R,B.
25-2-24
ElPlural.com
ha tenido acceso a las actas
de las residencias de ancianos durante la peor etapa de la
pandemia por
el Covid-19, redactadas por la Policía Municipal de Madrid, y ha ido
publicando una serie de exclusivas a través de las que puede
apreciarse el horror vivido en estos centros en los que murieron
7.291 personas sin
recibir atención hospitalaria. Ascensores de uso exclusivo para
cadáveres, ocultación de protocolos, traslados
sin consentimiento por parte de la Guardia Civil... En este
artículo hacemos un repaso a todas ellas.
En
primer lugar, las actas que la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, intentó ocultar confirman la aplicación de
los protocolos que evitaban el traslado de los ancianos vulnerables a
los centros hospitalarios. Más de 1.000 informes dejan sobre
el papel testimonios completamente espeluznantes: “De los 69
fallecidos, nueve fallecieron en el hospital y el resto (60) lo
hicieron en la residencia por
la no derivación de dichos pacientes al hospital de referencia (La
Paz)”.
"En
el hospital no hubieran muerto tantos"
60
ancianos que no contaron la asistencia adecuada en sus últimos
suspiros. 60 familias que, además, se enfrentaron al más incómodo
de los momentos: “La directora manifiesta que los familiares de
seis residentes (de los 60 totales), previa comunicación de su
gravísimo estado de salud, nos
comunicaron la no derivación hospitalaria permitiendo que su
familiar fallezca en la residencia (autorizándolo
por escrito a la dirección del centro)”.
Los
conocidos como ‘protocolos
de la vergüenza’ supusieron una losa para los ancianos
internos en residencias. Otro ejemplo de ello es la firmada
el 9 de abril a las 11.00 horas en la residencia Geriasa,
donde, pese a que los agentes reconocen que se “cumple el protocolo
covid de manera eficaz y eficiente”, en el apartado de
observaciones se vuelve a ratificar la idea predominante de estos
escritos: “En
el hospital no hubiese habido tantos fallecidos,
puesto que son residencias y carecen de los medios que sí posee un
hospital”.
"Si
se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera
habido tantos fallecimientos". Es
el contundente titular que sale del acta de Geriasa. 33 fallecidos de
los cuales "solo dos" habían sido en el hospital. El
resto, 31, "fallecieron
en la residencia sin haberles realizado prueba".
Ascensor
para cadáveres y sudarios con urgencia
A
su vez, los escritos policiales a los que ha tenido acceso
ElPlural.com también revelan que, dado el elevadísimo número de
cadáveres acumulados en las residencias, había espacios
destinados al “uso exclusivo" de los fallecidos.
Las
actas revelan que esto se trataba de algo habitual en los
centros de mayores, que se blindaban para, en la medida de lo
posible, evitar más contagios. Esa crudeza viene reflejada también
en el acta de Geriasa, donde se expone que contaba con un “ascensor
de uso exclusivo para servicio funerario”.
No
había pasado ni siquiera un mes desde que Pedro Sánchez declarase
el estado de alarma y la situación en las residencias madrileñas ya
era trágica. En la residencia Amavir de Usera, a fecha del 7 de
abril de 2020, la Policía Municipal expone la tragedia de la
siguiente forma: “Se
necesitan con urgencia test, EPIs, guantes, batas, mascarillas
y sudarios
para cadáveres”.
Necesidades
palpables que los agentes que visitaron este centro demandaron con
“urgencia”, a la vista de que el
único material sanitario del que disponía esta
residencia era “autoadquirido”.
Un panorama de máxima gravedad teniendo en cuenta la envergadura de
Amavir Usera, que, el 7 de abril, contaba con 136 residentes, 30
fallecidos y un personal mermado por las bajas laborales de sus
profesionales (dos médicos, cuatro enfermeros y trece auxiliares no
estaban disponibles en ese momento).
Trato
inhumano a los ancianos discapacitados
A
su vez, la dificultad del contexto afectó especialmente a aquellos
internos que padecían alguna discapacidad.
La falta de personal, de información y de medios, sumados al
protocolo de la vergüenza, se cebó especialmente con las personas
discapacitadas.
