La dilatación del novio de Ayuso y la sombra de Rato o Zaplana: otros procesos eternos que acabaron beneficiando al delincuente

El calendario judicial vuelve a favorecer a los poderosos mientras casos como los de Rato y Zaplana evidencian cómo las dilaciones diluyen responsabilidades

Surren Gasdparyan

16-1-26

ElPlural

Mientras miles de causas menores se resuelven en plazos relativamente breves —con juicios rápidos, sentencias firmes y ejecuciones casi inmediatas—, los grandes procesos ligados a las élites políticas y económicas tienden a enquistarse en los juzgados durante años. Instrucciones interminables, recursos encadenados, cambios de tribunal y agendas saturadas convierten estos procedimientos en carreras de fondo en las que el tiempo juega a favor del investigado. El aplazamiento del juicio al novio de Ayuso hasta después de 2027 se inscribe en esa lógica: una justicia lenta para quienes cuentan con recursos, influencia o relevancia pública, y notablemente más expeditiva cuando los acusados carecen de apellido ilustre o protección mediática. Una asimetría que no solo erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que refuerza la sensación de que, en España, no todos los ciudadanos llegan al banquillo en igualdad de condiciones.

No se trata de una excepción aislada, sino de un patrón que se repite con inquietante regularidad. La historia judicial reciente ofrece numerosos ejemplos de macroprocesos que se prolongan durante casi una década, con fases de instrucción que se alargan sin explicación comprensible para la ciudadanía. En muchos de ellos, cuando finalmente llega la sentencia, el contexto político y social ya ha cambiado por completo, y los efectos reales de la condena —cuando la hay— resultan mucho más limitados.

El espejo de Rato y Zaplana: juicios largos y castigos diluidos

Uno de los casos más paradigmáticos de esta justicia lenta para los poderosos es el de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Su nombre comenzó a aparecer de forma recurrente en los tribunales a partir de 2015, tras la investigación de su patrimonio, el uso de las tarjetas black y diversas operaciones societarias opacas. Desde entonces, la causa principal por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares se fue dilatando durante casi nueve años, marcada por una instrucción compleja, recursos constantes de la defensa y sucesivos aplazamientos.

Cuando finalmente la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria, el tribunal reconoció expresamente que el procedimiento había sufrido dilaciones indebidas no atribuibles al acusado, lo que permitió aplicar atenuantes que redujeron la pena.

Más allá del fallo judicial, el caso dejó una enseñanza difícil de ignorar: el tiempo, lejos de ser neutral, puede jugar a favor del investigado. Para una parte significativa de la opinión pública, la sensación fue que Rato, pese a acabar condenado, había logrado amortiguar el castigo penal y, sobre todo, diluir el impacto político y social de unos hechos que, juzgados en tiempo y forma, habrían tenido consecuencias mucho más severas.

Algo similar ocurrió con Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, cuyo recorrido judicial es otro ejemplo de cómo los grandes casos de corrupción se enquistan durante años. Zaplana fue detenido en mayo de 2018 en el marco del caso Erial, acusado de haber cobrado comisiones millonarias y de blanquear capitales a través de una compleja red societaria internacional. Sin embargo, el proceso no llegó a su desenlace hasta más de seis años después. Durante ese largo periodo, la causa estuvo atravesada por debates procesales, recursos, cambios de magistrados y aplazamientos reiterados, algunos de ellos vinculados a la situación de salud del propio acusado.

Cuando finalmente llegó la sentencia condenatoria, el contexto político era ya otro: Zaplana llevaba años fuera de la primera línea, el Partido Popular había pasado por varias crisis internas y la atención mediática se había desplazado hacia nuevos escándalos. El resultado fue una condena firme, pero con un impacto político muy inferior al que habría tenido una resolución temprana, reforzando la idea de que la lentitud judicial actúa, en la práctica, como un amortiguador de responsabilidades.

Dos velocidades, una sola justicia… sobre el papel

Estos precedentes alimentan la percepción de que existe una justicia de dos velocidades: una rápida y severa para los delitos comunes y otra lenta, compleja y garantista hasta el extremo cuando los investigados pertenecen a las élites políticas o económicas. Desde el ámbito judicial se insiste en que esta diferencia responde únicamente a la complejidad técnica de las causas, al volumen de documentación y a la necesidad de preservar todas las garantías procesales. Sin embargo, esa explicación choca con la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que ven cómo procedimientos mucho más sencillos se resuelven con una celeridad desconocida para los grandes casos de corrupción.

En el caso que afecta al entorno de Ayuso, el aplazamiento del juicio no es un detalle menor. La presidenta madrileña ha construido buena parte de su discurso político sobre la confrontación con el Gobierno central y la reivindicación de una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios. Que la causa judicial que afecta directamente a su pareja quede congelada hasta después de las urnas introduce un elemento de asimetría democrática difícil de ignorar. No porque exista una condena previa, sino porque la ciudadanía queda privada de una resolución judicial en un momento clave para la rendición de cuentas política.

Juristas críticos con esta dinámica advierten de que la lentitud estructural del sistema acaba generando un efecto disuasorio inverso: lejos de reforzar la confianza en la justicia, la erosiona. Cuando los procesos se alargan durante años, el castigo social se diluye, las responsabilidades políticas se evaporan y la corrupción se percibe como un riesgo asumible para quienes cuentan con buenos equipos legales y suficiente capacidad económica para resistir el paso del tiempo.

Además, las dilaciones no afectan solo al acusado. También perjudican al propio sistema judicial, que ve cómo se acumulan causas abiertas, se tensionan los recursos disponibles y se normaliza una excepcionalidad que acaba convirtiéndose en regla. La reiteración de este tipo de decisiones refuerza la idea de que la igualdad ante la ley es más formal que real, y que el acceso efectivo a la justicia depende en buena medida de la posición social y política del investigado.