¿Tampoco lo habéis denunciado todavía?
domingo, 4 de mayo de 2025
La Iglesia Católica y sus inmatriculaciones 'ilegales' inmobiliarias
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho.
NuevaTribuna.es
Ximo Estal Lizonso
1-5-25
Acaban de llegar a mis manos dos documentos: uno es el mapa de los 15.000 pisos, fincas y aparcamientos que la Iglesia sumó a su patrimonio por toda España con las inmatriculaciones, y el otro, la primera parte de un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998, en virtud de certificación del diocesano respectivo, realizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Una primera lectura de ambos documentos me lleva a una reflexión: la Iglesia Católica, de una manera irracional y con alevosía —lo contrario de lo que hipócritamente predican—, se ha apropiado de una forma obscena y, en algunos casos, con tintes de prevaricación, de unos bienes que nunca deberían haber sido suyos y que han hecho de su propiedad. Con ello han aumentado sus bienes y su enriquecimiento global o individual, aprovechándose de leyes que, de manera insensata, se les otorgaron para compensar sus favores, o peor aún, para aumentar sus privilegios de adoctrinamiento.
Un decreto franquista del 8 de febrero de 1946, concretamente la Ley Hipotecaria, en su artículo 206, decía:
“El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél, y de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.
¿Alguien duda de cómo se apropió, en este periodo dictatorial, la Iglesia Católica de algunos de estos bienes? Muchos conocemos historias del poder de la curia sacerdotal durante la dictadura, principalmente en los primeros años de represión tras el golpe de Estado, y cómo se apropiaron de muchos terrenos públicos y privados, despojando a aquellos que, según ellos, no podían poseerlos por estar contra el nacionalcatolicismo que defendían, y con el que reprimían al pueblo que deseaba democracia y libertad.
Pero si esto fuera poco, ya en el periodo de transición democrática, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha la Ley 13/1996, del 30 de diciembre. A lo establecido por la ley franquista de 1946 se le añadió el siguiente párrafo:
“Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.
En resumen: no solo se mantuvo la ley franquista, sino que se permitió aún más a la Iglesia Católica inscribir legalmente a su nombre lo que había usurpado, en algunos casos de forma “ilegal” e irracional. Lo más grave es que esto ocurrió ya en la llamada transición democrática, y esta redacción se mantuvo hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, que puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatriculara bienes sobre la base de certificaciones expedidas por el diocesano correspondiente.
Es decir, la Iglesia Católica actuó —y ha actuado— amparada, de manera irracional, por una ley franquista y por un PP seguidor de esos principios nacionalcatolicistas, de una forma rapaz para la consecución de un ingente número de inmuebles por los que, además, no paga tributo alguno. Todo ello con un triple objetivo: aprovecharse de las reformas legales, de su función como agente registrador y de una reglamentación registral permisiva.
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho, sobre todo porque los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo, sino por la titularidad
Lo que ha hecho la Iglesia Católica con las inmatriculaciones es un claro abuso de derecho, sobre todo porque los bienes públicos no se adquieren por la posesión en el tiempo, sino por la titularidad. Muchos de los bienes inmatriculados, incluso algunas iglesias, eran bienes de uso público general. Creo no equivocarme si digo que la posesión en el tiempo no sirve para adquirir bienes de dominio público, y que la inscripción en el registro solo prueba la existencia de un derecho, pero no constituye un modo de adquisición. Para ello es necesario un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre un bien inmueble.
Además, como bien conocen los registradores de la propiedad, la Ley Hipotecaria —en sus artículos 206 y 304 del Reglamento Hipotecario—, que permitió las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia Católica, es a todas luces inconstitucional, pues vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Española. Incluso dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalan que ya es el momento de recuperar y reivindicar los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que muchos obispos, de manera insensata e irracional, inscribieron “en nombre de Dios” para su beneficio propio.
Es triste observar cómo, solo en el periodo de 1998 a 2015, la Iglesia Católica inmatriculó más de 34.961 inmuebles, de los cuales 20.014 son templos y dependencias complementarias, y 14.947 están dedicados a otras funciones o son fincas rústicas, viviendas, solares, plazas de aparcamiento e incluso hoteles. De ellos, 30.335 están inscritos mediante certificación eclesiástica, y solo unos 4.626 cuentan con un título distinto. ¿Cuántos más habría si se conocieran las inmatriculaciones desde 1946 hasta 1998? Muchos más, seguro.
