Huesos
que hablan: las exhumaciones de los asesinados por el franquismo en España.
31.05.2019
Carlos Marín, uno de los arqueólogos españoles
que excavó campos de batalla, espacios represivos y fosas comunes, explicó qué
rol han tenido las exhumaciones en la construcción de memoria, verdad y
justicia en España, el segundo país del mundo con más fosas comunes,
superado sólo por Camboya.
Marín dicta parte del curso de
maestría 'Antropología y Arqueología de los Conflictos Armados' en la
Universidad de la República de Uruguay —coordinado por el arqueólogo y
antropólogo uruguayo José López Mazz y la antropóloga francesa Elisabeth
Anstett—.
En España hay 296 campos de
concentración identificados por el periodista Carlos Hernández de Miguel
—quien en 2019 elaboró un mapa interactivo como complemento de su
libro 'Los campos de concentración de Franco'—, y 2.382 fosas comunes
reconocidas en todo el territorio por el Ministerio de Justicia.
Esas fosas comprenden cunetas,
cuevas, descampados, montes, partes traseras de cementerios, bajo carreteras
ensanchadas o zonas urbanizadas con el tiempo; la mayoría está en zonas
controladas por franquistas desde el comienzo de la Guerra Civil
(1936-1939).
En el imaginario popular está la idea de que las fosas
están causadas por los conflictos de los combates, pero no, la mayor parte de
las fosas son de población civil y están en zonas controladas desde el
principio por franquistas, como Castilla y León,
Galicia, Canarias", explicó
Marín.
En
esas fosas probablemente estén los restos de más de 114.226 personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista
(1939-1975), según los datos oficiales recabados en
2018 por la Audiencia Nacional; aunque hay consenso entre las
organizaciones de ciudadanos abocadas al tema de que la cifra es mayor.
Marín señaló que actualmente se
habla de entre 130.000 y 150.000 víctimas en total; 130.000 del bando
republicano —compuesto por españoles y pertenecientes a más de 50 brigadas
internacionales—, y 20.000 falangistas. No obstante, se han recuperado más de
8.000 cuerpos en más de 600 fosas.
Los números no son exactos porque a
80 años del fin de la guerra e inicio de una dictadura de casi cuatro décadas,
las exhumaciones siguen siendo organizadas y gestionadas por agrupaciones de
ciudadanos, no por la Justicia de España. Los magistrados consideran las
desapariciones forzadas del franquismo como crímenes comunes y prescritos
(se justifican con la Ley de Amnistía de 1977).
Ante la imposibilidad de conseguir
justicia a través de los organismos del Estado, los familiares de las víctimas
y sobrevivientes empezaron a excavar ellos mismos. Marín recordó que hay casos
que incluso datan de la década del 50, pero sobre todo durante las
del 60 y 70.
La función de ese tipo de
exhumaciones "no
era tanto identificar a los cuerpos, que es una complicación porque hay gente
de más de 50 nacionalidades en todo el territorio, sino mostrar que habían sido
asesinados y darles un entierro digno, aunque sea colectivo, en un cementerio, que
no estén en una cuneta", dijo Marín.
El arqueólogo contó la historia de Esperanza
Pérez, una palentina que después de la muerte del genocida Franco en 1975, investigó
pueblo a pueblo el paradero de ocho familiares fusilados y terminó exhumando a
150 víctimas del franquismo.
Los falangistas fusilaron a su
padre cuando ella tenía 18 meses, en 1936; lo fueron a buscar al campo
donde trabajaba junto a su familia, en Palencia, en Castilla y León. Se
llevaron a ocho de sus familiares, los asesinaron a todos. Pérez se exilió a
Bélgica, militó en el Partido Comunista y en los años 70 volvió a España con
el propósito de encontrar los restos de sus familiares. Encontró los huesos
de su padre porque fue hasta la casa de su victimario y le exigió que le dijera
dónde estaba enterrado.
Estos desentierros pre-científicos
"terminaron radicalmente" en 1981, cuando hacía apenas tres años se había aprobado la
nueva Constitución española y militares nostálgicos de la dictadura franquista
intentaron dar otro golpe de Estado.
“Se volvió a imponer el miedo”, resumió Marín.
“Se volvió a imponer el miedo”, resumió Marín.
Exhumaciones
científicas
Fue recién en el 2000 cuando un
arqueólogo y un antropólogo participaron por primera vez en una exhumación
impulsada por familiares y se incorporaron protocolos científicos. Se realizó
en Priaranza (León), en busca de Emilio Silva Faba y otras 12 personas. Ese
mismo año se empezaron a excavar las trincheras de la Guerra Civil.
Desde entonces "surge esta
arqueología que trabaja a demanda de los familiares por toda España, orientada
a la identificación y devolución de los restos. Como si fuera un peritaje
forense, para la Justicia, pero sin que haya justicia. (...) Es
incuestionable que lo que estamos documentando en las fosas son las pruebas del
genocidio que ocurrió", agregó Marín.
A partir de 2005 los
medios de comunicación comenzaron a mostrar (y generar una narrativa) sobre
los restos. "Cambió un poco el ideario colectivo", dijo Marín.
