto especialmente delicado: la forma en que la sentencia trata el secreto profesional de los periodistas que no revelaron sus fuentes. Ahí el problema rebasa por completo la disputa partidista. Ya no hablamos solo del castigo a una institución o a una figura incómoda para la derecha. Hablamos de garantías democráticas básicas.
Y alrededor de todo eso actúa una presión política nada disimulada. Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han cargado contra el Tribunal Constitucional y contra cualquier movimiento que pudiera revisar la condena al fiscal general. No es un ruido secundario. Es parte del clima. Se judicializa la política y luego se presiona a los árbitros para que no deshagan esa judicialización. El resultado es un ecosistema en el que la sospecha se fabrica rápido contra unos, mientras la erosión de otros avanza despacio, a veces hasta perder temperatura pública.
No es una suma casual. Es una forma de ordenar el terreno antes de una batalla electoral. A un año de las generales, el lawfare enseña así su cara más amarga. No la más escandalosa. No la más tosca. La más eficaz. La que no necesita inventar un universo paralelo porque le basta con algo mucho más sencillo: acelerar donde duele al adversario, demorar donde incomoda a los tuyos y dejar que el deterioro haga el resto. En esa asimetría, hoy, se está jugando también una parte de la política española.
martes, 14 de abril de 2026
Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"
El agitador ha sido procesado por injurias y calumnias tras la querella del portavoz de FACUA
C.T.
14-4-26
ElPlural
Tras casi cuatro años de instrucción, Vito Quiles ha sido procesado por injurias y calumnias contra el líder de FACUA, Rubén Sánchez. El activista se querelló contra el agitador ultra después de que le atribuyera una lista de "delitos y corruptelas" entre los que figuran pederastia, proxenetismo, extorsión o amenazas, sin aportar indicio alguno que los sustentara durante la instrucción. El de ultraderecha ahora carga contra la jueza o contra la televisión pública, mientras que comienzan a salir vídeos de sus declaraciones. En uno de ellos, publicado por Javier Ruiz y con una duración de más de dos minutos, Quiles titubea al ser preguntado por las acusaciones de pederastia.
En la mañana de este martes, el presentador ha mostrado las imágenes de una primera declaración ante la jueza: "Atención a lo que le destapamos hoy. Gallito en las redes, cobarde en los tribunales. Preparánse para lo que veremos hoy. La recogida de cable en el tribunal van a verla. Es de tal calibre que se explica con una sola palabra. Sin comentarios".
"Vito Quiles sonríe mientras la jueza le relata que ha llegado a sembrar el rumor de que Rubén Sánchez es un pederasta. Esto no es periodismo, es simplemente desinformación al servicio de quien pague", son las palabras del presentador de Mañaneros 360 que acompañan a su vídeo de YouTube en el que analiza el caso de Quiles contra Sánchez.
"No aporta ninguna prueba pero su sonrisa está servida", dice Ruiz en ese mismo vídeo en el que explica que la instrucción se ha dilatado casi cuatro años "debido, especialmente, a la enorme dificultad que el juzgado ha tenido para localizar al querellado".
"El auto expone al detalle las gravísimas intervenciones que Vito Quiles ha publicado sobre Rubén Sánchez. Son intervenciones que Quiles ha sido incapaz de demostrar. Ni una sola de sus acusaciones están probadas durante su declaración ante la jueza, que se produjo el pasado 25 de febrero de 2025. Quiles acusó a Sánchez de pederasta, proxenetismo, extorsión, etc", proseguía.
El presentador saca a la luz unas nuevas imágenes en las que Quiles, nervioso, responde a las preguntas sobre sus acusaciones de pederastia. "Me gustaría saber por qué hace unos meses el Facuo denunció a un hombre de mediana edad por propinarle un bofetón cuando se acercó a sus hijas a la salida del colegio. ¿Un hombre con dos niñas pequeñas delante le agrediría a cualquier persona que se les acerque? Es un poco extraño. ¿Tendrá que ver esto con los testimonios de algunos vecinos de Sevilla que aseguraban que Facuo es sospechoso de acercarse más de la cuenta a menores?", escribió él mismo en su cuenta de Telegram.