Casi 15.000 de esas inmatriculaciones nada tienen que ver con la finalidad que supuestamente tiene la Iglesia Católica, sino que son bienes que les reportan beneficios
Pero lo más triste es que casi 15.000 de esas inmatriculaciones nada tienen que ver con la finalidad que supuestamente tiene la Iglesia Católica, sino que son bienes que les reportan beneficios —y no pagan impuestos—, enriqueciendo de forma hipócrita a una curia que se ha apropiado de forma “ilegal” de bienes inmuebles de dominio público, e incluso de propiedad privada.
Pero si esto ya es grave, también lo es que, tras hacerse un estudio y señalar lo que es “ilegal”, se exija que sean los expoliados quienes deban reclamar los inmuebles, mientras que la Iglesia Católica “pleiteará” para ver quién se los queda. Muy triste es ver cómo, en un Estado aconfesional, como indica la Constitución, la Iglesia Católica pretende mantener bienes que nunca debió tener y que, de manera hipócrita, contradicen los principios que predica.
Ya se han cometido bastantes tropelías en nombre de Dios. Basta ya de hacer ver a la ciudadanía que en su nombre se puede “robar”, “estafar” e incluso, de manera hipócrita, pedir que perdonemos y no reivindiquemos lo que es del pueblo. Es obligación de todo Estado democrático evitar que lo público sea “robado” o inmatriculado, y debe defender lo común frente a la especulación y el enriquecimiento privado a costa de la pobreza del resto.
Nadie debe apropiarse de bienes que son de dominio general, inmatricule quien inmatricule. Pienso que ese Dios a quien la Iglesia Católica tanto invoca, estaría muy poco contento con lo que sus agentes terrenales hacen en su nombre.
Por cierto, por comunidades, las que más inmatriculaciones han registrado entre 1998 y 2015 son: Castilla y León con 10.243, Galicia con 7.131 y Cataluña con 4.192. La que menos, según el informe, es el País Vasco, con 88.
Que cada uno y cada una saque sus propias conclusiones. Los documentos están disponibles en Internet y se pueden consultar. Seguro que todos y todas, en algunos de nuestros pueblos, conocemos algún bien inmueble que ha sido inmatriculado por la Iglesia Católica y que siempre supimos que pertenecía al pueblo, es decir, al bien público general, y no exclusivamente a la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica está en pecado mortal...¿Que hacemos Polonia Castellanos...la denunciamos.?
El día que el franquismo fusiló a dos hermanas por no ceder el turno en la fuente "a una señorita"
Dos jóvenes hermanas detenidas por la Guardia Civil, fusiladas y a las que les robaron "las dotes" que tenían para casarse
ElPlural
Juan Luis Valenzuela
24-10-19
Con la salida del dictador Franco se cierra parte de una inmensa herida y se derriba un símbolo inexplicable en la Europa democrática. Una imagen, la del Valle de los caídos con la tumba de Franco omnipresente y en lugar privilegiado se elimina, Es bueno y sano para la democracia que se conozcan casos concretos que muestran la terrible tiranía y el carácter sanguinario de quien es hoy solo una momia pero que en un tiempo fue el responsable directo de la mayor represión que vivió España.
Lavanderas con dignidad
Hoy traemos los desgarradores testimonios desgarradores de los familiares de las hermanas Rufina y Beatriz Úbeda Palomares, con 24 y 22 años de edad, respectivamente. Ambas jóvenes fueron condenadas por una de las “señoritas” del pueblo. Eran lavanderas y en ese momento guardaban su turno, para recoger agua de la fuente de la localidad manchega de Malagón ¿Su delito? No permitir que la “señorita”, aquella mujer distinguida y privilegiada pasara delante de ellas.
Como en tantos sitios de España, al día siguiente fueron detenidas por la Guardia Civil y tras varios meses en prisión, fueron pasadas por las armas en el cementerio de Ciudad Real. Rompe el corazón saber cómo antes de morir avisaron a su madre que llevarían consigo un lazo rojo, para que las reconocieran, si algún día buscaban sus restos en cualquier fosa de las que se extienden a lo largo y ancho de la geografía nacional.,
Apaleadas, encarceladas y asesinadas
Eran las hermanas mayores de una familia de 9 hijos. Se llamaban Rufina y Beatriz Ubeda Palomares. La “señorita” perteneciente a una familia franquista de esta localidad de la provincia de Ciudad Real, las denunció al ayuntamiento de la capital manchega por no cederles su lugar. 24 horas después ambas fueron detenidas por la Guardia Civil acompañado de un funcionario del ayuntamiento. Luego recibieron palizas y estuvieron meses en prisión, Finalmente fueron fusiladas en el cementerio de Ciudad Real. Antes de ser asesinadas avisaron a a su madre que llevarían consigo un lazo rojo, al objeto de ser reconocidas si un día sus cuerpos aparecieran. En un gesto no solo de extrema crueldad sino e rapiña propia de crueles ladrones, les robaron “las dotes” que poseían para casarse. Su madre, La madre, viuda y con 9 hijos, también terminó en prisión recluida durante un año en la cárcel de Málaga acusada de haber dicho expresiones que su familia niega que comentara. Tras pasar por las cárceles de Ciudad Real y Málaga volvió a su pueblo, Malagón, tras haber alguien mediado para que pudiera establecerse de nuevo en su pueblo.