Otro
de los informes policiales de Geriatel, fechado a 30 de marzo de
2020, es muy directo a la hora de exponer cómo “18
personas con trastornos cognitivos deambulan sin control”
y de contar que había “una persona sorda, muda y ciega que
necesita no estar confinada”, así como otras que “necesitan
asistencia personal”.
El
resto de centros deja una situación similar. De este modo lo dejan
claro también las anotaciones de la Policía Municipal en el
Conjunto Residencial Las Fuentes, donde se destaca que
"solicitaron todo tipo de servicios a la Comunidad de
Madrid sin
obtener respuesta alguna”,
lo que generaba complicaciones -más si cabe- en el tratamiento
de las personas con "problemas conductuales".
En
concreto, el acta expone que "se solicitaron servicios de
desinfección a la Comunidad de Madrid cuando tuvieron el positivo
que fue trasladado al hospital no obteniendo respuesta alguna",
así como "test rápidos para residentes y trabajadores todos
los días", con el mismo resultado. Asimismo, el centro "quiere
hacer constar que a día de la fecha 11 de abril de 2020, lo que
demandaban eran mascarillas, batas y test rápidos, siendo esto
"especialmente
urgente porque
“al tratarse los residentes de discapacitados intelectuales, el
confinamiento en su habitación puede derivar en problemas mayores
conductuales".
Traslados
sin consentimiento por parte de la Guardia Civil
Para
más inri, otro escrito fechado a 17 de mayo de 2020 hace otra brutal
revelación: la Comunidad de Madrid se
valió de la Guardia Civil para
trasladar ancianos sin su consentimiento en los momentos más
complicados de la pandemia.
El
inspector hace una radiografía completa del trato a los internos que
se dio en la residencia Los Jardines de Navas, en el municipio de
Navas del Rey. Entre gestiones opacas y decisiones protocolarias
cuestionables, se encuentra el traslado de cerca de una veintena
de residentes a otros "centros residenciales" sin
el consentimiento de los internos ni del director de la residencia.
De hecho, el gerente de la misma, incrédulo ante esta situación, no
dudó en acudir junto a tres trabajadores “al Cuartel de
la Guardia
Civil de
Navalcarnero a denunciar
los hechos”.
La
gravedad de lo ocurrido radica en la total opacidad
y utilización
del mando único y de la Guardia Civil sin
notificar motivo alguno a la residencia para el traslado de estos
internos: "Los usuarios actuales (11) dieron resultado positivo
en las pruebas PCR realizadas a todos los residentes el pasado día 7
de mayo. Otros 22
usuarios dieron negativos, siendo trasladados el día de ayer a otros
centros residenciales”,
exponen las líneas del acta de la Comunidad de Madrid. Y añaden:
“Muestran informe de la Dirección General de Coordinación
Socio-Sanitaria, del Servicio Madrileño de Salud, de fecha 13 de
mayo de 2020 recomendando la evacuación del centro de los residentes
con resultado negativo en las pruebas COVID 19”.
El
director se mostró categóricamente en contra, tal y como expresa la
propia hoja de inspección: "Se adjunta copia del burofax de
contestación del director del centro mostrando su disconformidad
con dicha medida". Los internos fueron sacados en
contra de su voluntad y la Consejería, directamente, rechazó
cualquier petición que fuera contraria a su decisión.
De
este modo lo refleja también el documento: “Acudieron al centro
varios minibuses, de la Cruz Roja, así como efectivos de la Guardia
Civil, para proceder al traslado. El director se opuso al mismo,
solicitando algún documento oficial sobre dicho traslado, así como
información sobre el destino de los residentes. En cuanto a su
primera petición se le remitió al Informe del Servicio Madrileño
de Salud, y respecto a la segunda cuestión, afirma que no se
le respondió (…) Los usuarios se encontraban aseados y
desayunados, con su respectiva medicación, informe médico y
equipaje preparado".
El
representante de la residencia supo de la llegada del último
transporte, aunque no sabía cuál era el lugar de destino. "Tras
la marcha del último transporte, tanto él como otros tres
trabajadores acudieron al Cuartel de la Guardia
Civil de Navalcarnero a
denunciar los hechos".
