Nepotismo III: Familia, novio y ex de Ayuso
La gran lideresa madrileña acumula los escándalos más polémicos en su entorno más íntimo
ElPlural
2-6-25
Víctor Sanjuan
Tras haber explorado en los artículos anteriores los casos de nepotismo relacionados con el expresidente Mariano Rajoy y el ahora líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta tercera parte de la antología se adentra en el entramado de favores y adjudicaciones que rodea a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña ha sido salpicada por múltiples polémicas que involucran a familiares y allegados beneficiados durante su mandato. A continuación, profundizamos en cinco casos clave ―implicando a su padre, madre, hermano, pareja y exnovio― que dibujan una red de poder opaca y personalista, analizando su impacto político, ético y económico. El patrón que emerge refuerza la tesis de un nepotismo estructural en el PP, donde el poder se concentra en círculos íntimos y los límites entre los intereses públicos y privados se desdibujan peligrosamente.
El padre de Ayuso y el préstamo de Avalmadrid
Uno de los primeros escándalos que salpicó a Ayuso fue el préstamo concedido en 2011 por la entidad semipública Avalmadrid a una empresa de su padre, Leonardo Díaz. Esta empresa, MC Infortécnica SL, obtuvo 400.000 euros de financiación avalada con dinero público, pese a informes técnicos que desaconsejaban la operación. El crédito resulto un fracaso: no se devolvió ni un euro y Avalmadrid tuvo que cubrir la deuda. En última instancia, la Comunidad de Madrid asumió 102.000 euros de pérdidas, mientras que otra parte fue cubierta por el Estado a través de Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento) con más de 200.000 euros. Ese dinero salió del bolsillo de los contribuyentes madrileños y españoles, rescatando con fondos públicos un impago privado.
Lejos de intentar saldar la deuda, la reacción de la familia Díaz Ayuso fue polémica. Apenas meses después de recibir el préstamo, los padres de Ayuso se descapitalizaron deliberadamente: en octubre de 2011 traspasaron sus propiedades a sus hijos Isabel y Tomás mediante donaciones. En concreto, la hoy presidenta recibió un piso de 90 m2 en el barrio de Chamberí y su hermano una vivienda con terreno en Sotillo de la Adrada. Estas propiedades eran las mismas que habían servido de garantía hipotecaria para el crédito, por lo que al donarlas eliminaron bienes con los que responder ante el impago. Avalmadrid tenía conocimiento de esta maniobra y aun así no actuó con diligencia: tardó casi ocho años en llevar el caso a los tribunales. Cuando finalmente reclamó judicialmente en 2019, los bienes ya no estaban a nombre de los deudores originales. La operación ha sido calificada de posible alzamiento de bienes, aunque el Tribunal Supremo acabó archivando una querella al no apreciar indicios suficientes de responsabilidad penal de Ayuso en estos hechos. Con todo, el resultado práctico es que el erario público sufrió el quebranto, mientras dos inmuebles que debían cubrir la deuda acabaron en manos de los hermanos Ayuso.
La madre y el contrato de los respiradores durante la pandemia
Otro frente polémico apunta a Isabel Ayuso ―madre de la presidenta madrileña― y a los negocios compartidos con antiguos socios. En enero de 2021, en plena tercera ola de la pandemia, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ―bajo gobierno de Ayuso―, adjudicó de emergencia un contrato de 925.000 euros para la compra de 25 respiradores médicos. Hasta aquí nada fuera de lo común en los tiempos del COVID, si no fuera porque la empresa adjudicataria estaba administrada por Juan Carlos Herrero Casasola, un viejo conocido de la familia Ayuso. Herrero Casasola es socio de la madre de Ayuso en al menos cuatro sociedades mercantiles. De hecho, figura junto a Isabel Ayuso (madre) en empresas como MC Infortécnica SL ―sí, la misma del caso Avalmadrid―, donde comparten al 50% participaciones. También coinciden en otras sociedades: MC Bauty & Soul, Hamilton Medical España SA y MC Hispamérica SL, con distintos roles (él como administrador único o consejero, y la madre de Ayuso como socia o apoderada). Es decir, la Consejería de Sanidad contrató material sanitario a un empresario estrechamente vinculado a la familia de la presidenta, en concreto socio de su madre.