Homenaje a las víctimas en el día en el que Franco sale del Valle
Es la historia de dos asesinatos que, como todos los del franquismo, fueron crueles e inhumanos hasta el grado extremo. Es nuestro pequeño homenaje a todas las víctimas y familiares de los represaliados que hoy pueden recibir un soplo de dignidad. El dictador, el inductor y conductor de tantos asesinatos y fusilamientos sale de un lugar de lujo donde reposaban con pomposidad y honores sus restos. Es lo menos que se podía hacer, mandar su momia a un cementerio común. Esa es la generosidad de la democracia que entierra a sus muertos como “Dios manda a sus muertos”, que diría el gran poeta Gabriel Celaya. Algo que el franquismo no hizo con los españoles que no pensaban igual: sus cuerpos esparcidos y perdidos por las cunetas.
sábado, 3 de mayo de 2025
Aguado destapa los motivos de la ruptura en Madrid: del padre de Ayuso a Miguel Ángel Rodríguez
Aguado carga contundentemente contra Ayuso y el tiempo que compartieron el gobierno de la Comunidad de Madrid asegurando lo "tóxica que era"
ElPlural
Víctor Sanjuan
2-5-25
El antiguo líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y vicepresidente de esta, Ignacio Aguado, ha sido muy contundente con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en las páginas de su nuevo libro en el que publica sus memorias Volando entre Halcones. En este examen de conciencia que hace el antiguo líder regional de Cs, Aguado confiesa las tensiones internas que vivió con la presidenta madrileña durante el periodo que formaban gobierno de coalición y la gestión de la pandemia del COVID, llegando a escribir que se replanteó la continuación de la coalición con el PP.
Aguado ha escrito en su nuevo libro que el primer choque que se vivió entre su partido y el PP madrileño fue el escandalo de Avalmadrid. Recordamos que, en 2022, la empresa gestionada por los padres de Ayuso fue condenada a pagar más de 300.000 euros a esta institución financiera tras retrasarse diez años en la devolución de un préstamo de 400.000 euros. El escandalo se hubiese quedado tan solo en un problema relacionado con la presidenta autonómica, pero Ayuso decidió que la autonomía se hiciese cargo de una parte del pago, asumiendo 102.000 euros de la denuncia.
El ambicioso proyecto de Miguel Ángel Rodríguez
Sin embargo, este caso fue tan solo el principio de la ruptura interna entre Ciudadanos y el PP madrileño. El problema que más destaca Aguado en su libro es el nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete de Ayuso. El expolítico escribe que MAR “vio en Ayuso un diamante en bruto”, y señala que el objetivo del jefe de gabinete “no era convertir a Ayuso en una buena presidenta de la Comunidad de Madrid”, sino que sostiene que la meta final era abrir las puertas de La Moncloa a la lideresa madrileña.
Para Aguado, la entrada de MAR al gobierno madrileño supuso un intento de lanzar a Ayuso a la escena política nacional y argumenta que pretendía llegar a los telediarios nacionales ya que su antiguo gabinete “no le daba los titulares que buscaba”. Aguado escribe que la llegada de Miguel Ángel Rodríguez no fue bien recibida en su formación, ya que el jefe de gabinete paso los meses previos a su nombramiento cargando contra miembros del partido naranja y atacando a la familia de su líder, marcando el característico estilo que define al máximo defensor de Ayuso en las redes sociales.
Una vez asumió el liderazgo del gabinete de Ayuso, MAR enfocó la estrategia de la líder madrileña en combatir al Ejecutivo con Pedro Sánchez a la cabeza. Aguado asegura que se siguió un proyecto que consistía en atacar todas las decisiones que tomase el Gobierno central “ya fuesen buenas, malas o regulares”. “Con Miguel Ángel Rodríguez a su lado, Isabel tenía el apoyo y la guía para construir el discurso agresivo y beligerante que requería”, escribe el expolítico.
Los conflictos durante la pandemia
Aguado recuerda también la polémica gestión llevada a cabo en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID. El antiguo líder regional afirma que a Ayuso le preocupaba no tener un proyecto autonómico con el que ser recordada al igual que sus antecesores en el cargo. Con la llegada de la pandemia, la presidenta madrileña volcó recursos en materializar ese proyecto con el que ser recordada, el hospital Isabel Zendal.
