La Audiencia Provincial corrige al juez Peinado y anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en el caso de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a frenar al juez Juan Carlos Peinado y ha anulado la imputación contra Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, dentro del caso contra Begoña Gómez.

La razón es devastadora: todo se apoyaba en “meras suposiciones” sin un solo indicio de delito.

Martín, que fue secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023, había sido imputado por Peinado tras admitir una querella de Vox sobre la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez.

El delegado del Gobierno lo negó desde el principio. La Audiencia confirma ahora que no había nada que investigar.

El tribunal es explícito:

Peinado nunca debió admitir esa querella ni llamar a Martín a declarar.

Y además le recuerda cuál era el único objeto legítimo de esta parte de la causa: aclarar si la asistente se extralimitó en sus funciones. Punto.

Pero el magistrado intentó ir mucho más allá.

Primero quiso imputar al ministro Félix Bolaños. El Supremo lo frenó.

Ahora la Audiencia tumba otra pieza.

Hace unos días tuvo que archivar también la imputación contra otra dirigente de Presidencia.

Todas las piezas se caen, una tras otra.

Lo grave es que el daño político ya se hizo.

Medios amplificando sospechas. Vox dictando el relato. El PP explotándolo.

Meses de ruido basados en nada.

Así opera el lawfare: no necesita pruebas, necesita titulares.

La frase clave del auto lo resume todo:

“No se aporta el más mínimo indicio de responsabilidad.”

En una democracia sana, esto sería suficiente para cerrar el capítulo.

Aquí, apenas sirve para reconocer que llevamos meses atrapados en una causa que se deshace en cuanto la tocan los tribunales superiores.

Cuando la Justicia corrige a un juez, el daño ya está hecho. Y ese es el verdadero riesgo democrático.

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