Si Fraga pudo, un etarra puede
La decisión de Bildu de incluir en sus listas a siete
candidatos con delitos de sangre no es respetuosa
con las víctimas. Pero la derecha no tiene
legitimidad para marcar las líneas rojas morales
— El fusilamiento de Grimau, un crimen de
Estado de la dictadura franquista que el PP y la
Justicia se niegan a revisar
ElDiario.es
Antonio Maestre
13 mayo 2023
Respetar a las víctimas no puede ser discrecional y hemipléjico. Es un error y una falta de respeto a los que sufrieron la violencia política que Bildu haya decidido llevar a siete terroristas con delitos de sangre. Bildu tenía mucho más donde elegir y escoger a estas siete personas es un mensaje político que sabían que sería interpretado de la manera en la que se ha hecho. No es aceptable que los vecinos, amigos o familiares de las víctimas de estas siete personas tengan que convivir viendo a los ejecutores de sus seres queridos en los órganos de representación política de sus municipios. Pero es algo que lleva ocurriendo en democracia desde que se implantó. El desprecio sistemático a las víctimas de la dictadura, de la violencia política del Estado y de la represión y la tortura han sido las marcas fundamentales con las que se ha constituido nuestra democracia. Nadie ha tenido en consideración que a esas personas también les duele que asciendan a un guardia civil implicado en la desaparición de Mikel Zabalza, que Billy el Niño haya muerto con sus medallas o que Manuel Fraga haya sido un padre de la Constitución habiendo sido el máximo responsable de la ejecución de Julián Grimau. Las líneas morales de la participación política estaban escritas en nuestra democracia con la sangre de republicanos.
Que la decisión de Bildu no es respetuosa con las víctimas lo podemos decir bien alto quienes denunciamos de la misma manera la presencia de Carlos García Juliá, asesino de los abogados de Atocha, en las listas de Falange en Bilbao. Tenemos la legitimidad de haber denunciado desde siempre la pervivencia, permisividad y ensalzamiento por parte de la derecha y de las instituciones del Estado a quienes participaron en la violencia política contra quienes pensaban diferente siendo herederos, y en muchas ocasiones ejecutores, del plan genocida franquista para acabar con la mitad de la población que les molestaba. Aniquilar la mitad roja.
La derecha no tiene ningún atisbo de legitimidad para marcar las líneas rojas morales aceptables en democracia ni para la participación política puesto que las traspasaron con su misma existencia tras la dictadura de Francisco Franco. España es un país maravilloso en el que se atreven a dar lecciones de moralidad aquellos que propician que un señor que se paseaba en barco con un narcotraficante gallego acabe como líder de la oposición y un guardia civil condenado por torturas sea ascendido hasta ocupar el cargo de coronel-jefe de la Unidad Central Operativa. La izquierda no puede dejarse llevar por el cinismo y la hipocresía de la derecha, sino demostrar que es diferente a ellos, mejor y más empática y, por encima de todo, no puede ser tonta y centrarse en los marcos que le interesan a la reacción para jugar en los debates que interesan a su agenda. Es un error presentar a terroristas con delitos de sangre en las listas, tendría que nacer de la decisión meditada y razonada por parte de Bildu de que no debieran haberlos incluido porque no facilita una convivencia sana y efectiva. Pero si Fraga pudo, un etarra puede. Los etarras, al menos y al contrario que Fraga, fueron juzgados y cumplieron íntegra su condena.
Nunca hubo en Manuel Fraga ningún arrepentimiento sobre su campaña feroz, falsa y violenta contra Julián Grimau. Porque hay que recordar que Manuel Fraga fabricó pruebas falsas contra Julián Grimau difundiendo un dossier con mentiras y difamaciones que fueron defendidas en el proceso sumarísimo para facilitar que fuera ejecutado. Fraga fue la mano que sostuvo el rifle al ejecutor y jamás rectificó cuando fue un insigne padre de la Constitución y máximo responsable de la derecha de este país en democracia. En una entrevista en 2012 para El País decía lo siguiente al ser preguntado sobre su participación en la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau:
¿Era preciso aquel fusilamiento?
Ésa es una pregunta que no estoy dispuesto a contestar. Le repito que si yo hice aquello fue porque lo consideré necesario para poder hacer otras cosas. Y, desde luego, Grimau no era un personaje precisamente simpático, ni mucho menos. Yo lamenté muchísimo aquello y que aquel hombre hubiera decidido venirse a España, pero no precisamente a colaborar en una transición pacífica sino a la lucha comunista, a todo lo que los comunistas habían hecho en España hasta el 36.
Pero ¿no se arrepiente de haber colaborado en aquella ejecución?
No. Yo me arrepiento de muchas cosas, pero sólo se las cuento a mi confesor, y usted, evidentemente, no lo es.
