Un juez sin pruebas o una obsesión peligrosa

En los últimos meses, el foco mediático se ha desplazado desde los hechos hacia las interpretaciones, y de ahí, peligrosamente, hacia las obsesiones. El caso que involucra al juez Peinado y a Begoña Gómez parece ejemplificar esta deriva: más ruido que evidencias, más insinuaciones que certezas.

La justicia, en su esencia, debe sustentarse sobre pruebas sólidas, procedimientos garantistas y una prudencia institucional que evite convertir la investigación en espectáculo. Sin embargo, cuando un proceso se prolonga sin resultados concluyentes, y el nombre de una persona sigue apareciendo reiteradamente sin que se presenten pruebas claras, es legítimo preguntarse: ¿estamos ante una investigación rigurosa o ante una persecución sin fundamento?

El problema no es solo jurídico, sino profundamente democrático. La presunción de inocencia no es un tecnicismo legal; es un pilar básico del Estado de derecho. Cuando se erosiona mediante filtraciones, titulares ambiguos o actuaciones que parecen guiadas más por la intuición que por la evidencia, se abre la puerta a un escenario preocupante: el de la condena pública sin juicio.

En este contexto, la figura del juez adquiere una relevancia crucial. No basta con ser imparcial; hay que parecerlo. La confianza en la justicia depende tanto de sus resoluciones como de la percepción de equidad en sus procesos. Si la ciudadanía percibe que un juez actúa movido por una fijación personal o una agenda implícita, el daño trasciende el caso concreto y afecta a toda la institución.

Por otro lado, el papel de los medios tampoco es menor. La repetición constante de un nombre vinculado a sospechas no demostradas contribuye a construir una narrativa que, con el tiempo, puede resultar más poderosa que los propios hechos. Y cuando la narrativa sustituye a la realidad, el debate público se contamina.

No se trata de blindar a nadie frente a la justicia. Todo lo contrario: se trata de exigir que la justicia funcione con rigor, transparencia y, sobre todo, con pruebas. Porque sin ellas, cualquier investigación corre el riesgo de convertirse en una historia de obsesión más que en un ejercicio legítimo de responsabilidad judicial.

La pregunta, por tanto, no es si se debe investigar, sino cómo y con qué base. Y ahí es donde este caso, más allá de nombres propios, nos interpela como sociedad: ¿queremos una justicia que esclarezca hechos o una que alimente sospechas?

La respuesta debería ser obvia. Pero, a juzgar por el ruido, aún no lo es tanto.