Mercedes Rodríguez

Siendo titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 23 de los de Colmenar Viejo (Madrid) fue imputada en 2013 por prevaricación dolosa y se interpuso también contra ella una querella criminal por un delito de torturas y contra la integridad moral por aplicar el SAP (Síndrome de Alienación Parental) en sentencias de retirada de custodia.

El CGPJ descartó este pseudo síndrome como criterio de actuación judicial porque supone someter a niñas y niños a una terapia coactiva e implica una vulneración de sus derechos por parte de las instituciones que tienen como función protegerles.

Se trata de un engendro psicojurídico que sólo aparece en las disputas judiciales por la custodia de los hijos y las hijas con posterioridad, habitualmente, a la aparición de denuncias por malos tratos o abusos sexuales, ante la negativa de los menores a relacionarse con el padre. No está reconocido por ninguno de los tratados de diagnóstico: ni el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni el DSM V de la Asociación Americana de Psiquiatría.

Dichas causas fueron archivadas, pero desde entonces, el marco legal en España ha cambiado significativamente con la Ley Rhodes de 2021 que prohibió formalmente el uso del SAP o teorías similares en procesos judiciales de familia.

Esta es la jueza que investiga al firmante de los protocolos de la vergüenza para residencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur.

El proceso ha sufrido varios retrasos por defectos de forma y errores en las notificaciones.

Existen numerosas quejas Administrativas en el Juzgado nº 23 de ciudadanos y abogados sobre la lentitud o falta de respuesta de ese Juzgado alegando que "no contestan al correo" y que existen retrasos en la devolución de costas y trámites económicos.

Las recientes suspensiones en la causa de las residencias por errores en las citaciones han sido señaladas como una muestra de las deficiencias organizativas del juzgado.

Aunque su figura es controvertida por sus decisiones en casos de familia y su gestión de causas mediáticas, Sonia Agudo Torrijos mantiene su estatus como magistrada titular sin sanciones disciplinarias vigentes que limiten su ejercicio profesional.