La jueza le pedía que le explicara estas declaraciones y Quiles se ponía visiblemente nervioso. A lo largo de varios minutos, el agitador se toca la cara, se recoloca en la silla o se intenta abrochar los botones de la americana. Verbalmente, llega a titubear en más de una ocasión.
"En ese momento hablo de una trifulca que se produce en los aledaños del colegio donde acuden los hijos de la actual pareja del querellante. Fuentes de información me hacen llegar un episodio veraz y es que Sánchez había recibido una agresión por parte de los niños y lo denuncia. En ese momento lo cuento", arranca.
"¿Qué tipo de acercamiento? ¿Tocamientos sexuales?", le pregunta la magistrada. "No, no, en ningún momento hablo de...", contesta, sin terminar la frase y rascándose la nariz. "¿Entonces? ¿El acercamiento a dos niños? ¿Cuál es el problema de acercarse a niños? Si usted se acerca a uno nadie le dice que va violarlo. ¿Por qué aquí insinúa usted?", le vuelve a preguntar.
"El motivo de la agresión lo tendrá el agresor, no yo", echa balones fuera Quiles, mientras trata de abrocharse la chaqueta o se frota las manos. "Pero si usted dice que no sabe el motivo, ¿por qué no pone aquí 'no lo sé?", le reprochaba la jueza, a lo que Quiles respondía con un "pero lo intuyo, porque era el padre".
Sobre este momento, Ruiz aporta: "Más mentiras ante la jueza para justificar sus mentiras en las redes. La pareja de Rubén Sánchez, Keka Sánchez, nunca ha tenido dos hijos, son dos niñas. En febrero de 2022, cuando Quiles lanzó un bulo sobre la agresión a Rubén Sánchez en un colegio, las hijas no iban a ningún colegio. Una iba a la universidad, tenía 19 años; la otra estaba en un instituto de educación secundaria, tenía 16 años. No, Rubén Sánchez nunca ha recibido un bofetón en la puerta de ningún centro educativo, nunca nadie le ha golpeado brutalmente en ningún sitio. Es el bulo con el que Quiles lo presenta como un pederasta el que podría haber provocado que Sánchez recibiera una agresión mucho más grave que esa agresión fake, la salida de la imaginación de Vito Quiles".
Hay muchos sorprendidos con el hecho de que uno de los principales grupos que salieron a defender al Papa León XIV contra la embestida de Donald Trump fueron los musulmanes.
La respuesta es que el Islam es una de las religiones que más respeta al cristianismo.
Sobre todo porque Jesús es fundamental en su creencia, lo consideran el mesías y esperan su venida.
Además a la Virgen María la honran, la afirman como un modelo espiritual, una mujer pura y la mas importante en toda su religión.
Incluso tiene un capítulo entero en el Corán, aparte de ser la única mencionada.
De ninguna manera los musulmanes van a aceptar por parte de sectas, la falta de respeto hacia Jesús, su madre y la fe de miles de millones de personas.
Ismael Roger Martinez
14 de abril de 1931. Proclamación de la Segunda República Española. ¡Feliz día!
En sus Memorias (Segundo texto de mis Memorias) publicadas en el año 1977, Niceto Alcalá-Zamora y Torres dice: "Aquellos fueron los días en que el pueblo español ha aparecido con máxima nobleza. El 12 de abril es quizá más grande en cuanto a la sinceridad de la fe republicana expresada en el secreto de las votaciones, porque ya en el 14 la corriente se engrosaba con los seguidores del éxito. Pero ese otro día, el 14 fue un ejemplo de orden, de civismo perfecto, desconocido e inimitable."
Tarjeta postal de Niceto Alcalá-Zamora y Torres como presidente del Gobierno Provisional de la República Española, año 1931. No circulada.
Sale a la luz el vídeo de Vito Quiles declarando: "Así opera, financiado por el PP"
Una jueza ha procesado al agitador ultra por injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, quien ya ha asegurado que va a "intentar meterlo en la cárcel"
A.C.
14-4-26
ElPlural
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado contra Vito Quiles al apreciar indicios de la comisión de delitos de injurias y calumnias en una causa iniciada a raíz de la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez. En el auto, la jueza dictamina que el "ánimo de venganza y represalias" de Quiles "le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas sin ninguna justificación legítima". Ahora, sale a la luz el vídeo del agitador ultra declarando.
