Los expresidentes y "el que pueda hacer, que haga" del dinero: coloquios, lobby y conexiones

El sistema muestra un patrón estable: los expresidentes no abandonan el ecosistema de poder tras dejar el cargo, sino que lo reconfiguran

C.T.

24-5-26

ElPlural

“El que pueda hacer, que haga”. La célebre frase de José María Aznar ha terminado funcionando, con el paso del tiempo, como una síntesis casi involuntaria de la segunda vida de los expresidentes del Gobierno español. Una etapa en la que el poder institucional se traslada a otro terreno: el de las relaciones, las conexiones y la influencia en empresas, fundaciones, foros internacionales y redes globales. Ese tránsito se produce, además, sobre un marco común que todos los expresidentes comparten al dejar La Moncloa: una dotación pública aprobada en 1992 durante el Gobierno de Felipe González que les garantiza en torno a 70.000-80.000 euros anuales para gastos de oficina, representación y funcionamiento institucional, junto a medios como personal, coche oficial o seguridad, sin necesidad de justificar cómo se utilizan esos fondos. Es decir, una estructura estable financiada por el Estado que no sustituye a la actividad privada posterior, sino que convive con ella.

Ese punto de partida no ha supuesto una retirada de la vida pública, sino el inicio de una segunda etapa en la que todos los expresidentes han desarrollado actividades privadas o semiinstitucionales en el ámbito de las conferencias internacionales, los consejos de administración, las fundaciones ideológicas o las redes de influencia global. Es en esa combinación -dotación pública estable y actividad privada altamente remunerada- donde se ha consolidado el modelo español de “expresidencia”.

El fenómeno empezó a hacerse especialmente visible a finales de 2010 y principios de 2011, cuando Felipe González y José María Aznar protagonizaron casi en paralelo su incorporación al sector energético. En diciembre de 2010, Gas Natural Fenosa incorporó a González como consejero independiente con una retribución de 126.500 euros anuales. Pocas semanas después, en enero de 2011, Endesa fichó a Aznar como asesor externo para América Latina con un salario cercano a los 200.000 euros anuales. Ambos movimientos se justificaron en su experiencia internacional, especialmente en América Latina, pero consolidaron un patrón claro: el paso directo de la jefatura del Gobierno a empresas estratégicas que operan en sectores regulados por decisiones políticas previas.

En el caso de José María Aznar, esa transición hacia el ámbito privado e internacional se ha combinado con una intensa actividad ideológica y de influencia global. Al frente de la Fundación FAES, ha mantenido un espacio estable de producción política que actúa como nodo de conexión con redes conservadoras internacionales. Destaca su participación en lobbys como Friends of Israel Initiative, creado en 2010 como una plataforma internacional destinada a defender la legitimidad del Estado de Israel en el debate político occidental, en un contexto marcado por el auge de resoluciones críticas en organismos internacionales y por el endurecimiento del discurso sobre el conflicto en Oriente Próximo.

A ello se suma su presencia en foros globales y cargos como el de Presidente del Instituto Atlántico de Gobierno o consejero de Afinity. Su nombre también ha aparecido vinculado a etapas de apertura de relaciones con regímenes como el de Libia durante los últimos años de Muamar el Gadafi, en un contexto en el que Europa exploraba acuerdos energéticos y comerciales antes del colapso del régimen en 2011.

Felipe González, por su parte, representa el modelo de integración corporativa más clásico. Su entrada en consejos de administración de grandes compañías energéticas como Gas Natural o Endesa consolidó una práctica ya habitual: la incorporación de exjefes de Gobierno a empresas que operan en sectores altamente regulados. Su papel en foros internacionales y su presencia en espacios de debate global refuerzan un perfil en el que la experiencia de gobierno se convierte en un activo de influencia política y económica.

A este ecosistema se suma su propia estructura fundacional, creada en 2013 con su nombre, que ha ido consolidando una actividad relevante en el ámbito privado. Según las cuentas y la información económica publicada, en 2024 la Fundación Felipe González registró ingresos superiores a los 370.000 euros, procedentes principalmente de donaciones, patrocinios y colaboraciones de entidades privadas. En concreto, las aportaciones se distribuyen entre donaciones y legados, por un lado, y promociones y colaboraciones empresariales, por otro, lo que sitúa a la fundación como un actor financiado de manera significativa por el sector privado en el desarrollo de su actividad. Este modelo, basado en la captación de recursos externos, se integra en la dinámica habitual de los espacios de influencia asociados a expresidentes, donde la actividad institucional, la producción de relato político y la proyección internacional conviven con estructuras de financiación privada que sostienen su funcionamiento.

Mariano Rajoy introduce una variante distinta, aunque no ajena a esta lógica general. Tras abandonar la presidencia en 2018, regresó a su plaza como registrador de la propiedad en Madrid, retomando su carrera profesional original. Sin embargo, como el resto de expresidentes, ha mantenido una actividad paralela basada en conferencias, intervenciones públicas y la publicación de memorias, una vía habitual de monetización del capital político acumulado que se ha consolidado como parte del modelo post-Moncloa.

José Luis Rodríguez Zapatero ha desarrollado una trayectoria centrada en la diplomacia informal y la participación en foros internacionales, especialmente en América Latina y Oriente Medio, además de su implicación en estructuras privadas de análisis político y procesos de mediación. Su papel se inscribe en el ámbito de la llamada diplomacia paralela, donde exdirigentes actúan como intermediarios en espacios donde confluyen política, economía y relaciones internacionales.

En conjunto, el sistema muestra un patrón estable: los expresidentes no abandonan el ecosistema de poder tras dejar el cargo, sino que lo reconfiguran. A la financiación pública permanente se suma una intensa actividad privada en el circuito global de conferencias, asesorías, fundaciones y relaciones institucionales. El resultado es un modelo híbrido en el que el capital político acumulado en el Gobierno se transforma en un activo económico y relacional de primer nivel, prolongando la influencia de quienes ocuparon la presidencia mucho más allá de su mandato formal.