Para la derecha no era preceptivo mostrar arrepentimiento si se había participado en la aniquilación física del adversario político, tenían bula. En el año 2012 Manuel Fraga, como senador del PP, y siendo uno de los lideres históricos del partido, seguía manteniendo la difamación contra Julián Grimau que difundió durante el franquismo para justificar la ejecución del comunista represaliado. Nunca pasó nada, nadie se lo censuró, jamás le impidió hacer política. Fraga, el que no se arrepiente por su participación en la ejecución de un adversario político, sigue siendo presidente de honor del PP en la actualidad. Nunca ha habido líneas rojas morales para el PP en democracia y pretenden trazarlas para sus adversarios.
Las manos de Fraga, manchadas de la sangre de Julián Grimau
22-4-23
43 años después del asesinato de Grimau, 30 años después de la muerte del dictador, quedaba bastante claro que este último había dejado todo “atado y bien atado”, ya que el franquismo seguía presente en las instituciones políticas y judiciales
Angelo Nero
.jpg)
Una leve tensión invadió ayer a los presentes en la Comisión Constitucional del Senado cuando debatió y votó un texto para rehabilitar la figura de Julián Grimau, fusilado por el régimen franquista en 1963. Un miembro del Gobierno que llevó a cabo el asesinato se sentaba entre los senadores.
En la moción, presentada por IU, se pide al Gobierno «la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de don Julián Grimau, víctima de la represión franquista». Grimau era un líder comunista detenido en 1962, torturado, condenado a muerte y ejecutado. En el Consejo de Ministros que le negó el indulto se sentaba Manuel Fraga, hoy senador del PP y miembro de la comisión. Fraga y todo el Grupo Popular se opusieron a la moción, aprobada con los votos de los demás.”
Así comenzaba el artículo escrito por el periodista de El País, Pablo Xímenez de Sandoval, publicado en ese diario el 15 de noviembre de 2006. El dirigente comunista había sido asesinado 20 de abril de 1963, por un pelotón de soldados que dispararon contra él 27 balas, hicieron falta 3 tiros de gracia más para acabar con su vida, después de un juicio farsa, en el que fue condenado a muerte por “rebelión militar continuada”. Antes había sufrido terribles torturas, e incluso había sido arrojado por una ventana, una práctica policial en la que perdería la vida, seis años después, Enrique Ruano.
A pesar de la presión internacional, de los cientos de miles de telegramas pidiendo que no se ejecutara la pena de muerte, entre los que estaban los del dirigente soviético Nikita Jruschov, del papa Juan XXIII, del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, del primer ministro italiano Aldo Moro, del alcalde de Berlín Willy Brandt, o del líder laborista británico Harold Wilson, a pesar de las manifestaciones en París, en Roma, y en otros lugares del mundo, el consejo de ministros franquista, en el que estaba Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, negaron la petición de indulto y ratificaron la sentencia que llevaría a Julián Grimau delante de un pelotón de fusilamiento.
43 años después del asesinato de Grimau, 30 años después de la muerte del dictador, quedaba bastante claro que este último había dejado todo “atado y bien atado”, ya que el franquismo seguía presente en las instituciones políticas y judiciales, también, hay que señalar, en las militares, religiosas y en los poderes económicos, gracias a una transición que había blanqueado las camisas azules, y había regalado trajes de demócratas para todos. Pero, como señala la crónica de Pablo Xímenez, nadie quería renegar de su pasado:
“El senador que proponía la moción, Eduardo Cuenca, hizo un relato pormenorizado de los hechos que llevaron a Grimau al paredón. Tras describir el truculento interrogatorio en la Dirección General de Seguridad (Grimau fue suicidado por una ventana y sobrevivió) la intervención tenía un momento calculadamente tenso: «Durante aquellas fechas se llevó a cabo una campaña de propaganda falaz por el responsable de información del régimen, que pretendía identificar a Grimau como un criminal». El ministro de Información era Manuel Fraga. Estaba sentado a dos metros del senador Cuenca, quien añadió que debería pedir perdón. Fraga no intervino.”
Hasta 2019 no le retiraron el título de Hijo Adoptivo en Ferrol y A Coruña -pero todavía es hijo adoptivo de Santiago, Ferrol, Cedeira, Pontedeume, Verín, Tui y Cervo, y predilecto de Vilalba-, aunque el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, que sería su vicepresidente en la Xunta de Galicia, sigue reivindicando su legado, un legado manchado de sangre, como el de todos los que participaron en la maquinaria represiva de la dictadura. El Partido Popular, heredero de los postulados políticos de Manuel Fraga, es por lo tanto heredero también de un pasado franquista que conviene recordar cuando se invoca el recuerdo de luchadores antifascistas como Julián Grimau. La crónica de El País, no podía ser más clara: “Fraga vota en el Senado contra la rehabilitación de Julián Grimau”. Terminaba con estos párrafos que no dejan lugar a equívoco:
“El portavoz del PP, Carlos Gutiérrez, aclaró su rechazo a la pena de muerte y su «respeto» a Grimau como persona. Pero, tras invocar la concordia de la transición democrática, justificó su voto en que no es competencia del Legislativo, sino del Tribunal Supremo, revisar un caso ya juzgado.”
