sábado, 21 de junio de 2025
Ana Millán, la ‘Cerdán de Ayuso’ que sigue en su puesto pese a estar imputada por cuatro delitos en Neverland (Púnica)
Cuatro delitos, un caso abierto y una carrera política que no se detiene. Así es la paradoja de Ana Millán, la dirigente popular a la que Ayuso ha blindado pese al escándalo judicial
El Plural
A.G.
18-6-25
Está imputada por corrupción, pero organiza congresos. Fue señalada por la Guardia Civil, pero Feijóo la elige como vocal de su congreso nacional. Cuatro delitos, un caso abierto y una carrera política que no se detiene. Así es la paradoja de Ana Millán, la dirigente popular a la que Ayuso ha blindado pese al escándalo judicial que amenaza con salpicar a su entorno más directo.
Número tres de Ayuso en el PP madrileño y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Millán está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en una pieza separada del caso Púnica conocida como el caso Neverland. En concreto, la causa gira en torno a la adjudicación de nueve contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Arroyomolinos –cuando Millán era concejala de Juventud– a empresas del entorno del empresario Francisco Roselló, entre los años 2005 y 2011.
Según el auto judicial, los indicios son claros: Millán habría recibido pagos por valor de 51.104,67 euros, relacionados con el alquiler de un ático de su propiedad en Arroyomolinos. Este fue subarrendado por Neverland Eventos, una de las empresas beneficiadas con los contratos públicos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respalda esos indicios, calificados por la jueza instructora como “sólidos”. Pero no queda ahí. La hermana de Millán y su pareja también se habrían beneficiado del vínculo con Roselló, cobrando 88.642,42 euros y 37.578,04 euros, respectivamente, de empresas vinculadas al empresario entre 2008 y 2011.
Una causa que asciende al TSJM
La causa fue impulsada desde el Juzgado de Instrucción nº6 de Navalcarnero, pero en junio de 2024 fue remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), debido al aforamiento de Millán como diputada autonómica. La jueza Lidia Prada consideró que los hechos podrían ser constitutivos de delito, por lo que elaboró una exposición razonada en la que pidió que se abrieran diligencias contra la dirigente popular. El TSJM designó al magistrado Francisco Goyena para investigar el caso.
En diciembre de ese mismo año, sin embargo, el procedimiento sufrió un frenazo: el tribunal devolvió la causa a Navalcarnero por defectos procesales y ordenó a la jueza subsanar el auto. No la archivó, pero sí dejó la instrucción en pausa. Mientras tanto, Ana Millán ni ha dimitido ni ha sido apartada por su partido, y su caso permanece en el limbo judicial, a la espera de nuevas diligencias o de un posicionamiento definitivo por parte del fiscal.
El blindaje político de Ayuso
La reacción del PP no ha sido la de exigir explicaciones o depurar responsabilidades. Al contrario. Isabel Díaz Ayuso ha defendido públicamente a Millán en varios actos. En septiembre de 2024, cuando el caso escaló al TSJM y saltaron las alarmas en la oposición, la presidenta regional fue clara: “Es mi apellido lo que tienes encima”, dijo en un mitin, en referencia a las críticas que su entorno político estaba recibiendo. “Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso… Da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, añadió, reafirmando su respaldo a Millán.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, también salió en su defensa: “Estoy seguro de que Ana Millán es inocente de aquello de lo que se le está acusando”. Dentro de la Asamblea, el portavoz popular Carlos Díaz-Pache tachó la investigación de trámite y consideró que Millán ya había dado “todas las explicaciones”. La dirección nacional, lejos de marcar distancias, la premió en mayo de 2025 con un puesto como vocal en la comisión organizadora del congreso del PP nacional, presidido por Feijóo.
Un ascenso que no se detiene
En vez de dimitir, Millán ha ascendido dentro del partido. Es la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, un cargo clave en el engranaje interno, y ocupa la vicepresidencia primera de la Asamblea de Madrid. Fue incluida en las listas autonómicas de 2023 en una posición alta, lo que le garantizó el escaño y, con ello, el aforamiento ante el TSJM.
En redes sociales y en la oposición la comparan con Santos Cerdán. A Millán la llaman “la Cerdán de Ayuso”, en referencia a la protección política que ha recibido, incluso cuando la jueza que instruye su causa habla de “indicios sólidos” de corrupción. La diferencia, recuerdan desde la izquierda, es que a ella se le imputan cuatro delitos que pueden acarrear varios años de prisión.
Millán ha optado por no hacer declaraciones públicas amplias, más allá de insistir en que los pagos del alquiler fueron legítimos y negar cualquier trato de favor. A cambio, ha desplegado una estrategia legal contra usuarios de redes sociales, enviando burofaxes a quienes compartieron noticias sobre su imputación, acusándoles de difundir información falsa. Sin embargo, los datos proceden de autos judiciales y documentos oficiales que siguen siendo válidos mientras la causa esté abierta.
El volumen de documentación del caso es extenso: contratos, agendas, correos electrónicos, discos duros. La jueza Prada consideró que había material suficiente para dar el paso al TSJM, pero el desenlace judicial aún está por determinar.
