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El
PP rebaja la petición de pena a Aldama para intentar que no entre en
prisión y seguir usándolo contra el PSOE
Redaccion, 05
mayo 2026
La
acusación popular del PP pasa de pedir siete años a cinco años y
dos meses para el empresario después de que este lanzara graves
acusaciones sin pruebas contra el PSOE y Sánchez en el Supremo.
LA
CONFESIÓN QUE AL PP LE SALE ÚTIL
El
PP ha movido ficha. Y no una ficha menor. La acusación popular que
dirige el partido ha modificado sus conclusiones en el Tribunal
Supremo para pedir una nueva rebaja de pena al empresario Víctor de
Aldama, justo después de que este utilizara su declaración para
intentar elevar la trama corrupta de José Luis Ábalos hacia el PSOE
y hacia el propio presidente del Gobierno. Sin pruebas. Con mucho
ruido. Con evidente utilidad política.
La
petición del PP ha pasado de siete
años de
cárcel a cinco
años y dos meses.
La clave no está solo en la cifra total, sino en el reparto: ninguno
de los delitos superaría los dos
años de
prisión. Traducido: la solicitud permitiría que Aldama no entrara
en la cárcel si el tribunal aceptara ese planteamiento. No es un
matiz técnico. Es el centro del asunto.
El
letrado del PP, Alberto Durán, ha defendido que debe aplicarse a
Aldama una atenuante muy cualificada de confesión porque, según su
criterio, el comisionista habría facilitado el descubrimiento de
otras actuaciones delictivas vinculadas a obra pública. La escena
política queda bastante clara: el empresario declara, señala hacia
arriba, Aldama
lanza acusaciones sin pruebas en el Supremo y
el PP pide rebajarle la pena hasta una frontera que puede evitarle la
prisión. Todo muy edificante.
La
Fiscalía, sin embargo, mantiene otra posición. El fiscal Alejandro
Luzón sostiene la petición inicial de siete
años de
cárcel para Aldama, aplicándole una atenuante de confesión, pero
sin llegar a la rebaja que pretende el PP. También mantiene las
solicitudes de 24
años para
José Luis Ábalos y de 19
años y medio para
Koldo García. Son cifras durísimas. Y conviene no esconderlas
debajo de la alfombra del espectáculo.
El
asunto fue tratado con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
Según fuentes fiscales citadas por elDiario.es, Peramato consideró
que no había elementos suficientes para rebajar aún más la pena.
Finalmente, Luzón mantuvo su calificación inicial ante las y los
magistrados que deberán dictar sentencia. Fuentes del Ministerio
Fiscal sostienen que la decisión fue unitaria y que no hubo una
orden de Peramato para mantener las calificaciones previas.
La
mención no es menor. El artículo
25 del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que las y los
fiscales deben poner en conocimiento del fiscal general los hechos
relativos a su misión que, por su importancia o trascendencia, este
deba conocer. Y el artículo
27 permite
exigir la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala cuando exista
discrepancia con una orden o instrucción del fiscal general. Es
decir, había cauce legal. Y, según esas fuentes, no se activó
porque no hubo discrepancia formal.
En
su escrito de calificación, presentado en noviembre
de 2025,
Luzón ya valoró la “información relevante” aportada por
Aldama. Aquella confesión le sirvió para salir de prisión, donde
había ingresado por su implicación en otro procedimiento: un
millonario fraude de hidrocarburos. La colaboración tenía contenido
concreto, según el fiscal: pantallazos con un listado de obras de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes que
habrían estado “pre-adjudicadas” a determinadas empresas,
supuestamente comprometidas a pagar comisiones si resultaban
adjudicatarias.
También
se incluyeron notas manuscritas que Aldama atribuyó a Koldo García
y en las que aparecían hasta seis
contratos presuntamente
amañados. Ese es el suelo judicial del caso. Lo demás, lo que vino
después, entra en otro terreno: la tentación permanente de
convertir cada declaración en munición política antes de que
exista prueba bastante. Ahí el PP se mueve con comodidad.