En las paginas de estas memorias se habla sobre como la estrategia de Ayuso de utilizar la Comunidad de Madrid “como su atalaya particular desde la que atacar a Sánchez siempre que hubiera ocasión”. Aguado argumenta que la estrategia de Ayuso para cargar contra Sánchez durante la pandemia en lugar de centrarse en salvar vidas “ha convertido tanto a Ayuso como a Sánchez en dos personajes muy tóxicos para la política española”.
Sobre la propia gestión de la pandemia, Aguado asegura que Ayuso “ordenada hacer lo contrario de lo que, en privado, aconsejaban los propios expertos de la consejería y el propio sentido común”. Además, sostiene que el equipo de Ayuso trató de cargar a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, con las muertes de las residencias. “Ayuso intentó culpabilizarle de aquellas muertes y de aquella situación, tanto en público como en privado, y eso es algo que no le perdonare jamás”. “Fue durante la gestión de la pandemia donde conocí la verdadera cara de Ayuso, donde me demostró como era y donde me di cuenta de lo tóxica que estaba siendo para Madrid y para el resto de España”, sentencia contundentemente.
Finalmente, el exlíder de Ciudadanos aprovecha para hacer un examen de conciencia en el que se replantea si, de volver a estar en su mano, pudiera mantener a Ayuso en el Gobierno, en esta ocasión, la cosa sería diferente. “Muy probablemente, si hoy tuviera que decidir si ser o no portavoz de aquel gobierno, diría que no. Y si tuviera que volver a hacerla presidenta, diría que tampoco. De todo se aprende”.
La maestra de ceremonias de la fiesta europea del PP en Valencia: pareja de Fabra y conocida presentadora de televisión
Aunque lleva un tiempo apartada de la pequeña pantalla, se convirtió en una de las presentadoras más populares de los 90
ElPlural
Andrea Cabanillaas
3-5-25
Los pabellones de Feria Valencia han acogido esta semana el último congreso del Partido Popular Europeo, recinto en el que se involucró a casi un millar de policías para velar por la seguridad de los asistentes a esta 'fiesta' europea. Al frente del evento, como maestra de ceremonias, se encontró una mujer que hasta hace algunos años era una de las presentadoras más célebres de nuestra pantalla: Silvia Jato.
La elección de la comunicadora seguramente no responda a la casualidad ya que, desde 2015, mantiene una relación con Alberto Fabra, diputado popular en el Congreso y expresident de la Generalitat Valenciana entre los años 2011 y 2015. Ambos contrajeron matrimonio seis años después en 2021, en Castellón. Además, anteriormente, también tuvo una relación sentimental con Enrique López, por aquel entonces magistrado del Tribunal Constitucional. Posteriormente, sería responsable de Justicia del PP durante la presidencia de Pablo Casado y consejero de Justicia, Interior y Víctimas en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en 2019.
Silvia Jato (Lugo, 1971) es una de las presentadoras más conocidas de la televisión española desde los años 90. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo, su carrera pública comenzó en el mundo de la moda —fue Miss Galicia en 1989—, pero pronto encontró su lugar frente a las cámaras.
En lo puramente televisivo, Jato debutó en la pequeña pantalla en la TVG, la televisión autonómica gallega, en 1990, es decir, bajo el mandato de Fraga. En aquel momento se puso al frente de Sabor a ti y un año después presentó el especial Fin de Año titulado Sabor 92, la Gala pro-Bosnia junto a Paco Lodeiro y la Gala Santiago de Compostela, Capital Cultural Europea del año 2000.
En tierras gallegas permanecería hasta 1996, año en el que da el salto a la televisión nacional gracias a Antena 3, donde lideró formatos como Noche de Impacto, Mírame o Pelopicopata, entre otros. En esta cadena alcanzaría su grado más alto de popularidad en 2005, cuando fue la escogida para presentar Pasapalabra, que cosechó grandes índices de audiencia, entre 2000 y 2005.
En 2006 se uniría a las filas de Telecinco, donde solo permanecería un año presentando el mítico ¡Allá tú! en sustitución de Jorge Javier Vázquez. Jato ha pasado por casi todas las opciones televisivas. También formó parte de las cadenas de segunda generación de los dos principales grupos audiovisuales privados de nuestro país: en 2007 sería monologuista en El club de Flo en laSexta y en 2008 presentadora de Fifty Fifty en Cuatro.