Mientras tanto, en primera fila
Con el caso Neverland aún vivo, Ana Millán sigue en primera fila del poder político madrileño. Forma parte del núcleo duro de Ayuso, decide candidaturas, gestiona estructuras internas y representa al PP en actos institucionales como vicepresidenta del Parlamento regional. El silencio en su partido es clamoroso, y ninguna voz se ha atrevido a cuestionar su permanencia.
Hasta que la justicia se pronuncie –si es que lo hace–, Millán no se ha movido ni un centímetro de su sitio. Su caso se ha convertido en símbolo del blindaje político que otorga la fidelidad en el PP madrileño. Y, como en otros escándalos recientes, la estrategia parece clara: aguantar, resistir y ascender. Aunque haya cuatro delitos de por medio.
Spanish Revolution
Ayuso regala 1.300 millones extra a Quirón mientras ahoga a la sanidad pública
- Un modelo de negocio disfrazado de sistema sanitario -
LAS CIFRAS QUE DESMIENTEN EL DISCURSO DE LA DERECHA SANITARIA
No es un error. No es un fallo técnico. No es una mala previsión. Es política. Entre 2019 y 2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso autorizó pagos a hospitales privados por 1.401 millones más de lo presupuestado, de los cuales 1.313 millones fueron a parar directamente a centros gestionados por el grupo Quirón. Mientras tanto, los hospitales públicos madrileños se asfixian con plantillas insuficientes, listas de espera que crecen como tumores y recursos menguantes.
No es casual. Es un modelo. Y lo definió con claridad la propia multinacional alemana Fresenius, propietaria de Quirónsalud, al adquirir el grupo en 2016: "Quirón está presente donde están los habitantes y donde está la riqueza". No dijeron “donde está la necesidad” ni “donde está el derecho a la salud”. Dijeron riqueza. Porque la salud pública, en manos del PP madrileño, es una oportunidad de negocio. Y no pequeña: solo la Fundación Jiménez Díaz se llevó 661 millones de más respecto a lo presupuestado. El hospital Rey Juan Carlos, 335 millones. Valdemoro, 188. Villalba, 128. Todos de Quirón.
La excusa es tan transparente como el desvío: “el sistema es garantista”. Eso dice la Consejería de Sanidad. Que los controles son muy rígidos. Tan rígidos, al parecer, que se cuelan más de 1.400 millones sin que nadie los frene. Pero no se trata de errores contables: es un sistema perfectamente diseñado para desviar fondos públicos a empresas privadas con coartada legal. Lo confirma incluso Vox, que en este caso no necesita disimular: “Aquí lo que hay es ingeniería contable”, admitió su diputada Ana Cuartero.
¿Dónde está el truco? En la llamada libre elección de hospital. Quien escoge la Jiménez Díaz o el Rey Juan Carlos no sabe que ese simple gesto engorda las cuentas de una empresa privada con dinero público. La Comunidad no transfiere esos fondos a hospitales públicos, sino solo a los de gestión privada. Así se genera un círculo de oro: más pacientes, más pagos; más pagos, mejores quirófanos; mejores quirófanos, más pacientes. Y en paralelo, el vaciamiento sistemático de los centros públicos, que no pueden competir con esa lógica de casino.
UNA RED DE INTERESES PRIVADOS CON DINERO DE TODAS Y TODOS
El modelo no se aguanta, pero se perpetúa. No funciona, pero da beneficios. No cura, pero enriquece. No es solo una cuestión de cifras, es una cuestión de poder. Quirón no solo gestiona hospitales; es también el principal cliente de la empresa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, investigado por presuntas irregularidades durante la pandemia. A través de Quirónprevención, se tejió un entramado que mezcla salud pública, contratos opacos y relaciones personales que rozan el conflicto de intereses.
Es decir, la sanidad pública madrileña no es solo una fuente de negocio para las multinacionales: es también el caldo de cultivo de las redes clientelares que sostienen al poder. Se prometen ampliaciones de hospitales que no llegan. Se presupuesta a la baja para luego desviar fondos por la puerta de atrás. Se usa el discurso de la eficiencia privada mientras se multiplican los pagos sin transparencia ni control parlamentario.
Lo advirtió con dureza Matilde Díaz Ojeda, exdiputada del PSOE: “Hay un vaciado de los hospitales de gestión directa”. Y no es una metáfora. Es literal. En cinco años, se han trasladado miles de pacientes de la sanidad pública a los centros privados sin rendir cuentas claras. José Manuel Freire, exconsejero de Sanidad en Euskadi, lo calificó de “tomadura de pelo política”. Y tiene razón: no es gestión sanitaria, es saqueo presupuestario con coartada legal.
Mientras se recortan contratos, se bloquean ampliaciones y se colapsan urgencias, la Comunidad de Madrid paga con dinero público una red paralela de hospitales al servicio del capital privado. La opacidad no es un efecto secundario. Es el corazón del sistema.