En 2007, durante el primer mandato de Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero (del Partido
Socialista Obrero Español, PSOE) se aprobó la Ley
de Memoria Histórica, que reconoció
y amplió derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Sin embargo, la ley no dispone la
apertura de las fosas comunes por parte del Estado, pues las delega a las
asociaciones de víctimas. La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), pionera
en la exhumación científica, ha criticado la ley junto a otra decena de
organizaciones.
Uno de los puntos que señalan es que niega que los delitos
del franquismo hayan sido de lesa humanidad al reconocer la "memoria personal y
familiar" de las víctimas como un "derecho individual". La ARMH considera
que así se deslinda de responsabilidades al Estado, cuyo deber es generar
políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves su
derecho a la verdad, justicia y reparación.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con la norma; Amnistía
Internacional la definió como
"alejada del
Derecho internacional". Bajo los dos
mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018),
del Partido Popular, la Ley de Memoria
Histórica quedó derogada de facto, ya que quedó
sin dotación presupuestaria para su aplicación.
La arqueología de los nietos
Hoy la gran
mayoría de las exhumaciones siguen
realizándose a demanda de familiares. Esta arqueología es mantenida por miles de
voluntarios en todo el Estado; sólo la ARMH cuenta con unos
5.000. "Un verdadero trabajo
a pulmón y en igualdad de condiciones con los familiares",
reconoció Marín.
Se
trata de una "arqueología joven, la de los nietos", porque la
recuperación de la memoria histórica en España la lleva adelante esa
generación. "Cuarenta años del franquismo han hecho que la generación de
los hijos se mantenga en silencio. Pero los nietos no, incluso readaptaron un
grito feminista: ‘somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar',
pues se canta 'somos los nietos de los republicanos que no pudiste fusilar'",
contó.
Marín indicó que también es
"una arqueología pública": más allá de recuperar cuerpos, "sirve
para juntar a la gente y hablar de forma colectiva, hacer público los debates,
los problemas, lo que se ha estado callando durante 80 años. Muchas veces la
propia excavación sirve para una catarsis colectiva y que la gente
empiece a hablar, a nivel terapéutico es bastante potente".
"Es la bandera legítima y
democrática, la de ahora es una bandera monárquica impuesta por Franco,
con la que no nos identificamos. Entregamos los restos con la republicana
aunque los familiares después los entierren en ceremonias católicas, a pesar
de que el muerto haya luchado por ideales anarquistas", aseguró Marín.
Justicia
fuera de casa
Ante los casi nulos avances en
España, en abril de 2010 las víctimas del franquismo presentaron una querella
en los tribunales de Buenos Aires, Argentina. Amparados en la legislación
internacional de la Naciones sobre Justicia Universal, dieron inicio a una investigación
sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, para que se identifique a
sus responsables y se los sancione penalmente, como se lee en la web de la Coordinadora estatal de apoyo
a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).
En abril de este año murió el
impulsor de la querella, Darío Rivas, quien en 2005 recuperó los restos
de su padre, Severino Rivas, alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo),
asesinado en octubre de 1936. “Papá, descansa en paz. Te lo pide tu niño
mimado”, escribió en la placa que colocó en su tumba.
Tras la exhumación Rivas volvió a Argentina, donde
había emigrado con nueve años, pero no estaba satisfecho. Sabía que quedaban
muchos padres por rescatar aún de las fosas y cunetas. En 2010, a los 90 años, se convirtió en la
primera firma de la querella tras el portazo de la justicia española. Su causa sigue abierta a 10.000 kilómetros de España.
La querella denuncia principalmente tres tipos de
delitos: las desapariciones
forzadas, el robo de niños y las torturas.
Sobre las torturas acotó: "el régimen franquista
empezó matando y murió matando. Hay una
intensidad de asesinatos en los años 40, pero matan hasta los
años 70".
En 2018 la jueza argentina María
Romilda Servini ordenó la
primera exhumación. Ascensión Mendieta,
hija de Timoteo Mendieta, a sus 91 años logró hacerse del cuerpo de su padre, fusilado el 16 de noviembre de 1939. Servini
ordenó la exhumación a los
voluntarios de la ARMH y a voluntarios antropólogos forenses del Reino
Unido.
La exhumación de Franco
En febrero de
2019 el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió perdón a las
víctimas y exiliados españoles. Ahora prevé exhumar los
restos de 35.000 personas del Valle de los Caídos que están enterrados alrededor de los genocidas José Antonio Primo de
Rivera, fundador del partido fascista Falange Española, y Franco, cuyos restos prevén llevar al cementerio de
Mingorrubio (El Pardo), donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.
El Gobierno eligió el lugar dado que
la familia no accedió a designar un destino alternativo "compatible
con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana": querían
sepultarlo en la catedral de La Almudena, en Madrid, al lado del Palacio Real.
Los nietos
de Franco, la Fundación que lleva su nombre y la comunidad benedictina del
Valle de los Caídos tienen interpuestos ante el Supremo de Justicia recursos
contra ese acuerdo del Gobierno en los que solicitan la suspensión cautelar de
la exhumación. El fallo del tribunal está pendiente.
