Utrera Molina y otros
ministros de Franco tendrán que declarar en otoño por los crímenes del régimen
Si el Gobierno de Rajoy no “inventa” alguna nueva traba burocrática para
retrasar el viaje de la jueza argentina Servini
ElPlural
Aurora Moya
Mar, 9 Ago
2016
Si el
Gobierno en funciones no lo remedia como hasta la fecha lo ha ido consiguiendo,
los exministros de Franco José Utrera Molina, Rodolfo Martín
Villa. Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez
Ventura, Alfonso Osorio García y Fernando Suárez declararán este otoño
antela jueza María Servini de Cubría en relación a la querella por
los crímenes del franquismo que se sigue en Argentina. Las trabas burocráticas
del ejecutivo de Rajoy llevaron a que la jueza anulara en abril su viaje con
este objetivo. En octubre espera tomarles declaración en España
Junto a
estos políticos la jueza interrogará a policías, militares y a un médico (por
el caso de los bebés robados). O eso es lo que espera. Lo cierto es que desde
que se pidió la imputación de estas 21 personas durante el mandato al
frente del Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón,
yerno por cierto del investigado José Utrera Molina, la jueza solo ha
encontrado dificultades para poder realizar su trabajo
Carrera de obstáculos
Tras
Gallardón, el relevo en esta carrera de obstáculos lo tomó el actual titular de
Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien en noviembre de 2014
aseguró que la orden internacional de detención emitida por la jueza Servini
desde su juzgado de Buenos Aires la había parado Interpol. Así lo afirmó Catalá en una sesión de control del
Gobierno en el Parlamento.
Para que
nadie se llamara a engaño, Catalá manifestó entonces que la Audiencia Nacional
rechazaría una nueva petición en este sentido, como ya lo hizo el mes de abril
anterior cuando llegó la solicitud referida al inspector de policía conocido
como Billy el Niño y el capitán Muñecas que
fue miembro de la Benemérita, ambos señalados por presuntas torturas.
¡Que la jueza envíe las preguntas!
Desde
aquellas fechas, poco han cambiado las cosas. En octubre de 2015 la jueza María
Servini de Cubría envío a España una comisión rogatoria para tomar
declaración a estas personas en un viaje a nuestro país, autorizado por el
órgano judicial argentino pertinente con fecha de abril para el mes de abril
El abogado
de los querellantes, Carlos Slepoy ha relatado a ELPLURAL.COM como los meses
iban pasando sin respuesta: “Al final lo que le plantearon de forma
improcedente es que como ella quería interrogar a los imputados tenía que
enviar las preguntas. Una situación insólita. La demora en la respuesta llevó a
que se pasara el plazo en que podía ausentarse de su juzgado y tuvo que
suspender la visita a España”.
Inasequible
al desaliento, la magistrada envío una plantilla de preguntas. Y solicitó
autorización para desplazarse de nuevo, por lo que piensa el abogado que previsiblemente
pueda llegar a España en septiembre o en octubre
El Gobierno obligado a repartir el
exhorto
Dice Slepoy
que lo que ahora tiene que estar pasando es que el Ministerio de Exteriores
haya enviado al Ministerio de Justicia el exhorto. “El Gobierno debe
repartirlos entre los juzgados competentes. Puede ser en la localidad donde
ocurrieron los hechos, en la de los imputados, en la Audiencia Nacional… según
los casos”. Después deben avisar a la jueza.
¿Y qué
pasará? Pues que a la espera de lo que haga, o no quiera hacer, el Ejecutivo en
funciones de Mariano Rajoy, cuando a los imputados se les llame tendrán que
presentarse en el juzgado que les corresponda. Sin dilación. Tras sus
declaraciones Servini decidirá si les excluye del proceso o, por el contrario,
deben ser juzgados.
La jueza
también ha solicitado declaraciones de más víctimas cuyo testimonio considera
necesario. También para ellas ha presentado un cuestionario previo de
preguntas. Son personas que aportaron sus denuncias a la querella argentina y
que hasta la fecha no han podido declarar ante la jueza
En cuanto a
los cargos por los que se les investiga, Utrera Molina, Licinio de la
Fuente, Carro y Barrera están señalados por convalidar con su firma la
sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. Al ex
ministro de Presidencia Antonio Carro se le acusa también de
convalidar la sentencia de Puig Antich y de los últimos fusilamientos
del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid,
Barcelona y Burgos.
La misma
acusación se dirige a Sánchez Ventura y Fernando Suarez. A Rodolfo
Martín Villa y Alfonso Osorio se les considera responsables de la represión
policial de Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que murieron cinco
personas y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego
Policías, militares y bebés robados
La querella
se dirige asimismo contra antiguos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado como los citados “Billy el Niño” o el capitán
Muñecas de la Guardia Civil. Figuran en total bajo el cargo de posibles malos
tratos ocho policías entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres,
jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General
de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE.
Entre los miembros
del Ejército citados figuran Antonio Troncoso (coronel auditor
del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo
jurídico del Ejército). Jesús Quintana, Jesús González,
Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona
y Atilano del Valle. La orden internacional cita además al médico ginecólogo Abelardo
García, en relación con el caso de un bebé robado. De negarse a
declarar el Gobierno español tendrá que tomar medidas al estar vigente el
acuerdo de colaboración con Argentina.
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