El Gobierno esquivando preguntas sobre la monarquía
Cada legislatura deja su huella. La de 2025 será recordada por algo incómodo: en España hay un poder del Estado sobre el que no se puede preguntar. No es el Ejército, no es el CNI. Es la monarquía.
La anomalía democrática que nadie quiere discutir.
En lo que va de legislatura, diputadas y diputados de ERC, Podemos, BNG, Compromís y el PNV han enviado más de 50 preguntas formales sobre la Casa Real.
¿Respuestas claras? Solo 3.
El resto es silencio, evasivas o “defectos de forma”.
Lo fascinante no es la falta de respuestas. Es el patrón.
Cada vez que una pregunta roza al emérito, a Felipe VI o al dinero público que rodea a la Corona, aparece la misma arquitectura de protección:
Secretos Oficiales, Transparencia mal aplicada, inadmisiones.
La Ley de Secretos Oficiales es de 1968, franquista.
Sigue en vigor.
Y se usa para ocultar desde gastos de viajes hasta actividades privadas con dinero público.
Un país que presume de modernidad pero protege su monarquía con leyes del dictador.
Las preguntas inadmitidas son casi un género literario:
— ¿Investigaciones sobre comisiones ilegales del emérito por el AVE a La Meca?
Inadmitida.
— ¿Fundación en Abu Dabi para gestionar la herencia?
Requirimiento, retraso, nada.
Cuando la monarquía es protagonista, el Gobierno habla como un ordenador con una sola tecla:
“No procede”.
“Corresponde a legislaturas anteriores”.
“No existe información disponible”.
La democracia no debería sonar así.
Y mientras, cuestiones fundamentales siguen sin explicación:
— ¿Cuánto dinero público se destina realmente a las regatas del emérito en Sanxenxo?
— ¿Por qué el CIS jamás pregunta sobre la Corona?
— ¿Por qué Felipe VI sigue blindado por una inviolabilidad medieval?
Los partidos que sí preguntan comparten diagnóstico:
PP y PSOE forman un bipartidismo protector, un “cordón sanitario” a favor de una institución opaca.
La monarquía es el último consenso de la Transición, aunque ya solo lo sostengan desde arriba.
La transparencia es selectiva.
El Estado puede detallar 13.019,60 euros de una tribuna para un aniversario del rey, pero no puede aclarar si se financian regatas privadas o si hubo dinero para tapar relaciones incómodas.
Ese es el nivel de incoherencia.
Todo esto genera una pregunta mucho más grande:
¿Qué democracia es esta donde los únicos intocables no son los derechos, sino una familia concreta?
La pedagogía democrática no se hace con banderas.
Se hace con datos.
Pero en España, cuando se trata de la monarquía, la opacidad se convierte en doctrina.
Las instituciones no responden porque han aprendido que no deben responder.
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