La verdad sobre la financiación ilegal de Vox: la clave está en el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía Anticorrupción ha zanjado el asunto argumentando que las multas ya impuestas por este órgano fiscalizador impiden reabrir la vía penal

ElPlural

Suren Gasparyan

18-6-25

No habrá juicio. Ni investigados. Ni banquillo. La denuncia del PSOE contra Vox por financiación irregular se ha estrellado contra el mismo muro que ya frenó otros escándalos similares: el del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción ha zanjado el asunto argumentando que las multas ya impuestas por este órgano fiscalizador impiden reabrir la vía penal. El fondo del caso no desaparece, pero su recorrido judicial, sí.

El archivo, confirmado esta semana, afecta a dos líneas de investigación clave: la primera, el préstamo de más de seis millones de euros que Vox recibió de un banco húngaro vinculado al entorno del primer ministro Viktor Orbán; la segunda, la recaudación anónima de dinero a través de lo que el partido denominaba “actividades promocionales” —venta de merchandising, donaciones en efectivo y recogida de fondos en huchas callejeras—, que según los denunciantes podrían haber superado los cinco millones de euros. La Fiscalía, sin embargo, concluye que no hay delito porque todo ello ya fue fiscalizado por la vía administrativa y sancionado económicamente.

En concreto, el Tribunal de Cuentas impuso a Vox una multa de 862.496,72 euros el pasado abril, tras detectar infracciones "muy graves" en la financiación del partido durante los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. El órgano de control detectó ingresos en metálico por valor de más de 330.000 euros, canalizados a través de cajeros automáticos y atribuidos a “actividades promocionales”. Pero los consejeros que votaron a favor de la sanción no lograron la unanimidad: dos votos particulares consideraron que los hechos ni siquiera eran sancionables en el ámbito contable.

La resolución del Tribunal se sumaba así a otra multa previa, impuesta en julio del año pasado, por un total de 233.324,22 euros. En esa ocasión, se penalizó al partido por el uso de donaciones para financiar campañas judiciales como la querella contra el expresident de la Generalitat, Quim Torra. De esos fondos, el Tribunal de Cuentas consideró irregulares algo más de 10.000 euros, por tratarse de aportaciones finalistas prohibidas por ley. El resto del dinero se consideró procedente de afiliados y, por tanto, no sancionable.

Para la Fiscalía, estas sanciones contables bastan para descartar la vía penal. En su escrito, el Ministerio Público recuerda que los hechos “ya han sido investigados y sancionados” por el órgano competente en materia de fiscalización de los partidos políticos. Sobre el préstamo del banco húngaro MBH Bank, señala que fue íntegramente amortizado por Vox en septiembre de 2024, lo que elimina cualquier indicio de donación extranjera, prohibida por la legislación española. No hay rastro de contraprestación política ni de vinculación directa entre el banco y el Gobierno de Orbán, concluye la investigación.

La decisión supone un golpe a las expectativas del PSOE, que había impulsado la denuncia tras conocerse nuevas revelaciones sobre la contabilidad interna de Vox. El partido de Abascal, por su parte, niega cualquier ilegalidad y denuncia una "caza política" por parte del Gobierno. Además, ha anunciado que recurrirá la multa ante el Tribunal Supremo por la vía contencioso-administrativa, alegando que la ley no prohíbe expresamente la modalidad de financiación utilizada —especialmente en lo relativo al merchandising— y que la trazabilidad de los ingresos es suficiente.

El Tribunal de Cuentas, el cortafuegos legal que blinda a Vox del banquillo

La clave, en todo caso, está en la figura del Tribunal de Cuentas. Este organismo, tradicionalmente más vinculado a la fiscalización económica que a la sanción judicial, ha vuelto a ser decisivo a la hora de frenar la apertura de una causa penal en el ámbito de la financiación política. No es la primera vez que una investigación sobre partidos se queda a las puertas de los juzgados por este motivo. La ley es clara: no se puede sancionar dos veces a un partido por los mismos hechos, ni siquiera si estos generan escándalo mediático o controversia política.

El caso de Vox ilustra hasta qué punto la arquitectura legal de la financiación política en España establece una frontera difícil de cruzar entre lo administrativo y lo penal. A ojos del Tribunal de Cuentas, hubo infracciones; a ojos de la Fiscalía, esas infracciones ya están penalizadas, y por tanto el caso no tiene recorrido judicial. La resolución no exculpa a Vox en lo sustancial, pero sí le evita un procedimiento penal que podría haber supuesto una amenaza mayor, especialmente en pleno ciclo electoral.

Con todo, la formación ultraderechista aún no ha cerrado del todo este capítulo. La batalla jurídica continúa en el Supremo, donde se dirimirá si las multas del Tribunal de Cuentas fueron ajustadas a derecho. Pero lo que queda claro es que, en esta ocasión, la verdad jurídica sobre la financiación ilegal de Vox no se dirimirá en los tribunales ordinarios, sino en los despachos del Tribunal de Cuentas. Y es ahí donde la Fiscalía ha encontrado la última palabra.