La adjudicación de los respiradores a Proyectos Hospitalarios Internacional (Prhoinsa) S.A., la empresa de Herrero Casasola despierta sospechas de trato preferencial. Fue tramitada como contrato de emergencia, sin concurso público, una vía excepcional que elude controles y publicidad. Según las informaciones destapadas, la madre de Ayuso y Herrero Casasola mantenían relaciones societarias previas y este último “gestionó al 100%” la compañía proveedora de los ventiladores. Cabe preguntarse si en la decisión de compra primó el criterio técnico o el amiguismo. Más allá de la legalidad formal, éticamente resulta cuestionable que en plena crisis sanitaria se otorgue un contrato tan jugoso a alguien del círculo personal de la presidenta. Políticamente, este caso alimentó las críticas de la oposición sobre la opacidad en la gestión de la pandemia en Madrid, reforzando la imagen de un gobierno regional que benefició a empresas afines mientras hospitales y sanitarios lidiaban con la escasez. Económicamente, si bien el suministro de respiradores era necesario, queda la duda de si se consiguió al mejor precio y calidad posibles o si el favoritismo limitó la competencia.
Contratos a dedo para el hermano
El hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, también figura en esta trama de nepotismo. Su ámbito ha sido el de los contratos públicos menores, vinculados a la empresa Artesolar Iluminación S.L. donde él colaboraba. Artesolar, dedicada a la iluminación LED, era prácticamente desconocida en la administración madrileña antes de 2019. Sin embargo, desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder, la compañía obtuvo al menos diez contratos menores de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, todos adjudicados a dedo (sin concurso) entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. Esos contratos, de cuantías modestas cada uno, sumaron aproximadamente 70.500 euros en total. La ley permite contratos menores (por debajo de 15.000 €) para necesidades inmediatas, pero el patrón repetitivo con una misma empresa encendió alarmas. Tomás Díaz Ayuso aparecía en LinkedIn como “Project Development Manager” de Artesolar, es decir, tenía un cargo de responsabilidad en la empresa, aunque públicamente alegó ser solo un colaborador freelance sin puesto directivo. El detalle de que su hermana presidía el gobierno que otorgó esos contratos alimentó la percepción de enchufe familiar.
La situación tomó un cariz aún más grave durante la pandemia. En julio de 2020, la Consejería de Sanidad adjudicó por la vía de emergencia un contrato de 150.000 euros para suministro de mascarillas a Arteconfort Hotel SL, una empresa íntimamente vinculada a Artesolar. ¿La conexión? Francisco Zorrilla Lozano, directivo compartido, y Chen Shengli, empresario chino que figura como administrador único de Artesolar y a su vez poseedor del 70% de Arteconfort. En otras palabras, eran empresas hermanas con la misma cúpula, beneficiándose primero de contratos de iluminación y luego incursionando en el lucrativo negocio sanitario durante la COVID. Aunque Tomás Díaz Ayuso no figure formalmente en Arteconfort, la red de relaciones empresariales se superpone con su entorno laboral. Lo más polémico es que dicha adjudicación de 150.000 € en mascarillas se produjo sin licitación abierta y cuando el estado de alarma ya había terminado, lo que cuestiona la justificación de “emergencia”. La impresión entre críticos fue que se aprovechó la coyuntura pandémica para favorecer a una empresa amiga, ramificada con la del hermano de Ayuso.
Estos hechos derivaron en una tormenta interna en el PP a inicios de 2022, cuando la dirección nacional (entonces de Pablo Casado) investigó posibles comisiones del hermano por contratos de mascarillas –un episodio que destapó una guerra abierta en el partido–. Éticamente, aunque Tomás no sea cargo público, su cercanía a la presidenta crea un conflicto de interés indirecto: la imagen de que la familia presidencial medra incluso en tragedias colectivas. Económicamente, la fragmentación de contratos (para eludir concursos) impide saber si la Comunidad de Madrid pagó precios competitivos o si hubo sobrecostes en esas adjudicaciones discretas.
El plato fuerte de los escándalos de Ayuso: su novio
Aquí entre en juego el actor más conocido del último año en cuanto a escándalos relacionados con Ayuso se refiere, su pareja Alberto González Amador. El empresario fue intermediario en la compraventa de material sanitario, concretamente mascarillas, durante la pandemia, y por esas operaciones obtuvo jugosas comisiones que ahora están bajo la lupa. La justicia ha encontrado indicios de delito fiscal en sus actividades: recientemente, una jueza ha procesado al novio de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. En concreto, se le acusa de defraudar 350.951 euros a Hacienda en dos ejercicios, presuntamente al ocultar ingresos obtenidos por comisiones en la venta de mascarillas y otros suministros en 2020. Para ello habría utilizado facturas falsas y sociedades “fantasma” con el fin de reducir su tributación, según recoge el auto judicial. Además de este procesamiento principal, González Amador sigue imputado en otra pieza separada por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, lo que apunta a que el caso tiene múltiples ramificaciones (posiblemente sobornos o comisiones ilícitas y malos manejos societarios).
