Público
10-10-16
Luis Gonzalo Segura
He
sentido una enorme decepción tras leer las seis peticiones que
Albert Rivera plantea a Mariano Rajoy para cambiar su abstención por un sí.
Hace mucho tiempo que se intuye que Mariano Rajoy será presidente (¡otra vez!),
pero no esperaba que Ciudadanos olvidara la Ley Integral de Protección al
Denunciante y que esta no fuera uno de los requisitos indispensables para
formar gobierno. De hecho, esperaba que lo fuera en cualquiera de las
combinaciones posibles, al menos en las que incluyesen tanto a Unidos Podemos
como a Ciudadanos porque del PP o el PSOE poco se puede esperar a estas
alturas. Me parece
increíble que se plantee un gobierno con Los Genoveses sin exigirles la
aprobación con carácter inmediato de una ley que proteja a los que hasta ahora
ellos y el PSOE persiguen e ignoran
En un país como el nuestro,
desangrado por la corrupción al ritmo de 87.000 millones de euros
anuales, una ley integral que protegiese a aquellos que pudieran
convertirse en denunciantes se antoja fundamental para terminar con la sangría.
No solo eso, no existe ninguna otra forma para ahorrar 87.000 millones de euros
sin generar perjuicios sociales salvo la ley de protección al denunciante.
Cada vez que desde Europa se piden recortes se oyen cifras de 10.000 millones
de euros o cuantías similares, mientras se puede ahorrar casi diez veces
más a un coste relativamente bajo. Es más, si redujéramos la corrupción a
un diez por ciento de la actual conseguiríamos terminar con la deuda en
unos quince años
¿Cuánto costaría una ley para proteger a los
denunciantes?
Con toda seguridad menos
del 10% del ahorro que generaría, lo que es muy poco en comparación a lo
defraudado. La ley pide garantizar el salario de los denunciantes de corrupción
previa verificación por parte de un juez, lo que garantiza que una persona (más
o menos) independiente sea la responsable de otorgar la condición de protegido
y dar verosimilitud a las denuncias. Por tanto, el primer paso sería crear
estos juzgados especiales y asegurar el salario mensual de los denunciantes.
Normalmente, las cuantías denunciadas por corrupción se elevan a millones de
euros o cientos de ellos, mientras que los salarios en raras ocasiones superan
los 30-40.000 euros anuales (en la mayoría de los casos hablamos de
funcionarios o trabajadores que ya están empleados, por lo que ni siquiera
supone en sí mismo un gasto) y el coste de un juzgado especializado sería muy
bajo en comparación a los defraudado.
Por otro lado, cuantos más
juzgados sean necesarios y más denunciantes sean protegidos, ello significará
que más tramas corruptas serán detectadas y mayor será el ahorro al Estado. De
esta forma se asegura que un aumento del gasto por esta ley suponga también un
aumento del ahorro conseguido, por lo que todo son beneficios. No existe en la
actualidad una inversión más segura y rentable. Además, no hay que olvidar
que el efecto de la denuncia y la protección del denunciante va más allá
de lo económico, dado que permitiría terminar con la impunidad existente en la
actualidad
Si es tan
rentable para todos, ¿por qué se olvidan el PP, el PSOE, Ciudadanos y los
medios de comunicación de los denunciantes y de esta ley?
Tanto PSOE como PP no han
querido apoyar esta importante ley porque las cloacas de sus partidos están
repletas de corrupción y proteger a los denunciantes puede resultar peligroso
para ellos y para el entramado que les sustenta. El PSOE en Andalucía y el PP
en Madrid y Valencia, fundamentalmente, saben que la aprobación de la
misma podría generar que los casos de corrupción se multiplicasen de
forma escandalosa o se descubrieran nuevas tramas en otras regiones
Los partidos progresistas
han apoyo de forma clara y masiva esta ley (Unidos Podemos y
confluencias, Esquerra Republicana, EH Bildu), al igual que hasta ahora lo
había hecho Ciudadanos, por lo que este olvido resulta inexplicable y
decepcionante.
Los grandes medios de
comunicación, ya sean televisiones, radios o diarios, no se han preocupado
por los denunciantes más allá de la parte más sensacionalista que han podido
obtener de cada uno de nosotros (y ello en raras ocasiones porque lo
normal es el silencio). En el mejor de los casos, los denunciantes somos
individuos a los que extraer todo lo que pueden y abandonar una vez
terminada la función parásita. En el peor, somos historias que deben ser
silenciadas. Esos son los motivos por los que los grandes medios
no han apoyado una Ley Integral de Protección al Denunciante ni han
organizado una campaña en su favor, a pesar del enorme beneficio social
que supondría
A estas alturas es difícil
esperar algo, pero tanto los medios de comunicación como los partidos
políticos deben rectificar en este caso y otorgar a esta ley y a los
denunciantes la importancia que merecen. Ciudadanos o cualquier otro
partido debe condicionar cualquier pacto de gobierno a la aprobación de esta
imprescindible ley porque no se trata de nosotros, los denunciantes, sino de
¡87.000 millones de euros anuales!
Esta cantidad puede
ser la diferencia para cualquier ciudadano entre ser atendido en un
hospital a tiempo o no, estudiar en un colegio o hacerlo en un barracón,
obtener una beca o dejar de estudiar, cobrar una pensión o no… Por
desgracia, esos 87.000 millones de euros también son la diferencia entre
que más de un periodista cobre a final de mes o no o que más de un político
pueda hacer un volquete de putas o no…
Por el bien de todos,
esperemos que Albert Rivera, Ciudadanos y los grandes medios de
comunicación rectifiquen. Rectificar es de sabios, dicen.
Luis Gonzalo Segura,
exteniente del Ejército de Tierra.