Ninguna promesa de Ayuso sobre sanidad pública se cumple. Pero los pagos a Quirón, sin falta, sí.
La verdad sobre la financiación ilegal de Vox: la clave está en el Tribunal de Cuentas
La Fiscalía Anticorrupción ha zanjado el asunto argumentando que las multas ya impuestas por este órgano fiscalizador impiden reabrir la vía penal
ElPlural
Suren Gasparyan
18-6-25
No habrá juicio. Ni investigados. Ni banquillo. La denuncia del PSOE contra Vox por financiación irregular se ha estrellado contra el mismo muro que ya frenó otros escándalos similares: el del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción ha zanjado el asunto argumentando que las multas ya impuestas por este órgano fiscalizador impiden reabrir la vía penal. El fondo del caso no desaparece, pero su recorrido judicial, sí.
El archivo, confirmado esta semana, afecta a dos líneas de investigación clave: la primera, el préstamo de más de seis millones de euros que Vox recibió de un banco húngaro vinculado al entorno del primer ministro Viktor Orbán; la segunda, la recaudación anónima de dinero a través de lo que el partido denominaba “actividades promocionales” —venta de merchandising, donaciones en efectivo y recogida de fondos en huchas callejeras—, que según los denunciantes podrían haber superado los cinco millones de euros. La Fiscalía, sin embargo, concluye que no hay delito porque todo ello ya fue fiscalizado por la vía administrativa y sancionado económicamente.
En concreto, el Tribunal de Cuentas impuso a Vox una multa de 862.496,72 euros el pasado abril, tras detectar infracciones "muy graves" en la financiación del partido durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. El órgano de control detectó ingresos en metálico por valor de más de 330.000 euros, canalizados a través de cajeros automáticos y atribuidos a “actividades promocionales”. Pero los consejeros que votaron a favor de la sanción no lograron la unanimidad: dos votos particulares consideraron que los hechos ni siquiera eran sancionables en el ámbito contable.
La resolución del Tribunal se sumaba así a otra multa previa, impuesta en julio del año pasado, por un total de 233.324,22 euros. En esa ocasión, se penalizó al partido por el uso de donaciones para financiar campañas judiciales como la querella contra el expresident de la Generalitat, Quim Torra. De esos fondos, el Tribunal de Cuentas consideró irregulares algo más de 10.000 euros, por tratarse de aportaciones finalistas prohibidas por ley. El resto del dinero se consideró procedente de afiliados y, por tanto, no sancionable.
Para la Fiscalía, estas sanciones contables bastan para descartar la vía penal. En su escrito, el Ministerio Público recuerda que los hechos “ya han sido investigados y sancionados” por el órgano competente en materia de fiscalización de los partidos políticos. Sobre el préstamo del banco húngaro MBH Bank, señala que fue íntegramente amortizado por Vox en septiembre de 2024, lo que elimina cualquier indicio de donación extranjera, prohibida por la legislación española. No hay rastro de contraprestación política ni de vinculación directa entre el banco y el Gobierno de Orbán, concluye la investigación.
La decisión supone un golpe a las expectativas del PSOE, que había impulsado la denuncia tras conocerse nuevas revelaciones sobre la contabilidad interna de Vox. El partido de Abascal, por su parte, niega cualquier ilegalidad y denuncia una "caza política" por parte del Gobierno. Además, ha anunciado que recurrirá la multa ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa, alegando que la ley no prohíbe expresamente la modalidad de financiación utilizada —especialmente en lo relativo al merchandising— y que la trazabilidad de los ingresos es suficiente.
El Tribunal de Cuentas, el cortafuegos legal que blinda a Vox del banquillo
La clave, en todo caso, está en la figura del Tribunal de Cuentas. Este organismo, tradicionalmente más vinculado a la fiscalización económica que a la sanción judicial, ha vuelto a ser decisivo a la hora de frenar la apertura de una causa penal en el ámbito de la financiación política. No es la primera vez que una investigación sobre partidos se queda a las puertas de los juzgados por este motivo. La ley es clara: no se puede sancionar dos veces a un partido por los mismos hechos, ni siquiera si estos generan escándalo mediático o controversia política.
El caso de Vox ilustra hasta qué punto la arquitectura legal de la financiación política en España establece una frontera difícil de cruzar entre lo administrativo y lo penal. A ojos del Tribunal de Cuentas, hubo infracciones; a ojos de la Fiscalía, esas infracciones ya están penalizadas, y por tanto el caso no tiene recorrido judicial. La resolución no exculpa a Vox en lo sustancial, pero sí le evita un procedimiento penal que podría haber supuesto una amenaza mayor, especialmente en pleno ciclo electoral.
Con todo, la formación ultraderechista aún no ha cerrado del todo este capítulo. La batalla jurídica continúa en el Supremo, donde se dirimirá si las multas del Tribunal de Cuentas fueron ajustadas a derecho. Pero lo que queda claro es que, en esta ocasión, la verdad jurídica sobre la financiación ilegal de Vox no se dirimirá en los tribunales ordinarios, sino en los despachos del Tribunal de Cuentas. Y es ahí donde la Fiscalía ha encontrado la última palabra.