Ayuso siempre ha negado conocer o tener relación con esos negocios, pero la sola circunstancia de que su pareja se lucrase en operaciones turbias erosiona la credibilidad de su gobierno. Este caso ha sido explotado por la oposición, que cuestiona el discernimiento de la presidenta a la hora de rodearse de colaboradores y su posible tolerancia implícita hacia prácticas corruptas en su entorno inmediato. Aunque las responsabilidades penales sean individuales de González Amador, el daño reputacional salpica a Ayuso y al PP madrileño.
La situación recuerda a anteriores escándalos donde familiares de dirigentes populares estuvieron involucrados en negocios oscuros ―por ejemplo, la prima de Feijóo en Galicia o casos del entorno de Rajoy, mencionados en entregas previas―. Si se confirma el fraude, estamos ante dinero defraudado al fisco que debió contribuir al erario en un momento crítico. También hay un componente de sobreprecio en contratos de emergencia: las comisiones elevadas suelen traducirse en que las administraciones pagaron más por los productos de lo que hubieran costado sin intermediarios privilegiados.
La meteórica prosperidad de su exnovio
Por último, en esta radiografía de nepotismo madrileño aparece Jairo Alonso, conocido por haber sido pareja de Ayuso durante años. Alonso, de profesión peluquero, mantuvo una relación con Ayuso desde antes de su presidencia hasta 2020. Lo llamativo es su giro profesional posterior: tras su ruptura con la presidenta, fue contratado en noviembre de 2021 como jefe de Operaciones en la empresa tecnológica Asseco. Esta empresa de consultoría informática, prácticamente irrelevante en los concursos públicos hasta entonces, experimentó un enorme crecimiento en contrataciones con la Comunidad de Madrid coincidiendo con la etapa de Ayuso en el poder.
Según investigaciones periodísticas, Asseco había sumado apenas 3.000 euros en tres contratos menores antes de 2019, pero desde que Ayuso llegó a la presidencia acumula más de 500.000 euros en adjudicaciones públicas. En total, 42 contratos con distintas consejerías, muchos de ellos menores y adjudicados de forma directa, elevan la facturación pública de Asseco en Madrid a más de medio millón. Esto supone multiplicar por 14 el número de contratos y por 166 el monto adjudicado respecto a la era anterior. Entre los negocios obtenidos figuran la compra de equipos informáticos para hospitales (por ejemplo, 86 terminales táctiles por 116.000 €) y, sobre todo, un jugoso contrato para rediseñar y gestionar la web de Turismo de la Comunidad ―incluyendo redes sociales― por cerca de 245.000 € (encargo luego fraccionado en varios contratos menores y uno mayor). Es decir, en pocos años Asseco pasó de vender ordenadores sueltos a dirigir proyectos tecnológicos estratégicos para el gobierno regional.
Todos estos casos configuran un mosaico inquietante de nepotismo en torno a Isabel Díaz Ayuso. Individualmente, cada hecho ha suscitado controversia; en conjunto, dibujan una estructura de poder paralela, casi clánica, donde la lealtad personal y familiar pareciera entrelazarse con los recursos públicos. La opacidad es un denominador común: donaciones de bienes para eludir embargos, contratos fragmentados para eludir concursos, adjudicaciones de emergencia sin transparencia, entramados societarios para ocultar beneficios... Todo ello dificulta la fiscalización y favorece la concentración de decisiones en unos pocos, siempre próximos al círculo presidencial.
La persistencia de estos casos debilita el discurso de regeneración que el Partido Popular intentó esgrimir tras los escándalos del pasado. Cada nueva revelación refuerza la percepción de que existe un “nepotismo estructural”: una forma de gobierno donde el interés general queda supeditado al beneficio de unos pocos afines. Esto tiene un coste institucional enorme, minando la confianza ciudadana en la imparcialidad de la administración. Éticamente, plantea un serio problema de integridad pública. Los conflictos de interés y el uso privado de posiciones públicas contradicen principios básicos de buen gobierno.
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