En materia de televisiones públicas, al margen de la TVG, también ha sido presentadora en Telemadrid en distintas ocasiones. De hecho, su último proyecto televisivo fue en esta cadena: el concurso musical Lalala a principios de 2023. En 2010 condujo el concurso musical Generación de estrellas en las autonómicas 7 Región de Murcia, Telemadrid, Canal Sur, Aragón TV, Canal 9 y Castilla-La Mancha TV.
Su salto a Televisión Española se produjo en 2007 reemplazando temporalmente a Inés Ballester en el matinal Por la mañana y, posteriormente, sería la sustituta de Mariló Montero en La mañana de La 1 en 2016.
El caso Editorial Santillana: la otra vez que el juez Peinado propulsó las demandas de Vox y la Audiencia tuvo que revocarle
Otra instrucción fallida del juez Juan Carlos Peinado, esta vez impulsada por una querella de Vox, acaba en papel mojado
ElPlural
Víctor Sanjuan
3-5-25
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A finales del año pasado, la Audiencia Provincial de Madrid asestó un duro golpe contra una de las causas abiertas a petición del juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra la antigua Editorial Santillana —conocida ahora como Sanoma— a raíz de una querella del grupo parlamentario de extrema derecha Vox. Tras más de dos años de investigaciones, los tribunales desestimaron la causa después de desmontar uno a uno los argumentos del magistrado, ya que carecía de base legal desde el principio.
La causa arrancó en mayo de 2022 por iniciativa del juez Juan Carlos Peinado, a raíz de una querella presentada por Vox que pretendía perseguir penalmente la inclusión de un mapa en un libro de texto provisional. El gráfico situaba al partido ultraderechista en un espectro ideológico de extrema derecha, junto a otras formaciones europeas. Pero según ha quedado probado, “ni se menciona a Vox en el texto, ni se le califica como nazi, ni mucho menos como partido heredero del Tercer Reich”, como sostenía la querella.
Pese a ello, el juez Peinado dictó auto de procedimiento abreviado en mayo de 2024 contra la editorial y dos de sus entonces editoras. En ese documento apenas incluía una frase que resumía su argumentación: “se relacionaba al partido político Vox como partido de herencia nazi y de extrema derecha”. El único material incriminatorio: un mapa titulado “Los resultados de la extrema derecha en las elecciones generales a los Parlamentos nacionales”, que incluía a Vox junto a otras formaciones con representación parlamentaria.
La justicia desautoriza por completo al juez Peinado
La Fiscalía y las defensas recurrieron el auto del juez por entender que la acusación carecía de base legal. La Audiencia les ha dado la razón por unanimidad. La magistrada ponente no se ha andado con rodeos: ha declarado el sobreseimiento libre porque no hay delito alguno, ni base penal para procesar ni a la empresa ni a las editoras.
Por un lado, ha recordado que “una persona jurídica como Sanoma no puede cometer delitos de injurias o calumnias”, lo que ya invalidaba gran parte del procedimiento. Por otro, señala que respecto a las dos editoras “no se celebró el preceptivo acto de conciliación” y, dado que ya ha pasado más de un año —plazo de prescripción de estos delitos—, cualquier posible acción penal está extinguida.
El despropósito llega al punto de que el juez solicitó una diligencia a la Comisaría General de Información, que aportó 180 episodios “supuestamente relacionados” con el caso. La Fiscalía pidió que se anulara tal petición por ser completamente desproporcionada. La Audiencia le ha dado la razón: “produce una efectiva lesión en el derecho fundamental previsto en el artículo 18 de la Constitución”.
Ni rastro de nazismo, ni mención directa
Uno de los aspectos más llamativos es que, según recoge el recurso de apelación de la defensa, “Vox no aparece ni una sola vez mencionado en el texto”. La única alusión al partido se encontraba en un gráfico entre otros muchos, dentro de un contexto académico que, como subrayaba el recurso, “simplemente ubica a Vox como partido conservador más a la derecha que el PP”.
Aun así, la querella de Vox sostuvo que se les atribuía una “herencia nazi”, algo que la Audiencia ha desmontado completamente. El archivo del caso no solo pone fin a un procedimiento judicial sin sentido, sino que también deja en evidencia la estrategia del partido ultra para judicializar cualquier crítica o análisis político, incluso en el ámbito educativo.
La conclusión, en palabras de la Audiencia: la causa “adolece de una instrucción carente de cualquier criterio penal”. La intentona de sentar en el banquillo a una editorial y a dos de sus trabajadoras por un gráfico didáctico ha acabado en un sonoro portazo judicial. ¿Lo más grave? Que ni siquiera se comprobó si el contenido que motivó la querella decía lo que se afirmaba. Porque no lo decía.
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