España fue el primer país que intentó crear un tribunal internacional de crímenes de guerra — siete años antes de Núremberg.

En septiembre de 1937, en plena Guerra Civil, el Gobierno de la República Española llevó a la Sociedad de Naciones una propuesta histórica: la creación de un tribunal internacional permanente para juzgar los crímenes de guerra.

La propuesta surgió como respuesta directa a algo que España estaba viviendo en carne propia: los bombardeos sistemáticos contra poblaciones civiles que quedaban completamente impunes. La política internacional de No Intervención permitía violar el derecho internacional sin consecuencias ni responsabilidades.

Lo que muchos ignoran es la anticipación de esa iniciativa. La República española articuló en 1937 un argumento que el mundo no aceptaría hasta 1945, en los juicios de Núremberg: que los crímenes de guerra debían ser juzgados por un tribunal internacional independiente, y que los responsables — incluyendo jefes de Estado — no podían ampararse en la soberanía nacional para quedar impunes.

La Sociedad de Naciones rechazó la propuesta. Nadie quiso escuchar a un país en guerra. Ocho años después, el mundo descubriría por qué era necesaria.

Un paso visionario por la justicia entre las naciones.