Sobreesfuerzos
laborales y abandono institucional
Otro
de los aspectos clave de todo este caos es la complicadísima
situación laboral a la que tuvieron que hacer frente los
profesionales sanitarios. La residencia Las Azaleas es un ejemplo
perfecto: el acta de este centro, a la que también ha podido acceder
este medio, manifiesta que había personal que llevaba casi un
mes sin librar. "Durante la noche disponen de dos
auxiliares y un médico,
que no están en el centro pero sí localizables. Manifiestan que lo
más importante es tener test, que no disponen de ellos, tanto para
realizarlos a los residentes y trabajadores. Manifiesta llevar
sin librar desde el día 8 de marzo,
y tanto
física como psicológicamente se encuentra agotada".
Agotamiento
y cansancio físico y mental. No es para menos, ya que a los
contagios entre residentes y una contratación que se quedaba muchas
veces corta para afrontar la realidad se le suma lo rápido que
pasaba el virus entre los trabajadores. Sin ir más lejos, el
documento mencionado dispone de 51
personas operando a contrarreloj en
la residencia, de las cuales 21
eran susceptibles de dar positivo.
No era nada extraño en aquellos meses que, frente al escenario, los
trabajadores tuvieran que doblar
turnos e
incluso estar semanas sin librar, como expone este documento en
concreto, como consecuencia de una política de contratación
insuficiente.
A
su vez, en sus actas, la Policía emite numerosas sentencias sobre la
disponibilidad de los test de coronavirus, que se agotaron a las
escasas semanas de lo peor de la pandemia ante la desatención
completa de la Comunidad de Madrid. "No tienen certeza de
positivos ya que no
han hecho test. Los
solicitan urgentemente", "No han
proporcionado test por
lo que no se ha realizado ninguna prueba" o "no
disponen de test,
que son indispensables para saber positivos" son algunas de
las frases que más se repiten en los informes de las autoridades.
Lo
mismo ocurrió con los EPIS, las mascarillas y otros útiles
indispensables para poder desarrollar el trabajo sanitario y de
atención a mayores de la forma más segura posible. La demora fue
de hasta
20 días después del estado de alarma que
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el 14 de marzo;
y de hasta casi un
mes más tarde de las medidas preventivas que
algunos centros tomaron -sobre el día 6 de ese mismo mes- ante la
sensación de que algo grave estaba empezando a pasar.
La
Policía pidió la intervención de la UME y Ayuso se negó
Por
último, cabe destacar el papel de la Unidad Militar de
Emergencias (UME),
a quien el consejero de Políticas Sociales de aquel momento, Alberto
Reyero, pidió ayuda mediante cartas tanto al delegado del
Gobierno, José
Manuel Franco,
como al otrora ministro de Derechos Sociales, Pablo
Iglesias.
Sin embargo, este SOS no fue bien recibido en Sol, con una Isabel
Díaz Ayuso que
no dudó en desacreditar a su propio consejero y negarse a esta
solicitud.
Así
lo recuerda el propio Reyero en conversación con ElPlural.com: "Hay
un primer momento en el que Ayuso y su entorno me
desautorizan".
Aquella pugna, más política que sanitaria, terminaría por saltar
por los aires al llegar las primeras actas policiales de las
residencias a las manos de los plenipotenciarios en la gestión de
los centros de mayores.
Un
desprecio que iba en contra de las necesidades expresadas por las
propias residencias. Necesidades que, a partir de abril de 2020,
tenían a este cuerpo militar como una constante. Por ejemplo, la
residencia Dos de Mayo, a fecha de 4
de abril de 2020,
pedía la “urgente
desinfección por
parte de la UME”. Un día antes, el 3
de abril,
las líneas del acta de inspección del centro Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro exponen que la Unidad Militar de Emergencia "no
ha desinfectado". "Solamente
ha pasado la Guardia Real a preguntar qué hace falta".
El
día 6 de ese mes, la residencia Nuestra Señora de Montserrat
"manifiesta que no ha pasado UME ni bomberos a desinfectar a
pesar de haberlo pedido". Ya el 26
de abril,
el centro Misioneras Dominicas del Rosario expresa que "no
les han visitado ni la UME ni los bomberos".
Mientras tanto, el número de residencias por las que el cuerpo
militar ya había podido pasar reconocen el trabajo desempeñado
por la UME. Por ejemplo, el centro Geriatel es uno de los que
confirma que, "a la llegada de los componentes se puede
confirmar que procedieron
a la desinfección de toda la residencia".
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