ÁBALOS
CONTRA LA UCO Y CONTRA ALDAMA
Las
partes detallaron sus conclusiones después de escuchar al principal
investigado, José Luis Ábalos. El exministro compareció el 4
de mayo ante
los siete magistrados
del Supremo que deben decidir sobre su responsabilidad penal. Lo hizo
con una idea repetida: que su caso está juzgado desde hace tiempo y
que el veredicto será, en sus propias palabras, una “condena
clara”.
Ábalos
cargó contra el “sesgo permanente” de los informes de la Guardia
Civil que lo incriminan. También tuvo dificultades al justificar
movimientos de sus cuentas y miles de euros en gastos personales
abonados por Koldo García, a quien los investigadores presentan como
“custodio y gestor” de su dinero. Aquí no hay épica. Hay una
investigación con sombras, explicaciones incómodas y una batalla
feroz por el relato.
La
investigación sostiene que Ábalos manejó en cinco
años hasta 95.000
euros sin
rastro bancario. Él contrapuso esa cifra a los entre
3,5 y 4 millones de euros en
comisiones que Aldama afirmó haber pagado al exministro y a Koldo
García. “El gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han
encontrado 95.000
euros.
No ha habido forma de encontrarme más”, declaró a preguntas del
fiscal.
Las
pesquisas también apuntan a un patrón llamativo: entre 2018
y 2023 desaparecieron
las retiradas en efectivo de sus cuentas mientras aumentaban de forma
significativa los ingresos en metálico. Ese patrón cambió en 2024,
con el estallido del caso y la detención de Koldo García. Ábalos
respondió con una explicación bastante terrenal: que la gente usa
cada vez menos efectivo, que los pagos con tarjeta son habituales y
que, como ministro, apenas necesitaba dinero líquido. “Me recogían
en casa, me llevaban al ministerio, el café no me costaba nada”,
resumió.
También
discutió que la UCO le atribuyera como dinero de origen desconocido
cantidades que, según él, tenían explicación. Citó 14.940
euros de
ingresos en metálico en 2020,
de los cuales 7.600
euros corresponderían
al alquiler de un piso suyo en el centro de Madrid y otros 4.000
euros a
un alquiler vacacional de una casa en usufructo pagado por Joseba
García, hermano de Koldo.
Ábalos
insistió en la “intencionalidad” de los atestados. Recordó que
el teniente coronel de la UCO Antonio Balas habría reconocido no
haber consultado si los contratos bajo sospecha de su expareja en
empresas públicas eran ajustados a derecho. También sacó a relucir
un error grave: la atribución de la compra de un inmueble en
Colombia por 2,1
millones de euros cuando,
según su versión, costó 751
euros.
La diferencia no es pequeña. Es grotesca.
El
exministro dirigió luego el foco hacia Aldama. Sugirió que el
empresario manipuló una supuesta carta remitida en julio
de 2019,
con sello del Ministerio de Transportes, al entonces presidente
encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En esa carta se presentaba a
Aldama como “enlace”. Ábalos sostuvo que el empresario robó
“papel oficial” y una “carpeta de protocolo” para “adornar
la farsa” y dar solemnidad a una misiva que, según él, nunca
habría firmado ni autorizado.
Su
argumento fue simple: la correspondencia de un ministro no va
sellada, lleva firma. Y esa carta no la llevaba. También negó que
un ministro pudiera encargar a un particular una representación con
delegaciones tan amplias. Es decir, Ábalos intentó romper la imagen
de Aldama como mediador oficial y devolverlo al papel de comisionista
que fabrica credenciales cuando le conviene.
Sobre
su relación con Koldo García, rechazó la idea de un binomio
cerrado. Dijo que ambos tenían “vida propia”, sensibilidades
distintas y trayectorias diferentes, aunque admitió la lealtad entre
ambos. “Veo que algunos se han decepcionado porque no nos hayamos
matado o traicionado”, dejó caer. Mientras tanto, el PP convierte
la colaboración de Aldama en argumento para pedirle menos cárcel,
justo cuando sus acusaciones sirven para intentar colocar el caso en
el centro de la guerra contra el Gobierno.
Cuando
una acusación sin pruebas se premia con una rebaja penal, la
justicia empieza a parecer menos justicia y más mercado político.
