Nicolás
Sartorius
15
de junio de 2025
I.-
Hace veinte años, en un artículo que publiqué en el diario El País
bajo el título “¿Qué le pasa a la derecha?”, ya advertí de
que el PP no era el heredero de la UCD de la Transición, sino de la
Alianza Popular que liderara Fraga Iribarne, la de aquellos “siete
magníficos” ministros de Franco. Un partido de cuyo seno surgió
más tarde el actual Partido Popular y de éste, con el tiempo, el
ultraderechista Vox. Conviene recordar, para no equivocarse, que
aquella Alianza no votó la amnistía de 1977 –símbolo de la
reconciliación nacional–, ni tampoco el Título VIII de la
Constitución, el que se refiere a las autonomías, e incluso no
pocos de sus afiliados y diputados le negaron su voto al conjunto de
la Carta Magna. Es cierto que una parte de aquella UCD, de su base
ideológica y social, acabó integrándose en el actual PP, pero me
temo que, por desgracia, son una minoría. No me imagino a los
presidentes Suárez y Calvo Sotelo acusando a un gobierno del PSOE de
banda de criminales, de mafia y, al presidente de su país, de capo
de los hampones. Quizá se comprende mejor, al conocer esos
antecedentes de nuestras derechas, el porqué de su resistencia a
condenar aquella reciente dictadura de cuarenta años que asoló
España, o también esa oposición radical a la Ley de Memoria
Democrática. Una norma que en cuanto pueden la “derogan” en las
CCAA que gobiernan con Vox, o necesitan sus votos para alcanzar la
mayoría. Claro que tampoco hay que sorprenderse cuando el otro día,
en una entrevista, la que fuera presidenta “ultraliberal” de la
Comunidad de Madrid afirmó que a “la larga” la dictadura de
Franco fue mejor que la II República.
II.-
Sin embargo, la historia no acaba aquí. Hace unos días, en una
conferencia de presidentes autonómicos celebrada en Barcelona, a la
que asistieron todos, incluidos el lendakari y el president de la
Generalitat, la presidenta de Madrid se ausentó de la reunión
porque aquellos hablaron en vasco y catalán, al igual que el de
Galicia en gallego, pero claro, este era del PP. Por lo visto, esta
irresponsable política no se ha enterado de que esas lenguas, tan
españolas como el castellano, las hablan millones de personas que,
lógicamente, se sentirían profundamente ofendidas. Pero lo más
grave es que con esa actitud negaba la validez del art. 3.2 y 3 de la
Constitución cuando habla de “las demás lenguas españolas… un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección”. Como justificación de dicha postura inconsciente,
que recuerda el machadiano “desprecia cuanto ignora”, afirmó que
utilizar esas lenguas era reconocer que España era plurinacional,
confundiendo el plurilingüismo con la plurinacionalidad y
desconociendo que el art. 2 de la CE reconoce las nacionalidades, es
decir, “condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos
de una nación”. ¿Quiere ello decir que en España hay varias
naciones políticas con Estado propio? Obviamente no. Porque el uso
de una lengua no determina la existencia de una nación política,
aunque sí una riqueza cultural impagable. El problema de la
presidenta de Madrid es que o no conoce la Constitución del 78 o no
la respeta. De ahí, entre otras causas, que cuando las derechas
gobiernan en España el independentismo sube como la espuma, como ya
se vio en el pasado y se verá en el futuro si ganan las elecciones.
III.-
Otro contenido esencial de nuestra Constitución en el que nuestras
derechas, por lo visto, son ateas, es el del Estado social o de
bienestar. Olvidan que el art.1 de la CE define nuestro Estado como
“social y democrático”. Es decir, que no sólo reconoce
libertades civiles y políticas, sino también derechos sociales –la
educación, la sanidad, las pensiones, etc.–. Pues bien, ni la
expresidenta ni la actual presidenta de Madrid creen en este Estado,
y así lo manifestó claramente la primera en una reciente entrevista
en El País y declarándose, la segunda, partidaria de las teorías
del argentino Milei.
Sin
embargo, lo más preocupante es que hace unos días el candidato a la
presidencia del Gobierno declaró que el eslogan del próximo
Congreso del PP sería “Más España y menos impuestos”.
