Los tiempos de la Audiencia Nacional: ¿Cuánto tendría que esperar Zapatero? Ahora mismo se juzgan casos de 2008

La investigación todavía se encuentra en una fase inicial, por lo que, en caso de que el juez Calama dictamine la apertura de juicio oral, este acto podría demorarse por años

Rodrigo de la Torre

24-5-26

ElPlural

La comparecencia ante la Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá lugar el próximo 2 de junio. La cita tendrá lugar en la Audiencia Nacional, estando dirigida por el juez Calama, quien será el encargado de plantear al que fuera presidente del Gobierno distintos interrogantes relacionados los indicios expresados en su auto, con los cuales buscará esclarecer diferentes cuestiones relativas al 'Caso Plus Ultra' y decidir si procede o no la apertura de un juicio oral.

En esta fase inicial de la investigación, el magistrado de Instrucción podrá dictaminar, si así lo entiende necesario, medidas cautelares si concibe que existe, entre otros elementos posibles, un riesgo de fuga o que las pruebas que puedan jugar un papel fundamental en el caso estén en peligro de ser destruidas. Sin embargo, José Luis Calama no será todavía el encargado de decidir si Zapatero es culpable o no de los posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental que se le imputan, sino que ello correspondería a la instancia superior que atienda este caso si el juez de Instrucción entiende que se debe seguir adelante con el mismo.

Ahora bien, en el supuesto de que Calama considere que los indicios señalados en su auto disponen de una base sólida y que las declaraciones de Zapatero le hagan considerar que ha habido una conducta delictiva por parte del que fuera líder de los socialistas, la siguiente fase en los juzgados del 'Caso Plus Ultra' podría llegar a demorarse por años. La lentitud con la que, a veces, opera el sistema en España, bien sea por acumulación de casos, por el tiempo que requiere el análisis de cada proceso o por saturación de los tribunales, puede hacer que el juicio al expresidente del Gobierno tarde en ser marcado en el calendario. Ello implica que Zapatero podría tener que aguardar paciente su paso por una instancia superior, en la cual sí se debatiría, definitivamente, su inocencia o culpabilidad. 

En este sentido, el abogado penalista José María de Pablo comentaba esta semana "lo que faltaría para un hipótetico juicio a Zapatero". En la red social 'X', el letrado quería hacer un ejercicio de "perspectiva" y, para ello, señalaba públicamente las principales fechas, en el ámbito de los tribunales, que tiene marcadas para este año. Así, se refería a "tres macrojuicios mediáticos", carácter que se entiende podría tener la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno, que en este 2026 pasarán por la Audiencia Nacional.

De esta manera, José María de Pablo apuntaba que estará especialmente pendiente a los juicios de la pieza 7 del 'Caso Púnica', el cual se está celebrando el juicio desde enero siendo un proceso abierto en 2014 sobre hechos de entre 2008 y 2012; la pieza 2 del 'Caso Lezo', la cual pasará por los tribunales en octubre tras abrirse la causa en 2016 sobre hechos de entre 2003 y 2008; y el 'Caso Gowex', un juicio que comenzará en diciembre tras admitirse a trámite las denuncias por primera vez en 2014 sobre presuntos actos delictivos cometidos hasta el 2013.

Mediante estas palabras, José María de Pablo hacía referencia a que, con la actual fase de Instrucción, podrá conocerse si existen pruebas suficientes o no para abrir juicio contra José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos que se le imputan. No obstante, conocer si es declarado culpable o no de esos actos ilícitos que se plantean podría demorarse años, quedando el que fuera presidente del Gobierno de España en un limbo judicial. 

Púnica, Lezo y Gowex... Llega el desenlace de tres grandes causas judiciales iniciadas en la pasada década

El caso Púnica, el caso Lezo y el caso Gowex son tres de los mayores escándalos de corrupción y fraude económico ocurridos en España durante la última década. Aunque cada uno tuvo características distintas, todos provocaron un fuerte impacto político, económico y social, además de aumentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las grandes empresas.

El caso Púnica fue una trama de corrupción política destapada en 2014 por la Audiencia Nacional. La investigación reveló una red formada por empresarios y cargos públicos, principalmente vinculados al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y otras regiones, que manipulaban contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La presunta trama estaba liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Según las investigaciones, varias empresas habrían conseguido adjudicaciones amañadas en servicios públicos como energía, limpieza o eficiencia energética mediante sobornos y pagos irregulares. El caso afectó a numerosos alcaldes y altos cargos y se convirtió en uno de los mayores ejemplos de corrupción municipal y autonómica en España.

El caso Lezo también salió a la luz hace años y estuvo relacionado con la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública encargada del suministro de agua en Madrid. La investigación descubrió presuntas operaciones fraudulentas, desvío de fondos públicos y compra irregular de empresas en Latinoamérica. El principal investigado fue Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Según la Fiscalía, parte del dinero público se habría utilizado para enriquecimiento personal y para beneficiar a determinadas personas y sociedades. El caso evidenció problemas de control en empresas públicas y supuso otro duro golpe para la imagen política madrileña.

Por otro lado, el caso Gowex fue un gran fraude empresarial descubierto en 2014. Gowex era una empresa tecnológica dedicada al wifi urbano que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil. Todo cambió cuando la firma Gotham City Research publicó un informe asegurando que la compañía falseaba sus cuentas. Poco después, su fundador y consejero delegado, Jenaro García, confesó que había manipulado los balances durante años y que gran parte de los ingresos eran ficticios. La empresa quebró rápidamente y miles de inversores perdieron su dinero. El escándalo puso en duda los mecanismos de control financiero y la supervisión del mercado bursátil español.