Pablo Fernández, secretario de Organización y Portavoz de Podemos, ha compartido el clip en su cuenta de X -anterior Twitter- junto al siguiente mensaje: "Esto de Vito Quiles lo debería ver todo el mundo. Así opera, financiado por el PP. Pásalo".
En el vídeo, el pseudoperiodista explica que "me fueron llegando muchas informaciones acerca de bares de copas o lugares que frecuentaba Rubén Sánchez por las noches y finalmente no llegué a ninguna conclusión y no conté nada".
"¿Publicó usted algún vídeo o mensaje diciendo 'corrijo, me disculpo porque no hay nada'?", le pregunta la magistrada. Cuestión ante la que Quiles niega haberle atacado: "Es que yo no dije nada. En ningún momento le ataqué a él ni intenté de alguna forma denigrar su honor. O sea yo no hablé de él".
En su canal de YouTube, Sánchez ha hablado sobre la decisión de la jueza de procesar a Quiles por injurias y calumnias, repasando algunos de los "delitos y corruptelas" que el joven le atribuyó y por los que se querelló contra él: "Desde usar FACUA para publicar noticias falsas con las que alterar el resultado de procedimientos judiciales y recibir dinero en secreto de una constructora sevillana hasta poseer yates a nombre de otras personas, pero Quiles fue más allá en sus invenciones sobre mí y llegó a afirmar que lidero siete grupos de extorsión y acoso, que me dedico a enviar sicarios a puertas de domicilios, amenazando de muerte a sus propietarios, que soy un pederasta que busca a sus víctimas en colegios y que tengo vínculos con dos tramas de abusos y prostitución de menores".
Durante la instrucción, la magistrada ha analizado 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y un programa que protagonizó junto a Bertrand Ndongo en el canal de YouTube de EDA TV", motivo por el que "el pseudomedio ha sido declarado responsable civil subsidiario".
Ahora, en el auto de transformación en procedimiento abreviado, la jueza considera que "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación "es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas". Tal y como recuerda Sánchez, Quiles le acusó de "pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa, acoso y amenazas de muertes a lo largo de decenas de publicaciones que lanzó entre el 14 de febrero y 22 septiembre de 2022".
Además, en el auto se apunta a que existen "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión pública en venganza por las responsabilidades que le atribuye al querellante, como representante de FACUA, del cierre de sus cuentas de Twitter".
Por su parte, el portavoz de FACUA ha celebrado el contenido de este "auto demoledor" después de casi cuatro años de espera, ya que la instrucción se ha dilatado "especialmente ante la enorme dificultad que el juzgado tuvo para localizar a Quiles": "Expone al detalle las gravísimas invenciones que Quiles publicó sobre mí y que fue incapaz de demostar la veracidad de ni una sola de sus informaciones durante su declaración ante la jueza el 25 febrero del año pasado".
La magistrada ha otorgado un plazo de diez días a la representación procesal de Rubén Sánchez para la presentación del escrito de acusación, paso previo a la eventual apertura de juicio oral. Mientras, el querellado, en su última intervención en Mañaneros 360, ha adelantado que va a "intentar meterlo en la cárcel": "También me dijo en otra de las publicaciones que hice diciendo que me he tenido que defender a los tribunales de este señor, y me dijo 'elige cárcel. Soto del Real o Alcalá Meco'. Decía que me iba a meter en la cárcel a mí por mis delitos. Por tanto, yo, puede sonar duro, pero yo a este señor voy a intentar meterlo en la cárcel".
El error que puede tumbar el caso Peinado
Dos años investigando. Dos años buscando dinero oculto.
Y no aparece ni un solo euro fuera de lo legal.
El juez Juan Carlos Peinado propone llevar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, pero lo hace tras una investigación en la que no ha encontrado pruebas de enriquecimiento personal.
Los datos son claros:
21.000
euros en total en sus cuentas
Máximo
15.000 euros al año en la Complutense
40.000
euros en más de una década de trabajo
Se investigaron incluso cuentas en el extranjero. Nada.
Las donaciones —más de 300.000 euros entre empresas como Indra, Google o Telefónica— fueron directamente a la universidad. No a ella.
Aun así, el juez sostiene una acusación basada en interpretaciones, no en pruebas. Y eso puede cambiarlo todo.
https://spanishrevolution.net/el-error-que-puede-tumbar..
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