El fiscal general recurre su procesamiento a manos del juez Hurtado: “Conclusiones ilógicas” e “imputaciones voluntaristas”
García Ortiz ha presentado un escrito más largo que el auto "carente de sentido fáctico" del magistrado
ElPlural
Roberto Ugena
18-6-25
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito de 74 páginas para recurrir la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, de procesarle en la causa de la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La máxima autoridad del Ministerio Fiscal carga directamente contra el juez cercano al Partido Popular (PP) al entender que las conclusiones de su auto son “erróneas, ilógicas o equivocadas” y están basada en imputaciones “infundadas o voluntaristas”.
La exposición de García Ortiz coincide con la mayoría de análisis que vienen realizándose desde que, el pasado 9 de junio, el magistrado emitiese un auto en el que destacan las acusaciones a Presidencia y el fiscal general, ambas sin pruebas e introducidas con términos como “presumiblemente”; el rechazo de testimonios de periodistas y de las pruebas notariales aportadas por estos, que exculparían al procesado; la omisión de pruebas y de los testimonios contradictorios del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid y su abogado y la asunción del discurso de la parte demandante.
Por esta larga lista de motivos y por muchos otros que saltan a la vista, García Ortiz reclama ahora a la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que corrija al magistrado y archive el caso al considera que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal" y que tampoco "aparece suficientemente justificada su perpetración". Es más, el fisca considera que la causa está sustentada, desde un principio, en una “inferencia temporal” que no ha conseguido despejarse, dado que a Hurtado no le vale la “inocencia”.
Desde que comenzó esta pieza separada de la causas de verdadera gravedad, que está causando menos revuelo que la que juzga varios delitos confesados de fraude fiscal y falsedad documental que, a su vez, podrían haber generado un dinero con el que financiar el ático en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, “apenas existe ninguna novedad”, justifica el fiscal. Y no existe novedad, insiste, porque “no hay otro resultado posible para el inocente que el de constata su inocencia”, aunque Hurtado no quiera aceptarlo.
Así, García Ortiz despedaza el auto del magistrado que votó en contra de procesar al PP en la Gürtel y de citar a Mariano Rajoy como testigo por las "numerosas inferencias, carentes de sustento fáctico”. Entre ellas destaca las conjeturas de Hurtado sobre las "presuntas indicaciones de Presidencia del Gobierno y otras indicaciones externas", pese a que no hay coincidencia en los documentos ni cuadran las horas. "Pretender apuntalar la responsabilidad penal del fiscal general a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios", recoge el recurso.
La información para desmontar el bulo ya se conocía
Más allá de omitir que el caso parte de un bulo montado por Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de Ayuso, y difundido por El Mundo, para intentar salvar al defraudador confeso que comparte ático con la baronesa del Partido Popular; el magistrado también ha decido ignorar los testimonios de trabajadores de los medios de comunicación, entre ellos ElPlural como emisor en exclusiva del correo íntegro, que han asegurado y demostrado con el volcado de sus teléfonos móviles que contaban con la información antes de que el fiscal la solicitase.
Así, la defensa del fiscal se reafirma en que lo que el defraudador confeso reivindica como secreto revelado "ya había sido difundida entre profesionales de la información" antes de que llegara a conocimiento de García Ortiz. "Tal difusión se produjo doblemente: por un lado, a través de la actuación del propio querellante, o de personas de su entorno más próximo, revelando su contenido a El Mundo; y por otro, consta que al menos tres medios de comunicación ya disponían del contenido, o incluso de una copia del correo, antes de que el fiscal general lo recibiera".
Es más, "numerosos testigos han declarado conocer que MAR estaba trasladando la existencia de una propuesta de conformidad y de 'órdenes de arriba' para frustrarla la tarde del día 13 de marzo de 2024", al menos desde las 19:48 horas, "y en todo caso antes de la publicación de El Mundo", de las 21:29. Deduce de todo ello que González Amador informó al jefe de gabinete de Ayuso "de muchas otras cuestiones relativas al procedimiento, entre ellas del hecho de que habían existido conversaciones previas entre el fiscal y su abogado, y de que este último estaba realizando gestiones para lograr el pacto de conformidad".
CURIOSIDADES que encontramos
EN LOS AÑOS 1600 Y 1700, el Palacio de Versalles en París, se observa que el suntuoso palacio no tiene baños.
En la Edad Media, no había cepillos de dientes, perfumes, desodorantes, y mucho menos papel higiénico. Los excrementos humanos eran lanzados por las ventanas del palacio.
En un día de fiesta, la cocina del palacio pudo preparar un banquete para 1500 personas, sin la más mínima higiene.
En las películas actuales vemos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse...
La explicación no está en el calor, sino en el mal olor que emitían debajo de las faldas (que fueron hechas a propósito para contener el olor de las partes íntimas, ya que no había higiene). Tampoco era costumbre ducharse debido al frío y la casi inexistencia de agua corriente.
