Dos parejas, dos justicias: de Oltra a Ayuso

Cuando el apellido decide si la justicia investiga, archiva o mira hacia otro lado

Hay comparaciones que incomodan porque desnudan el sistema. La diferencia entre cómo actuó la justicia con la pareja de Mónica Oltra y cómo lo hace con la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un matiz técnico. Es una grieta democrática. En ambos casos hay hechos, responsabilidades indirectas y consecuencias políticas posibles. Solo en uno de ellos hubo imputación, dimisión forzada y seis años de castigo judicial.

La pregunta es simple: ¿qué hace la justicia cuando el delito toca el entorno íntimo del poder? La respuesta depende de quién gobierne.

UNA PAREJA CONDENADA, UNA POLÍTICA CASTIGADA

El exmarido de Mónica Oltra, educador social, fue denunciado en 2017 por abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años. Fue condenado a cinco años de prisión, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2023. El delito existió. La responsabilidad penal quedó probada. El agresor está en prisión.

Hasta aquí, el funcionamiento normal del Estado de derecho.

El problema empezó cuando la acusación —impulsada por la ultraderecha— decidió estirar el caso hasta la conselleria que dirigía Oltra. No porque existieran pruebas nuevas, sino porque la acusada era ella. El foco dejó de estar en el delito y pasó a estar en la política.

El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada por un presunto encubrimiento. Dos meses después dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo pruebas concluyentes. Hubo imputación. Y eso bastó.

Durante tres años, dos jueces de instrucción y la Fiscalía revisaron correos, documentos y testimonios. Conclusión unánime: no hay indicios de delito. Las decisiones administrativas fueron “desacertadas” o “mejorables”, pero no delictivas. Tres archivos judiciales lo confirman.

Y, aun así, la causa sigue viva por la insistencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El castigo ya está cumplido: Oltra fuera de la primera línea política, su carrera truncada y su nombre asociado durante años a una acusación falsa.

Una pareja condenada, una política destruida.

UNA PAREJA INVESTIGADA, UNA PRESIDENTA PROTEGIDA

En el otro extremo está el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aquí no hablamos de un delito sexual juzgado y condenado. Hablamos de fraude fiscal, facturas falsas y uso de empresas pantalla, según la investigación abierta por la Fiscalía.

La pareja de Ayuso está imputada. Hay documentación. Hay indicios económicos. Hay un procedimiento en marcha.

¿Consecuencias políticas para Ayuso? Ninguna.

¿Dimisión? No.

¿Imputación por encubrimiento, colaboración o beneficio indirecto? Tampoco.

La reacción institucional fue la contraria a la de Oltra. Cierre de filas, ataque a la jueza, acusaciones de “operación de Estado”, victimismo desde el poder y una campaña mediática de descrédito contra la Fiscalía. La justicia avanzó con extrema cautela. Sin prisas. Sin presión política. Sin exigir responsabilidades.

A Ayuso no se le aplicó la doctrina Oltra.

No se consideró que la imputación de su pareja afectara a su cargo.

No se entendió que existiera responsabilidad política alguna.

No se activó el mecanismo del desgaste.

Una pareja investigada, una presidenta blindada.

LA DIFERENCIA NO ES JURÍDICA, ES POLÍTICA

La comparación es devastadora porque rompe el relato de neutralidad. En un caso, la justicia actuó como ariete político. En el otro, como muro de contención. Y no es casualidad.

Oltra representaba un proyecto que revirtió privatizaciones, tocó intereses empresariales y cuestionó redes de poder en la Comunitat Valenciana. Ayuso encarna esos intereses. Eso cambia el umbral de tolerancia.

En el caso de Oltra, la imputación fue suficiente para forzar la dimisión, pese a que el delito no existía.

En el caso de Ayuso, la imputación de su pareja no genera ni siquiera una exigencia de explicaciones, pese a existir una investigación sólida.

La justicia fue implacable con una mujer de izquierdas e indulgente con una dirigente conservadora en ejercicio de poder.

Esto no va de relaciones personales. Va de cómo se usa la justicia para ajustar cuentas o para proteger al poder. Va de quién paga un precio político por hechos ajenos y quién no paga ninguno por hechos cercanos.

Oltra probablemente será absuelta de todo. Para entonces ya dará igual.

Ayuso seguirá gobernando mientras su pareja es investigada. Y nadie le pedirá responsabilidades.

Dos parejas. Dos respuestas judiciales.

No es un fallo del sistema.

Es el sistema decidiendo a quién sacrificar y a quién preservar.

Apoya nuestro proyecto: donorbox.org/aliadas