Reconozco que lo de “más España” se me escapa, a no ser que se
refiera a conquistar o adueñarse de Andorra como Trump de
Groenlandia. Otro sentido podría ser “más España y menos
independentismo”, pero no lo veo muy realista pues en este momento
el secesionismo está en sus horas más bajas y si gobernasen las
derechas me temo que renacería cual Ave Fénix. ¿Se imaginan
ustedes qué pasaría gobernando el PP/Vox y despreciando el catalán,
el vasco y el gallego? Quizá a ciertas gentes pudientes les suene a
música celestial eso de “bajar impuestos”. Ahora bien, si se
reduce la recaudación del Estado y se aumentan los gastos militares
–espero que a nadie se le ocurra aceptar el disparate de llegar al
5% del PIB de Trump–, ¿cómo se pagan y mejoran la sanidad, la
educación y otros servicios públicos? El deterioro que se está
produciendo en estos servicios en las CCAA gobernadas por las
derechas es el problema más grave que tiene España en este momento.
Un
informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar
a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal
IV.-
Por último, se debería respetar la presunción de inocencia al ser
uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución en
el art.24.2, cuando dice “todos tienen derecho… a no confesarse
culpable y a la presunción de inocencia”. Se trata, igualmente, de
un principio general del derecho penal que significa que toda persona
es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Y
demostrar quiere decir ante un tribunal de justicia, con todas las
garantías, mediante sentencia. Pues bien, en la realidad española
este principio ha mutado en su contrario, en la “inocencia de la
presunción” y, en consecuencia, a los efectos prácticos, las
personas son culpables mientras no se demuestre lo contrario. El
mecanismo es perverso pero muy real. Circulan asociaciones y/o
partidos con muchos medios que se dedican a acusar o denunciar a
enemigos políticos de determinados delitos; luego los jueces con
bastante manga ancha los admiten a trámite para “investigar”;
invariablemente dicha indagación se filtra a los medios, que, a su
vez, tenazmente, lo transforman en “imputación”, figura que no
existe en esa fase, pero suena más fuerte que investigar, y de ahí
al Parlamento, donde se forma el quilombo o gresca. El procedimiento
dura meses o años, y en los medios no se habla de otra cosa,
opacando toda mejora o avance en la economía, en derechos sociales o
cualquier buena noticia para el país. Tan perversa como lo anterior
se ha convertido la filtración de los informes de la UCO (Unidad
Central Operativa). Esta Unidad de la Guardia Civil, por encargo de
los jueces, investiga posibles delitos y emite informes que se supone
entrega de forma reservada al poder judicial. Lo inquietante del caso
es que estas pesquisas, muy a menudo, acaban en poder de los medios
de comunicación antes de que los conozcan las partes afectadas, como
estrellas mediáticas. Y una de dos, o se filtran por parte del que
investiga o por parte del juzgado o tribunal que hizo el encargo. No
se me ocurre otro posible origen.
Así
se ha ido creando el ambiente de que estamos en la fase más corrupta
que uno pueda imaginar, cuando en los casos en que se basa tal
acusación –hermano y mujer del presidente, caso Koldo/Ábalos,
fiscal general o ahora Cerdán– no hay aún ni la celebración de
un juicio y mucho menos sentencia condenatoria. Es decir, lo mismo
que cuando gobernaba el PP, con un vicepresidente, varios ministros y
consejeros autonómicos juzgados, condenados y, algunos,
encarcelados. Así pues, siendo como soy respetuoso con el derecho a
la presunción de inocencia y viendo cómo se filtra todo, se
instruyen los procedimientos, cómo se manipula la realidad y la
situación de la justicia, con jueces y magistrados que organizan
concentraciones y huelgas en protesta por leyes del Parlamento,
considero que ningún investigado ni acusado tiene por qué abandonar
la función pública hasta que haya una sentencia condenatoria. A no
ser que la misma persona concernida o la organización a la que
pertenezca consideren que es mejor hacerse a un lado en beneficio de
lo que representa. Como, por ejemplo, es el caso Ábalos/Cerdán, en
el que merecería la pena, por lo conocido hasta ahora, tomar medidas
contundentes, organizativas y políticas. Dejando claro que un
informe de la Guardia Civil o cualquier otra policía no puede tumbar
a un gobierno, pues no se trata de una sentencia de un tribunal. A
sensu contrario, me parece un escándalo y una vergüenza lo que está
sucediendo con el fiscal general del Estado y, en consecuencia, no
debería de dimitir, pues quienes está haciendo daño a la justicia
y a la democracia, en este caso, son los que quieren acabar con este
Gobierno como sea y no a través de unas elecciones cuando toque.
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Nicolás
Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación
Alternativas.
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