Solo los nobles tenían lacayos para abanicarlos, para disipar el mal olor que exhalaban el cuerpo y la boca, además de ahuyentar a los insectos.
Los que han estado en Versalles han admirado los enormes y hermosos jardines que, en ese momento, no solo se contemplaban, sino que se usaban como retrete en las famosas baladas promovidas por la monarquía, porque no había baños.
En la Edad Media, la mayoría de las bodas se realizaban en junio (para ellas, el comienzo del verano). La razón es simple: el primer baño del año se tomaba en mayo; así que en junio, el olor de la gente todavía era tolerable. Sin embargo, como algunos olores ya comenzaban a molestar, las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos para cubrir el hedor. De ahí la explicación del origen del ramo de novia.
Los baños se tomaban en una sola bañera enorme llena de agua caliente. El jefe de la familia tenía el privilegio del primer baño en agua limpia. Luego, sin cambiar el agua, llegaban los demás en la casa, en orden de edad, mujeres, también por edad y, finalmente, niños. Los bebés eran los últimos en bañarse. Cuando llegaba su turno, el agua en la bañera estaba tan sucia que era posible matar a un bebé adentro.
Los techos de las casas no tenían cielo y las vigas de madera que los sostenían eran el mejor lugar para que los animales: perros, gatos, ratas y escarabajos se mantuvieran calientes. Cuando llovía, las filtraciones obligaban a los animales a saltar al suelo.
Los que tenían dinero tenían platos de lata. Ciertos tipos de alimentos oxidaban el material, causando que muchas personas mueran por envenenamiento.
Recordemos que los hábitos higiénicos de la época eran terribles. Los tomates, siendo ácidos, se consideraron venenosos durante mucho tiempo, las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky; esta combinación, a veces, dejaba al individuo "en el piso" (en una especie de narcolepsia inducida por la mezcla de bebida alcohólica con óxido de estaño). Alguien que pasara por la calle pensaría que estaba muerto, así que recogían el cuerpo y se preparaba para el funeral. Luego se colocaba el cuerpo sobre la mesa de la cocina durante unos días y la familia se quedaba mirando, comiendo, bebiendo y esperando a ver si el muerto se despertaba o no. De ahí la que a los muertos se les vela (velatorio o velorio), que es la vigilia al lado del ataúd.
Inglaterra es un país pequeño, donde no siempre había lugar para enterrar a todos los muertos. Luego se abrían los ataúdes, se extraían los huesos, se colocaban en osarios y la tumba se usaba para otro cadáver. A veces, al abrir los ataúdes, se notaba que había rasguños en las tapas en el interior, lo que indicaba que el hombre muerto, de hecho, había sido enterrado vivo.
Así, al cerrar el ataúd, surgió la idea de atar una tira de la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del entierro, alguien quedaba de servicio junto a la tumba durante unos días. Si el individuo se despertaba, el movimiento de su brazo haría sonar la campana. Y sería "salvado por la campaña", una expresión utilizada por nosotros hasta hoy.
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Hoy hay dos cuestiones a tratar: una es si es insuficiente o suficiente, y la otra es si el “tú más” hay que dejarlo o seguir insistiendo.
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Algunos, entre los que me encuentro, creemos que las explicaciones que dio Sánchez fueron suficientes, y más que las explicaciones, las acciones. Le han salido dos cánceres, y lo que ha hecho, antes de realizar pruebas, radiografías y análisis, ha sido llevarlo al quirófano y extirparlo de raíz. Otros marean la perdiz y esperan a que el sol salga por el oeste en vez de por el este.
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Esta metáfora también vale para la otra cuestión, el “tú más”, ya que hay partidos que no actúan hasta que no ven el cadáver pasar junto a ellos.
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Siguiendo con el tema de la insuficiencia, vengo oyendo por todos lados que las explicaciones han sido insuficientes, pero lo que me llama la atención es que ahí queda todo. No hay un razonamiento para debatir con quienes creemos que es suficiente, solo se repite que es insuficiente. Para decir que es insuficiente hay que poner encima de la mesa los hechos que se consideran necesarios para extirpar el cáncer. Decir “insuficiente” a secas no cura el mal.
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El “tú más” es imprescindible que salga enseguida a colación, por la sencilla razón de que, si alguien te está increpando por un caso en el que has participado, esa persona debe demostrar que es intachable en dicha cuestión. Si el PP llama corrupto al PSOE, este último tiene la obligación de responder: “¿Pero qué me dices, primavera? Si no hay en España un partido más corrupto que el tuyo”. A lo que el PP alega: “Ya, pero lo nuestro es pasado”.
No, lo vuestro es pasado, presente y futuro. Pasado, porque dentro de poco tenéis dos juicios en los que vais a demostrar lo que es corrupción de alta escuela. Presente, porque hay un “supuesto” defraudador confeso, novio de la Diosa del Sol, que arropáis descaradamente; por las 7.291 muertes de ancianos, consecuencia de una supuesta irresponsabilidad de quienes en muchos casos podían haberlas evitado; por una supuesta irresponsabilidad en las 224 muertes de la DANA, donde a día de hoy aún no se sabe qué hizo el máximo responsable en las horas de la tragedia… Y ahí sigue campando a sus anchas con el beneplácito y el abrazo de su jefe, el intachable Feijóo, amigo de sus amigos, tan poco recomendables, sobre todo para hablar de principios.
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Y futuro, porque los españoles hemos tenido la suerte de que, en estos años de tantas crisis encadenadas, nos ha gobernado un gobierno que cree en el pueblo, que en las crisis mira por los más desfavorecidos. Nos hacemos a la idea de que, si hubieran gobernado los mismos de antes, aquellos que cuando todo el mundo estaba con la soga al cuello hicieron recortes de todo tipo y favorecieron a los más pudientes, cuyos ministros, supuestamente, se pasaban sobres por debajo de la mesa... y aún no sabemos quién era M. Punto Rajoy.
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El Bellotero .
SI AL MENOS LEYERAN
Mateo (6,24-34):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido?
No vale más el Legado que dejaréis que el odio que engendrais?
Ataques a la UCO y los jueces: Bolaños recuerda las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo para defender a Rodrigo Rato
"Es pura farsa porque la UCO y los jueces solo le gustan cuando cree que atacan a la izquierda"
ElPlural
R.U.
18-6-25
Denunciar un crimen manchado de sangre es algo bastante habitual en política, pero cuando pillán al que pretendía hacer de su discurso una exaltación de pureza en sus actuaciones, la situación suele tornarse en una mezcla de tensión y vergüenza. Algo similar es lo que le ha sucedido este miércoles en el Congreso de los Diputados a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), que ha dirigido su pregunta durante la sesión de control al Gobierno al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
“Usted llama prevaricadores a los jueces”, ha acusado la ultraderechista al socialista, preguntándole si “es el maquillador de Pedro Sánchez”. “Todas las cosas que usted dice son, como la historia de su vida, falsedades y bulos, igual que cuando hablaba de que el atendado del 11M había sido ETA, la Policía Nacional, el CNI, Marruecos, Rubalcaba. Todo eso”, ha iniciado su respuesta el ministro, reclamándole a la diputada del PP que “no pusiese” en su boca “palabras que son falsas”. “Solo hay una que es cierta y no es una descalificación, sino una descripción: usted es ultraderechista”.
Pese a que se veía por donde podían seguir el intercambio, Álvarez de Toledo no ha retrocedido y ha tildado a Bolaños de “ministro de injusticia” y le ha pedido que retire la reforma judicial que prepara el Gobierno. “Prometen tolerancia cero después de haberlo tolerado todo”, ha continuado la neoliberal, “deje el maquillaje y presente su dimisión”, ha añadido, antes de enseñar dos fotos de Santos Cerdán. “Ustedes prometieron regeneración y trajeron corrupción personal, política e institucional”, ha zanjado, antes de lanzar “un consejo”: “elijan entre refundación o extinción”.
Usted defiende a los corruptos y ataca a los jueces y a la UCO
La réplica de Bolaños ha iniciado con la defensa de sus actuaciones pasada en sede parlamentaria. “Me habrá escuchado en esta Cámara y en el Senado, cuando ha habido declaraciones de diputados ofendiendo a magistrados y jueces con nombres y apellidos, como he salido en defensa del Poder Judicial”, ha espetado. “Ese mismo respeto lo pido ahora para el Poder Legislativo, para que pueda reformar la Justicia, que es lo que necesita este país, y lo haga sin presiones”, ha añadido, antes de pasar a leerle a Álvarez de Toledo unas declaraciones literales:
“Quizás ha llegado la hora de que unidades como la UCO asuman también su cuota de responsabilidad. Podrían dar la cara, firmar los atestados con nombres y apellidos siempre y no solo a veces. No tiene sentido que un juez rechace un informe policial por puramente fantasmagórico y contrario a derecho y que no pase nada. Que nadie cuestione la competencia de sus autores. La responsabilidad podría ser incluso económica”
Bolaños y Álvarez de Toledo sabían lo que estaba pasando, pero el ministro ha mantenido la incertidumbre antes de sorprender a la Cámara Baja. “¿Sabe quién dijo esto?”, le ha preguntado a la diputada del PP. “Usted, señora Álvarez de Toledo, para defender a Rodrigo Rato, condenado por corrupción”, le ha recordado. “Usted es pura farsa porque la UCO y los jueces solo le gustan cuando cree que atacan a la izquierda y, cuando están investigando a gente del PP condenada por corrupción, usted defiende a los corruptos y ataca a los jueces y a la UCO”, ha cerrado el argumento.
En 1697, un joven escocés de apenas veinte años, Thomas Aikenhead, se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando las palabras llegan antes que su época.
Estudiante de la Universidad de Edimburgo, Thomas participaba en acaloradas discusiones filosóficas con sus compañeros. En una de ellas, hizo comentarios considerados heréticos. Cuestionó la Biblia, la divinidad de Cristo y se burló de conceptos sagrados como la Trinidad. No intentaba provocar. Solo pensaba… en voz alta.
Pero sus compañeros no lo vieron así. Lo denunciaron por blasfemia.
El juicio fue breve. El Lord Advocate de Escocia, Sir James Stewart, dictó sentencia: pena de muerte. Querían hacer de él un ejemplo.
Thomas Aikenhead fue ahorcado en una fría mañana de enero, con solo veinte años.
Fue la última persona ejecutada en Gran Bretaña por blasfemia.
Hoy, muchas de sus ideas podrían parecer irreverentes, pero inofensivas. En su tiempo, eran una amenaza.
Porque a veces, pensar diferente no solo te hace destacar… también te puede costar la vida.
Piden explicaciones al Gobierno de Ayuso por presuntos abusos en un centro para víctimas de violencia de género
Las víctimas definen su estancia en este centro como "un infierno", "un sitio hostil" o "la misma cárcel"
ElPlural
Sergio Ramiro
18-6-25
Más Madrid ha solicitado la comparecencia en el Pleno de la Asamblea autonómica a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para que explique el estado en el que se encuentra la investigación interna de su departamento sobre los presuntos tratos vejatorios a mujeres víctimas de violencia de género en un centro de la región.
Así lo ha trasladado la formación progresista encabezada por Manuela Bergerot este miércoles al conocer que la Fiscalía ha archivado la causa al no observar indicio de delito en este recurso, gestionado por la entidad Trama. Una asociación de mujeres de Vallecas fue la primera en denunciar el trato que estaban recibiendo ante la Dirección General de la Mujer, en un escrito en el que indicaban que "una o varias profesionales" del citado centro de acogida habían tratado de manera vejatoria a las mujeres víctimas de violencia de género que estaban recibiendo atención en este centro.
La denuncia, a la que ha tenido acceso TVE, recoge algunos de los testimonios de las mujeres, que citaban algunas de las frases que tuvieron que escuchar durante su estancia en el centro. "Aquí no vengas a hacerte la víctima" o "trágate lo que has vomitado" eran algunas de estas fuertes palabras. Las denunciantes, a su vez, hablan del lugar como "un infierno", "un sitio hostil" o "la misma cárcel" y dicen que les gustaría haber sido acogidas por personas buenas. "Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenérselo a quienes debían ayudarnos", lamentan.
En marcha una investigación interna
Tras recibir la alerta de lo que estaba ocurriendo, la Dirección General de la Mujer inició una investigación interna e hizo saber a la Fiscalía el resultado de la misma. Es por eso que Más Madrid ha pedido, además de la citada comparecencia en el Pleno, que Dávila de explicaciones en la comisión de Familia y Asuntos Sociales, al igual que la directora general de Mujer de la Comunidad de Madrid, Patricia Reyes.
A Reyes, además, la formación progresista le ha hecho llegar una misiva en la que han solicitado el informe y el acta de inspección sobre este caso y el "posible expediente sancionador incoado a la entidad gestora Centro Trama, garantizando la intimidad y la protección de datos".
De esta forma, los de Manuela Bergerot han solicitado que la directora general de Mujer de la autonomía capitalina informe sobre las acciones adoptadas desde que conocieron esta situación, así como cuál es el destino que va a correr el responsable de la dirección del centro y qué medidas se van a implementar para que "situaciones de violencia institucional como estas no se vuelvan a repetir".
Violaciones a menores en otro centro de la Comunidad de Madrid
Por otro lado, hace unos meses, ElPlural.com reveló en exclusiva que dos menores del Hogar San Mateo, perteneciente a la Asociación de Intervención y Desarrollo ABRAZO y gestionado por la Comunidad de Madrid, denunciaron haber sido víctimas de violaciones y diferentes abusos a lo largo de varios años en dicho centro de acogida.
Varios trabajadores del hogar de menores tutelado por la Comunidad relataron a este medio cómo tramitaron una denuncia a la policía durante el pasado mes de diciembre por unas presuntas violaciones y abusos sexuales hacia dos menores perpetrados por cinco residentes de manera individual y continuada, unos hechos que el director del centro presuntamente ya conocía y habría silenciado durante más de un año. Del presunto grupo de agresores, todos ellos actualmente investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAN), únicamente uno seguía siendo menor en el momento de la denuncia, y por tanto, continuaba conviviendo con las dos víctimas en el mismo hogar. El resto ya eran mayores de edad, por lo que el centro desconocía su paradero.
Según compartieron algunos de los profesionales de este centro con ElPlural.com, las menores víctimas le habrían hablado a su superior sobre los abusos que estaban sufriendo aún en 2023, quien, desde entonces, tal y como relatan los trabajadores, "miró hacia otro lado", evitando tramitar una demanda al respecto. Fueron los propios educadores de dicha residencia los que emprendieron el camino legal para denunciar los presuntos abusos, así como contra al director que "había guardado silencio".
Tal y como ambas menores aseguran y consta en su declaración ante la Policía, el director del hogar les habría garantizado a comunicar los relatos que le habían compartido al resto de educadores empleados, algo que, como estos afirmaron, "no ocurrió así". Según estas fuentes, el responsable más directo de los menores habría omitido la mayoría de la información que las presuntas víctimas le habían proporcionado cuando solicitaron su ayuda.
Por parte de la Comunidad de Madrid, las víctimas también se encontraron silencio. Son varios los trabajadores que aseguraron a ElPlural.com que los representantes autonómicos presentes en la reunión con las instituciones "quisieron silenciar el caso". "Nos dijeron que no removiéramos las cosas. Lo que más les preocupaba era que las niñas utilizaran las redes sociales", agregaba una testigo, asegurando que la prioridad para los técnicos presentes era que el presunto caso tuviera la menor repercusión posible. "De esa reunión lo único que sacamos fue una inspección de trabajo", contaba la trabajadora anónima del hogar de acogida, coincidiendo con la versión que también presentaron a este medio sus compañeros. "Requirieron mejoras en el hogar y en los contratos del personal, el tema no se centró en los abusos dentro del centro ni en la forma en la que fueron gestionados", lamentó la educadora social sobre la actuación de la Comunidad de Madrid.
Según apunta 'Diario Red', en los audios que guarda el ex asesor de Ábalos en la nube fig
ElPluiral
Nacho Caballero
19-6-25
La telaraña de la trama corrupta se expande y salpica al Partido Popular. Lo hace, además, en sus más altas esferas. Según ha publicado la periodista Patricia López en Diario Red, en los archivos que Koldo García Izaguirre subió a la nube y que ahora están en poder de la Guardia Civil – se estima que unos 30.000 documentos – figuran conversaciones del ex asesor del Ministerio de Transporte con la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado. Llamadas telefónicas, que comenzaron en 2020 y se extienden hasta principios de este año, en los que el portavoz parlamentario del PP habría ofrecido presuntamente beneficios judiciales al ex chófer de José Luis Ábalos a cambio de información sobre el PSOE en diversos lugares de interés.
El primer contacto con Koldo tiene su origen en el año 2020, cuando el coronavirus asolaba el mundo entero y los gobiernos buscaban material sanitario hasta debajo de las piedras. García Izaguirre trabajaba en el Ministerio de Transportes por aquel entonces, mientras que ni Tellado ni Feijóo habían desembarcado aún en Madrid. El ahora portavoz parlamentario popular crecía al calor del expresidente de la Xunta como su perro sato en Galicia y su chico para todos los asuntos de partido. No obstante, él no fue el encargado de abrir la vía Koldo, sino que esa responsabilidad recayó en Jacobo Pombo, militante del PP de origen cántabro e imputado en el caso Delorme.
Inicios de la relación
Desde entonces, el Partido Popular profundizó en la relación con el colaborador de José Luis Ábalos hasta el punto de que, una vez purgado el ministro del Gabinete de Pedro Sánchez y de la estructura orgánica del PSOE, Tellado intensificó los contactos con Koldo y también con su jefe. Según consta en la información publicada por Patricia López en Diario Red, la mano derecha de Feijóo se acercó de nuevo a García Izaguirre para concertar una reunión con ambos con el fin de extraer la máxima información posible sobre el Partido Socialista en Valencia (tierra de Ábalos) y otros lugares sensibles para el Ejecutivo.
El exministro declinó la invitación, pero a la tercera fue la vencida y Tellado consiguió una reunión con García Izaguirre, según apuntan desde Diario Red citando a fuentes del entorno del exasesor. Entonces ya estaba imputado y fue detenido por el caso Delorme. También su hermano Joseba y su mujer tenían a la Justicia pisándoles los talones, por lo que, ya en Génova, el vicesecretario de Organización del PP volvió a tentar al que fuera chófer de José Luis Ábalos y una de las cabezas visibles de la trama.
Antes de recibir la oferta del PP, García Izaguirre mantenía el canal abierto con Santos Cerdán para negociar con el PSOE. Sin embargo, llegó la tentativa de Tellado y, pese a que al principio sonaba a poco menos que un chiste, en torno al mes de marzo, Koldo reveló que “los azules – en alusión al PP – le habían hecho una oferta que consistía en beneficios judiciales para él, libertad para su hermano y su mujer, y trabajo para que tuvieran todos ellos la vida resuelta”.
Acercamiento a Génova
Fue entonces cuando el ex asesor de Ábalos abandonó las negociaciones con el PSOE por un acuerdo que en la puerta de en frente ya le habían puesto sobre la mesa. Así, Koldo comenzó a grabar conversaciones de las que se desprende un tono de “interrogatorio” por su parte. Según la información de Diario Red, en referencia a fuentes judiciales, “podría suponer una preconstitución de la prueba”.
Desde el Partido Popular, sin embargo, en el momento de la publicación de este artículo, evitan la controversia. Fuentes de Génova se niegan a valorar una información que catalogan como “cosa del pasado” y aseguran que no van a entrar en “futuribles”. Pero lo cierto es que el calor del foco mediático y judicial empieza a acercarse a la mano derecha de Feijóo y a un Partido Popular que ha construido su estrategia de oposición en base a la corrupción del PSOE.
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